Una sanción velada.
Los
militares indagados por graves violaciones a los derechos humanos ya no deberán
enfrentar sus interrogatorios. La Suprema Corte de Justicia dispuso el traslado
de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal. La medida representa “un
paso más” en la consolidación de la impunidad de los crímenes de la dictadura,
estiman varios abogados querellantes.
Caras y
Caretas – 15 2 13 – Por MAURICIO PÉREZ
El traslado
de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal representa “una perturbación”
al normal desarrollo de las investigaciones de los crímenes perpetrados durante
la última dictadura, por cuanto supone el apartamiento de una magistrada con
amplio conocimiento de los hechos, coincidieron varios abogados querellantes en
causas por derechos humanos.
La Suprema
Corte de Justicia (SCJ) dispuso el miércoles 13 el traslado de Mota. La
decisión se fundamentó en razones de “mejor servicio” y forma parte de una
decena de movimientos en el organigrama del Poder Judicial, que incluyó el
ascenso de cuatro jueces a tribunales de apelaciones. Una de las juezas
ascendidas fue la doctora Loreley Opertti, titular del Juzgado Civil de 1er
Turno. En esa sede fue designada Mota.
Empero, su
traslado fue el tema más comentado en los corrillos judiciales, ya que fue
interpretado como “una sanción velada” contra la magistrada, una de las
principales promotoras de la tesis de la imprescriptibilidad de los crímenes de
la dictadura dentro del Poder Judicial, y que tenía a su cargo más de 50 causas
sobre hechos del pasado reciente. “Hay traslados y traslados;;;; éste tiene
toda la apariencia de ser una sanción velada. Por más que haya sido un traslado
horizontal parece ser una sanción”, dijo una relevante fuente del Poder
Judicial a Caras y Caretas.
Sin embargo,
el traslado de Mota fuera de la órbita penal era una cuestión de tiempo. La
idea rondaba la cabeza de algunos ministros de la Corte desde hace varios
meses. Las críticas contra la magistrada provenían de distintos ámbitos, en
algunos casos, con inusual virulencia. Incluso la SCJ le inició varias
investigaciones administrativas, que hasta ahora terminaron sin consecuencias.
Mota deja
varios expedientes de extrema relevancia política y social, los cuales serán
asumidos por la doctora Beatriz Larrieu. La nueva titular del Juzgado Penal de 7º
Turno deberá instruir más de 50 expedientes por crímenes de lesa humanidad
–muchos de los cuales están paralizados por recursos de inconstitucionalidad–,
la investigación por el accidente del avión de Air Class y el crimen por
encargo de Washington Bocha Rissotto, entre otros. Dos expedientes por temas de
derechos humanos, los casos de Aldo Perrini y Horacio Gelós Bonilla, ya cuentan
con pedido de procesamiento por parte de la Fiscalía.
“Obstáculo”
El traslado
de Mota fuera de la órbita penal generó una inmediata reacción en ámbitos
políticos y sociales. Incluso el senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional)
adelantó que pedirá “explicaciones” por el traslado. “¿Cuáles son las causas
por las que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de
la Suprema Corte de Justicia? Vamos a pedir explicaciones preservando el
principio de separación de poderes”, escribió el senador en su cuenta de
Twitter.
Los abogados
querellantes en causas por derechos humanos fueron más enfáticos en sus
críticas hacia la actitud de la Corte. Sostienen que el traslado de Mota supone
un “obstáculo” para el normal desarrollo de las investigaciones de crímenes de
la dictadura y significa el “éxito” de la estrategia seguida por las defensas
de militares investigados por crímenes de la dictadura, estimó el abogado Pablo
Chargoñia a Caras y Caretas. Mota es una jueza “con conocimiento de muchos
hechos y con el nivel técnico necesario para afrontar una tarea tan compleja”,
por lo que su salida significa un “retroceso” en las investigaciones, afirmó.
Asimismo, dijo que el traslado “era una hipótesis que todas las personas
vinculadas con el ámbito forense manejaban”, lo cual confirma que el Poder
Judicial no fue lo “suficientemente transparente” y fue “perturbado por
elementos de presión”. Apuntó a la presión ejercida oportunamente por el ex
presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre.
Por su
parte, el ex juez Federico Álvarez Petraglia consideró que el traslado “es un
paso más para consolidar la impunidad” en Uruguay. “Es un paso más para
consolidar la impunidad, un paso más hacia un punto final al tema de las
investigaciones [...] El mensaje que se está dando es que no se siga
investigando”, afirmó en diálogo con Caras y Caretas.
En este
sentido, la salida de Mota supone un retroceso en el desarrollo de las causas,
por cuanto la persona que la suceda “tendrá que ponerse al tanto de un cúmulo
de expedientes con años de investigación”, lo cual demandará varios meses.
Asimismo, la percepción es que el sistema judicial apunta a “descabezar” a las
personas con conocimiento en el tema de los derechos humanos. “Gente empapada
en el tema, que conocía el circuito de la represión en Uruguay y con formación
jurídica, por distintos motivos, queda fuera del sistema penal”, aseveró.
Asimismo,
Álvarez Petraglia aseguró que la decisión parece “un guiño” del Poder Judicial
al Poder Ejecutivo, en virtud de los diferendos entablados con Mota por sus
dichos a Página 12, la frustrada inspección ocular en el Batallón Nº 13 y la
investigación sobre el accidente del avión de Air Class. “Son todos elementos
que me llevan a pensar que el Poder Judicial adopta una decisión con el guiño y
el beneplácito del Poder Ejecutivo”, expresó.
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