LA JUSTICIA SE SACUDE LA IMPUNIDAD QUE LA SOMETIÓ POR 25 AÑOS
El general Dalmao está preso. No hubo desacato militar. La ley interpretativa se pospuso. Uruguay será condenado en la OEA por el caso Gelman. La Suprema Corte de Justicia habilitará la inconstitucionalidad para los fusilados de Soca. Se abriría indagatoria por el asesinato de Trabal. Brasil extradita a Uruguay al ex agente Barreiro Neira, testigo en el caso de los vinos envenenados y en la muerte de Goulart.
Caras y Caretas. 12 11 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
El procesamiento con prisión del comandante de la División de Ejército IV, general Miguel Ángel Dalmao, junto con el coronel (r) José Chialanza, por el delito de coautoría de homicidio especialmente agravado de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 sacudió el escenario político y tuvo repercusiones en el gobierno, en el ámbito parlamentario y en la interna militar, que observan cómo el sistema judicial se sacude la impunidad a la que había estado sometido desde la reinstitucionalización del país.
El primer encarcelamiento de un militar en actividad por casos de violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura se concretó en la primera causa judicial en que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la polémica Ley de Caducidad con la que durante veinticinco años se amparó los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado de 1973 y por la cual Uruguay será condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la próxima semana.
El pronunciamiento del juez penal de 10º turno, Rolando Vomero, admitiendo la tipificación solicitada por la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze, provocó contenidos comentarios desde el Poder Ejecutivo, cuyo titular, José Mujica, se limitó a expresar un contundente “es una decisión de la justicia;; no es opinable, se acata”, mientras el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se guardaba a silencio público ante una interna militar azuzada desde los clubes y logias de militares retirados.
Todos los generales en actividad fueron convocados por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, quien les confirmó el procesamiento del camarada, cuya inocencia había defendido públicamente días antes al punto de merecer una sanción (aunque mínima) de parte del gobierno. La reunión, autorizada por el Poder Ejecutivo, fue cerrada por el propio ministro Rosadilla, quien se apersonó en la sede del Comando castrense en la avenida Garibaldi.
LAS REPERCUSIONES
Sólo uno de los altos oficiales, Willy Purstcher (quien, uniformado, se solidarizó con Dalmao y lo esperó frente a la Jefatura de Policía cuando lo trasladaron para ser fichado), se atrevió a pedirle la renuncia a Rosales: “Si yo estuviera en tu lugar, doy un paso al costado, doy una conferencia de prensa, digo mi verdad y me voy”, dijo el subordinado, a quien no acompañaron los demás miembros del generalato, por considerar que un relevo del mando los perjudicaría en la defensa de otros intereses.
Fuentes allegadas a la interna militar explicaron a Caras&Caretas que si bien la prisión de Dalmao constituyó un golpe duro para el Ejército, la preocupación de la oficialidad está más centrada en sus reivindicaciones respecto del presupuesto quinquenal que estudia el Parlamento: reclaman mejoras salariales, mayor inversión en sanidad militar y el mantenimiento de algunas prebendas y cargos, como el de las agregadurías militares y otras misiones en el exterior que les reportan importantes ingresos económicos.
La prisión de Dalmao no mereció comentarios de los comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea, que han estado sometidos a sus respectivas crisis. La fuerza del aire trata de sobrevolar los coletazos de los juicios por el “segundo vuelo” y el homicidio de Ubagesner Chavez Sosa por el que ya fueron encarcelados dos pilotos, mientras que los marinos aún no terminan de calmar sus aguas luego de la tormenta de corrupción interna por la que varios oficiales también fueron encarcelados.
En el ámbito parlamentario, el encarcelamiento del general terminó de posponer el debate de la ley interpretativa con la que desde el Poder Ejecutivo se intentó “dejar sin efectos” la Ley de Caducidad para atenuar el impacto de la condena que la Corte de Derechos Humanos de la OEA realizará en Quito cuando se lleven a cabo las audiencias por el caso Gelman. La sentencia judicial fue utilizada como razón de la sinrazón por los senadores frenteamplistas que se negaban a dar su voto para eliminar esa ley.
LO QUE SE VIENE
El caso Dalmao no derivó en los desacatos que se auspiciaban desde los clubes militares y las logias de la dictadura. El general procesado no irá a la cárcel de Domingo Arena donde ya reside una docena de militares y policías encausados por violaciones a los derechos humanos. Dalmao (al mando de Hospital Militar en el que se asiló Ernesto Ramas desde hace cuatro años, del que se fugó Gilberto Vázquez y donde José Gavazzo se hizo fotografiar maniatado) no sería bien recibido por esos represores y será recluido en la Guardia de Coraceros, por un compromiso del gobierno.
Sin embargo, la interna militar no promete aquietarse, ya que en los próximas días se confirmará un nuevo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia por el que se declarará inconstitucional la Ley de Caducidad en el caso de los fusilados de Soca, en el que cinco militantes tupamaros secuestrados en Argentina el 8 de noviembre de 1974 fueron torturados en Buenos Aires y trasladados en el “vuelo cero” a Uruguay, donde terminaron siendo ejecutados en la localidad canaria en diciembre de aquel año.
Esa nueva causa judicial (que se suma a la de 19 casos de muertes por tortura sobre los que la semana pasada el máximo órgano de justicia sentenció la inconstitucionalidad de la Ley 15.848) derivará en la apertura de otro expediente en el que por primera vez en Uruguay se indagará el asesinato del coronel Ramón Trabal, cuyo homicidio en París, en diciembre de 1974, habría sido la excusa alegada para los fusilamientos en Soca. El caso Trabal podría develar uno de los mayores secretos de la dictadura.
Y, como si fueran poco, en las últimas horas el Supremo Tribunal Federal brasileño otorgó la extradición a Uruguay del ex agente de la dictadura Mario Ronald Barreiro Neira, requerido desde 2001 por delitos vinculados a las “polibandas” que actuaron en la década del noventa, quien desde su prisión en Porto Alegre reveló entretelones del caso de los vinos que envenenaron a Cecilia Fontana de Heber en 1978 y denunció que João Goulart fue asesinado, con participación uruguaya, por el Plan Cóndor en 1976.
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