Jorge Tróccoli: uno de los secuestradores en el Fusna
Una reciente columna de opinión de Raúl Ronzoni orientada a denostar a Graciela Villar, candidata a Vicepresidenta por el Frente Amplio, hace referencias muy duras acerca de su pasado militante y su condición de presa política durante el terrorismo estatal. Agravian al conjunto de las víctimas. Las formulaciones de Ronzoni demuestran un enorme desconocimiento acerca de las prácticas represivas vigentes desde fines de los años 60, durante toda la década de los 70 y parte de los años 80. No es nuestro propósito defender a Graciela Villar pero como colectivo organizado no podemos pasar por alto apreciaciones tan equivocadas y endulzantes acerca de lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay.
El Estado de Guerra Interno
Desde el 15 de abril de 1972 en que la Asamblea General del Poder Legislativo declaró el Estado de Guerra Interno, la justicia militar pasó a ser, el órgano destinado a otorgar penas de reclusión a todos los ciudadanos que eran detenidos por los cuerpos represivos del Estado, militares y policías, desplazando de esa función al órgano constitucional con dichas facultades: el Poder Judicial. En función de ello, todos los ciudadanos dejamos de ser detenidos para ser directamente secuestrados por efectivos militares y policiales, muchas veces sin identificarse y actuando de civil. Dejamos de ser detenidos por orden escrita del juez competente como establecen las normas constitucionales para ser privados de la libertad por decisiones de los servicios de inteligencia.
Secuestrados y desaparecidos
La detención masiva de ciudadanos fue una de las metodologías deliberadamente seleccionadas por el régimen para acallar la resistencia popular y generar un clima masivo de terror. Según informes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que operaba en la Región Militar N°1, más de 20.000 ciudadanos fueron privados de su libertad en aquellos años. La inmensa mayoría fueron literalmente secuestrados en la calle, en sus lugares de estudio o trabajo, incluso durante operativos nocturnos que incluían incursiones violentas y allanamientos en los domicilios. Se practicaron con adultos, con menores y también con niños. La saña represiva no tuvo límites. Los secuestrados fueron encapuchados, esposados, incomunicados, conducidos violentamente a paraderos desconocidos por ellos mismos, sus familiares y amigos.
Detención y torturas sistemáticas
Salvo casos excepcionales, pocos, muy pocos pero los hubo, Dr. Jorge Batlle, Dr. Ramón Díaz, por ejemplo, todas las personas secuestradas fueron sometidas a torturas físicas, psicológicas y emocionales. Desde los años 60 era común que se torturara a aquellas personas que eran detenidas por actividades políticas. Comisiones parlamentarias lo pusieron de manifiesto. A partir de la aprobación del Estado de Guerra Interno, las prácticas brutales y las torturas se masificaron, estandarizaron, adquirieron niveles de una intensidad extraordinaria en todos los cuarteles y dependencias policiales y militares. Plantones, palizas, submarino en tacho de agua y en seco, colgadas, picana eléctrica, simulaciones de fusilamientos, manoseos, humillaciones, abusos, violaciones y violencias sexuales, fueron parte del menú terrorífico durante días, semanas y también meses.
Jueces sumariantes: eran torturadores
La condena del coronel ® Rodolfo Alvarez por haber oficiado como juez sumariante y ser partícipe de las torturas que sufrió Gerardo Riet en el año 1980 puso de manifiesto el funcionamiento de la Justicia Militar. Durante todo el proceso cívico militar, desde abril de 1972 al 28 de febrero de 1985, la justicia militar no juzgó, simplemente otorgó penas de reclusión, dio una apariencia de legalidad a lo dispuesto por los mandos militares como señaló el coronel ® Dr. Néstor Bolentini en una comparecencia parlamentaria de la época. Los jueces sumariantes, todos, eran parte de los servicios de inteligencia que operaban en la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII) y en todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Eran quienes elaboraban y obligaban a firmar a los prisioneros las supuestas “actas” de la justicia militar que se usaban para condenar.
Las actas de la justicia militar no poseen ningún valor jurídico, ni pueden servir para clasificar a quienes fueron condenados en base a ellas, como se hizo. Son simplemente pruebas documentales de las barbaridades que sufrieron miles de uruguayos al amparo del Estado de Guerra Interno promovido por Juan María Bordaberry y sus secuaces, el Dr. Julio María Sanguinetti entre ellos.
Víctimas denuncian abusos sexuales
Hasta el momento todas las causas penales por las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo estatal fueron promovidas por las propias víctimas. Hacerlo, en la condiciones uruguayas, fue una auténtica proeza, un acto de heroísmo en sí mismo: muchísimo dolor, angustia, volver a revivir lo padecido una y otra vez, insensibilidad de los funcionarios, cultura instalada de la impunidad. Recién en el año 2011, un grupo de ex presas políticas asumieron el compromiso y el valor colectivo de denunciar penalmente los abusos sexuales y las violaciones sufridas por centenares y calladas hasta el momento por la gran prensa.
Sitios de Memoria: pruebas irrefutables
El “300 Carlos” y “la Tablada”, por poner solamente dos ejemplos notorios, son Sitios de Memoria, espacios físicos reales en los cuales centenares de uruguayos fueron sometidos a crueles tormentos en sucesivas oleadas represivas. Son evidencias materiales tangibles frente a las tesis negacionistas “encubiertas” sobre la saña represiva como las que propone Ronzoni o menciona José Nino Gavazzo en entrevista que difundiera ampliamente el País. En los Sitios de Memoria se torturó, se asesinó, se desapareció y se firmaron las actas autoincriminatorias que proporcionaban los jueces sumariantes como el coronel ® Rodolfo Alvarez.
Una adolecente víctima del terrorismo estatal
Lo declarado por Graciela Villar en cuanto a lo sufrido y padecido es el drama que sufrieron y padecieron miles de uruguayos y uruguayas, muy jóvenes incluso, por enfrentar el proyecto de sociedad de los sectores privilegiados de Uruguay, por defender la libertad, la democracia y un futuro de transformaciones. Raúl Ronzoni se escandaliza por alguien que declara haber estado secuestrada en el Fusna, cosa que efectivamente ocurrió. Sin embargo, no se le mueve un pelo cuando hay generales en actividad y candidatos presidenciales que desprecian los pronunciamientos del Poder Judicial, que consideran que las torturas, los asesinatos y las desapariciones no lesionan el honor de las Fuerzas Armadas. Sus afirmaciones al respecto, por decir lo menos, demuestran un desconocimiento inhabilitante para el ejercicio del periodismo serio. Por decir lo mínimo.
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Opinando N° 14 – Año 8 – Martes 23 de julio de 2019
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