Una oportunidad para iniciar la democratización
interna de las FFAA
interna de las FFAA
Escribe: Gustavo Buquet en La Diaria - 31 5 19
Luego
de más de un lustro de displicencia gubernamental con las Fuerzas Armadas
(FFAA), el general (r) Guido Manini Ríos comenzó a rebelarse cuando, desde el
poder civil, surgieron las primeras propuestas de cambio. Quizás los nervios
respondían a que se podía comenzar a resquebrajar ese supuesto equilibrio entre
el poder civil y el poder militar que había existido con los diferentes
gobiernos democráticos. Esta connivencia entre el poder político y las FFAA les
ha asegurado a sus principales mandos, la mayor impunidad posible; no disminuir
sus privilegios económicos; la no intromisión de los mandos civiles en su
estructura corporativa y sus decisiones internas; y la no modificación del
sistema de formación militar.
Primero,
Manini comenzó a protestar y presionar al poder civil por la ley de reforma de
la Caja Militar; esta ley afectó parcialmente los privilegios económicos que
todavía no habían sido tocados. En segundo lugar, la propuesta de una nueva Ley
Orgánica Militar, la que ponía en vilo uno de los equilibrios que aseguraban a
las FFAA mantener su cultura corporativa, convirtió a Manini en defensor
mediático de la “familia” militar, descubriendo totalmente su discurso
antidemocrático. No es para menos: este proyecto de ley propone modificar la
estructura interna, las decisiones corporativas, elimina la Doctrina de la
Seguridad Nacional, y establece nuevos criterios que ponen a las FFAA al
servicio del sistema democrático. Es la primera pulseada ganada a favor de la
democratización del funcionamiento interno de las FFAA.
El contexto
El
contexto en el que ha ido avanzando este proyecto de ley es importante, y no
fue necesariamente propicio. Unas FFAA que en 34 años no han tenido todavía un
comportamiento institucional democrático: espionaje militar en democracia; la
mayor parte de los comandantes en jefe en democracia han justificado los
delitos de lesa humanidad como actos de servicio contra la subversión;
pronunciamientos explícitos en contra de los tres poderes del Estado; opacidad
en la información militar; y nula colaboración institucional por el
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
La
reforma de la Ley Orgánica es una tarea insoslayable para el gobierno del
Frente Amplio (FA), pero lo hubiera sido para cualquier gobierno democrático.
Es decir, el FA tomó la iniciativa diez años después de aprobada la Ley Marco
de Defensa Nacional; pero el sistema democrático en su conjunto tardó más de
tres décadas en transformar la ley de la dictadura.
Al
inicio de esta administración, la primera medida que tomó el Ministerio de
Defensa Nacional fue concederles a los tres comandantes en jefe, incluido en
aquel entonces el general Manini, la responsabilidad de redactar el proyecto. A
ninguno de los tres comandantes le interesaba cambiar la Ley Orgánica; en
cualquier caso, los cambios propuestos no irían en un sentido precisamente
democrático.
Cuando
Jorge Menéndez asumió el ministerio, cambió la estrategia, se deshizo de (casi)
toda la propuesta de los comandantes, y les mandó a sus asesores jurídicos
civiles redactar el proyecto. Este fue parcialmente reformado, positivamente,
por la bancada parlamentaria del FA.
El proyecto acordado
El
proyecto avanza en varias direcciones. En primer lugar, elimina la Doctrina de
la Seguridad Nacional. En segundo lugar, y por primera vez en la historia de
Uruguay, el proyecto de ley propone una disminución importante de coroneles y
generales: reduce en 80 los coroneles para las tres fuerzas, y en cuatro los
generales. La reducción principal se aplica al Ejército: 66 coroneles y cuatro
generales.
En
tercer lugar, se han eliminado como tales los Tribunales de Honor, y con ellos
su vetusta reglamentación. Se le ha transferido a la Justicia ordinaria –en
caso de delitos penales–, su potestad de pase a reforma de militares en
actividad o retiro (es decir, su cese y pérdida de derechos simbólicos y
económicos), que antes pertenecía a dichos tribunales. Se ha creado a cambio un
tribunal de Ética y Conducta Militar con menos potestades, y que su reglamento,
a cargo del Poder Ejecutivo, esperemos que sea actualizado y democrático.
En
cuarto lugar, termina con la obediencia debida, es decir que según el proyecto
de ley “Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la
Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o
ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales. [...] Lo actuado en
contrario a lo dispuesto precedentemente determinará la directa responsabilidad
del militar, el que no podrá ampararse en el cumplimiento de órdenes
superiores”.
En
quinto lugar, se crea el estatuto del personal militar, al que se define como
funcionario público. Esta definición, que aparentemente es menor, elimina el
concepto de que ser militar es especial, diferente, y apunta a la integración y
a la igualdad de todos los ciudadanos, civiles y militares. Además, dicho
estatuto les da derechos, en los que un elemento insoslayable es la no
discriminación, por lo que asegura un trato igualitario –al menos en la
normativa– a todos los integrantes, particularmente incorpora la perspectiva de
género e iguala los derechos de oficiales y subalternos. Agrega, además, para
todos los casos, los derechos de presunción de inocencia y del debido proceso.
Según
Manini, estos últimos dos elementos –la eliminación de la obediencia debida y
la asignación de derechos básicos al personal militar– son las propuestas del
Poder Ejecutivo que terminarán con la cadena de mando, y eliminarán la
disciplina, la obediencia y el funcionamiento mismo de las FFAA. Aparentemente,
para Manini las órdenes que implican la violación de los derechos humanos deben
ser acatadas, y los subalternos no deben tener derechos para reclamar posibles
arbitrariedades de sus superiores.
Esta
ley es una gran oportunidad. Puede ser el comienzo de la democratización de las
FFAA. No puede quedar en papel mojado. Debe ser acompañada por leyes orgánicas
igualmente transformadoras en cada una de las tres fuerzas y, por supuesto –y
lo más importante–, transformar el sistema de formación militar, que los
oficiales formados en democracia conciban como propios estos nuevos valores y
dejen de seguir creyendo en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
(*)
Gustavo Buquet es economista, doctor en Comunicación y docente de la Facultad
de Información y Comunicación de la Universidad de la República.
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