Militar citado por muerte por torturas en 1972 no asistió a
juzgado, se fugó y estaría prófugo en Brasil.
La diaria - 31 12 13
El coronel retirado Pedro Antonio Mato Narbondo se fugó del
país y estaría prófugo en Brasil tras ser citado por la jueza penal de 9º
Turno, Blanca Isabel Rieiro, que investiga la muerte por torturas del militante
del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Batalla Piedrabuena, ocurrida el 25
de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres.
Según una
investigación del periodista Roger Rodríguez publicada ayer en el portal Agesor
de Soriano, el militar indagado estuvo radicado en la ciudad de Rivera con su
actual esposa Juliana de Sarro, pero recientemente se mudó a Santana do
Livramento, ubicada del otro lado de la frontera con Brasil. Según la nota,
Mato se fue a vivir cerca de la frontera al pasar a retiro en 1984 y consiguió
trabajo en la Zona Franca de Rivera. La crónica de Rodríguez señala que en el
perfil de Facebook de la esposa de Mato aparecen varias fotografías del militar
en viajes a diversos lugares de Brasil.
La causa de Batalla estaba archivada junto a un conjunto de
casos y fue reactivada por iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, de
seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos,
después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el
Estado uruguayo por el caso Gelman.
Raúl Olivera, vocero de la organización,
dijo que el Observatorio “aportó al juzgado la investigación parlamentaria
sobre el caso y declaraciones de varios testigos provenientes de Treinta y
Tres”. Olivera explicó además que “basta con remitirse al sumario realizado por
la Justicia Militar” en ocasión de la muerte de Batalla, para notar “que surgen
claramente las responsabilidades” de Mato en el hecho. “Se trata del oficial
que fue enviado desde Montevideo para realizar los interrogatorios a Batalla”,
agregó Olivera.
Pero Mato también figura en la lista de imputados de la causa
sobre el Plan Cóndor que investiga el Tribunal de Roma a cargo del fiscal
Giancarlo Capaldo, por violaciones a los derechos humanos contra 23 ciudadanos
italianos, 13 de ellos nacidos en Uruguay, y que implica a 17 militares
uruguayos. Por esta causa, la Justicia italiana ordenó la detención y captura
de varios militares entre los que se encuentra Mato. Según informa Rodríguez en
su nota, Mato habría quedado bajo requisitoria internacional de Interpol.
Investigación parlamentaria
La muerte de Batalla fue denunciada e investigada en el
Parlamento en 1972 por el diputado del PDC Daniel Sosa Días y el caso motivó
una interpelación al ministro de Defensa Nacional del gobierno de Juan María
Bordaberry, el general Enrique Magnani (Partido Colorado), quien renunció al
quedar probada la muerte del detenido por torturas en un cuartel.
Batalla era
casado, tenía dos hijas y se desempeñaba como trabajador de la construcción.
Fue detenido el 21 de mayo de 1972 y el 25 se le comunicó a su padre, subcomisario
de la Policía de Treinta y Tres, que su hijo había muerto por un ataque al
corazón, pero éste no padecía afecciones cardiovasculares. Un edil del PDC
denunció el hecho a las autoridades de su partido y entonces Sosa Días pidió
ayuda a un par de médicos de Melo, quienes al examinar el cadáver consignaron
en un acta que Batalla había sido atado y brutalmente golpeado.
Tras la
presentación de la denuncia penal, el juez a cargo ordenó una autopsia y el
médico forense dictaminó que la muerte se produjo por anemia aguda por ruptura
del hígado. Después de la comparecencia de Magnani, la Cámara de Diputados
emitió una declaración reconociendo la existencia de torturas en el caso y
exigiendo una investigación a fondo.
Pero Mato también confesó a la enfermera Haydeé Trías haber
asesinado a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires en 1976.
Trías contó en 1985 a la Comisión Investigadora sobre la muerte de ambos
políticos, que De Sarro, que era amiga suya, recurrió a su ayuda porque Mato estaba
deprimido y necesitaba algún medicamento tranquilizante.
Cuando Trías lo fue a
atender, Mato le confesó ser el autor de los asesinatos. Trías declaró ante la
investigadora lo que Mato le dijo, pero la filtración de su testimonio, que
apareció en ese entonces en la sección “El duende de la trastienda” del diario
El País, motivó que los legisladores decidieran cerrar la comisión.
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