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miércoles, 22 de junio de 2022

22 aniversario: fuimos, somos y seremos

 


Este mes nuestra organización celebra su 22 aniversario. Como lo venimos haciendo desde hace muchos años, el sábado 25, al mediodía, en la sede social de Aute, gremio siempre tan generoso y solidario, en la calle Agraciada 2463, habrá un busecazo crysolero, para brindar y festejar.


Surgimos formalmente en el invierno del año 2000. Gobernaba el Dr. Jorge Batlle, en plena época de cultura de la impunidad. Los principales responsables de las graves violaciones a los DDHH seguían ocupando cargos jerárquicos en las fuerzas armadas. Eran notorios y preocupantes los estragos causados por el terrorismo de Estado en miles de ex presos políticos y las secuelas de una ausencia total de políticas de reinserción. En lo referido al pasado reciente: impunidad para los asesinos y torturadores e ignorancia y silencio para las víctimas sobrevivientes.

Espacio para la solidaridad y el apoyo mutuo 

Empezamos como un espacio de encuentro y de reencuentro, para organizar la solidaridad con los que estaban en peores condiciones, para generar puestos laborales, encontrar soluciones y paliativos, para reclamar justicia, verdad, políticas de Memoria y el cumplimiento de las normas internacionales de DDHH en materia de resarcimiento (En aquella época “Los principios de Joinet”). 

Cuando nacimos, en la sobremesa de un asado en el Parque de la Nación Charrúa (exparque genocida Gral. Rivera), nadie hablaba de que en este país había habido miles de presos políticos. La prisión política era una simple peripecia personal de algunos referentes políticos de la izquierda. Se ocultaba que en el “pasado reciente” la prisión política había sido una auténtica epopeya colectiva de miles de uruguayos.

Una epopeya colectiva con víctimas infantiles

La prisión la sufrieron los que enfrentaron el proyecto de reorganización social que desde el 13 de junio de 1968 comenzó a implementar la derecha uruguaya cuando gobernaba Pacheco Areco. 

También quiénes enfrentaron el embate autoritario camino a la dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado desembozado poblando las cárceles, centros de reclusión formales e informales, cuarteles y espacios para adolescentes y madres con sus criaturas.

Crysol: un historial impresionante de logros

El paso del tiempo ha sido inexorable. Hemos envejecido, es cierto, pero hemos podido forjar una organización pujante, con integrantes mayoritariamente septuagenarios, que siempre superamos largamente el millar de asociados. Somos la organización de todas y de todos los ex presos políticos, como tal somos reconocidos a nivel nacional y fuera de fronteras por los organismos de DDHH regionales, latinoamericas y la propia ONU. Tenemos un historial de logros para el país y para el colectivo del cual estamos orgullosos y que justifican largamente los esfuerzos.

Agrupados como colectivo, mantenemos los sueños y las mismas convicciones de siempre, el compromiso con los ideales y las utopías de la juventud consagradas a envejecer basados en la militancia diaria, gris y oscura de todos los días. Sin militancia, sin esfuerzo, sin participación, sin buscar consensos colectivos, caminos de acción que nos involucren a todos, con mucha tolerancia y paciencia, sin compromiso personal, no se construye presente ni futuro.

Se trata de cambiar el mundo

Somos la Asociación de todas y de todos los ex presos políticos, sin importar su compromiso militante partidario, su experiencia carcelaria su edad y su tiempo de reclusión. Integramos Onajpu, mantenemos relaciones fraternas con el movimiento sindical, con su central única, con las principales organizaciones sociales y de DDHH. Somos una organización formal, democrática, con personería jurídica y pleno acatamiento de las disposiciones estatutarias y contamos con más de un millar de asociados que colaboran activamente.

Los gobiernos que se sucedieron desde marzo de 2005 hasta el 2019 han sido decisivos, por su sensibilidad, para los logros que hemos obtenido como colectivo. Pero fue la presencia orgánica y militante de Crysol con el apoyo de miles que lo hizo posible. Todas y todos los ex presos políticos lo saben. Incluso aquellos que tienen diferencias, en algunos casos muy grandes, y las exponen públicamente, con los puntos de vista que asumimos como colectivo organizado.


Gracias a Crysol, desde hace más de 16 años, la gran mayoría de los luchadores sociales y políticos de Uruguay han logrado llegar a la vejez con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas, les dan estabilidad familiar y emocional y cuentan con acceso a la atención médica. Solo ese logro inmenso alcanzaría para justificar nuestra existencia.

Más y mejor Crysol

Las puertas de la institución están siempre abiertas a todas y todos los que quieran sumarse a dar una mano. No tenemos capacidad militante ociosa pero sí tenemos muchos proyectos, iniciativas y desafíos, para defender las conquistas logradas, lograr su plena instrumentación y dar cumplimiento a las recomendaciones pendientes de los Relatores Especiales de la ONU.


La del sábado no será una simple comida compartida. Será un reencuentro, como todos los años, para ratificar nuestro compromiso con la unidad, con la organización, con la pluralidad, la democracia y la vigencia de la institución. Vivimos en tiempos de riesgos e incertidumbre política que pueden poner en riesgo todo lo logrado y alcanzado. Siempre estamos alertas. Siempre junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.


El sábado 25 estaremos en la buseca celebrando estos 22 años de lucha y levantando las banderas de Crysol por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación. Como siempre y más allá de las diferencias habrá un gran abrazo crysolero. Entre todas y todos. Como debe ser.


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Opinando N° 10 – Año 11 – Miércoles 22 de junio de 2022

martes, 14 de junio de 2022

Hijo de tigre

 


 

Participando en un programa periodístico de la tarde, en la televisión abierta, muy suelto de cuerpo, el diputado Gustavo Zubía afirmó que la Pensión Especial Reparatoria (Per) se trasmite de forma hereditaria a los sobrevivientes de los beneficiarios. Una opinión respetable pero falsa. La prudencia y el decoro lo deberían impulsar a ser más cauto al propalar las falsedades de los terroristas estatales y abordar cuestiones referidas a las víctimas de su propio padre y de su tío, connotados generales del “proceso”.


La Pensión Especial Repatoria, Per, es un resarcimiento patrimonial que otorga el Estado. La perciben todas aquellas personas que fueron procesadas por tribunales militares y fueron privadas de su libertad a partir del 9 de febrero de 1973 o que, sin haber sido formalmente condenadas, pemanecieron más de un año en prisión. El otorgamiento de ella está establecido en el Artículo 11 de la Ley 18 033. Fue aprobada en octubre de 2006, por amplísimas mayorías parlamentarias, a los 21 años de haber retornado a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.


Los Estados no pueden torturar


La tortura, ocasionar dolor y sufrimiento, físico, psicológico o mental a una persona detenida e indefensa por funcionarios del Estado, es un acto cruel y repudiable, tanto desde el punto de vista legal, político o ético, cualquiera sea el fin que se invoque.


Como ha quedado ampliamente documentado a nivel político, parlamentario y judicial, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada y a la prisión prolongada, fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas, desde el 15 de abril de 1972, para enfrentar y destruir a la oposición, aterrorizar a la población y mantenerse en el gobierno. Las torturas incluyeron los abusos sexuales y las violaciones.

Según cifras oficiales, más de 20.000 uruguayos fueron privados de su libertad y más de 7.000 fueron condenados por tribunales militares sin garantías legales de ninguna naturaleza, luego de días, semanas y meses de permanecer secuestrados, incomunicados, encapuchados, en unidades militares y en centros de detención y tortura clandestinos. También incluyó a niños y adolescentes.

Aunque no lo señala explícitamente, la Ley 18 033 asume esa realidad fáctica ampliamente documentada y reconocida. En función de ello y de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de DDHH desde el año 1948, otorga a la mayoría de esos ciudadanos un resarcimiento de tipo económico y beneficios jubilatorios. La pensión otorgada no es un premio, no es una recompensa, es un resarcimiento que el Estado otorgó por haber secuestrado a las personas, haberlas torturado, haberlas condenado mediante tribunales militares y haberlas recluido, en promedio 6,8 años, en campos de concentración diseñados para la destrucción de ellas.


La Pensión Especial Reparatoria no es hereditaria


La Ley 18 033 está reglamentada por el Decreto 106/2007, muy especialmente el Artículo 11. El decreto señala que la PER es equivalente a una jubilación y por lo mismo genera Pensión de Sobrevivencia. Se trasmite a los conyúges, esposas o concubinas e hijos menores como si fuera una jubilación. La Ley 18 596 de setiembre de 2009 incorporó a los hijos discapacitados como ocurre en el sistema previsional.

La peculiaridad distintiva y perjudicial, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las jubilaciones que otorga el BPS o la propia Caja Militar, es que quienes pasan a percibir la Pensión de Sobrevivencia generada por la PER deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones, algo que no ocurre en el resto del sistema previsional y mucho menos en la Caja Militar.


La Caja Militar es el verdadero cáncer


Los costos generados por la implementación de la Ley 18 033 corren por cuenta de Rentas Generales y no del BPS. El pago de la PER no le genera al BPS ningún perjuicio ya que los costos de ella los paga Rentas Generales. De acuerdo a cifras oficiales, la implementación de la Ley 18 033 desde el año 2006 ha costado hasta el  momento,  aproximadamente  450  millones  de  dólares.  Esa  suma,
precisamente es la que cuesta por año el déficit de la Caja Militar, desde hace aproximadamente unos 20 años.

Los gastos de resarcimiento a las víctimas por las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado, son un legado nefasto de la actuación de las Fuerzas Armadas durante ese período. Cuando los Estados violentan los derechos humanos, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado de una manera integral. La Ley 18 033 es una pequeña parte de las obligaciones que se asumieron, tardíamente. De hecho se hizo de una manera que ha sido observada por los organismos internacionales y nacionales de DDHH y que aún están pendientes de resolución.




Opinando 9 Año 11 – Martes 15 de junio de 2022