A la
opinión pública:
Desde la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), en consonancia con
el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad, la cual nos obliga
como universitarios a “defender los valores morales, y los principios
de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la
forma democrático-republicana de gobierno”, y haciendo honor a las más
caras tradiciones del movimiento popular de nuestro país, creemos necesario
hacer pública la opinión del movimiento estudiantil ante el traslado del ámbito
penal al civil de la Dra. Mariana Mota.
La doctora
Mariana Mota se ha desempeñado durante cuatro años en materia penal, tiempo que
ha utilizado para especializarse en Derechos Humanos, a partir de su experiencia
en la investigación de crímenes cometidos bajo el Terrorismo de Estado. Con más
de 50 causas a su cargo, La Dra. Mota ha desarrollado en los últimos años una
excelente labor en la aplicación de la legislación nacional e internacional, en
lo que refiere a la investigación, esclarecimiento y juzgamiento de los delitos
de lesa humanidad cometidos por el Estado contra la población en la última
dictadura.
En más de 20
años de carrera, a la Dra. Mota nunca se le inició ningún sumario
administrativo o recibió algún tipo de sanción. Su tarea la ha realizado casi
en solitario, debido a que, como ella misma expresara, en nuestro país no
existe una real política de promoción de los DDHH ni de la investigación de los
crímenes cometidos, ya que no se ha destinado el presupuesto y recursos
necesarios para llevar a cabo este tipo de investigaciones.
El traslado
de la Dra. Mota pone fin a toda una serie de movimientos y traslados de jueces
y fiscales vinculados a la investigación de los delitos cometidos en dictadura:
el traslado del fiscal Ricardo Percivale y doctor Álvarez Petraglia.
Es también
la última acción de una campaña política y mediática contra la jueza que
comenzó hace ya dos años, con los cuestionamientos por parte del presidente de
la república ante las declaraciones de la jueza al diario argentino página 12,
y el impedimento de fotografiar el Batallón de Infantería Nº13 (mejor conocido
como “infierno grande” o “300 Carlos”) por orden directa del actual ministro de
defensa Eleuterio Fernández Huidobro, entre otras. Asimismo, la campaña
mediática ejercida por los diarios de mayor circulación de nuestro país, que
cuestionaban la asistencia de la Jueza a la Marcha del Silencio.
Las
consecuencias de este traslado son el retraso seguro de las causas que estaban
a su cargo, la dilación de la verdad para los familiares y la impunidad de los
represores. Implica, además, un duro golpe en el lento y empedrado camino por
verdad y justicia que transita nuestra sociedad y una nueva victoria de la
impunidad, fomentada desde la corporación militar, los sectores más
reaccionarios y apoyada por el silencio del poder político.
Los medios
señalan que está a estudio actualmente de la SCJ, la declaración de
inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la Ley Interpretativa de la Ley de
Caducidad. Esta decisión implicaría la prescripción de la abrumadora mayoría de
los crímenes cometidos en la dictadura. En otras palabras, la impunidad de los
genocidas. Esta posibilidad, aunque no esté confirmada, demuestra la debilidad
de las medidas tomadas por el poder político contra la impunidad, medidas solo
tomadas bajo la presión de la sociedad movilizada.
Además,
desde la FEUU queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la intención de
procesar a las personas que ingresaron a presenciar el juramento de la Dra.
Mota en el edificio de la SCJ y a las cuales se les envió un innecesario contingente
de fuerzas de choque.
Por último,
desde la FEUU y en nombre de todos los ciudadanos de este país que aun
consideran válido reclamar Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más, queremos
dejar algo bien en claro: a esos políticos que ahora dicen que “no es tan
grave”, que “no se acaba el mundo” por el traslado de una jueza, a ellos les
pedimos que tengan respeto por este pueblo, sus muertos, sus desaparecidos y
todas las víctimas, directas e indirectas, del Terrorismo de Estado.
Y que tengan
claro que este pueblo nunca se va a confundir: de un lado estarán los
represores, los asesinos, los violadores, sus cómplices civiles y empresariales
de ayer, los cómplices de hoy en el Poder Judicial y en el poder político. Del
otro lado y luchando contra ellos siempre estará la FEUU, como parte de una
sociedad que desde hace más de 30 años exige Verdad, Justicia, Memoria y Nunca
Más Terrorismo de Estado.
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