Sobre el apartamiento de la jueza Mota
Brecha 15 2 13 - Por Constanza Moreira.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de
trasladar a la jueza Mota a la justicia civil suena a crónica de una muerte
anunciada. Aunque los cambios en la composición de la scj deben ser incluidos
en el análisis (algo que habrá que analizar si el “activismo” judicial se
expresa en nuevas sentencias de inconstitucionalidad contra leyes del gobierno
–como la que se divulgó con relación al icir–) el “caso Mota” viene de atrás.
Las reconvenciones que sobre su comportamiento se hicieron llegar en ocasión de
su presencia en la Marcha del Silencio o las declaraciones a Página 12 fueron preparando
el terreno.
Su tenacidad en el caso Perrini, y en la investigación sobre
la desaparición del avión Air Class, parecieron cerrar el proceso.
Definitivamente la jueza Mota transgredió algunas reglas no escritas del
funcionamiento de la democracia uruguaya de la posdictadura: la de un “sistema
de compromiso” que ampara, protege y amortigua cualquier conflicto entre
poderes del Estado. Pero al desafiarlo, deja desnuda su principal debilidad: la
capacidad de presión política sobre la justicia, especialmente si el tema son
los derechos humanos o roza de alguna manera el estamento militar.
Como bien señalan los diarios, la jueza fue la que más casos
acumuló en el campo de los derechos humanos, y ese fue el comienzo del fin en
un país que padece lo que alguna vez alguien llamó el “síndrome del avestruz”.
Meterse con los derechos humanos para los jueces es poco redituable, en un país
que hasta hace siete años archivó todas las acusaciones so pretexto de
ampararse en la ley de caducidad. Para los centenares de nuevos casos que se
presentaron en los últimos años –especialmente durante 2011 cuando la amenaza
de la prescripción pendía como una espada de Damocles–, remover a una jueza
experta en derechos humanos es lo peor que puede hacer la justicia: no abundan
precisamente los jueces calificados en esta materia.
Esto lo saben bien las mujeres que realizaron denuncias sobre
la violación sistemática de las presas durante la dictadura, quienes
comparecieron durante el pasado año ante la Comisión de Constitución y Legislación
del Senado para alertar sobre las dificultades detectadas en los juzgados para
tratar estas denuncias: impericia, desconocimiento, falta de preparación
específica sobre el tema, e insensibilidad. De hecho no sólo se manejó la
posibilidad de crear juzgados especializados en derechos humanos sino que año a
año la scj reclama partidas presupuestales extra para capacitar a sus jueces en
la materia. No es para menos: la ley de caducidad abortó la posibilidad de
crear cualquier práctica jurídica consistente en este campo. Sin ir más lejos,
recordemos que se necesitaron años de capacitación a los jueces para que
intervinieran en las denuncias de violencia doméstica.
Estas razones ya bastarían para que la sociedad reaccionara ante el alejamiento de Mota con un clamor generalizado: ante la carencia de jueces autorizados en estas causas, y habiendo un verdadero torrente de denuncias en los últimos años, su apartamiento contradice formal y sustancialmente el compromiso asumido por la justicia uruguaya con el esclarecimiento de las causas vinculadas a los derechos humanos.
Pero hay otra razón, con impacto directo o indirecto sobre el sistema judicial en su conjunto, y es que esta actitud será leída por la población como un ceder ante presiones políticas de toda índole, lo cual no contribuye a su imagen ni solidez institucional. Sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de la confianza recobrada en el Poder Judicial en los últimos años se debió a su actuación en el campo de los derechos humanos. Y más aún si esta confianza recobrada es puesta siempre en cuestión por su jaqueo desde medios y políticos por aplicar “mano blanda” a la delincuencia. La decisión de la scj, en este contexto, sólo redundará en su debilitamiento.
Creemos en Uruguay que la política lo es todo, pero la política es siempre negociación. La justicia, en cambio, no transige, y para el “sistema de compromiso” uruguayo, una jueza dispuesta a desafiar prejuicios, poderes y amenazas, es poco digerible. Así, creemos que el apartamiento de la jueza Mota representa un retroceso político de consideración. Los hechos, finalmente terminarán dándole la razón a aquellas declaraciones tan controversiales dadas a Página 12: “en Uruguay no hay promoción de los derechos humanos”.
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