Comisión Internacional de Juristas
considera que Grupo por Verdad y Justicia es “la última chance” uruguaya para
romper la impunidad.
La diaria – 11 6 15 - Por Azul Cordo
 |
Robert Goldman, Wilder Tayler y Alejandro Artucio, de la Comisión Internacional de Juristas, ayer, en Crysol. Foto: Pablo Vignali |
Alejandro Artucio,
Wilder Tayler y Robert Goldman son tres de los 60 jueces y abogados que
componen la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Esta semana visitan
Uruguay en el marco de una misión de seguimiento al informe que emitieron en
enero de este año titulado “Uruguay: la lucha por Verdad y Justicia en la
encrucijada” en el que señalaban que los “ataques” del ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro, a la organización Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) parecían “de los años de la dictadura” y exhortaban al entonces
gobierno electo de Tabaré Vázquez a que mostrase “determinación y liderazgo” en
el abordaje del pasado reciente y adoptara las medidas necesarias “para
prevenir el deterioro del debate”. En diálogo con la diaria, los juristas
se manifestaron “optimistas” ante la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia, pero advirtieron que ésta es “la última chance” que tiene Uruguay
para romper con la impunidad.
Goldman,
ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó
que si a este grupo no se le asigna el liderazgo y los recursos que Vázquez
prometió, “Uruguay se convierte en España”, en referencia al estado de
parálisis judicial en el que permanecen las causas por violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el franquismo.
“En
estos 30 años de democracia, la falta de progreso en las causas uruguayas es
inaceptable”, añadió. “Acá hay 30 años de frustraciones”, continuó Tayler, que
enumeró la falta de Justicia desde la recuperación democrática, la aprobación
de la ley de Caducidad, los plebiscitos con sus votos verdes y rosados que no
aceptaron la anulación de la amnistía para los represores, la Comisión para la
Paz y el “retroceso” durante la presidencia de José Mujica, “respecto al avance
que significó el primer gobierno del Frente Amplio” en términos de
investigación y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
“El
segundo gobierno de izquierda tuvo un discurso convalidatorio de la impunidad.
Por eso el nuevo Grupo genera expectativa -aunque con recaudos- en la sociedad
civil. Se quiere creer [que esta vez habrá verdad y justicia]”, sostuvo el
secretario general de la CIJ.
La
misión mantuvo una reunión el martes con Vázquez, quien “manifestó su voluntad
política de avanzar y proveer liderazgo en el tema, brindando instrucciones
claras a sus subordinados, cuyas prácticas tengan consecuencias”, sintetizó
Tayler.
Por
su parte, los juristas destacaron especialmente dos falencias en la reparación
a las víctimas del terrorismo de Estado: “Primero, que tengan que optar entre
la jubilación y la pensión reparatoria, cuando la primera forma parte del
derecho laboral y lo segundo responde a lo que el Estado le debe como compensación
por las violaciones que cometió; segundo, que sólo las víctimas que sufrieron
lesiones gravísimas pueden calificar para la reparación”.
“Vamos
a ver qué nos informan las autoridades en los próximos meses y habrá que
reclamar por aquello en lo que no se avanza lo suficiente”, señaló Artucio,
quien fue abogado de presos políticos hasta figurar en la lista de “condenados
a muerte” por el Escuadrón de la Muerte. Estuvo cautivo en el Batallón 14, el
2º de Infantería, la Escuela de Armas y Servicios y en el sector 2B del Penal
de Libertad. Ya libre, se convirtió en una figura emblemática entre quienes
denunciaban desde el exilio las torturas y desapariciones en Uruguay. Durante
el primer gobierno de Vázquez fue embajador ante Naciones Unidas en Nueva York.
Volver a casa
Seis
meses han pasado desde que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández
Huidobro, tildó de “imbéciles” a los integrantes de Serpaj y expresó que si
esta organización de derechos humanos “lo autorizaba a torturar” él podía
conseguir información de militares, como respuesta a la denuncia pública en la
que se establecía que dicha cartera no cooperaba en las investigaciones ni
entregaba archivos. En vísperas del 20 de mayo, el jerarca volvió a aludir como
“enfermitos y enfermitas” a las organizaciones sociales y personas que
ejemplificaban las dificultades para acceder a legajos militares. “Sigue
haciendo lo mismo que antes y se deberá evaluar su continuidad en el cargo”,
opinó Tayler. “Para la misión es claro que el ministro de Defensa le prestaría
un gran servicio a la patria si se fuera para su casa. Si no, habría que
cambiarlo. Para la CIJ es impresentable”, expresó Artucio.
“Organismos
como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar
en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra
las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración
internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura
y han causado alarma en la comunidad internacional,” indicó Tayler en el
informe de enero.
Tun tun, ¿quién es?
Tayler,
Goldman y Artucio también dialogaron con la Institución Nacional de Derechos
Humanos, Serpaj, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y la
Asociación de ex presos políticos Crysol.
En
el informe de enero señalaban que Uruguay “tiene serios problemas”, en
comparación con la región, para lograr un contexto de justicia transicional.
Yvonne Klingler, una de las 28 ex presas políticas que realizaron en 2011 la
denuncia colectiva por violencia sexual aplicada en forma sistemática durante
la dictadura, recordó ayer ante los juristas que, en la actualidad, 60% de las
causas de derechos humanos están en etapa de “presumario” para la Justicia
nacional, a lo que se suman numerosas apelaciones por parte de las defensas de
militares y policías imputados que “dilatan” las investigaciones.
Durante
la reunión, desde Crysol remarcaron a los juristas su preocupación por la
manifiesta “muralla” contra la que se toparían las causas por delitos de lesa
humanidad cuando las sentencias llegaran a la Suprema Corte de Justicia.
“La
Corte no puede sostener que el Derecho internacional no tiene injerencia en el
Derecho nacional porque el primero es superior”, afirmó Artucio al recordar que
Uruguay “adhirió a determinados tratados que completan las leyes nacionales y
tienen más fuerza que éstas. Ningún juez puede dejar de cumplirlos porque
estaría cometiendo un delito”.
El
secretario general también criticó la expresión dicha en su momento por Mujica
y reproducida hasta el presente: “Esto se acaba cuando nos muéramos todos...”:
“Si un grupo de [ex] guerrilleros no quiere su reparación, ellos no tienen
derecho moral ni jurídico para negar esto a los demás”, opinó.
“No
se cierra una transición por decreto, ni se produce la pacificación por
decreto”, agregó y concluyó: “No se puede decir que hay una democracia completa
o reparación cuando se sostiene una política de olvido. No se va a conducir a
la paz social si quienes han sido torturados deben seguir reclamando justicia”.
---------