Toda la verdad: mentira tras mentira!

 

En el denominado pasado reciente, el proceso represivo del Estado uruguayo, iniciado en junio de 1968, produjo casi 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados y/o ejecutados por las fuerzas represivas, 25.000 ciudadanos detenidos, 10.000 personas sometidas a tribunales militares y 7.000 de ellas formalmente condenadas a reclusión prolongada en centros como el Penal de Punta Carretas, Cárcel de Paso de los Toros, Punta de Rieles o Libertad.

La lista de todas las personas Detenidas Desaparecidas está definida y documentada. Existe un organismo a nivel del Poder Ejecutivo dirigido por la Sra. Matilde Rodríguez Larreta que administra dicha información.

Alberico Piedras nunca fue un detenido desaparecido famoso como afirma la Arq. Ballestrino ni figuró como persona detenida desaparecida en los listados uruguayos. Tampoco existe ninguna constancia oficial de que una persona con ese nombre y apellido haya sido privada de su libertad durante el terrorismo de Estado. Puro invento.

Las leyes reparatorias aprobadas por sucesivos gobiernos (Dr. Julio María Sanguinetti, Dr. Jorge Batlle y Dr. Tabaré Vázquez) no conceden pensiones de ninguna naturaleza a familiares de personas detenidas desaparecidas por las Fuerzas Armadas y/o policiales.

La Ley 18 596 otorgó a los familiares de las personas Detenidas Desaparecidas que así lo solicitaren una indemnización, por única vez, de 500.000 unidades indexadas (unos 60.000 dólares al valor  de hoy).

Dicho monto se distribuye en partes iguales entre padres, hermanos, esposa o esposo, hijos y nietos.

El listado de potenciales beneficiarios fue  establecido por diferentes órganos del Estado y es coherente con las cifras manejadas por las organizaciones de víctimas, muy especialmente Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con respecto a las consecuencias de las políticas represivas del Estado  dentro y fuera del Uruguay en el marco del Plan Cóndor.

Las leyes reparatorias uruguayas solo otorgan pensiones a aquellas personas que, siendo condenadas por tribunales militares a partir  del 9 de febrero de 1973, fueron privadas de su libertad luego de días, semanas y hasta meses, de incomunicación y torturas, sin asistencia legal ni garantías de ninguna clase.

La Pensión Especial Reparatoria (PER), artículo 11 de la Ley 18 033,  ley votada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en aquel momento, es otorgada por la Comisión Especial que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en base a documentación  proporcionada por el Poder Judicial y la Justicia Militar de la época.

El monto de la Pensión Especial Reparatoria (PER) establecido por ley  es de 8,5 BPC ($ 43.894 al valor actual) y paga IASS de acuerdo a las disposiciones vigentes.

El BPS no abona la PER a los residentes en Francia ya que la misma es incompatible con jubilaciones y pensiones. En Francia, por disposiciones legales, no se puede renunciar al cobro de ninguna jubilación ni pensión.

Los beneficiarios de la PER están inhibidos de ser FONASA y deben abonar el total de la cuota mutual en el sistema privado sin contar con los beneficios que el mismo proporciona.

Cuando los titulares de la PER fallecen la misma se trasmite, como ocurre en todo el sistema previsional uruguayo, en todo, a las y a los cónyuges y concubinas y concubinos, a las hijas e hijos menores y/o discapacitados.

Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas han observado al Estado uruguayo en reiteradas ocasiones por obligar a las ex presas y a los ex presos políticos a tener que renunciar a sus legítimas jubilaciones y pensiones para acceder al resarcimiento que las normas internacionales estipulan para quienes han sido víctimas de torturas, abusos sexuales y violaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación ilegítima de la libertad y destrucción de sus proyectos de vida.

El cumplimiento de las recomendaciones de los Relatores Especiales sigue siendo un debe del Estado uruguayo y una responsabilidad privativa del Sr. Presidente de la República.

--------

Opinando N° 4 – Año 11 –  Martes 22 de marzo de 2022

Ibero Gutiérrez: la última víctima fatal

El domingo 27 de febrero de hace 50 años almorzó con sus padres y concurrió a una reunión con compañeros. Durante  la misma señaló, como al pasar, al resto de los participantes, que le parecía que “gente rara” lo estaba siguiendo. No dio importancia. Era uno de los riesgos habituales en esa época crispada.

Asunción de Juan María Bordaberry, a su lado Jorge Pacheco Areco

Había quedado en pasar a recoger a su pareja, que estaba preparando un examen, a eso de las 23 horas, pero no lo hizo. No pudo. Había sido secuestrado. Al otro día, apareció acribillado a balazos, bajo un árbol, en una zona apartada del Montevideo rural, cerca del Paso de la Arena, sin que se tenga certeza de quiénes fueron los responsables directos  de su asesinato, luego de torturarlo bárbaramente, hasta el día de hoy.

La generación militante del 68

Ibero Gutiérrez fue  un militante estudiantil detenido  en reiteradas ocasiones al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Fue una persona militante y sensible, un poeta innovador y creativo,  un estudiante de la Facultad de Humanidades, un ex preso político recluido en el Penal de Punta Carretas y  un luchador social integrante del MLN y del Movimiento 26 de Marzo.

Ibero Gutiérrez fue asesinado un día antes de que asumiera como presidente Juan María Bordaberry. Fue la última víctima fatal de las acciones del Escuadrón de la Muerte, la organización parapolicial y paramilitar que actuaba desde el Ministerio del Interior, con el visto bueno gubernamental, para generar el miedo y el temor en las filas de los sectores opositores, en el camino hacia la dictadura y el terrorismo de Estado.

A la muerte del general Oscar Gestido, a fines del año 1967, asumió la presidencia de la república Jorge Pacheco Areco desplegando una política marcadamente antipopular que generó un clima de gran turbulencia social y descontento popular.

Pacheco Areco incendió la pradera

Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad de manera casi permanente, gobernó mediante decretos para evadir la acción del Parlamento, además de suspender las garantías individuales consagradas por la constitución para reprimir la protesta popular y disciplinar a la sociedad.

Durante su gobierno se suprimieron los Consejos de Salarios, se congelaron los salarios y las jubilaciones, se clausuraron en forma frecuente los medios de prensa de la oposición, se ilegalizaron partidos políticos, se intervino la enseñanza secundaria, se atacó a la Universidad de la República, se sacó a los militares de los cuarteles a  enfrentar a los trabajadores, se reprimió a los sindicatos públicos y privados y también al movimiento estudiantil.

Desde el 13 de junio de 1968, en un mundo convulsionado por el mayo francés y la protesta juvenil, cuando estallaban las protestas por la intensificación de la agresión de EEUU a Vietnam, en Uruguay miles de trabajadores fueron militarizados, centenares sufrieron prisión, las calles se tiñeron de sangre estudiantil y se generó un clima de violencia institucional y social cuyas secuelas se mantienen hasta el día de hoy. En este clima y en este marco, los grupos armados que operaban en el territorio nacional, alcanzaron un gran desarrollo y desplegaron un importante accionar que conmovió al país y asombró al mundo.

El gobierno de Pacheco Areco y su proyecto de país al servicio de minorías privilegiadas, en connivencia con los Estados Unidos y sus recetas económicas, con el asesoramiento de la CIA, fue el prolegómeno de la dictadura de Juan María Bordaberry y del terrorismo de Estado.

Escuadrón de la muerte: la cara ilegal de la represión

Los grupos de ultraderecha que operaban en el ámbito estudiantil desde los inicios de los sesenta para atacar a los gremios, dieron nacimiento al accionar de los comandos para policiales alentados desde el ministerio del interior.

Abel Ayala, Héctor Castagneto y Manuel Ramos Filippini, quién  incluso llegó a compartir celda en Cárcel Central con Ibero Gutiérrez, fueron, a partir del mes de julio, las víctimas fatales del accionar del Escuadrón de la muerte durante el período pre electoral de 1971. En dichas operaciones participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace pero también integrantes de las Fuerzas Armadas cuyos nombres  son de público conocimiento.

El Escuadrón de la muerte fue la faceta ilegal y encubierta del accionar represivo del gobierno de Pacheco Areco, en su accionar de terror. El procesamiento de Nelson Bardesio  y de Pedro Freitas, en el año 2009 puso de manifiesto el accionar gubernamental, a través del Ministerio del Interior, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. La detención de Miguel Sofía y su procesamiento por su activa participación en dichos actos criminales es un  inmenso logro de quienes hemos promovido las investigaciones judiciales y el accionar de la justicia para generar anticuerpos que impidan la repetición de estos hechos.

La democracia: un logro de la lucha popular a pesar de los “malla oro”

En Uruguay hubo dictadura y hubo terrorismo de Estado. Los servicios represivos, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, desplegaron una violación masiva, sistemática y generalizada de los derechos humanos para aplicar un plan de gobierno al servicio de las minorías privilegiadas de nuestro país.

La democracia uruguaya es una conquista de los trabajadores y de los sectores populares que enfrentaron a Pacheco Areco, a la dictadura cívico militar y al terrorismo de Estado pagando un duro precio en detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos, exiliados y miles de combatientes por la libertad viviendo en las más inhóspitas condiciones.

Falta justicia: el Poder Judicial debe actuar

El asesinato de Ibero Gutiérrez continúa impune. Miguel Sofía, un notorio y ya procesado integrante del Escuadrón de la Muerte, puede aportar mucha información al igual que Nelson  Bardesio y otros connotados represores que están recluidos en Domingo Arena o en sus domicilios particulares, la gran mayoría.

A cincuenta años de su asesinato su recuerdo permanece con nosotros y le rendimos homenaje mientras el pueblo uruguayo se apronta a librar batallas decisivas, a las cuales adherimos, en las próximas semanas, votando Sí!

Gracias al compromiso  desplegado por los luchadores sociales y políticos como Ibero Gutiérrez,  por miles y miles de luchadores, sindicales, sociales, estudiantiles y políticos,  por miles y miles de ciudadanos, nuestro país es  hoy una democracia y una de las mejores de América. No se le debe nada, absolutamente, a las Fuerzas Armadas que se quisieron perpetuar en el poder y fueron derrotadas en el plebiscito constitucional de 1980. Mucho menos a los cabildantes.

-------------

Opinando N° 3 – Año 11 – Domingo 6 de marzo  de 2022