Siete procesamientos sin prisión de personas que se
movilizaron contra el traslado de la jueza Mota.
La diaria - 5 - 11- 13 - Por Natalia Uval
 |
Jorga Zabalza e Irma Leites al salir del juzgado. Foto: Javier Calvelo |
La jueza Gabriela Merialdo procesó ayer sin prisión por
“asonada” a siete personas que participaron en la manifestación en la Suprema
Corte de Justicia (SCJ), en contra del traslado de la jueza Mariana Mota. La
denuncia había sido presentada en febrero por la propia SCJ. Los procesados no
fueron citados al Juzgado; el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) los
fue a buscar a sus casas, en un procedimiento similar al realizado en ocasión
de las citaciones. La defensa apelará y podría presentar una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La “asonada” es uno de los considerados delitos “contra el
orden político interno de un Estado”. El Código Penal vigente, aprobado en
1933, dispone que cometen asonada “los que se reúnen en número que no baje de
cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que
no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos,
injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta,
religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o
injusta”.
Esta figura fue la que aplicó Merialdo a Jorge Zabalza; Irma Leites;
Patricia Borda; Eduardo, Álvaro y Diego Jaume; y al secretario general de la
Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM), Aníbal
Varela.
El fiscal Gustavo Zubía había pedido el procesamiento por
“atentado”, una figura que los abogados defensores coincidieron en señalar como
más grave que la asonada. Merialdo la rechazó por el número elevado de
manifestantes que concurrieron a la SCJ y porque no hubo lesiones a las
autoridades.
En el auto de procesamiento Merialdo evalúa que los
procesados “participaron de una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico
orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita
ocupación del Edificio público donde tiene asiento la SCJ, el normal desarrollo
de las actividades jurisdiccionales”. Estima que se produjo una “clara
perturbación mediante gritos e injurias en la celebración de audiencias
públicas de juramentos a sus nuevos cargos de varios jueces, las cuales, por
consecuencia directa de los hechos, debieron suspenderse y prorrogarse por más
de tres horas”.
Con respecto al argumento de la defensa de que se está
afectando la libertad de expresión, la jueza sostiene que “los argumentos
políticos no pueden ignorar la existencia constitucional de límites al
principio de libertad”.
Hola, soy el DOE
En la mañana de ayer, la profesora Patricia Borda fue la
primera en recibir en su casa la visita del DOE, personificado en dos autos
blancos en los que viajaban tres personas. Entre otros, un oficial al que los
activistas conocen como “inspector Mieres”, vestido de camisa a cuadros celeste
y blanca. Mieres es la misma persona que abordó en la plaza Independencia a un
fotógrafo, indagado por este mismo hecho, para citarlo al juzgado, y luego
también lo interrogó. Ayer, los oficiales del DOE no se identificaron, no
mostraron orden judicial y le pidieron a Borda que los acompañara. Borda tuvo
que dejar a su hijo solo en su casa. Durante el viaje preguntó dónde la
llevaban y le respondieron que se dirigían a Jefatura, pero la trasladaron al
DOE. “Usaron la mentira, el atropello, los mismos parámetros que en dictadura”,
relató Borda.
Más tarde se supo que el DOE había utilizado el mismo
procedimiento con Eduardo y Álvaro Jaume. Diego Jaume llegó último al Juzgado.
El DOE también se llevó de la misma manera a Varela, que estaba en la sede de
ADEOM. “Me sacaron del sindicato como si fuera un delincuente”, relató.
Sobre el mediodía, otro de los implicados, Jorge Zabalza,
envió un correo electrónico a sus contactos en el que avisaba que estaba al
tanto del operativo del DOE y que él concurriría a presentarse voluntariamente
al Juzgado, algo que hizo minutos después.
En el Juzgado de Misiones ya se habían juntado cerca de 50
personas. Un altoparlante repetía: “Procesamiento a los que luchan, mientras
los gorilas están impunes o en cárceles de lujo. Basta de criminalizar la
protesta”. Militantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
(ADES) de Montevideo -que ayer paralizó sus actividades- colgaron una pancarta
en el vallado dispuesto para la ocasión: “Se criminaliza la protesta. Tocan a
uno, tocan a todos”.
La activista de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites llegó
al Juzgado a las 14.30 e inmediatamente fue abordada por la prensa. Aclaró que
no tenía pensado ingresar al Juz gado porque nadie la había citado, y que
asistió para “movilizarse”. Miembros del DOE habían ido a buscarla a su casa
pero no la encontraron. “Mientras los asesinos de [Aldo] Perrini siguen libres,
a nosotros nos tratan como a delincuentes. No fueron capaces ni siquiera de
notificarnos”, cuestionó.
Después de que se alejaron las cámaras, el “inspector Mieres”
se acercó a Leites. Tuvieron un breve diálogo y luego Leites levantó los
brazos. “Bueno, me acaban de detener”, comentó. “Tiene que entrar”, le dijo
Mieres. “¿A qué hora estoy citada?”, le preguntó Leites. “Ahora”, le contestó
el inspector. “Voy a esperar a mi abogado”, le dijo Leites. “Si quiere, yo la
acompaño”, se ofreció Mieres. Y así entró la activista al Juzgado mientras
algunas personas cantaban: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.
Consultado por la diaria, Mieres se excusó de hablar del
operativo y explicó que fue una decisión de la jueza Merialdo. Confirmó que los
detenidos por el DOE estuvieron unas horas en las dependencias de ese
departamento, antes de ser trasladados a la sede judicial.
Ya dentro del Juzgado, y según relataron los procesados,
Merialdo les dijo que se habían excedido en la protesta porque “había habido
gritos”. También se asombró por la molestia de los activistas y les hizo notar
que les impuso una pena más leve de la que pedía Zubía. Les dijo que les iba a
leer la sentencia pero finalmente no lo hizo.”Parece el tribunal militar”,
comentó ayer Zabalza en conferencia de prensa.
Apelable
Sobre las 15.30, los abogados defensores salieron a dar la
noticia a la prensa. Gustavo Salle, representante de Leites, valoró que
Merialdo no haya dado lugar a la tipificación de Zubía, que a su juicio
pretendía hacer “una selección” de los manifestantes. Informó que Merialdo
continuará investigando a todos los que participaron en la manifestación ante
la SCJ. No obstante, valoró que no ve a la jueza “en absoluto entusiasmada” con
esa indagatoria.
El abogado de Borda, Pablo Donnangelo, anunció que apelará y
que evalúa presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Entendemos que existe una
relación de tensión entre dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho
a realizar un acto público en tiempo y forma. El acto de asunción de la doctora
Mota se retrasó, es cierto, pero eso no es una conducta penalmente relevante”,
estimó.
Juan Fagúndez, abogado de los Jaume, también apelará. “Si
bien pudo haber una conducta que distorsionó en algo un acto público, de
ninguna manera había una intencionalidad de cometer un delito, porque lo que
juzgan acá son delitos, no que alguien grite o moleste”, señaló. “No estamos
hablando del reglamento de OSE ni de UTE, estamos hablando del Código Penal y
de procesar gente como delincuentes”, agregó. El abogado presentará una
denuncia ante la Fiscalía de Corte contra Zubía, ya que éste lo increpó en
forma “bastante desagradable”. “Le pedí explicaciones y no me las dio”, afirmó.
Fagúndez había opinado que Zubía tiene “una visión ideológica de los hechos” y
“tergiversa la realidad”.
A las 19.30, los procesados dieron una conferencia de prensa.
Zabalza afirmó que la SCJ utilizó esta instancia para procesarlos “de cualquier
manera”, y que se utilizan métodos del “terrorismo de Estado”. Leites denunció
que se está “limitando el derecho a la protesta” y que el Poder Judicial “le
está haciendo los mandados a la impunidad”.
En contra
El PIT-CNT también manifestó su rechazo a los procesamientos
mediante un comunicado. Los calificó como “un profundo error jurídico y
político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la
democracia misma”.
Estuvieron
El director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular y
suegro de Zabalza, Henry Engler, estuvo ayer en el Juzgado. Dijo a la diaria
que siente “una vergüenza impresionante”. “Considero que el derecho
internacional debe ser respetado. Si hay una autotitulada Suprema Corte de
Justicia que viola el derecho internacional, la indignación me parece muy sana
por parte de la gente que se manifestó. Nosotros no somos una isla en el
universo, somos parte del mundo, y hay leyes internacionales que continuamente
se están violando”, opinó. Respecto del traslado de Mota, dijo que la jueza
cometió “el error de ser inteligente, joven, y además interesada en el derecho
internacional, y eso no fue admitido por una especie de machismo patriarcal que
interfiere 50 causas que se estaban estudiando”.
El músico Daniel Viglietti, quien participó en la
manifestación en febrero ante la SCJ, concurrió junto a Engler. “Todo esto ha
sido un procedimiento absolutamente inaceptable.
El hecho de que no hayan sido
condenados a prisión es un matiz que no cambia el fondo del asunto, porque han
sido procesados”, declaró a la diaria. “Acá los procesos que tendrían que estar
funcionando en pro de una Justicia sana y ética son los de los torturadores y
los represores, que están circulando libremente todavía, y sobre quienes actuó
la SCJ en sentido inverso: en vez de afirmar los procesos y de afirmar a la
jueza Mariana Mota, se la desplazó”, agregó. Consideró que se debe llegar a la
conclusión de que hay “una mala intencionalidad”. Deseó que “se pueda limpiar
la foja de estos honorables ciudadanos [en referencia a los procesados], más
allá de matices políticos, y que realmente se condene a los criminales y a los
torturadores”.
-----