En 2011 terminaron veinte juicios y 67 personas recibieron condenas por primera vez. Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas en el que se advierte sobre la demora en confirmar las sentencias.
Durante 2011, 193 personas fueron juzgadas o están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad. La cifra es la más alta desde la reanudación de los juicios por violaciones de derechos humanos en la última dictadura y es cinco veces más alta que la de 2009. Hasta el momento, los condenados suman 266 y los presos, 593. Los números surgen del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. El documento registra los avances y obstáculos del proceso de justicia por los delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Las demoras en la revisión de las sentencias por parte de la Cámara de Casación son, para este organismo, el principal motivo de preocupación.
Avances
En 2007, cuando la Unidad que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti hizo el primer análisis de la situación de las causas contra los represores de la última dictadura, encontró que existía una demora significativa en la etapa de instrucción, es decir, que las investigaciones tardaban más del tiempo justificado en ser elevadas a juicio oral y que se advertía una “atomización” de los casos, lo que implicaba que no se acumulaban hechos que debían ser investigados juntos y se realizaban juicios aislados y repetitivos.
Estos problemas, señalaron ahora, fueron abordados y mejorados. “En los últimos tiempos pudo observarse una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país. El anterior fue el año en el que más casos fueron llevados a juicio oral y la cantidad de condenas logradas se incrementó exponencialmente con el período completo desde el retorno de la democracia”, dice el informe. Sobre 2011, sostiene que “se mantiene una tendencia positiva” y que “se iniciaron juicios significativos en jurisdicciones en las que ello era una deuda pendiente”, como Bahía Blanca, en donde se está realizando un juicio que involucra a 17 acusados por 92 víctimas del centro clandestino La Escuelita.
Números
Actualmente hay 842 personas procesadas y 296 que fueron juzgadas (desde 1983 hasta ahora) por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado; 266 fueron consideradas culpables y 30 fueron absueltas. Hasta 2008, las condenas eran 68, al final de 2009 ascendieron a 98, en 2010 a 199 y este año a 266 (ver cuadro 2). Es decir que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados casi se cuadruplicó.
En 2011, además, terminaron veinte juicios, en los que se condenó a 81 personas (a 66 por primera vez) y la Cámara de Casación revocó la absolución del represor Alejandro Guillermo Duret por el caso de Carlos Labolita. Todavía hay 12 debates orales y escritos en trámite, en los que se juzga a 118 acusados, y para los próximos meses se espera que se inicien otros ocho juicios que involucran a 60 procesados. Así, a lo largo de este año, 193 personas fueron o están siendo juzgadas en todo el país (ver cuadro 1).
Desafíos
La Unidad Fiscal señaló como desafíos para el futuro el avance en las investigaciones sobre violencia sexual durante el terrorismo de Estado, las complicidades civiles, en particular en el ámbito judicial y el trabajo con los archivos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que identificó como “especialmente preocupante” es “la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales”.
De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme y la mayoría son de juicios realizados durante la década del ’80 o por apropiaciones de niños. Este año, sólo tres condenas quedaron firmes. Durante 2011, Casación revisó seis sentencias con relación a 13 imputados. Uno de los ejemplos graves que ya había sido mencionado en el informe del año pasado es el del Regimiento IX de Corrientes. El caso ingresó a Casación hace casi 34 meses y todavía no se resolvió.
La Cámara de Casación fue uno de los grandes obstáculos a salvar luego de la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad. En febrero de 2007, Página/12 publicó que el tribunal acumulaba más de cien recursos sin resolver vinculados con crímenes de la última dictadura y que algunos de esos expedientes estaban allí hacía tres años.
Los organismos de derechos humanos denunciaban que se trataba de un plan deliberado para demorar el inicio de los juicios. Esto fue confirmado por el entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que luego de una confrontación pública con el entonces presidente Néstor Kirchner renunció y se dedicó a ejercer como abogado defensor de los represores que antes apañaba desde el Poder Judicial. Luego, las causas comenzaron a destrabarse, aunque ahora otra vez los ojos están puestos en ese tribunal.
En el último tiempo, Casación entró en un proceso de renovación: fueron nombrados tres nuevos magistrados y el jurista Pedro David fue designado como su presidente. Resta ver si se produce un avance en la confirmación de las condenas a los represores.
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