Senado
trata iniciativa ciudadana que propone crear juzgado y fiscalía especializados
en delitos de lesa humanidad.
La diaria - 28 5 13 - Por Luis Rómboli
 |
Dr. Federico Alvarez Petraglia. Foto: Victoria Rodríguez |
La
Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tratará hoy
como primer punto del orden del día una propuesta que se pretende convertir en
proyecto de ley.
Presentada por un grupo de mujeres que forman parte de las 28
ex presas políticas que presentaron, en octubre de 2011, una denuncia penal por
torturas y violencia sexual durante la dictadura, propone la creación de un
juzgado y una fiscalía especializados en investigación y seguimiento de crímenes
de lesa humanidad.
El
texto establece la creación de un cargo de juez letrado de primera instancia en
Montevideo, con destino a un nuevo juzgado en materia penal, “con
especialización en crímenes acaecidos durante el período de terrorismo de
Estado” y que tendrá competencia en delitos cometidos por agentes del Estado
(policías, militares y civiles asimilados o que actuaron bajo el amparo de
funcionarios públicos) entre el 1º de enero de 1968 y el 1º de marzo de 1985.
Luego
establece la creación, en la órbita del Ministerio Público, de una fiscalía con
idéntica competencia que ese juzgado, así como la formación de una unidad de
investigación y seguimiento de las causas referidas, que funcionará en el
Ministerio del Interior para auxiliar a la Justicia en la investigación de los
registros y archivos estatales, a los que no se podrá oponer “ningún secreto”.
La unidad, que podrá cruzar la información recolectada para dotar de mayor
eficacia a los procesos, estará conformada por integrantes de la División de
Crimen Organizado y de Interpol. La “oficina de seguimiento” estará integrada
por el fiscal y un responsable de la investigación histórica sobre la dictadura
y el terrorismo de Estado.
Una
de las innovaciones más importantes de la iniciativa es la propuesta de que las
víctimas de delitos o sus sucesores puedan “ejercer la acción penal [acusar] en
forma principal”, en aquellos casos en que el fiscal pida sobreseimiento de los
enjuiciados. El representante de las víctimas deberá anunciar esa intención dentro
de las 48 horas posteriores a la notificación del sobreseimiento. El texto
también establece la posibilidad de que la Fiscalía pueda acordar con las
personas que “hayan incurrido en delitos de lesa humanidad” la reducción de la
pena “hasta la mitad del mínimo y del máximo”, en los casos en que la persona
revele la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores, y
proporcione datos relevantes para procesamientos, o aporte información que
permita ubicar restos de desaparecidos. Esta posibilidad no incluye a
“criminales mayores”, sino a “sujetos secundarios que no tomaron decisiones”.
Carencias
varias
Antonia
Yáñez, una de las impulsoras de la idea, explicó a la diaria que luego de
presentar la denuncia por torturas y violencia sexual fueron citadas a
audiencias y tuvieron “una experiencia bastante lamentable ante la Justicia,
porque se vieron carencias de todo tipo”.
“A partir de conocer el estado de la
Justicia desde adentro”, comenzaron a reunirse con actores políticos y
judiciales, agregó. Decidieron entonces encomendar al doctor Federico Álvarez
Petraglia la redacción de un proyecto de ley que presentaron por primera vez el
año pasado en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando se estaba discutiendo
la Rendición de Cuentas.
Los
senadores nacionalistas León Morelli (Unidad Nacional) y Francisco Gallinal
(Correntada Wilsonista) intervinieron para que el tema pasara a la Comisión de
Constitución y Legislación, que comenzará a tratarlo hoy. Si bien esta
iniciativa tiene contenidos que aparecen en el nuevo Código de Proceso Penal,
proyecto que también está tratando esa comisión, la idea de las impulsoras es
que sea tratado “en forma independiente y rápida, porque lo otro puede llevar
años”.
Álvarez
Petraglia explicó que la inclusión en el proyecto de “la figura del
querellante” es una modificación “importante para los procesos penales”, porque
significa que “las víctimas puedan tener una participación activa en el
proceso, superior a la que tienen ahora”. Se trata de una figura “novedosa”
aunque “aparece en la Ley 16.099 de Comunicaciones e Informaciones, conocida
como ley de prensa”, que establece que si “el fiscal no ve mérito para acusar,
el denunciante puede sustituir al fiscal y pedir la condena del denunciado”,
agregó.
Gallinal
dijo a la diaria que la Suprema Corte de Justicia, consultada por la comisión,
“se expidió en contra del proyecto”, aunque no dijo las razones. La intención
del senador blanco es discutir el tema, porque considera que “hay una serie de
delitos sexuales que no están comprendidos en la Ley de Caducidad” y, por otra
parte, “hay un tratamiento lento de esas denuncias”. “Se podría encontrar una
solución por otro camino”, agregó.
Por
su parte, el vicepresidente de la comisión, el senador colorado Ope Pasquet
(Vamos Uruguay), puntualizó que en la instancia se va a contestar “una carta
que enviaron las personas que presentaron la iniciativa, pero no al proyecto en
sí”.
Mientras
tanto, el tema aún no fue tratado en la bancada del Frente Amplio, según
informó la senadora suplente Alicia Pintos (Partido Comunista), que participó
en la comisión el año pasado, cuando las ex presas concurrieron a informar
sobre la iniciativa. Pintos dijo que es probable que se discuta esta semana.
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