Por Leandro Grille – Caras
y caretas – 28 4 19
Ahora sabemos, por su propia confesión ante un Tribunal de Honor,
que Nino Gavazzo trasladó el cuerpo de Roberto Gomensoro en marzo de 1973 y lo
arrojó en el lago de Rincón del Bonete. Sabemos por los testimonios de Jorge
Silveira, que era su subalterno en ese entonces, que Gavazzo lo mató seis días
antes de que el cuerpo apareciera flotando en el agua. Sabemos por el
testimonio del general retirado Enrique Debal que el cuerpo de Gomensoro
colgaba ya sin vida en un galpón al fondo de Artillería 1 y que Gavazzo estaba
junto a él con los cables de la picana.
Sabemos, porque Debat lo testificó, que
esa noche en el casino de oficiales sólo se hablaba de ese homicidio, que el
cuerpo sería fondeado en el lago cerca de Paso de los Toros para ocultarlo y
que otro de los encargados de trasladarlo sería el capitán Ruben Sosa Tejera.
Ahora que sabemos todo
eso, en una secuencia violenta e inexplicable, la jueza de Canelones Elsa
Montín dispuso beneficiar a Gavazzo, que goza de prisión domiciliaria desde
2015, retirándole la tobillera y suspendiéndole la vigilancia de la Oficina de
Supervisión de la Libertad Asistida por un supuesto problemas de salud,
mientras la jueza de Paso de los Toros, donde radicaba la causa por el
asesinato de Gomensoro, resolvió no reabrir la investigación, pese al pedido
del fiscal Perciballe, porque le parece que no hay suficientes fundamentos
jurídicos.
Tenemos entonces, por un
lado, un crimen atroz aclarado y en buena parte reconocido por su autor -por lo
menos confesó que ocurrió en su cuartel y que se deshizo del cuerpo-,
confirmado por su subalterno y hasta por un testigo ocular del homicidio, pero
igual el Poder Judicial se niega a reabrir el caso y hacer justicia.
Y todo
esto cuando el asesinato de Gomensoro no está ni siquiera comprendido por los
supuestos de la Ley de Caducidad porque ocurrió en marzo de 1973, tres meses antes del golpe de Estado, y así
lo ratificó el Poder Ejecutivo mediante un decreto del 10 de junio de 2010, con
la firma del expresidente José Mujica.
Es notable la solidez de
la impunidad. No se sostiene sólo en la omertá que ha reinado en las fuerzas
armadas y que ha impedido encontrar a los desaparecidos, ni en la ley de
caducidad de la pretensión punitiva del Estado ni en la poca o nula voluntad de
investigar que hayan tenido las autoridades de la posdictadura.
Cuando un
crimen se aclara, un desaparecido aparece y se determina quién lo mató, dónde,
cuándo, cómo se deshicieron del cuerpo y hasta se confirma que lo mataron antes
del período comprendido por la impunidad, opera la pusilanimidad de jueces que
directamente se hacen los bobos ante un caso evidente, flagrante, insoslayable,
por cuya omisión de denuncia fue destituido la mitad del generalato y cayeron
las autoridades del Ministerio de Defensa.
En otro orden, la actitud
benefactora de la jueza Montín con este salvaje es insultante. Gavazzo es un
asesino múltiple, torturador, cobarde, repudiado hasta por sus camaradas de
armas. Es el peor entre los peores, y aun así goza del privilegio de la prisión
domiciliara por razones de edad y salud, lo cual es harto discutible e
indignante, pero si a la jauja de la prisión domiciliaria además se le quita la
tobillera y la vigilancia, la diferencia con la libertad ambulatoria es una
sutileza administrativa.
Y Gavazzo, que sigue siendo una bestia sin ninguna
clase de remordimiento, la va aprovechar para fugarse a disfrutar una fortuna
mal habida, prófugo para siempre en un lugar recóndito e inaccesible para
nuestra Justicia, que, por cierto, lo más probable es que ni lo busque, dado
los profusos antecedentes de fanática indulgencia con los responsables de los
crímenes de la dictadura.
La reapertura del caso
Gomensoro es ineludible. Si no se reabre en Paso de los Toros, donde apareció
el cuerpo, debe investigarse en Montevideo, donde fue asesinado. Es un caso
clave que debe permitir alcanzar otras alturas, más allá de los ejecutores
materiales. Porque Gavazzo no actuó solo, sino que lo hizo en el marco de
instituciones que lo ampararon y el asesinato sucedió en un cuartel.
Las
Fuerzas Conjuntas lo encubrieron, los principales diarios difundieron la
noticia falsa de que Gomensoro se había fugado
y las autoridades políticas de ese gobierno del Partido Colorado
estuvieron al tanto. Hay que tirar de la madeja hasta desentrañar toda la
urdimbre de este homicidio, sus cómplices y sus partícipes necesarios,
militares, civiles y, sobre todo, los jerarcas políticos.
Los que se la han
llevado de gratis todos estos años y blanden una perversa teoría de los dos
demonios, para no asumir el cargo de ser el demonio omitido, el que nunca
aparece como culpable, el verdadero instigador y beneficiario de los años de
oprobio, o acaso nos vamos a creer que los militares actuaron solos, por sí y
ante sí, despegados de todo, bajo el mando de nadie, armados de una doctrina
genocida huérfana de arquitectos de guante blanco.
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