La Comisión
Nacional de la Verdad de Brasil presentó su informe y pidió que
se deje de
aplicar la Ley de Amnistía.
Después de dos años y medio de
investigaciones, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentó su informe
final sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en
Brasil (1964-1985). El documento será la base del discurso oficial sobre lo
sucedido en ese período, y esto implica que por primera vez el Estado
considerará que los abusos cometidos por la dictadura fueron generalizados y
sistemáticos. Además, el informe amplía el número de muertos y desaparecidos
que dejó ese régimen, y pide a las Fuerzas Armadas que reconozcan que
cometieron violaciones a los derechos humanos.
La diaria - 11 12 14 - Por Andrea Martínez
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Dilma Rousseff, durante un discurso, luego de recibir el informe final de la Comisión de la Verdad, ayer, en el Palacio del Planalto de Brasilia (Brasil). Foto: Fernando Bizerra Jr. |
“La verdad no significa revanchismo.
La verdad no debe ser motivo para el odio o para el ajuste de cuentas. La
verdad nos libera a todos de lo que quedó por decir, por explicar, por saber.
La verdad libera de aquello que permaneció oculto [...] La verdad produce
conciencia, aprendizaje, conocimiento. La verdad significa, por encima de todo,
la oportunidad de tener un encuentro de nosotros mismos con nuestra historia y
de nuestro pueblo con su historia”. Estas palabras las dijo en la presentación
del informe final de la CNV1 Dilma
Rousseff, hoy presidenta de Brasil y entre 1970 y 1972 presa política.
Una Dilma visiblemente emocionada
tuvo que hacer una pausa durante su discurso debido a las lágrimas. “Merecen la
verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos, compañeros y que
continúan sufriendo...”, dijo. Con la pausa llegó una ovación de pie de las
decenas de personas presentes.
La misión de la CNV era investigar
para generar un discurso oficial sobre las violaciones a los derechos humanos
en el período comprendido entre 1964 y 1988, ocupado en su mayor parte por la
dictadura. Sus primeras conclusiones hacen hincapié en que esa dictadura,
contrariamente a lo que se suele creer en Brasil, mantuvo una “práctica
sistemática” de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desapariciones
forzosas y ocultamiento de cadáveres. Las “graves violaciones de derechos
humanos [...] fueron resultado de una acción generalizada y sistemática del
Estado brasileño. En la dictadura militar la represión y la eliminación de
opositores políticos se convirtieron en política de Estado”, indica la CNV,
para luego señalar que “rechaza integralmente la explicación que hasta hoy es
adoptada por las Fuerzas Armadas” de que estas prácticas “se cometieron en
algunos pocos casos aislados o por excesos, generados por la voluntad de
algunos pocos militares”.
La CNV confirma que 191 personas
fueron asesinadas por la dictadura y otras 243 desaparecidas. De estas últimas
se encontraron los cuerpos de 33. “Estos números ciertamente no corresponden al
total de muertos y desaparecidos, sino sólo a los casos cuya comprobación fue posible
[...] a pesar de los obstáculos encontrados en la investigación, en especial la
falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas,
oficialmente dada por destruida”.
En base a sus conclusiones, la CNV
recomienda 29 medidas, entre ellas la de crear un órgano permanente que
continúe con estas investigaciones y vigile el cumplimiento de las
recomendaciones realizadas. La primera de las medidas es el “reconocimiento por
parte de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional por la
ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura
militar”. Es necesario, indica el informe, que “además de la responsabilidad
que puede y debe recaer” sobre quienes cometieron estas violaciones, haya un
reconocimiento expreso de las Fuerzas Armadas sobre su responsabilidad como
institución.
A diferencia de lo que se preveía,
la CNV pide expresamente que se deje de aplicar la Ley de Amnistía sobre
agentes del Estado que cometieron delitos contra la humanidad, y se respalda en
que los acuerdos internacionales establecen que este tipo de delitos son
imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. La CNV también recomienda que se
prohíban los eventos oficiales en conmemoración del golpe de Estado, como los
que se realizan actualmente tanto en ámbitos militares como civiles, y que se
retiren todos los honores a los responsables de delitos contra la humanidad,
incluidos los nombres de calles o plazas en su honor.
Además, propone una reforma en la
educación de los militares para que reciban formación en derechos humanos, y
también que en el sistema educativo civil se incorporen “contenidos que
contemplen la historia política reciente del país e incentiven el respeto a la
democracia, a la institucionalidad constitucional, a los derechos humanos y a
la diversidad cultural”.
La situación hoy
La CNV también concluye que en
Brasil todavía se cometen “graves violaciones a los derechos humanos” y se
refiere específicamente a detenciones ilegales y arbitrarias, tortura,
ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cuerpos. En el informe
se sostiene que estos delitos se siguen cometiendo “en gran parte” como
consecuencia de que “no fueron adecuadamente denunciados ni sus autores
responsabilizados, creándose las condiciones para su perpetuación”. Se proponen
varias medidas para cambiar esta situación, entre ellas la creación de
organismos, el fortalecimiento de las Defensorías Públicas y el apoyo a un
nuevo órgano de protección y promoción de los derechos humanos. “Debe haber una
valorización de los órganos existentes”, afirma la CNV y menciona a las
comisiones de la verdad estaduales, municipales y sectoriales que fueron
creadas en los últimos dos años.
Además, recomienda que se realicen
las reformas necesarias para desmilitarizar a la Policía Militar de los
distintos estados y “asegurar” su desvinculación de las Fuerzas Armadas, para
que puedan integrarse con las Policías civiles con las que cuenta cada estado.
También considera necesario el fin de la Justicia Militar estadual y la exclusión
de los civiles de la jurisdicción de la Justicia Militar federal. Recomienda,
además, que la Ley de Seguridad Nacional, que fue adoptada por la dictadura y
que “refleja las concepciones doctrinarias” de ese período, se sustituya por
una norma que se enfoque en “la protección al Estado democrático de derecho”.
Otra de las recomendaciones es que
se hagan las modificaciones necesarias para que se puedan tipificar las figuras
penales que corresponden para los crímenes contra la humanidad y de
desaparición forzada.
En su informe, la CNV presentó una
lista de 377 militares responsables de crímenes contra la humanidad, que agrega
a 137 que ocuparon cargos de responsabilidad, entre ellos presidentes y
comandantes. De estos 137 apenas siete están vivos, informó O Globo.
Uno de ellos, Nilton Cerqueira, de 84 años, dijo ayer: “Sólo tengo una
pregunta: ¿soy yo el que incumplió la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y
los terroristas, incluida la terrorista que es presidente del país, qué son?”.
También se pronunció el presidente
del Club Militar -que reúne a militares retirados- Gilberto Pimentel: “Si
quieren restablecer la verdad es necesario contar toda la historia y no apenas
de forma sesgada”, indicó, antes de anunciar que hoy darán a conocer una lista
de soldados muertos durante la dictadura.
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