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viernes, 30 de octubre de 2015
La suma de los factores
Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía se
propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la
dictadura.
La diaria – 30 10 15 – Por Luis Rómboli
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Chela Fontora, Ariel Cancela, Stella Llorente y María Carolina Rico, ayer en la sede de Crysol. Foto: Pablo Vignali |
El fiscal Ariel Cancela,
la fiscal penal Stella Llorente y la fiscal adscripta María Carolina Rico
dialogaron ayer con integrantes de la organización de ex presos políticos
Crysol sobre los desafíos de la recientemente creada Unidad Especializada en
Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela
recordó que el 14 de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado
y eso le permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del
organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso en
práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.
El
fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la
nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio
de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad
209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la
“falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró
que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que
diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos
que se aporten”, agregó.
Luego explicó que estas unidades están destinadas a
recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y
preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del
nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será
el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el
juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que
deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además
de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido
establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como
Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.
La
fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el
primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para
sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se
elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales
involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será
“permanentemente actualizada”.
Los
fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la
Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a
disposición de los interesados.
En
el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la
lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a
trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una
estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los
militares imputados.
El fiscal relató que cuando hay un pedido de
procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción
del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso,
apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de
casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se
habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de
recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada
con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan
interminables, acotó.
Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para
pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el
Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de
investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por
medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo
que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.
Cancela
insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los
fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los
hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se
decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan
toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.
Finalmente,
informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la
Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y
respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea
“clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo
Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un
caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
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martes, 27 de octubre de 2015
Otro tiempo
Descubrieron placa recordatoria en cárcel de ex presas políticas en Paso
de los Toros.
La diaria - 26 10 15 - Por Iván Franco
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Ex presas políticas durante el acto de colocación de una placa recordatoria, el sábado, en el frente de la cárcel de Paso de los Toros. Foto: Virginia Martínez Díaz |
La antigua locomotora era un
infierno de hierro caliente, fuego y chorros de vapor en la fría y silenciosa
madrugada fraybentina. Daba miedo pasar a su lado. Era el invierno de 1974. En
el andén iluminado esperábamos mi hermana, de diez años, mi abuela, de 67, y
yo, de 13. Huevos duros y bananas eran la comida para el viaje de diez horas
que nos llevaría a visitar a mi madre en la cárcel de presas políticas de Paso
de los Toros.
A las cinco de la mañana nos
ubicamos en un vagón casi vacío, que luego del sonido del pito comenzó a
atravesar con un lento traqueteo los barrios más humildes del pueblo. Antes de
cruzar cada paso a nivel sonaba varias veces el silbato.
Luego de pasar por el costado
del cementerio, salimos a campo abierto. Sólo se veía una franja de pasto,
iluminada por la luz que dejaban pasar las ventanillas de los vagones y las
estrellas. El sueño me ganó acunado por el vaivén del vagón.
Desperté con el tren parado en
el medio del campo. Se había roto la locomotora y debimos esperar cuatro horas
a que enviaran otra. Llegamos tarde; se permitieron las visitas durante todo el
día hasta las 17.00, eran las 17.10. Luego de justificaciones y súplicas de la
abuela, y de que mi hermana se apoyara sobre una regla e hiciera volar el
cigarro que el comandante tenía sobre el escritorio, la negativa cerrada dejó
paso a la sentencia final: “Cinco minutos y sólo los niños”. La visita fue con
mi madre y otras compañeras que nos colmaron de besos, abrazos y cariño. Muy
corta, pero sentíamos que las 12 horas de tren habían valido la pena.
El sábado, 41 años después,
volví con mi hermana y la vieja a ese lugar que aún funciona como cárcel. Se
descubrió una placa recordatoria. Convocadas por Crysol, unas 150 personas, en
su mayoría ex presas y familiares, se concentraron frente a la Seccional 3ª de
Policía y a la contigua cárcel. Una rueda de ex presas cantaba canciones que
recordaban de la prisión.
Abrazos. Apretados abrazos.
Extensos. Besos, gritos de alegría. Y lágrimas. Muchas lágrimas corrieron por
decenas de mejillas. Es que reencontrarse después de 40 años implicaba
observarse, mirarse detenidamente, reconocerse.
Mi madre experimentó “primero
una reacción rara, porque fue una angustia de golpe ver el edificio, el lugar,
pero después la alegría de ver a mis compañeras, ahí me puse contenta y feliz
de estar de vuelta”. “Un recuerdo de años muy jodidos, pero muy vividos
también, vividos mal pero vividos bien”. Recuerda que les hacían limpiar las
cloacas, no había saneamiento; venían los milicos con un carrito y dos baldes
para que pusieran la materia. Otras obligaciones humillantes eran lavar los
uniformes de la tropa o ir al jardín del comandante, de pedregullo, a juntar
las colillas que tiraba. A mi madre esto le daba asco, por lo que se le ocurrió
hacerlo con una pinza de cejas. Al rato, el comandante mandó a decir que ese
trabajo había que hacerlo a mano. Se recordaron entre risas conversaciones como
ésta:
-Junten los puchos.
-Pero ya no hay más.
-Junten igual.
Luego del acto protocolar con
Himno, discursos y el descubrimiento de la placa, se ofreció un cana-tour.
Un oficial de policía, muy amable, nos guiaba en grupos de cinco por el
interior de la cárcel. Esto cambió, esto está igual, el celdario, etcétera.
Según las ex presas el edificio
no cambió mucho, pero está todo más deteriorado. Aquella cárcel nueva y pulcra
es hoy un recinto venido a menos, las paredes están sucias y tienen “olor a
cárcel”. Más fotos con cámaras, celulares o tablets, muchas fotos.
Aquí eran las visitas, dijo la vieja, y se nos quebró.
El marco
La Ley 18.596, de
reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, prevé
entre otras formas de reparación la colocación de “placas o expresiones
materiales simbólicas” en sitios públicos donde se hayan producido violaciones
a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. En base a dicha
norma, el sábado se colocó una placa recordatoria en la Seccional 3ª de Policía
de Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº
1”, que ofició de centro de reclusión de 157 presas políticas entre 1972 y
1985. En el homenaje participaron representantes de la comisión especial que
instrumenta la ley -integrada por varios ministerios y organizaciones sociales-
y de la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Tacuarembó.
Isabel
Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado
Reciente, dijo que Uruguay tiene “un gran problema” con su política de
“construcción de la memoria” porque “aún hay muchos silencios, muchas cosas que
no se saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene
que trabajar”.
Giovanni
Rotondaro, miembro de la Comisión Especial, explicó a la diariaque la
solicitud de colocación de placas recordatorias surge de los involucrados,
principalmente ex presos políticos, y que la comisión colabora con su
implementación: visita el lugar, dialoga con los interesados y las autoridades
-en general se trata de predios policiales o militares- y gestiona la
colocación de la placa.
Los
próximos dos homenajes se harán el 6 de diciembre: uno será en la actual
terminal de ómnibus y shopping de Mercedes, que funcionó como centro de
reclusión en la dictadura, y el otro en un cuartel de Fray Bentos, donde los
militares asesinaron en 1984 al doctor Vladimir Roslik.
domingo, 25 de octubre de 2015
Paso de los Toros: Estado homenajeó a mujeres ex - presas políticas.
Representantes de la
Comisión Especial de la Ley 18.596 junto a la Comisión Memoria, Justicia y
contra la Impunidad de Tacuarembó, colocaron placa recordatoria, en la seccional
3ª de Policía de la ciudad de Paso de los Toros, en memoria a las 157 expresas
políticas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que
resistieron las imposiciones de la dictadura durante los años 1972 a 1985.
Tomado de: www.presidencia.gub.uy
Ante casi un millar de
personas que llegaron de distintos lugares del interior del país, la
Comisión Especial de la Ley Nº 18.596, junto
a la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad, colocaron una placa de
homenaje que señaliza el lugar donde se practicó terrorismo de Estado durante
los años 1972 a 1985. La placa se colocó en la seccional 3ª de la ciudad de
Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº 1”,
donde se recluyeron a 157 ex-presas políticas.
El homenaje se realizó en el marco de
lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y
reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. La solicitud de
colocación de esta placa recordatoria se originó entre un grupo de vecinos
locales y tras el acto, algunos testimonios recorrieron parte del lugar en el
que estuvieron detenidas.
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación, Giovanni
Rotondaro, miembro de la Comisión de Reparación, expresó que “identificar
aquellos sitios donde se efectuaron torturas y "sacarlas a la luz”, es
parte de la política de memoria que debe afrontar el Estado”.
Rotondaro indicó que, en cuanto al acto de reconocimiento, un grupo
de ex-presas políticas de Paso de los Toros efectuaron la solicitud ante la
Comisión Especial de Reparación, que resolvió acompañar y apoyar la
colocación de una placa que identifica el lugar como sitio de detención de terrorismo de Estado.
Asimismo, destacó el trabajo de la Comisión, que implica una
gestión en territorio, con los solicitantes y con las distintas autoridades
implicadas, "porque la mayoría de éstos recintos son parte o fueron parte
de los ministerios de Defensa o Interior”.
El funcionario, informó que el próximo reconocimiento se
realizará el 6 de diciembre, en Fray Bentos, al doctor Vladimir Roslik,
detenido por efectivos militares en el año 1984; y por otro lado, en la ciudad
de Mercedes, donde el homenaje será para detenidos y desaparecidos
locales.
Por su parte, Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente, declaró: “Identificar lugares que no
estaban reconocidos es un avance importante, que cumple con todos los cometidos
indicados en el decreto que crea el grupo de trabajo 'Por verdad y justicia',
con quienes estamos trabajando desde que se inició esta administración”.
Wschebor enfatizó en la importancia de “acelerar, avanzar y
estimular todas aquellas iniciativas que permitan trabajar en los aspectos
vinculados a la memoria histórica”.
Sobre la acción de realizar un señalamiento de sitios que en el
pasado fueron emblemáticos en lo que hace al terrorismo de Estado, señaló la
importancia de explicar los hechos a las nuevas generaciones. “En esta ocasión,
señalamos, acá fue un sitio de tortura, de encarcelamiento, un sitio de
detención”.
La directora enfatizó la importancia de reconocer estos sitios
en el interior del país, y consideró que refieren no solo al aspecto masculino
de la represión, sino al femenino. “ Vamos sabiendo más sobre los lugares
desconocidos y, vamos sabiendo más, sobre la represión a ciertos actores que
muchas veces no son tan visibilizados, en genera,l se conoce menos la represión
hacia las mujeres que hacia los hombres”, indicó.
Asimismo, Wschebor subrayó que aún el Uruguay está "en
falta" y qué “hay un gran problema con ésta política de “construcción de
memoria” que radica en que aún hay muchos silencios, muchas cosas que no se
saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene que
trabajar”.
La directora recordó que no en vano existe una Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Uruguay aún está en falta.
"Tenemos que avanzar y hay un terreno grande por recorrer"
sostuvo.
En este sentido, indicó que muchas veces se entienden los
procesos de reparación como procesos de retribución económica, “cuando tienen
que ser integrales y por eso tenemos que saber lo que pasó”, finalizó.
La Comisión Especial de la Ley 18.596 está integrada por
representantes de los ministerios de Educación y Cultura (MEC), de Salud
Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF) junto a Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos y la Asociación de ex Presos Políticos de Uruguay
(Crysol).
Formaron parte de la oratoria, el historiador Gustavo Guerrero,
Giovanni Rotondaro, miembro de la Comisión de Reparación y la ex presa política
Lilián Díaz. En el marco, de este acto, también se realizó una mesa redonda,
referida a políticas de memoria y sobre la reparación simbólica, en la que
participaron ciudadanos locatarios, autoridades y testimonios.
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Prof. Gustavo Guerrero de la Comisión de Memoria y Contra la impunidad |
Prof. Giovanni Rotondaro haciendo uso de la palabra en nombre del Ministerio
de Educación (MEC)
Ex - presa política Lilián Díaz hablando a nombre de las homenajeadas
Placa en homenaje en la puerta de la Seccional 3ª de Paso de los Toros
Chela Fontora y Lila Cornalino
Alejandra Epíscopo con el Diputado Saúl Aristimuño y Sra.
Delegación salteña junto con Angel Rocha
Prof. Gustavo Guerrero, María Elia Topolanski y Susana Carli
Glenda Rondán, Directora de los Centros MEC
Don Oscar Melián, isabelino, ex - preso político y expresidente de ONAJPU
Vista parcial de la concurrencia
Vista parcial de la concurrencia
Vista parcial de la concurrencia
Vista parcial de la concurrencia
Vista parcial de la concurrencia
Vista parcial de la concurrencia
Espectáculo artístico en el Parador Municipal en la tarde
 Mesa Redonda en el Parador Municipal en la tarde. Crysol expresa su agradecimiento al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a la Secretaría de DDHH para el pasado reciente de la Presidencia de la República por su apoyo y colaboración para la exitosa concreción de la actividad.
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XXI Congreso Nacional de ONAJPU: importante resolución sobre el pasado reciente
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Mesa de ONAJPU que presidió la sesión plenaria. Al centro Oscar Melián, Presidente saliente de la organización. |
En el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU,
la dictadura cívico militar fue una tragedia nacional cuyos efectos y daños
colaterales se mantienen y perduran hasta el día de hoy en la sociedad.
El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los
sectores más reaccionarios, para impedir los cambios y las transformaciones de
fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto
brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos.
Ante la crisis estructural del país desde 1955, comenzó a
gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las
Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la
enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos, reprimir al
movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de
contenido la institucionalidad democrática y a restringir las libertades.
La deuda externa que entorpece y dificulta el desarrollo del
país creció exponencialmente en dicho período. Los trabajadores vieron reducido
en un 50% el poder adquisitivo de sus ingresos que fue a engrosar las arcas de
los sectores sociales que apoyaban al régimen. Los jubilados y pensionistas
perdieron el aguinaldo, nunca recuperado como tal y otros beneficios. La
industria nacional se debilitó frente a las transnacionales y se llevó a
límites extremos la concentración de la riqueza.
Para hacer posible la aplicación de dicha reorganización de
la sociedad, quienes se apoderaron del gobierno del país, llevaron a cabo una
cruel política represiva que dejó como saldo más de 200 detenidos
desaparecidos, centenares de asesinados, muchos de ellos en la tortura, miles
de detenidos, de presos políticos en campos de concentración y miles de
uruguayos obligados a emigrar para preservar su vida y su libertad.
A 30 años del retorno a la vida democrática aún resta
transitar un importante camino para fortalecer y profundizar la democracia. Habiéndose
restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo
1 de la Ley 18 831, el poder judicial ha recuperado su independencia.
No existen obstáculos legales de ningún tipo
para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar,
juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para que ellas
no vuelvan a repetirse. Los imputados de dichos delitos, que desde el Tribunal
Internacional de Nuremberg son crímenes de Lesa Humanidad, deben seguir siendo juzgados con todas las
garantías del debido proceso.
El XXI Congreso
Nacional de Onajpu resuelve:
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 60/147 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal
que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados ante graves
violaciones a los derechos humanos reclamamos:
1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más
alto nivel, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las
graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período
del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus
familiares y a la sociedad toda.
2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a
Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para
que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios
que ostentan como integrantes de ellas.
3) Adoptar al más alto nivel la decisión de aplicar el
Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de
repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios
económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a
quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.
4) Respaldar la iniciativa de erigir un Monumento Nacional de
homenaje a todas las víctimas de la dictadura y de compromiso con la libertad,
la democracia y el Nunca Más terrorismo de Estado.
5) Expresar explícitamente su apoyo a la Institución
Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones
sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas
gubernamentales.
6) Solicitar el envío
a la mayor brevedad por parte del Poder
Ejecutivo de un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones formuladas
por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el
Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en
setiembre del año pasado con respecto a las leyes reparatorias aprobadas hasta
el momento y pedir al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia que
se expida al respecto en forma perentoria en tal sentido.
7) Expresar su pleno apoyo y respaldo a Madres y
Familiares de Detenidos y su inclaudicable lucha por encontrar los restos de
todos los uruguayos detenidos desaparecidos.
Piriápolis, 23 de octubre de 2015
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jueves, 15 de octubre de 2015
Sueño con serpientes
El MI
“no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el
asesinato de Pascaretta.
La diaria - 15 10 15 - Por Angelina de los Santos
Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud
judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo
Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta.
Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita al Equipo
Auxiliar, dirigido por María Stella González, tampoco da respuestas, porque no
da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que
no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para
el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido
comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y
miércoles- delata la “ineficacia” del Equipo, más aun si se consideran los casi
tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El
hecho también “hace ilusoria a la Justicia”.
“El resultado es que se perdió
todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta
audiencia pase a diciembre”, agregó. En ese sentido, también dijo que es
previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos
presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los
expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley
interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y
dilatan aun más los procesos”, señaló.
Desde la fiscalía, Tellechea
aseguró no entender cómo los militares retirados “desaparecen de la faz de la
Tierra”, porque evidentemente “en algún lugar están”. Explicó que habrá que
reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el
MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de
UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que
trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre
ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado
del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas,
quien escribió el libroMemorias de un ex-torturado, también
responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos
Calcagno, lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno,
Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el
comunicado.
Según explicó Chargoñia, la
denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del
dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional
1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la
Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del
ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial
debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con
el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los
crímenes de referencia”. En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos
está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la
materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que
las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa
“no se cumplen”, aseguró Chargoñia.
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viernes, 9 de octubre de 2015
Verde
Gregorio Álvarez lleva 80 días internado y se demora el tribunal de
honor.
La diaria – 8 10 15 –
Por Ricardo Scagliola
El ex dictador Gregorio Goyo Álvarez, que en junio sufrió un
accidente cardiovascular, ya lleva 80 días internado en el Hospital Militar.
Fue ingresado el 18 de junio con un cuadro de parálisis, luego de que sus
compañeros de cárcel lo encontraran en el piso del patio del Centro de Reclusión
Nº 8, más conocido como Domingo Arena, convulsionando.
La estadía en el
hospital se hizo larga; la razón principal es que el ex dictador -que el 26 de
noviembre cumplirá 90 años- no puede regresar a la cárcel para violadores de
los derechos humanos, donde no estarían dadas las condiciones mínimas para
cuidar su salud, explicaron fuentes militares ala diaria. Sin embargo,
en declaraciones que realizó a Montevideo
Portalpoco después de sufrir el ACV, el propio Álvarez reconoció
encontrarse “bastante bien”. “No fue nada grave”, dijo. Sus allegados, sin
embargo, aducen problemas de estabilidad y falta de equilibrio.
Todo
apunta a que el ex dictador no volverá a Domingo Arena. “Ya no hay nada de él
en la cárcel; fueron los familiares y sacaron todo”, comentó una fuente. Su
abogado, Pedro Montano, pidió en varias oportunidades el beneficio de la
prisión domiciliaria por su avanzada edad y cuestiones de salud.
La
internación de Álvarez demora la concreción de la decisión del gobierno pasado
de someter al ex dictador a un tribunal de honor. La resolución, adoptada en
enero de 2014, lleva la firma del ex presidente José Mujica y del ministro de
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y se ampara en un decreto que
el mismo Gregorio Álvarez aprobó cuatro días antes de abandonar el gobierno, el
8 de febrero de 1985.
Se trata de un librillo de 58 páginas, impreso en la
imprenta del Ejército. “Hay una ley fría como una navaja, que dice que un
oficial militar que tenga sentencia firme debe pasar a un tribunal de honor”,
explicó en su momento Fernández Huidobro, quien evitó opinar sobre el tema y
aseguró que es un procedimiento “mecánico”.
El juez Luis Charles
procesó con prisión al ex dictador en 2007. Dos años más tarde, fue condenado a
25 años de penitenciaría como autor responsable de 37 delitos de “homicidio muy
especialmente agravado”, por el traslado clandestino de presos políticos en
1978. “Es imposible tomarle la declaración porque tiene una parálisis y ni
siquiera responde a lo que se le pregunta”, explicaron las fuentes militares
consultadas por la
diaria.
El ministro de Defensa sostuvo que “es muy difícil”
realizar el procedimiento. Según establece el código militar, los tribunales de
honor deben ser integrados por oficiales retirados de similar jerarquía. En
este caso serán Jorge Rosales, Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, todos ellos ex
comandantes en jefe del Ejército durante el mandato de Tabaré Vázquez.
Además
de Álvarez, serán sometidos a tribunales de honor el capitán de fragata (R)
Juan Carlos Larcebeau, los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto
Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente y JorgePajarito Silveira. En un oficio, la Suprema
Corte de Justicia confirmó que todos ellos tienen “sentencia firme”. Si bien
Fernández Huidobro cumplió con el procedimiento por aquello de la “ley fría
como una navaja”, el ministro explicó a la
diaria que
“filosóficamente” está en desacuerdo con los tribunales de honor. “Han servido
nada más que para cobrar cuentas entre ellos o para sancionar a alguien por lo
que hizo. Se supone que juzgan el honor, pero aplican una de las sanciones más
graves, que es el pasaje a reforma”, reflexionó.
En el caso de los
militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en el pasado
reciente, los tribunales de honor juzgarán su “conducta moral” y su
“comportamiento ético”. Si concluyen que un militar no representó a las Fuerzas
Armadas con “honestidad y ética profesional”, se les puede aplicar la sanción
más dura, que implica la pérdida de la condición militar, el derecho de uso del
uniforme, la pertenencia a círculos sociales o la atención en el Hospital
Militar. La jubilación (nunca la esperanza) es lo último que se pierde para los
de verde oliva: aun pasando a “situación de reforma”, los militares la siguen
cobrando a través de sus familiares.
Según
señala el decreto firmado por Gregorio Álvarez en su artículo 27, “todo militar
debe ser un ciudadano ejemplar; por ello incumbe, más que a cualquier otro,
respetar las leyes del país, acatar la autoridad civil y dar prueba de
urbanidad en el trato social”.
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jueves, 8 de octubre de 2015
La aventura de leer
El pasado martes 6 se llevó a cabo
en la sede de Crysol
la primera charla sobre el Quijote
a cargo de Marcelo Estefanell
para ver el video de la misma hay
que hacer doble click en el link de abajo
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