Sólo por eso

El Ministro de Defensa ha difundido un comunicado informando acerca del trabajo realizado atendiendo las solicitudes de información por parte del poder judicial. Burocráticamente ha señalado que ha hecho todo lo posible para colaborar, dentro de sus humanas posibilidades, con la justicia.

Como colectivo organizado entendemos que al margen de la evaluación que merece la eficacia y la eficiencia de la labor realizada,   el Ministro debería ser renunciado por el Presidente de la República por la actitud que ha tenido, de manera sistemática y reiterada, hacia las organizaciones de DDHH y las víctimas del terrorismo de Estado. Sólo por eso alcanza.

A la largo y a lo ancho de su gestión ha destratado a quienes reclaman Verdad y Justicia y en el legítimo ejercicio de sus derechos han cuestionado su labor y su desempeño al frente del Ministerio de Defensa.

Al contrario de lo que sostienen el Gral. Bonilla y el Cnel. Cedrés, la justicia no es  un obstáculo para llegar a la verdad. En nuestro país, de acuerdo a las normas constitucionales, corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer y sancionar todos los delitos como los cometidos durante el pasado reciente. Ha sido precisamente la imposibilidad de actuar del Poder Judicial debido a la vigencia de la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 hasta octubre de 2011, lo que ha obstaculizado avanzar en temas sustanciales como el destino de los detenidos desaparecidos.

El Ministro de Defensa tiene como todo ciudadano derecho a pensar con cabeza propia, a expresar públicamente sus opiniones y puntos de vista. Como jerarca gubernamental, como integrante del gobierno, no puede y no debe destratar e insultar a quienes piensan distinto y mucho menos de la manera en que lo ha hecho en las últimas semanas.

La dictadura cívico militar, apadrinada por EEUU,  apoyada por los grandes grupos económicos nacionales y medios de prensa, fue derrotada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo uruguayo y a la solidaridad internacional de pueblos y gobiernos. Las organizaciones como Serpaj y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y no sólo ellas,  fueron herramientas que con su accionar contribuyeron al desgaste de la dictadura, a nivel nacional e internacional en los momentos más duros y difíciles. No fueron la bondad y los buenos sentimientos de los integrantes de la dictadura cívico militar, ni del Departamento de Estado, los que impidieron que todos los presos políticos fuéramos ejecutados y finalmente liberados.

En una sociedad democrática, las organizaciones que nuclean y representan a sectores de la sociedad, actuando dentro de las leyes y los marcos legales, deben ser, por lo menos, tratadas con respeto republicano, cosa que el Sr. Ministro no hace. En su caso, además, su virulencia verbal se ha enfocado pura y exclusivamente hacia quienes han trabajado de manera permanente contra la impunidad, exigiendo Verdad y Justicia para conquistar una sociedad plenamente democrática.

El ministro debería ser renunciado. Ya es hora.

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Opinando Nº 5 – Año 4 – Jueves 28 de mayo de 2015

Tapando el sol

Ante solicitudes de renuncia, Fernández Huidobro presentó sus números; organizaciones reiteran que cumple “tarde y mal” con los pedidos.

La diaria - 26 5 15 - Por Azul Cordo

“La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento”, afirmó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en un comunicado de prensa publicado ayer en la página web de Presidencia. Estos dichos se contraponen a las numerosas expresiones de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que han subrayado las “demoras” y el ocultamiento de archivos militares que podrían esclarecer responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos en Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.

Una semana después de que calificara de “enfermitos” a quienes “permanentemente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares”, el ministro difundió el documento que presentó al presidente Tabaré Vázquez el lunes durante el Consejo de Ministros como respuesta a los “ataques sistemáticos (y genéricos) que ha sufrido”. En el documento Fernández Huidobro señala que entre 2011 y 2015 su cartera dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos.

Consultados por la diaria, integrantes de organizaciones sociales que cuentan con numerosas copias de estos expedientes indicaron que la mayoría de estas respuestas sostienen: “Esta sede carece de información”. “Pareciera que para el ministro, responder es tipear la carta. Tipear es una cosa, responder es otra”, agregaron. Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, remarcó: “El tema no es si contesta los oficios o no, sino qué información aporta en esas respuestas, y si los datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. El MDN cumple tarde y mal”.

El ministro excusa las “demoras en la tramitación” de los oficios por “la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida”, y se remite a un mensaje que envió en 2013 a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que dice haber “ofrecido” a las sedes penales correspondientes “coordinar” para que los jueces se dirijan a los comandos militares, analicen allí los legajos originales y soliciten copia de las “fojas relevantes para la causa”.

Tanto abogados patrocinantes de diversas causas de derechos humanos como algunos jueces no recordaban una circular de la SCJ que diera cuenta de esta “coordinación”. Sin embargo, existe. Es la 48/2013 y fue girada el 13 de mayo de 2013 a los jueces con competencia penal de todo el país. Remite a una comunicación de Fernández Huidobro en la que expresa las “dificultades” para aportar el listado (nombres y legajos) de los funcionarios del MDN en causas que abarcan el período dictatorial. En dicha comunicación, el ministro establece que “corresponde” que el legajo personal de los oficiales o sus hojas de servicio “permanezcan en la Unidad Militar correspondiente” y subraya la falta de “recursos financieros (en fotocopias, tóner, hojas, etc.) y humanos, no previstos a tal fin” y lo “difícil” que es “desafectar de su labor normal” a los funcionarios “para cumplir esta tarea que es cada vez más demandante”. En esta misiva, Huidobro no habla de “coordinar” con la SCJ sino de “intentar arbitrar medidas alternativas” que permitan superar las dificultades “a través de la determinación concreta y acotada de la información que se requiere”. “Es un ofrecimiento tramposo porque no existe capacidad del Poder Judicial para revisar toneladas de expedientes, sin el auxilio de especialistas en criminología o de funcionarios del MDN”, opinó el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia.

“La imposibilidad de ubicar los legajos a partir de alias de posibles implicados en delitos de lesa humanidad” es “preocupante”, expresó Chargoñia. “Las víctimas estaban encapuchadas, como parte del método del terror aplicado. Los represores no se presentaban con su cédula”, añadió, y consideró que Fernández Huidobro “banaliza la tragedia”, “ofende décadas de investigaciones realizadas por los familiares, que son quienes más han aportado datos”, y brinda “una insólita aclaración que oscurece”. “Está concluyendo que no hay forma de localizar a aquellas personas que torturaron. El comunicado del MDN es una declaración de negación institucional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y marca una desprotección absoluta a las víctimas. No hay voluntad política ni capacidad para resolver las investigaciones”, agregó.

“Fernández Huidobro ha mostrado una sintonía fina con los militares condenados”, manifestó el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien aseguró que, además de que las respuestas de esta cartera “demoran meses”, “no han aportado nada sustantivo” a las causas.

Otro de los puntos cuestionados es que el MDN afirma que no han encontrado registros del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), mientras que el equipo coordinado por Álvaro Rico accedió a documentos, como expedientes de la Justicia Militar, en los que se nombra dicho organismo.

Ayer los sectores del Frente Amplio Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo pidieron, en sendos comunicados, la “inmediata remoción” del ministro, sumándose al reclamo de la Vertiente Artiguista.

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Todos en cana, todos

Caras y caretas – 22 5 15 – Por Leandro Grille

El pasado martes 19 el presidente de la República emitió una resolución por la que se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. En el grupo, honorario, integrado por siete personas designadas por el propio Tabaré, hay representantes de las distintas confesiones mayoritarias, de organizaciones de derechos humanos y también legisladores notoriamente vinculados a las víctimas del terrorismo de Estado, como Macarena Gelman y Felipe Michelini. 

El grupo tendrá el amplio cometido de buscar información, recabar testimonios, hacer el seguimiento de las causas e investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, tanto sea por agentes estatales como por personeros, en territorio uruguayo o en el exterior, y durante un lapso que no se limita al período formal de la dictadura sino que llega hasta junio de 1968, cuando el entonces presidente Pacheco Areco comenzó a gobernar con medidas prontas de seguridad y a reprimir y matar gente. Este grupo de trabajo no se va a abocar exclusivamente a conciliar versiones para aproximarse a la verdad; es diferente a la comisión para la paz, entre otras cosas porque desde el vamos persigue la justicia y el enjuiciamiento de los responsables. Algo que hoy parece muy difícil, dado el tiempo transcurrido desde que estuvo en vigencia la ley de impunidad y, sobre todo, que la actual integración de la Suprema Corte tiene la voluntad de dejar cerrado para siempre el tema, aunque acepte que son incomputables los años de caducidad a los efectos de establecer la prescripción. El decreto de creación del grupo de trabajo lleva la firma de todo el gabinete, incluyendo la del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre quien han recaído nuevamente críticas y acusaciones de no cooperar, e incluso de obstaculizar la lucha de los familiares por saber la verdad y terminar con la impunidad.

El ministro Fernández Huidobro aparentemente provocó una nueva andanada de reproches al sostener que también en el Frente Amplio se promovía la estigmatización de los militares. Las respuestas no se hicieron esperar, tanto desde familiares como de dirigentes políticos de la izquierda que no dudaron en exigir, nuevamente, que sea desplazado, o incluso cosas peores. Desde el secretario de la Juventud Socialista hasta la senadora Constanza Moreira y muchísimas personas más, en las redes sociales o en declaraciones de prensa, le saltaron al cuello al ministro y, por cierto, al discurso del comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien en el acto del día del Ejército Nacional, el pasado lunes 18 de mayo, se quejó del trato que reciben los militares y exigió “que no se los humille y desprecie con soberbia, que no se los denueste por prejuicios del pasado”. Hasta el vicepresidente Raúl Sendic le pegó al Ñato, aunque de forma mucho más medida, al igual que el ex senador Enrique Rubio.

A las pocas horas, la vigésima Marcha del Silencio conmovió con una concurrencia que quizá haya superado el centenar de miles de personas. La herida está abierta. Cientos de miles de uruguayos, entre ellos una porción importantísima de frenteamplistas, demandan la aparición de los desaparecidos y el juicio a los culpables. El número no decrece con el tiempo, por el contrario, se multiplica entre los jóvenes: es una causa sólida, que permite una manifestación cívica sin matices. Indudable. Insoslayable.

La iniciativa de Tabaré es correcta. El decreto es claro. Va de suyo que si algún jerarca no está dispuesto a colaborar con el Grupo de Trabajo creado, abandonará su cargo. Eso incluye a cualquier miembro del gobierno (entre ellos, los ministros) y a cualquier mando militar. La obligación es para todos, y el Grupo tiene que tener todas las puertas abiertas. Pero también es claro que los testimonios que pueda recabar serán voluntarios. No hay ninguna posibilidad de romper la omertá a la fuerza. Este es el rumbo posible, y los designados, pese a la sobreabundancia religiosa, son todas personas que tienen capacidad para llevar esto adelante, además de probidad absoluta y autoridad moral. Son intachables e indiscutibles.

El decreto no ha merecido el respaldo de todo el espectro político, lo que en última instancia representaría una hipocresía. Así que eso es mejor que un consenso trucho. Algunos impresentables, como el ex presidente Jorge Batlle y otros connotados fósiles, han salido a cuestionarlo por incluir al pachecato en el período a investigar. Dicen que el gobierno de Pacheco Areco era una democracia. No pierden oportunidad de indicar que todo empezó antes, cuando comenzó a actuar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En realidad, para tipos como Batlle o Sanguinetti no hay inconveniente en pegarles a los tupamaros (son sus enemigos preferidos) ni a los militares. Aunque defienden la impunidad, la soldadesca —o, como la llama Fernández Huidobro, “los fajineros”— les importa bien poco. Pero ir más allá del 73, eso sí no lo pueden tolerar. Porque ahí era todo supuestamente democrático y civil, todo muy colorado, además. En esa supuesta democracia funcionaron los escuadrones que mataron a Ayala, a Castagnetto, a Ramos Filippini y a Íbero Gutiérrez. Y ya no por testimonios interesados, sino por los propios documentos desclasificados por Estados Unidos, tipos muy civiles como Jorge Batlle tienen que ser imputados e investigados. También Julio María Sanguinetti.

Y el puntapié inicial que da Tabaré con este decreto nos permite analizar con otro enfoque algunas de las cosas que dice el ministro Fernández Huidobro, más allá del chisporroteo de agravios que se intercambia con la gente que lo cuestiona. Acá, en Uruguay, las cosas no las hicieron los militares exclusivamente. Y es más: no las condujeron los militares. ¿Qué pasa con los civiles? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que participaron del golpe de Estado? Hemos visto hace pocos días cómo el dueño de El mercurio de Chile, Agustín Edwards, era expulsado del gremio de periodistas por su complicidad con el régimen de Pinochet y por haber recibido dinero de la CIA para sostener su campaña de desprestigio contra Allende. ¿Qué habría que hacer entonces con el diario El País, que hasta recibía notas escritas en la embajada? ¿Qué habría que hacer con todos los civiles que formaron parte de las estructuras de gobierno? ¿Qué habría que hacer con los empresarios que arroparon al régimen? ¿Cuándo serán juzgados? ¿Y por quién? ¿Quién los acusa? ¿Quién los persigue?

Este Grupo de trabajo que formó Tabaré va a tener que ir más allá de la investigación sobre la concreción material de los asesinatos, las desapariciones, las torturas y múltiples violaciones de los derechos humanos. Va a tener que ir desenredando hasta llegar a todos los responsables intelectuales. Porque acá no hubo una guerra entre dos demonios, hubo la aplicación del plan continental diseñado por el imperialismo para arrasar con todo. Al Plan Cóndor no lo inventaron un par de soldados trasnochados. Hay que perseguir a los represores, a los genocidas, y buscar la forma de enjuiciarlos, aunque la Suprema Corte de Justicia lo hará dificilísimo. Hay que buscar a nuestros desaparecidos hasta en el último rincón posible. Aunque el paso de los años y el peso del silencio hayan transformado esta búsqueda en una labor casi imposible. Pero también hay que perseguir a los banqueros, a los grandes empresarios, a los políticos, a los dueños de los medios de comunicación, a los jueces cómplices, a los interventores de la Universidad, a todos los que participaron de la nomenclatura dictatorial, todos esos civiles que, sentados detrás de sus escritorios, sin mancharse las manos de sangre ni embarrarse las botas, dieron el toque a degüello y llevan décadas haciéndose los desentendidos. Yo quiero ver sometidos a un juicio justo, como el que no tuvieron sus víctimas, no sólo a los militares y policías que traicionaron la Constitución en junio de 1973 y protagonizaron los crímenes horrendos que todavía nos lastiman, quiero ver a todos los que consintieron el autoritarismo desde junio de 1968 y a los que estuvieron detrás de lo que sucedió hasta el 1° del marzo de 1985. Aunque no sean ni hayan sido milicos o policías. Así tengan apellidos notables o sigan siendo los dueños de los medios de comunicación o tengan un poder económico descomunal. Tienen que ser juzgados e ir presos todos. A nuestra democracia le va a hacer bien que vayan presos unos cuántos civiles, por intocables que parezcan.

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Lo roto se repara

Incompatibilidad entre pensiones y jubilaciones para ex presos políticos

Sala de Redacción - Facultad de Información y Comunicación - 

Por Tamara Mardones

Uruguay tuvo 20.000 presos políticos en los años de la Dictadura Cívico Militar (1973-1985), 6.000 sometidos a tribunales militares. Hoy se los obliga a elegir entre una Pensión Especial Reparatoria (PER) y las jubilaciones, subsidios u otras pensiones cuando se presenta la posibilidad de percibir ambas.

MARCO LEGAL

Se encuentra en vigencia la ley N° 18.033 del año 2006, que refiere a aquellos ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y a la recuperación de sus derechos jubilatorios y pensionarios.

El artículo 11 de la normativa indica que “las personas comprendidas en el artículo 1° de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una Pensión Especial Reparatoria  (PER) equivalente, al momento del inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)  mensuales”.

Un aspecto cuestionado desde la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol) sobre esta ley responde a que “no tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, o retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria”. Esto implica que aquellos expresos políticos que cumplan con las condiciones para ser amparados, deben elegir entre percibir esta PER o cualquier otro subsidio y tampoco pueden percibir ingresos superiores a 15 BPC mensuales.

OBLIGACIONES ESTATALES

Gastón Grisoni, presidente de Crysol, expresó a Sala de Redacción que “los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer, castigar a quienes cometen violaciones, solidarizarse con las víctimas y resarcir por el dolor, el daño moral, físico, psicológico y por la destrucción del proyecto de vida. Se tiene que abordar esta temática y, al resarcir, no te pueden obligar a renunciar a otros legítimos derechos, que son propios de un ciudadano”.

Lo ideal, según Grisoni, es compatibilizar el cobro de la PER y otra jubilación o subsidio. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), ambos ingresos tienen naturalezas distintas: la PER proviene de una fuente de reparación por haber sido víctima de terrorismo de Estado y la jubilación es un derecho ciudadano adquirido, generado por trabajo, pero en ningún caso puede ser considerada como un “beneficio”, tal como se cataloga en varios pasajes del estatuto.

Como lo sostiene la INDDHH, máximo tribunal en materia de derechos humanos en el país, según la ley N° 18.446, “los Estados tienen que reparar y al hacerlo, no pueden ni deben en honor a las mismas normas de derechos humanos que se invocan, obligar o inducir, compulsiva o implícitamente, a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos, de naturaleza jurídica diferente, como ha ocurrido con las leyes mencionadas”.

José Luis Blasina, ex diputado socialista, estuvo presente en la votación de la ley en el Parlamento e hizo énfasis en su incapacidad para considerarla “beneficio”. Para él, un “beneficio” sería “percibir algo superior a lo que se tiene hoy”, y no es el caso, más allá de que reconoce el proceso que se realizó por parte de los partidos políticos y las organizaciones sociales para ir “de menos a más” e incluir paulatinamente cada vez más mejoras en las leyes. “Creo que apenas es una reparación, aún insuficiente como definición, porque hay cosas imposibles de reparar”, menciona.

Para el ex diputado, el esfuerzo no finalizó con la ley 18.033, sino que ésta fue un paso. Con la insistencia posterior se lograron otras reparaciones -limitadas,  pero de un gran contenido- como es el caso de la Ley N° 18.596 de 2009, que plantea la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de Junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, con el reconocimiento y la reparación a las víctimas.

Independientemente de estas percepciones, Blasina considera que la necesidad de optar entre una jubilación y la PER recae en que muchas de esas jubilaciones se obtuvieron cuando se reconocieron -en forma ficta-, los años de prisión o exilio como efectivamente trabajados y aportados al Banco de Previsión Social, por lo que implícitamente queda reconocida otra reparación, además de la PER, como pensión reparatoria en sí misma. A eso se le adiciona el monto que hubiera significado la doble percepción monetaria a cargo de Rentas Generales, que limita las posibilidades de financiamiento.

Ariela Peralta, representante de la INDDHH, conversó con SdR y manifestó que no existe ningún instrumento o tratado internacional que estipule que la o las reparaciones deban ser de determinada manera: “Los principios de las Naciones Unidas sobre reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos se fueron revisando y mejorando. Son justamente los que marcan el alcance de las reparaciones y en Uruguay (las leyes N° 18.033 y la N° 18.596) se quedan súper cortas”, expresó.

Las reparaciones recaen en puntos esenciales: atención psicosocial y jurídica, reparación simbólica y monetaria que, según Peralta, hay que contemplar en su totalidad: “No es un menú de opciones. El Estado tiene que cumplir con todos los puntos para realmente estar en armonía con la reparación integral a víctimas de graves violaciones a derechos humanos de violencia estatal”, remarcó.

La ordenanza 60/147 de las Naciones Unidas es el documento a nivel internacional que establece de manera pormenorizada y detallada las obligaciones de los Estados para superar situaciones traumáticas como las que vivió el país durante el Terrorismo de Estado y para Crysol es el estándar de calidad que se debe aplicar a las leyes actuales.

Basados en esta resolución internacional, Crysol y la INDDHH presentaron hace unas semanas una serie de propuestas a Presidencia de la República referidas al ámbito de la justicia para que fueran “investigadas, esclarecidas y sancionadas las graves violaciones a los derechos humanos”, según Grisoni.

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No hay excusas

La diaria – 13 5 15 – Por Azul Cordo

Jueza Mota criticó fallo de la SCJ por causa Julio Castro y dijo que Zabala sabía que cumplía una “orden ilegítima”

La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) interpela: “Tenés derecho a que te chupe un huevo” lo que ocurrió en el pasado. ¿Ocurrió en el pasado? ¿Sigue pasando?

Referentes de la cultura y la academia uruguaya, entre los que se encuentran Alejandro Balbis, Mariana Percovich, Gabriel Calderón, Rafael Cotelo y el ex rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, convocan a la 20ª Marcha del Silencio mediante un spot de la FEUU y reflexionan sobre la importancia de pensar que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado, aunque advierten: “De la verdad no hay retorno”.

Además, exhortan a “no construir la historia desde el olvido” y explican por qué la movilización de los 20 de mayo se sigue haciendo en silencio: “Podríamos juntarnos a gritar, pero no alcanzan las palabras”.

Lo mucho que falta

El video fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), antes del comienzo de un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.

“La tragedia no es sólo morir sin saber la verdad”, dice otro tramo del reclame; también podría ser que el Poder Judicial no haya hecho “el menor esfuerzo para abrir los caminos” hacia la verdad y la justicia, sostuvo Zaffaroni, ante decenas de estudiantes que colmaron el salón 5 de la FIC.

La militante destacó que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nacional, en marzo de 2005, hubo un “cambio sustancial” respecto de la actitud para buscar justicia, pero “lamentablemente se fue a menos”. “Pensamos que iba a haber una resolución profunda y abarcativa del Estado. Se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.

En estos años, “los familiares se fueron haciendo un poco investigadores y abogados”, agregó. Ante esto, Mota sostuvo que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos”, además de la creación de una unidad especializada.

La magistrada, que en 2013 fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la órbita penal a la civil, consideró que desde el Estado “se debe brindar asistencia jurídica a las víctimas” y señaló que los magistrados necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, además de “aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.

Consultados sobre las expectativas que genera la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado por el presidente Tabaré Vázquez días antes de asumir su mandato, desde Familiares, que cuenta con un representante en ese ámbito, aclararon que se trata de un espacio que “está en formación” y que su decreto reglamentario “todavía no está firmado”.

También sostuvieron, por otra parte, que es “una amenaza a la democracia” que las Fuerzas Armadas “no hayan aceptado sus delitos” cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), y criticaron el reciente fallo de la SCJ que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, “dando lugar al argumento de la obediencia debida”.

Al respecto, la jueza Mota afirmó: “No es cierto cuando un militar dice que no sabía” qué pasaba en las unidades militares. En este caso específico “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión”. “No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, continuó.

Emitir una sentencia así, según su punto de vista, “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” judiciales, y concluyó enfatizando que “esto es un tema de todo el Estado”, en referencia a que “se destrabe” la impunidad.

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