EL 2013 TERMINÓ CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS
DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un
movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que
empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder
Judicial.
Página 12 - 2 1 14 - Por Alejandra Dandan
El 2013 concluyó con varios datos significativos en las
causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en
2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento
constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó
con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por
ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de
Crímenes contra la Humanidad.
Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay
272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335
imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las
políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados
–conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los
funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El
número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez
condenado.
Los civiles y el Poder Judicial
Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles
registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335
imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de
sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los
cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es
el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre
ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces.
Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad,
que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que
estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este
año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta
al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado
–la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario
de juzgado.
Este año también se elevaron a juicio dos causas que
involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst,
Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y
Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa
Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados:
Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba
(Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato
Martínez (Tucumán).
Detrás de los datos
El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica
una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol
que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”,
aun en su supuesta inactividad.
Dos resoluciones consolidaron esa línea de
interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de
Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de
imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de
Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez
salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que
esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar
justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan
sistemático de eliminación de oponentes políticos”.
Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y
Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales
están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los
distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución
penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil
estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco
en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente,
y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin
embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un
solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por
venir.”
Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso
es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El
juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras
cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está
pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros
clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar
testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a
familiares”, señala. “Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que
los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que
ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol
‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir
el acceso a la justicia.”
Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de
varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados
durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la
ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue
activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo
una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de
presentación del proyecto.
“Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte
Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los
familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de
facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y
las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la
intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada
para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de
abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran
disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que
al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios
judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó
voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún
continúa en funciones”.
Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que
estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de
las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un
segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que
debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial
que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos.
Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz
cultural.
“Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial
siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de
entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios
ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos,
familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para
investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban
el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar
esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades
chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un
trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad,
no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”.
Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede
verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios
orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras
provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de
Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago
a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en
cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos
ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por
semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en
los principados territoriales.
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