Relator de ONU dijo que la Corte amenaza progreso de la
Justicia
El Observador - 5 10 13
De Greiff señaló que la SCJ adopta posiciones que despiertan
“alarma”
"Lo que
está en juego no es poco”, advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las
Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición.
De Greiff presentó ayer su informe
acerca de Uruguay, en el que criticó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por
“amenazar” con sus decisiones “las posibilidades de progreso en el área de la
Justicia”.
“Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de
derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante
de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, advirtió. Según De Greiff,
en los últimos 30 años hubo “poco progreso y en todo caso no constante” en
cuanto a verdad y justicia en Uruguay.
El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de
inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta
decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura
militar no son considerados delitos de lesa humanidad. “Estas decisiones han
despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional”,
advirtió el relator.
“La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias
jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes
partes del mundo” que “han llegado a conclusiones diferentes”, dijo De Greiff.
“Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son
particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a
unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han
enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado
en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como
también los derechos de las víctimas”, expresó.
Mota y Gelman, presentes
De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios
Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de
María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, y la jueza
Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado
Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno
Civil.
En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del
traslado de esta magistrada. “Es un caso visible no solo en Uruguay, sino
internacionalmente”, aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe
establecer “mecanismos institucionales” y “normas” que permitan regular los
traslados de los jueces.
El relator también criticó a todo el sistema judicial, por “su lentitud, la
debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las
víctimas en el proceso penal”.
La naturalización de la tortura
En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la
dictadura. “El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las
víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la
naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta”. El
grupo Plenaria Memoria y Justicia denunció casos de tortura a manifestantes en
las tradicionales marchas de agosto.
De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a “presentar información
requerida” y a “cumplir con las obligaciones legales”. En setiembre de 2012,
Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una
inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió.
A su vez, el relator advirtió que no recibió “información suficientemente
detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las
fuerzas de seguridad”.
Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia.
“En Uruguay se procesó penalmente a un expresidente electo (Bordaberry) y un
expresidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó. Durante su visita
en Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los
ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Eleuterio Fernández
Huidobro, y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en
setiembre de 2014.
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