Página 12. 27 7 11. Por Irina Hauser
El fiscal Federico Delgado señaló que el ex agente de inteligencia sometió a Carla Artés Company con la misma “lógica” que torturaba. “Las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico puntual”, argumentó.
El 19 de agosto del año pasado, después de dar su testimonio en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti, Carla Artés Company dijo que era “reparador” haber comprobado que su apropiador, el parapolicial Eduardo Ruffo, no había podido sostenerle la mirada durante la audiencia.
Ese día Carla reconstruyó su secuestro en 1976 junto a su madre, Graciela Rutila, en aquel centro clandestino de donde Ruffo se la llevó cuando tenía un año, y pudo agregar retazos y flashes de la niñez que vivió cautiva del represor y su mujer, hasta que recuperó su identidad a los diez años, tras la intensa búsqueda de su abuela Sacha. Ante el tribunal oral se animó a contar que Ruffo había abusado sexualmente de ella, por lo menos desde los tres o cuatro años.
Su relato, uno de los momentos más impactantes del juicio, fue rescatado por el fiscal Federico Delgado, quien reclamó que el ex agente de inteligencia sea indagado específicamente por las “agresiones sexuales” que, entiende, “constituyen una suerte de patrón” de “esa sustancia general que era aplicación del terror”.
“Las causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, revelan con nitidez que el terror radicó en la negación del otro no sólo en términos físicos, sino también mediante la colonización de su subjetividad a través de la despersonalización; es decir objetualizando a los sujetos, reduciéndolos a una cosa”, explica el dictamen de Delgado, al que accedió Página/12.
“La violación constituye un rasgo distintivo de esa lógica represiva y, en consecuencia, desde nuestra mirada debe tener una respuesta autónoma desde el sistema judicial estatal”, advierte, al argumentar el pedido de indagatoria, que deberá analizar el juez federal Daniel Rafecas. Según Delgado, las “agresiones sexuales” deben tener un tratamiento específico en las causas por crímenes dictatoriales.
Los padres de Carla eran militantes populares que recorrían el continente luchando contra las dictaduras. Ella nació en Perú, el 28 de junio de 1975. Su papá fue asesinado en Bolivia por la dictadura de Hugo Banzer. Allí se fue con su mamá, detenida tras apoyar una huelga de mineros en Oruro. Ambas fueron trasladadas a la Argentina como parte del Plan Cóndor y llevadas al centro clandestino Automotores Orletti.
Carla fue apropiada por Ruffo cuando tenía un año y tres meses. “Debo suponer que la persona que me llevó debe ser la misma que asesinó a mi madre”, dijo en el juicio donde Ruffo terminó condenado a 25 años de prisión por torturas y desapariciones. Entonces recordó algunos rostros de la banda de Gordon a quienes había visto alguna vez con su apropiador, describió los sitios donde vivieron y el modo en que el represor trató de ocultarse cuando la Justicia lo buscaba después del regreso de la democracia.
Carla amplió en la fiscalía de Delgado su relato sobre las situaciones de abuso sexual a las que la sometía Ruffo. Ella sitúa esos recuerdos desde los tres y cuatro años en adelante. Con trabajo terapéutico, contó, pudo recordar que “el espacio de la ducha era donde Ruffo” la “asaltaba”. “Era él siempre quien quería bañarme a mí (...) los asaltos eran básicamente manoseos”, describió.
También recordó una época, cuando dejó de compartir la habitación con Alejandro, su hermano de crianza, en que “las visitas de este señor se hicieron más frecuentes” con la excusa de que “tenía que darle las buenas noches a la nena y las buenas noches eran manoseos, toqueteos, restregarse”. “Durante muchos años después recordé su cara encima de la mía, sobre todo durante las noches”, dijo. Pero señaló que “la peor época” fue “cuando nos pusimos prófugos”. Por un período incluso vivió sola con él, mientras Alejandro se quedó con su apropiadora. “Como no podía salir de casa (...) los asaltos eran continuos (...) y si no accedía me golpeaba.”
Para ese entonces Carla ya tenía nueve años. Su abuela materna, Matilde Artés, había comenzado a buscarlas a ella y a su hija desde España, donde se había exiliado. Sacha –el apodo de Matilde– llegó a la Argentina en julio de 1984. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían dado con el nombre del apropiador. El 25 de agosto de 1985 Carla fue restituida tras un operativo en el que Ruffo fue detenido. Dos años más tarde su abuela se la llevó a España por temor ya que Ruffo había quedado en libertad por las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Carla volvió a vivir a la Argentina en mayo último con sus hijos Graciela (16), Anahí (12) y Enrique (7), nacidos en España. El juicio de Automotores Orletti, en el que dio un testimonio fundamental el año pasado, terminó no sólo en la condena de su apropiador, sino del general Eduardo Rodolfo Cabanillas, Honorio Carlos Martínez Ruiz y Raúl Antonio Guglielminetti. A este último, ella misma lo había podido reconocer al recordar el trato que tenía con Ruffo.
Ahora el fiscal Delgado pidió avanzar contra Ruffo también por los abusos sexuales a los que sometió a Carla con la misma “lógica” con que torturaba, con la misma que se perpetraban los ataques sexuales en todos los centros clandestinos. Pero, dice Delgado, “las agresiones sexuales tienen un rasgo de autonomía de un grado tan intenso que exige un significado jurídico específico".
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