Fiscales podrían ir a Corte de DDHH

LOS MAGISTRADOS INSISTIRÁN CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL

El país digital - 30 5 13

El enfrentamiento entre cinco fiscales y cuatro ministros de la SCJ está lejos de terminar. Los representantes del Ministerio Público, incluso, están dispuestos a evaluar la opción de llevar los casos de los militares a la Corte Interamericana.

La recusación que los fiscales penales Ana Tellechea, María de los Ángeles Camiño, Carlos Negro, Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela presentaron contra cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a los que acusan de prejuzgar en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) es un hecho inédito ya que se tendrá que formar un tribunal especial que deberá decidir sobre el punto.

Los planteos de los representante del Ministerio Público son en relación a 11 expedientes que están a su cargo, y tienen como origen las declaraciones públicas que formuló el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien dijo que todos los casos están abiertos y los jueces y fiscales "tienen la oportunidad de opinar en el sentido que sea", pero "eventualmente van a encontrar una muralla" en lo que refiere a la inconstitucional de la ley que amplió la prescripción de los crímenes cometidos por militares y policías y los definió como delitos de lesa humanidad.

"Cuando llegue el momento, ya sea si se expide el tribunal o que por alguna razón cuando llegue el fin del expediente penal tenga posibilidad de expedirse la Corte, se va a volver a la solución de la Corte si es que tiene la misma integración que ahora", afirmó Ruibal Pino a principios de abril.

El presidente del máximo órgano del Poder Judicial hizo esas declaraciones cuando la Corporación ya se había pronunciado, por mayoría de cuatro a uno, por la inconstitucionalidad de la norma que en los hechos operó como interpretativa de la ley de Caducidad.

Además de Ruibal Pino, los ministros Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar votaron por la inconstitucionalidad de la ley. El único ministro que en minoría se pronunció a favor de la ley interpretativa fue Ricardo Pérez Manrique, y por eso no fue recusado.

"De la manera que se expresó el señor presidente de la Suprema Corte y que los demás ministros no salieran a aclarar que no estaban de acuerdo, es algo que indica que los cuatro opinan lo mismo", declaró Camiño ayer a El País.

Rodríguez, por su parte, comentó que a su juicio lo cuestionable a los ministros de la SCJ es que "cierren toda discusión jurídica".

Interamericana

Camiño indicó que era "esperable" que los cuatro ministros recusados rechazaran el planteo. Lo mismo dijo Rodríguez, para quien ese resultado era "previsible".

Los fiscales buscarán continuar adelante con las indagatorias, intentando hacer valer la normativa internacional, en especial, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de 2011 condenó al Estado uruguayo a investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976.

De hecho, hay varios jueces de primera instancia que, a pesar de la posición de la SCJ, han decidido seguir adelante con varias indagatorias.

"Seguiremos hasta que podamos manteniendo nuestro criterio y que prime el derecho internacional", dijo Camiño, quien confía en que la SCJ varíe su posición. Para la Corporación tiene más peso la Constitución y las normas internas uruguayas, y por eso declaró la inconstitucionalidad de la interpretativa de la Caducidad.

En caso contrario, los fiscales, en intercambios sobre el tema, han manejado la posibilidad de llevar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que eventualmente se llegue a un pronunciamiento de la Corte Interamericana.

"Se ha conversado en algún momento, pero no hay nada en concreto porque la intención es instruir estas causas a nivel nacional", dijo Rodríguez a El País sobre la posibilidad de que los fiscales recurran a organismos internacionales de Justicia. Agregó que a nivel personal es algo que debería "estudiar" ya que "no tiene claro" si los fiscales como tales podrían dar ese paso. Quienes sí están legitimados a recurrir a la Comisión Interamericana son las víctimas directas del terrorismo de Estado y sus familiares.

Camiño, por su parte, dijo que tendría que analizar a fondo esa alternativa, y por ese motivo indicó que no puede "aventurarse" con un juicio definitivo sobre el punto.

El fiscal Ariel Cancela, en tanto, dijo a El País que tiene dudas de que cada fiscal en forma independiente pueda presentarlos ante la Comisión Interamericana o si es algo que debería hacer la "institución", es decir, el Ministerio Público.

"Obviamente que uno se presenta posibilidades, pero no lo he estudiado ni me estoy planteando la posibilidad de hacerlo ahora porque me parece que hay todavía un trayecto para transitar a nivel interno", comentó Cancela.

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Concurso de cuentos de Crysol

Al conmemorarse cuarenta años del golpe de Estado de 1973, CRYSOL llama a concurso de cuentos, sobre 2 temas:

1-   Historias de la represión y la cana

2-   Humor en la cana

BASES

1- Pueden participar del Concurso de Cuentos Crysol personas mayores de edad con un único cuento en lengua española que trate historias de la represión y las cárceles políticas de Uruguay, incluido el humor en las cárceles. El cuento deberá ser original e inédito.

2- Los participantes deben presentar su cuento bajo seudónimo. En sobre cerrado indicarán el seudónimo y dentro deberá figurar: nombre del autor, dirección electrónica y teléfono.

3- Se presentarán tres ejemplares de cada trabajo. La extensión del cuento podrá tener un máximo de veinte páginas, en hojas tamaño A4, escritas de un solo lado, a doble espacio, con veintidós líneas por carilla, tipo de fuente Times New Roman, tamaño 12.

4- La participación en el Concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones aquí detalladas implicará la exclusión de la obra.

5-Las obras serán entregadas en Joaquín Requena 1533, de lunes a viernes en el horario de 15 a 19 horas. El plazo de admisión vence el 27 de junio de 2013. Si la obra es enviada por correo se tomará en cuenta la fecha que figura en el matasellos.

6-El jurado estará compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de las letras.

7-El jurado dará a conocer su fallo el 27 de agosto de 2013. El concurso puede ser declarado desierto.

8-El ganador del Concurso de Cuentos Crysol recibirá como premio una obra de arte. Los cuentos que ocupen el segundo y tercer lugar recibirán también como premio una obra de arte. Los tres primeros cuentos, y hasta un número de veinticinco, a criterio del jurado, serán publicados en el correr de 2013. Esto implica que sus autores ceden por única vez los derechos sobre su cuento para esa publicación. También autorizan la reproducción de su imagen y la mención de su trayectoria para promoción del libro y del premio.

9-Los trabajos presentados no se devolverán.

10-Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta según criterio del jurado.

El jurado estará integrado por:

Carlos Liscano

Edda Fabri

Ariel Silva

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Se viene

Todos fiscales

Senado trata iniciativa ciudadana que propone crear juzgado y fiscalía especializados en delitos de lesa humanidad.

La diaria - 28 5 13 - Por Luis Rómboli

Dr. Federico Alvarez Petraglia. Foto: Victoria Rodríguez

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tratará hoy como primer punto del orden del día una propuesta que se pretende convertir en proyecto de ley. 

Presentada por un grupo de mujeres que forman parte de las 28 ex presas políticas que presentaron, en octubre de 2011, una denuncia penal por torturas y violencia sexual durante la dictadura, propone la creación de un juzgado y una fiscalía especializados en investigación y seguimiento de crímenes de lesa humanidad.

El texto establece la creación de un cargo de juez letrado de primera instancia en Montevideo, con destino a un nuevo juzgado en materia penal, “con especialización en crímenes acaecidos durante el período de terrorismo de Estado” y que tendrá competencia en delitos cometidos por agentes del Estado (policías, militares y civiles asimilados o que actuaron bajo el amparo de funcionarios públicos) entre el 1º de enero de 1968 y el 1º de marzo de 1985.

Luego establece la creación, en la órbita del Ministerio Público, de una fiscalía con idéntica competencia que ese juzgado, así como la formación de una unidad de investigación y seguimiento de las causas referidas, que funcionará en el Ministerio del Interior para auxiliar a la Justicia en la investigación de los registros y archivos estatales, a los que no se podrá oponer “ningún secreto”. 

La unidad, que podrá cruzar la información recolectada para dotar de mayor eficacia a los procesos, estará conformada por integrantes de la División de Crimen Organizado y de Interpol. La “oficina de seguimiento” estará integrada por el fiscal y un responsable de la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado.

Una de las innovaciones más importantes de la iniciativa es la propuesta de que las víctimas de delitos o sus sucesores puedan “ejercer la acción penal [acusar] en forma principal”, en aquellos casos en que el fiscal pida sobreseimiento de los enjuiciados. El representante de las víctimas deberá anunciar esa intención dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del sobreseimiento. El texto también establece la posibilidad de que la Fiscalía pueda acordar con las personas que “hayan incurrido en delitos de lesa humanidad” la reducción de la pena “hasta la mitad del mínimo y del máximo”, en los casos en que la persona revele la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores, y proporcione datos relevantes para procesamientos, o aporte información que permita ubicar restos de desaparecidos. Esta posibilidad no incluye a “criminales mayores”, sino a “sujetos secundarios que no tomaron decisiones”.

Carencias varias

Antonia Yáñez, una de las impulsoras de la idea, explicó a la diaria que luego de presentar la denuncia por torturas y violencia sexual fueron citadas a audiencias y tuvieron “una experiencia bastante lamentable ante la Justicia, porque se vieron carencias de todo tipo”. 

“A partir de conocer el estado de la Justicia desde adentro”, comenzaron a reunirse con actores políticos y judiciales, agregó. Decidieron entonces encomendar al doctor Federico Álvarez Petraglia la redacción de un proyecto de ley que presentaron por primera vez el año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se estaba discutiendo la Rendición de Cuentas.

Los senadores nacionalistas León Morelli (Unidad Nacional) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) intervinieron para que el tema pasara a la Comisión de Constitución y Legislación, que comenzará a tratarlo hoy. Si bien esta iniciativa tiene contenidos que aparecen en el nuevo Código de Proceso Penal, proyecto que también está tratando esa comisión, la idea de las impulsoras es que sea tratado “en forma independiente y rápida, porque lo otro puede llevar años”.

Álvarez Petraglia explicó que la inclusión en el proyecto de “la figura del querellante” es una modificación “importante para los procesos penales”, porque significa que “las víctimas puedan tener una participación activa en el proceso, superior a la que tienen ahora”. Se trata de una figura “novedosa” aunque “aparece en la Ley 16.099 de Comunicaciones e Informaciones, conocida como ley de prensa”, que establece que si “el fiscal no ve mérito para acusar, el denunciante puede sustituir al fiscal y pedir la condena del denunciado”, agregó.

Gallinal dijo a la diaria que la Suprema Corte de Justicia, consultada por la comisión, “se expidió en contra del proyecto”, aunque no dijo las razones. La intención del senador blanco es discutir el tema, porque considera que “hay una serie de delitos sexuales que no están comprendidos en la Ley de Caducidad” y, por otra parte, “hay un tratamiento lento de esas denuncias”. “Se podría encontrar una solución por otro camino”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay), puntualizó que en la instancia se va a contestar “una carta que enviaron las personas que presentaron la iniciativa, pero no al proyecto en sí”.

Mientras tanto, el tema aún no fue tratado en la bancada del Frente Amplio, según informó la senadora suplente Alicia Pintos (Partido Comunista), que participó en la comisión el año pasado, cuando las ex presas concurrieron a informar sobre la iniciativa. Pintos dijo que es probable que se discuta esta semana.

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Cascoteando la muralla

Pasos hacia una política estatal de derechos humanos

El acompañamiento a testigos y denunciantes en juicios contra el terrorismo de Estado, y una unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior para recabar información sobre delitos de lesa humanidad, serían los próximos pasos que daría el gobierno para avanzar en la postergada política pública de derechos humanos.

Brecha - Viernes 24 5 2013 - Por Marcos Rey

Cuando en 2011 el presidente Mujica ordenó desarchivar más de 80 causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, la justicia pareció tener las manos desatadas para investigar sin pedir permiso. Sin embargo, las causas avanzaron a los tropezones. A pesar de que el Estado reconoció públicamente su responsabilidad en esa etapa ?después del fallo del caso Gelman?, no promovió suficientes políticas públicas para reafirmar las investigaciones, ni acompañó a los testigos y denunciantes en los juicios, como le fue solicitado por las organizaciones sociales. Los traslados de los jueces o fiscales más voluntariosos entorpecieron aun más el avance: "Nos están desarmando los equipos", advirtió el ex juez Federico Álvarez Petraglia ?promotor de varias denuncias? el año pasado.

La gota que derramó el vaso de la impunidad cayó en febrero cuando la Suprema Corte de Justicia trasladó a la jueza Mariana Mota a una sede civil y declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los setenta. Aunque algunos jueces y fiscales desoyeron este fallo, la corporación ?en boca de su presidente Jorge Ruibal Pino? advirtió que levantaría una "muralla" contra quienes apelaran a la figura de los delitos de lesa humanidad. Ante la reacción que generaron estas medidas y las eventuales condenas internacionales, el Poder Ejecutivo parece dispuesto ahora a sacudirse la modorra.

ASUNTO INTERNO. 

Un ya largo reclamo de las organizaciones para agilizar las causas ha sido la creación de una unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior (mi) que investigue y centralice la información requerida por los magistrados. La Policía, como auxiliar de la justicia, debe investigar los delitos, reunir pruebas y colaborar con los jueces. Pero como además de contra militares hay denuncias contra policías, las organizaciones apuntaban a una unidad no dependiente de los mandos policiales sino directamente del ministro.

Finalmente, según supo Brecha, el mi encomendará esta tarea a la dirección de Asuntos Internos ?a cargo de la doctora Estela González?, que opera como auxiliar de la justicia en casos de irregularidades cometidas por policías. Aunque hasta ayer el ministro Eduardo Bonomi no había firmado la resolución, fuentes de esa cartera confirmaron a Brecha que la decisión ya había sido tomada en el gabinete interministerial que aborda los derechos humanos (integrado por Interior, Defensa, cancillería y Educación). Consultada sobre estos cambios, González explicó a este semanario que fue notificada verbalmente y que deberá reorganizar la unidad: "Tendremos que hacer adecuaciones internas porque tenemos escaso personal y diversas tareas. El magistrado nos indicará qué información quiere y dónde ubicarla".

En octubre de 2001 un grupo de mujeres denunció masivamente en comisarías a más de cien militares, policías, médicos y enfermeros por torturas y abusos sexuales sufridos en centros de reclusión. Pero las indagatorias demoraron meses y el proceso estuvo salpicado de obstáculos. Las denunciantes pidieron, por ejemplo, que el mi y el Ministerio de Defensa aportaran los nombres de los funcionarios que trabajaron en los establecimientos y en el Hospital Militar.

ACOMPAÑAMIENTO. 

Testimoniar, enfrentarse a los represores y probar ante un juez las torturas y los abusos sexuales sufridos puede ser para las víctimas una experiencia sanadora pero también traumática. Por ello, en 2010 docentes de la Facultad de Psicología (Sonia Mosquera y María Celia Robaina) propusieron al mec crear un grupo interdisciplinario de acompañamiento psicológico a testigos y denunciantes. Preveían un programa con financiamiento estatal y apoyado en la experiencia de Argentina ?que reabrió las causas del terrorismo de Estado en 2003?, donde existe un plan nacional de acompañamiento que funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos (implementado por el centro Fernando Ulloa).

Pero a pesar de la buena disposición que habría manifestado el ministro Ricardo Ehrlich, el proyecto quedó estancado. Igualmente la Facultad de Psicología acompañó a 15 testigos uruguayos que declararon en Argentina en las causas de Automotores Orletti. 

Los testigos que viajaron a Buenos Aires, o que declararon a través de videoconferencias en el Edificio del Mercosur, fueron acompañados por docentes y pasantes egresadas de esa facultad en el marco de la extensión universitaria. Cuando Macarena Gelman, por ejemplo, testificó en Buenos Aires, no fue Uruguay sino Argentina quien la acompañó en el proceso. Las organizaciones de derechos humanos han buscado extender esta experiencia a todas las causas judiciales referidas a delitos de lesa humanidad de Uruguay. 

Porque además no todos los operadores judiciales están preparados para abordar estos casos, muchos mantienen la lógica de las causas comunes. Argentina, por el contrario, ha avanzado en una política estatal de derechos humanos que incluye la reparación integral a las víctimas no sólo indemnizatoria, así como en un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos y la valorización del testimonio judicial.

Finalmente, el gobierno promovería un proyecto de ley para la asistencia a testigos y denunciantes. Según explicó a Brecha el subsecretario del mec, Óscar Gómez, se está analizando un "marco normativo" para "proteger y colaborar con quienes deban testimoniar en Uruguay y Argentina en causas referidas a la violación de los derechos humanos"  aunque precisó que todavía no hay un "boceto afinado". 

El financiamiento del programa podría incluirse en la próxima rendición de cuentas. Entre las experiencias internacionales no sólo se apunta al modelo argentino sino también a los avances realizados en Brasil y Colombia. Todos los actores consultados, no obstante, evitaron adelantar definiciones concretas para no generar "falsas expectativas".

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La arrogancia

Las recusaciones y el proceder de la Suprema Corte

Brecha - Viernes 24 5 13 - Escrito por: Walter Pernas

Los miembros de la corporación, recusados en 11 expedientes, duermen los asuntos en su contra cuando deberían sacar el bolillero y sortear una nueva integración del máximo órgano judicial entre los ministros de tribunales penales. Además, desafían el cumplimiento de los informes de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana.

Cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (scj) ya han sido recusados en 11 causas en las que se investigan crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado.

Ha pasado un mes y medio desde que llegó la primera demanda de parte de una fiscalía, a fin de que los integrantes de la corporación cuestionados se aparten de los casos de derechos humanos (homicidios, torturas, de­saparición forzada) o inicien los procedimientos correspondientes para ser juzgados en razón de la "pérdida de imparcialidad" que se les endilga. Pero la Corte parece dejar correr el tiempo.

En el caso de recusaciones contra jueces o presentaciones de recursos de inconstitucionalidad de parte de militares indagados, al máximo órgano judicial se le vio actuar con celeridad: llegó a enviar de inmediato un emisario al juzgado de la entonces magistrada penal Mariana Mota a poco menos que "incautar" un expediente, de modo que el proceso en el que podía llegar a terminar preso el general Pedro Barneix no siguiera adelante. Sin embargo, ahora que los ministros de la propia Corte Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio César Chalar fueron recusados, el trámite judicial sufre de un aletargamiento que contrasta con aquella diligente manera de hacer las cosas.

Los fiscales demandantes ?Ana María Tellechea, Carlos Negro, María de los Ángeles Camiño, Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela? están en conocimiento de que la scj ha formado "pieza", es decir, un expediente aparte de cada uno de los procesos de investigación por la causa de derechos humanos que corresponda, vía por la cual se resolverá sobre el planteo que hacen los magistrados del Ministerio Público. No se aportan mayores datos desde el Palacio Piria.

El artículo 328 del Código General del Proceso (cgp) establece que "presentada la demanda, si el juez recusado la aceptare y se abstuviere de intervenir en el asunto" remitirá el expediente "al subrogante", y en caso de tratarse de un integrante de un "órgano colegiado", como en este caso, "será sustituido conforme con la ley".

Pero si "no aceptare la causal de recusación" se someterá el asunto "a conocimiento del tribunal que correspondiere con exposición del juez recusado, indicación de la prueba que se proponga producir", solicitando que se tramite el caso, para "lo cual se formará pieza separada".

Parece que se empezó por esto último, y se puede deducir que por ello los ministros no se van a abstener de intervenir en los asuntos de derechos humanos. Pero ¿quién va a decidir si pueden seguir?, ¿o si perdieron o no su imparcialidad luego de que Ruibal Pino declaró que la Corte, en tanto no cambiará su integración, es una "muralla" contra la que chocarían todos aquellos jueces y fiscales que pretendan seguir investigando y buscando responsabilidades? (La República, 10 de abril).

Ninguno de los cuatro ministros que conforman "la muralla", es decir los que decidieron ?a contrapelo del derecho internacional de los derechos humanos? que en Uruguay los homicidios, las torturas y las desapariciones forzadas cometidas en y desde la época del terrorismo de Estado son delitos comunes y por tanto prescribieron, pueden ser juez y parte en estos casos de recusación.

Si bien el de recusar a ministros de la scj es un asunto atípico, está claro que los cuestionados no se pueden juzgar a sí mismos, pues eso sería una burda violación de los principios de un Estado de derecho y del sentido común. Pero hay normas que están al alcance de todos quienes integran el sistema judicial y, como en tantos otros casos, se aplican por analogía. Por ejemplo, el artículo 66 del Código del Proceso Penal (cpp) señala que en los casos de recusación los jueces se subrogarán en la siguiente forma: "los miembros de la Corte de Justicia, por sorteo entre los miembros de los tribunales de apelaciones en lo penal que se hallaren desimpedidos".

Si los cuatro ministros de la Corte cuestionados se hubieran abstenido, se debería elegir por sorteo cuatro ministros de los 12 que existen en tribunales de apelaciones penales, para integrar de manera especial una Suprema Corte que decida en los casos de derechos humanos (junto al único de los miembros de la corporación que no fue recusado, Ricardo Pérez Manrique).

La norma es aplicable ?esto de acuerdo a varias consultas realizadas por Brecha entre jueces y fiscales? para integrar con ministros de tribunales penales una Corte especial que decidiría si Ruibal Pino, Chediak, Larrieux y Chalar deben seguir o no actuando en los asuntos de crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado.

Un mes y medio parece tiempo suficiente como para desempolvar el bolillero y llamar a sorteo en audiencia pública. Y no estaría de más en tiempos donde hablar de transparencia no es lo mismo que ejercerla.

"LAS OBLIGACIONES." 

En ese sentido, la scj no ha dicho si cumplirá con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ha ordenado al Estado, y a la Corte uruguaya en particular, dar marcha atrás con el fallo que declara como delitos comunes ?y por tanto prescriptos? los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado, que por ende son imprescriptibles.

Su obligación es cumplir, ya que de lo contrario el Estado podría volver a ser condenado como país violador de los derechos humanos. Esa es la preocupación del canciller, Luis Almagro (el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que representa al Estado en los juicios internacionales), quien junto a una delegación del Poder Ejecutivo visitó el Palacio Piria para recordarles a los miembros de la scj que el Estado es uno solo, aunque la separación de poderes deba ser respetada.

Almagro fue a presentarles a los ministros el último informe del Comité de la onu contra la Desaparición Forzada: "No fuimos a trasmitir preocupación, sino a trasmitir las recomendaciones que formulara el Comité contra la Desaparición Forzada respecto a la presentación del informe de Uruguay. Fuimos muy literales, leímos las recomendaciones formuladas, especialmente en lo que específicamente refiere a la desaparición forzada y cómo debe ser tratado ese delito", sostuvo el canciller el lunes 20.

Pero Chediak declaró ante la prensa que para la scj ese informe "no es vinculante". Es decir, que la Corte uruguaya no tiene por qué cumplir con el contenido del documento.

Esta forma de ver las cosas parece darse de bruces con la idea del cumplimiento de un tratado de estas características por parte de un Estado parte (como Uruguay), y revela que no hay ánimo de cumplir con ninguna recomendación que implique un cambio de parecer de los ministros.

"El Estado parte debería asegurar que las desapariciones forzadas sean investigadas como tales y los responsables sancionados por este delito independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta delictiva. 

Asimismo, el Estado parte debería asegurar que todos los agentes estatales, incluidos jueces y fiscales, reciban formación adecuada y específica acerca de la convención y las obligaciones que ésta impone a los estados que la han ratificado. El Comité desea destacar el carácter continuo del delito de desaparición forzada, de conformidad con los principios de la convención y recordar los términos en los que ésta regula el régimen de prescripción de este delito; así como destacar su carácter de imprescriptible cuando sea de lesa humanidad", señala el párrafo 14 del informe leído en el Palacio Piria.

Tanto este comité de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana se han expresado. Y la scj, si no acepta modificar sus decisiones retrógradas, será la responsable en caso de un nuevo fallo contra el Estado uruguayo. Así esos cuatro ministros, desde sus poltronas, se convertirán en violadores de los derechos humanos. Parece cuestión de tiempo, y no de fondo, pero entre tanto los autores de crímenes aberrantes ganan un tiempo más de libertad, y mueren gozando de impunidad.

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Crysol quiere que fecha del golpe sea Día de la Memoria

La Asociación de Expresos Políticos de Uruguay inició gestiones para que el 27 de junio, cuando se cumplan 40 años del golpe de Estado, se conmemore el Día Nacional de la Memoria.

El observador - 24 5 13

La Asociación de Expresos Políticos de Uruguay (Crysol) inició gestiones con el Gobierno y el Parlamento para que el 27 de junio, cuando se cumplan 40 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura (1973-1985), se conmemore el Día Nacional de la Memoria, dijeron este miércoles fuentes de la organización.

La idea es que ese día "sea una jornada nacional de reflexión y de rechazo al terrorismo del Estado", destacó a Efe Baldemar Taroco, uno de los coordinadores de Crysol.

Además, para facilitar la participación de la población en los actos de "rechazo" a lo que fue el golpe de Estado, "pretendemos que se declare la jornada como festivo no laborable", agregó.

Integrantes de Crysol ya plantearon su inquietud a los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y de Educación y Cultural, Ricardo Ehrlich, y "de ambos obtuvimos buena receptividad", dijo Taroco.

Ehrlich fue integrante del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), del cual el presidente uruguayo José Mujica fue uno de sus líderes históricos, y estuvo preso a comienzos de la década de los 70.

El proyecto de Crysol también fue presentado a las autoridades de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que tiene mayoría tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados.

Conmemorar el Día Nacional de la Memoria "sería un justo homenaje y reconocimiento" a las víctimas de la dictadura y a la "resistencia popular" contra el golpe de Estado.

El 27 de junio de 1973 el presidente constitucional Juan María Bordaberry, con el apoyo de los militares, decidió disolver el Parlamento y se convirtió en mandatario "de facto".

Posteriormente, fue destituido por los militares que se hicieron con el poder hasta 1985.

De concretarse la idea del Día Nacional de la Memoria significará, además, un "rechazo al terrorismo de Estado", destacó el portavoz de Crysol.

Taroco dijo que en los próximos días la organización "incrementará" los contactos políticos para buscar que la iniciativa "se haga realidad".

El pasado día 20 unas 10.000 personas marcharon por el centro de Montevideo en la 18 Marcha del Silencio que anualmente y desde 1996 convoca Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

Los organizadores destacaron que la lucha contra la impunidad en Uruguay "continúa" y "no cesa" el reclamo de verdad y justicia en relación a los casos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La fecha elegida se debe a que el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, donde se habían exiliado, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini (senador) y Héctor Gutiérrez Ruiz (diputado), junto con los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw en casos nunca aclarados.

Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura en Uruguay, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.

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Sin fronteras

Ex militar argentino imputado por delitos de lesa humanidad y prófugo de la Justicia fue detenido en Pocitos; se espera pedido de extradición.

La diaria - 24 5 13 Por Luis Rómboli

Efectivos del Departamento de Investigación de Fugitivos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol detuvieron ayer, en un apartamento de un edificio de Pocitos, al ex militar argentino Julio Alberto Candiotti, prófugo de la Justicia de ese país desde marzo de 2012. 

Junto a otros ex militares y policías, Candiotti es imputado en la causa caratulada “Averiguación Privación Ilegal de la Libertad, Aplicación de Tormentos y Desaparición Forzada de Personas (Brigada de Investigaciones de San Justo)”, durante 1978 y 1979, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Candiotti era capitán del Ejército Argentino y jefe del Destacamento de Inteligencia 101, con sede en la capital argentina. La detención fue ordenada por el juez letrado de 1ª Instancia en lo Penal de Tercer Turno, Ruben Saravia, y el procedimiento fue llevado a cabo por Interpol, que venía siguiendo los pasos de Candiotti desde hacía días, según se informó desde el Ministerio del Interior a la diaria. El ex militar será conducido hoy a las 8.00 ante el juez.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Raúl Oxandabarat informó que esta comparecencia es exclusivamente para comunicarle a la persona que hay un requerimiento de la Justicia de otro país. Luego, el magistrado solicitará a la Justicia argentina la formalización del pedido de extradición y recién cuando éste llegue, comienza “un juicio que tiene como objeto determinar si corresponde o no extraditar a la persona”, explicó Oxandabarat.

Una vez que llegue el pedido, el juez debe determinar además si el proceso se realiza con el sujeto privado de libertad o si le concede libertad provisional hasta la resolución definitiva. Según explicaron fuentes judiciales consultadas por la diaria, si el magistrado entiende que los delitos de lesa humanidad por los que está imputado Candiotti “son imprescriptibles”, entonces concederá la extradición. 

Pero si tiene “el mismo punto de vista” que la SCJ en el fallo que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, puede resolver no concederla. Además, la decisión judicial puede ser apelada en primera instancia e incluso llegar a un recurso de casación ante la SCJ.

El abogado Federico Gafipi, del Comité por la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), una de las organizaciones querellantes en la causa por la que resultó imputado Candiotti, dijo a la diaria que el ex capitán está “prófugo en varias causas, pero la más importante es la del Juzgado Federal de La Plata, donde se investigan crímenes cometidos en el interior del centro clandestino Brigada de Investigaciones de San Justo, que incluye privaciones ilegales de libertad, secuestros clandestinos, aplicación de tormentos y torturas, desapariciones forzadas, apropiación de niños y vinculaciones directas con el Plan Cóndor”.

Gafipi agregó que “hay mucha satisfacción” por la detención de este “prófugo” y explicó que los trámites de extradición entre Argentina y Uruguay, de acuerdo a los tratados bilaterales vigentes, “tienen un plazo de 60 días”, pero aclaró que los querellantes no intervienen en ese trámite que es “de Justicia a Justicia”. Gafipi dijo que desconoce quiénes pueden representar legalmente al ex militar detenido, pero se preparan para “un proceso largo”, porque están seguros de que “todos los fallos serán apelados”.

Recompensa

Según el portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Candiotti y Ricardo Juan García, otro ex militar imputado en la misma causa, son buscados desde el 6 de marzo de 2012, fecha en la que se dictó el pedido de captura en ese país. Un tercer imputado, el ex oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires Raúl Carballo, fue detenido el 27 de febrero de este año en Argentina. García permanece prófugo.

La Justicia del vecino país había decidido pagar una recompensa de 100.000 pesos argentinos a quienes brindaran información para la detención de Candiotti y García. Desde 2008 existe en ese país el Fondo Permanente de Recompensas, creado por ley y que está destinado a “abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad”. 

La misma ley creó también una unidad especial para la búsqueda de personas, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Fuentes de Interpol consultadas por la diaria no revelaron si el paradero de Candiotti se pudo saber gracias a la participación de “informantes”.

El ex militar ahora detenido en Cárcel Central estuvo vinculado estrechamente al fútbol. Durante diez años fue asesor de Julio Grondona en la Asociación de Fútbol Argentino y llegó a ser tesorero y vicepresidente del club Colón de Santa Fe.

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Recordatorio

Crysol presentó proyecto al FA para que el 27 de junio 

sea un feriado no laborable.

La diaria - 23 5 13

Nélida (Chela) Fontora, Baldemar Taroco y Uberfil Martínez. Foto de Pablo Nogueira

La idea es manejada desde hace algunos años en Crysol, la Asociación de Ex Pres@s Polític@s del Uruguay, para homenajear a todas las víctimas del Terrorismo de Estado. 

Hace algunos días la presentaron en la Mesa Política del Frente Amplio (FA), en una reunión con sus tres vicepresidentes, Ivonne Passada, Juan Castillo y Rafael Michelini, y el secretario Gerardo Rey. También lo hablaron con el canciller Luis Almagro y con autoridades de la Universidad de la República, entre ellos el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico.

La propuesta, conversada también con parlamentarios, es decretar el próximo 27 de junio, en el que se cumplirán 40 años del golpe de Estado, como Día Nacional de la Memoria y feriado nacional no laborable. “Nos gustaría que fuera todos los años, pero sabemos los costos económicos que generan los feriados. Por lo menos en este 40º aniversario nos parece fundamental, vamos a empujar hasta último momento para ver si logramos sacarlo”, afirmó Baldemar Taroco, de Crysol.

La organización afirma que lo central del mensaje es que las víctimas del terrorismo de Estado “son importantes para el pueblo uruguayo y que no queremos que esto se vuelva a repetir”. “Tenemos miedo de que en todas estas actividades por los 40 años termine participando la misma gente que va siempre a estas cosas, que desde hace años tiene el tema asumido, queremos incorporar gente nueva a estas discusiones. Todo el mes hay actividades y nos parece bien. Cuanto más allá, mejor. Queremos el feriado no laborable porque es una forma de hacer participar a todo el pueblo uruguayo, activa o pasivamente, a todos los trabajadores”, afirmó Uberfil Martínez, también del grupo.

Con el PIT-CNT ya está acordado que el 27 de junio habrá un paro general parcial de 9.00 a 13.00 con una marcha por 18 de Julio. Además, Crysol viene pidiendo desde hace tres años que el edificio del Centro de Altos Estudios Naciones (Calen) sea otorgado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. También preparan un proyecto junto a escultores alemanes para realizar una obra vinculada a la temática de los derechos humanos, que ocuparía unos 100 metros cuadrados y se ubicaría en un lugar céntrico.

Los 40 años del golpe de Estado coinciden con un momento complejo. “Los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia nos han pegado muy duro, en Crysol tenemos muchas denuncias presentadas. Siempre pensás que la víctima va a defender a las víctimas, y no a los victimarios. Han pasado 28 años desde que salió el último preso político y el desgaste es muy grande. Por el camino han quedado muchos compañeros”, dijo Nélida Chela Fontora. En Crysol recuerdan que aún no hay militares presos por tortura y que faltan soluciones reparatorias para ex presos acordes a la normativa internacional.

Unas preguntas

Baldemar Taroco (BT) integró el MLN-T y estuvo preso por su militancia en este grupo. Cayó detenido en 1974 y lo estuvo hasta que “apagaron la luz” del penal. Nélida Chela Fontora (CHF) es de Bella Unión, militó con los cañeros, también integró el MLN-T y estuvo 14 años presa. Uberfil Martínez (UM) estuvo detenido entre 1974 y 1978. Era obrero en FUNSA y militaba en el Partido Comunista Revolucionario.

-¿Para qué luchaban?

-CHF: Empezamos a luchar para cambiar una situación de injusticia que vivía el país. Vengo del norte y sé muy bien el hambre y la miseria que se vivían en aquellos años. Nos pagaban con bonos de papel, no conocíamos la plata. Todos nosotros pensábamos diferente respecto de cuáles eran las mejores vías para el cambio social. Pero coincidimos en algo: ninguno de nosotros merecía torturas, violaciones o asesinatos.

-BT: No fuimos “unos loquitos que salieron a tirar unos tiros”, como dijo Sanguinetti. Pertenecemos a una generación que quería cambiar la sociedad en serio. Queríamos cambiar el mundo, que hubiera perspectivas para las nuevas generaciones. Era un Uruguay que no mostraba perspectivas de futuro y eso obligaba a salir a dar la lucha. Dimos nuestras vidas convencidos de que estábamos haciendo las cosas necesarias para cambiar el mundo y seguimos pensando en esas utopías.

-UM: Era una generación con muchas esperanzas: que podíamos resolver los problemas del país, que íbamos a llegar a un país superior. Con el golpe se dio el proceso exactamente inverso.

-Hay una frase por ahí que dice que la utopía es el consuelo. ¿La comparten?

-BT: La utopía no es ningún consuelo. La utopía para nosotros sigue siendo cambiar el mundo y caminar hacia ese horizonte, como dice Galeano. Eso sigue vigente.

-EM: Una vez, cuando se caía todo, a Jaime Pérez le preguntaron: “¿Y ahora el partido qué va a hacer?”. Y él dijo: “Vamos a seguir bregando por el socialismo, si el pueblo uruguayo quiere”. Los ideales se mantienen siempre, pueden cambiar los métodos.

-CHF: Lo que hicimos nosotros también llega hasta nuestros nietos. Hoy luchamos por un nunca más al terrorismo de Estado, y es una lucha permanente. No sólo por los presos, sino por todos.

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Aún

Ayer se realizó la 18ª Marcha del Silencio, en un clima de malestar por percepción de retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia.

La Diaria – 21 – 5 – 13 – Por Diego Recoba

 

Foto: Nicolás Celaya

La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso. Desde la Marcha del Silencio del 20 de mayo del año pasado hasta la de ayer todo lo relacionado a la búsqueda de verdad y con los procesos judiciales a los responsables de crímenes en la última dictadura no ha sido alentador para los militantes por la defensa de los derechos humanos.

El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de caducidad golpeó duramente a quienes luchan desde hace años por verdad y justicia. Ese estado se podía percibir entre los presentes en la previa al inicio de una nueva Marcha del Silencio, desde Rivera y Jackson. 

Se notaba en las charlas y en las pancartas y carteles. “Basta de palabras. Juicio y castigo”, rezaba uno firmado por la Corriente de Estudiantes del Pueblo. “No son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad”, afirmaba otro, en referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró prescriptibles los crímenes denunciados por las organizaciones de derechos humanos. “

Ninguna confianza en esta Justicia”, “apertura de los archivos de la dictadura”, “la muralla de la impunidad caerá”, decía el cartel de Plenaria Memoria y Justicia, mientras que el pasacalle principal expresaba el lema de la convocatoria de ayer: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”. Se trataba, en esos casos, de mensajes que era posible encontrar en otras ediciones de la marcha, pero hubo dos que, de algún modo, marcaron la tónica de la de ayer.

Al final, un enorme pasacalle decía: “Señores del gobierno y la Corte, con su sangre hagan los pactos que deseen, pero no le permitimos pactar con la sangre inocente de nuestros seres queridos”, firmado por “Hijos, familiares y amigos de Aldo Chiquito Perrini”, uno de los casos que el fallo de la SCJ dejó sin sentencia (ver http://ladiaria.com.uy/ACKr). 

Unas cuadras más adelante, a la altura de la Plaza de los Treinta y Tres, otro enorme cartel daba cuenta del cambio de ánimo que provocaron los fallos de la SCJ: “¿Hasta cuándo marcharemos en silencio?”, era la pregunta. A la hora de arrancar se podía apreciar una concurrencia importante, que desafiaba al frío y a un cielo nublado y amenazante. 

Había dirigentes del Frente Amplio (FA) como el diputado Felipe Michelini, Daniel Martínez, el embajador itinerante Julio Baráibar, el ex ministro de Salud Pública Jorge Venegas, la ex ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, el ex vicecanciller socialista Roberto Conde, el ex director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Víctor Giorgi, el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Faroppa. También, el ex embajador argentino en Uruguay Hernán Patiño Mayer y los militantes Jorge Marenales y Jorge Zabalza, entre otros.

Cuando comenzó la marcha, alguien gritó que el responsable de que no hubiera justicia era el FA, lo que motivó que un integrante de la organización le pidiera que se retirara. El hombre retrucó diciendo: “No me metas nada que la calle es libre”. Un par de cuadras después, a la altura de la Facultad de Derecho, se escucharon gritos contra Tabaré Vázquez, José Mujica y otros dirigentes del FA. El que los profería era un hombre que simulaba hablar desde un público, y que molestó a los manifestantes porque estaba rompiendo la consigna de marcha en silencio. Entonces, el hombre dijo su última frase: “Hola, ¿Jefatura? Acá hay un grave caso de droga y tortas fritas”. Luego, colgó el tubo y se retiró.

Al llegar a la altura de la explanada municipal, en la pantalla de la fachada del edificio de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales se emitía un spot alusivo a la marcha, que decía “Escuchalos”, mostraba algo escrito en lenguaje de señas y remataba con un gran “Están”, en letras blancas sobre fondo negro.

Como todos los años, al llegar la cabecera de la marcha a las inmediaciones de la Plaza Libertad, se enunciaron los nombres de los detenidos desaparecidos, y ante cada uno de ellos, los concurrentes gritaron “presente”. Al llegar a la plaza, se entonó el Himno Nacional, y a la altura de las últimas estrofas comenzó a caer una suave e imperceptible llovizna. Parecía que todo terminaba ahí, pero no fue así. Integrantes de algunas organizaciones, entre ellas Plenaria Memoria y Justicia, hicieron un caceroleo en la sede de la SCJ. Los manifestantes sólo llegaron hasta una valla que no permitía acceder a la puerta del edificio.

Dos manifestantes se paseaban por la plaza: una mujer disfrazada de Justicia, con los ojos tapados con un trapo que decía “Frente Amplio”y la boca con un bozal que decía PITCNT; otro, disfrazado de coracero y portando un escudo que decía “SCJ”, llevaba atada a la primera. Otros se quejaban, indignados, porque un policía que estaba del otro lado de la valla se reía. Los demás golpeaban cacerolas, cucharones, latas de conserva vacías, canillas, al tiempo que entonaban consignas como “no hubo errores, no hubo excesos; son todos asesinos los milicos del proceso” y “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”.

Con el correr de los minutos, la protesta en las inmediaciones de la sede de la SCJ se fue disipando. En la plaza quedaba mucha gente que no se había sumado al caceroleo. El senador Rafael Michelini declaraba a la prensa que confía en que la Justicia determine “quiénes son los responsables y actúe con las garantías del caso”, y que mientras haya un caso impune “el Estado estará en deuda, por eso hay que seguir”. 

Óscar Urtazún, integrante de Familiares, declaraba que el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro “lo único que ha hecho es entorpecer las investigaciones y jugarse siempre por la inocencia de los asesinos”. Valentín Enseñat, de Hijos, afirmaba: “Algo que nos anima y nos alienta es ver cuáles han sido las consecuencias de eso, y ver que los fiscales y los jueces, a pesar de estas resoluciones, han tomado decisiones de acuerdo a lo planteado por el derecho internacional”. La llovizna seguía cayendo, no se notaba pero seguía, y de puro perseverante, mojaba.

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