COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO
URUGUAY: VULNERACIÓN A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA
JUSTICIA
París-Ginebra, 19 de febrero de 2013. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su preocupación por el traslado de la Jueza Mariana Mota de su juzgado de lo penal a uno de lo civil y la grave vulneración de la independencia e imparcialidad de la justicia que representa este traslado.
El pasado 13 de febrero de 2013, la Jueza uruguaya Mariana Mota fue
trasladada de su juzgado, la Sede Penal de 7º Turno en Montevideo, a un juzgado
civil de primer turno. Según la Suprema Corte de Justicia, este traslado está
justificado en una reestructuración de los juzgados. Al mismo tiempo, señala
que la Jueza no ha sido degradada, sino que se trata de un «cambio horizontal».
La Jueza Mariana Mota estaba investigando causas contra militares y civiles
responsables de crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985). Entre los
casos que ya han sido juzgados se encuentra el del dictador Juan María
Bordaberry, condenado en 2010 a treinta años de cárcel por los delitos de atentado
a la Constitución, desaparición forzada y homicidio agravado.
Se recuerda que Uruguay ha sido condenado en 2011 por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, caso Gelman vs Uruguay, y tiene la obligación de facilitar
un proceso de justicia ágil y eficiente, con el objeto de esclarecer los hechos
ocurridos durante la dictadura y de investigar, juzgar y sancionar a los
responsables. Retirar a una jueza que conoce muy bien este tema no parece
satisfacer esta obligación.
El Observatorio expresa su temor ante este cambio de juzgado, en la medida en
que parece constituir una sanción por haber aplicado el derecho internacional
de los derechos humanos en sus decisiones judiciales, en particular en la
investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades uruguayas a que velen por la
imparcialidad e independencia de la justicia y la lucha contra la impunidad de
los crímenes cometidos durante la dictadura.
El Observatorio solicita, además, a las autoridades que se garantice la
independencia de los jueces, fiscales y magistrados, la seguridad y la
integridad física y psicológica de la Jueza así como de todos los operadores
judiciales en Uruguay. Asimismo, el Observatorio urge a las autoridades a tomar
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los
derechos de los defensores de derechos humanos en Uruguay como los establece la
Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.