domingo, 31 de octubre de 2010
Saravia acepta derogar la Ley y referéndum
Ayer se reunió con Brovetto. Dijo que "así llegaríamos a una solución del tema conjuntamente con el pueblo".
La República. 31 10 10.
El senador Jorge Saravia le dijo ayer al presidente del FA Jorge Brovetto que aceptaría que la Ley de Caducidad sea derogada por los 2/3 de la Asamblea General Legislativa y luego puesta a consideración en un nuevo referéndum. "Es una idea que al ´Pepe` le gusta", comentó Saravia.
El Frente Amplio está en punto muerto sobre la suerte futura de la ley que interpreta la de Caducidad y pocas son las cosas de las que se tiene certeza.
Por ejemplo, se sabe que el proyecto interpretativo no saldrá sancionado por el Senado tal como fue aprobado por los 50 Diputados hace pocos días atrás porque no se quiere correr el riesgo de que sea rechazado ante la inamovible intención de votarlo negativamente de, por lo menos, dos senadores: Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia.
Basta con recordar que en su historia, el Frente Amplio jamás llevó un proyecto de ley al debate parlamentario si no iba a tener los suficientes votos para aprobarlo en su momento. Otra de las pocas cosas de la que se está seguro es que el proyecto con media sanción no será introducido al debate de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta ya que en esa comisión reviste el propio Nin Novoa y, como se sabe que allí también la votará en contra, se optará por no viabilizar ese trámite ya que no habría ni siquiera un informe de la ley en mayoría.
En consecuencia, se sabe finalmente que el proyecto no ingresará al debate en el plenario en lo que resta de este año legislativo que, dicho sea de paso, oficialmente se cierra el próximo 15 de diciembre.
Pero en el Frente Amplio está como soldado a la autógena la necesidad de promover discusiones en procura de consensos que lleven a la unidad política y, en función de ello, no le hacen asco a la posibilidad de estudiar soluciones a sus crisis institucionales que incluso provengan desde fuera de la propia izquierda. Y, por estas horas, eso es lo que está tomando cuerpo.
Ayer sábado hubo una reunión en la sede central de la izquierda entre el senador Jorge Saravia y el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto.
Por más de hora y media ambos dirigentes evaluaron los hechos políticos que giran en torno al debate de la ley interpretativa de la de Caducidad y que por lo menos al senador lo tuvo y lo tiene como protagonista debido a su decisión de no votarla tal y como fue aprobada por los Diputados.
Saravia dijo ayer a este diario luego de la reunión con Brovetto que para él "la solución para dejar sin efecto la Ley de Caducidad sería apelar a una propuesta hecha por el Partido Independiente y que sé que al "Pepe" Mujica le pareció bien".
Este sector abraza uno de los pocos caminos legislativos que existen y que no dan lugar a objeciones de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
"La idea sería derogar la Ley de Caducidad con los 2/3 de los votos de la Asamblea General Legislativa y en un plazo de un año, poner a consideración de la ciudadanía esta decisión parlamentaria mediante un referéndum", relató Saravia que se afilia enteramente a esta posibilidad "porque así llegaríamos a una solución del tema conjuntamente con el pueblo".
Saravia desechó otro camino posible y adelantó que lo propondrá el próximo miércoles en la reunión extraordinaria de la bancada de senadores del Frente Amplio.
El legislador repite insistentemente que "cualquier norma legal que el pueblo no la defina, viola la Constitución" y advierte que "ni voto la ley interpretativa y ni siquiera analizo lo propuesto por (el senador Rafael) Michelini de sancionarla y luego plebiscitarla. Eso es nada". Saravia acotó además que espera que esta iniciativa la acompañen sectores de la oposición.
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La República. 31 10 10.
El senador Jorge Saravia le dijo ayer al presidente del FA Jorge Brovetto que aceptaría que la Ley de Caducidad sea derogada por los 2/3 de la Asamblea General Legislativa y luego puesta a consideración en un nuevo referéndum. "Es una idea que al ´Pepe` le gusta", comentó Saravia.
El Frente Amplio está en punto muerto sobre la suerte futura de la ley que interpreta la de Caducidad y pocas son las cosas de las que se tiene certeza.
Por ejemplo, se sabe que el proyecto interpretativo no saldrá sancionado por el Senado tal como fue aprobado por los 50 Diputados hace pocos días atrás porque no se quiere correr el riesgo de que sea rechazado ante la inamovible intención de votarlo negativamente de, por lo menos, dos senadores: Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia.
Basta con recordar que en su historia, el Frente Amplio jamás llevó un proyecto de ley al debate parlamentario si no iba a tener los suficientes votos para aprobarlo en su momento. Otra de las pocas cosas de la que se está seguro es que el proyecto con media sanción no será introducido al debate de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta ya que en esa comisión reviste el propio Nin Novoa y, como se sabe que allí también la votará en contra, se optará por no viabilizar ese trámite ya que no habría ni siquiera un informe de la ley en mayoría.
En consecuencia, se sabe finalmente que el proyecto no ingresará al debate en el plenario en lo que resta de este año legislativo que, dicho sea de paso, oficialmente se cierra el próximo 15 de diciembre.
Pero en el Frente Amplio está como soldado a la autógena la necesidad de promover discusiones en procura de consensos que lleven a la unidad política y, en función de ello, no le hacen asco a la posibilidad de estudiar soluciones a sus crisis institucionales que incluso provengan desde fuera de la propia izquierda. Y, por estas horas, eso es lo que está tomando cuerpo.
Ayer sábado hubo una reunión en la sede central de la izquierda entre el senador Jorge Saravia y el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto.
Por más de hora y media ambos dirigentes evaluaron los hechos políticos que giran en torno al debate de la ley interpretativa de la de Caducidad y que por lo menos al senador lo tuvo y lo tiene como protagonista debido a su decisión de no votarla tal y como fue aprobada por los Diputados.
Saravia dijo ayer a este diario luego de la reunión con Brovetto que para él "la solución para dejar sin efecto la Ley de Caducidad sería apelar a una propuesta hecha por el Partido Independiente y que sé que al "Pepe" Mujica le pareció bien".
Este sector abraza uno de los pocos caminos legislativos que existen y que no dan lugar a objeciones de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
"La idea sería derogar la Ley de Caducidad con los 2/3 de los votos de la Asamblea General Legislativa y en un plazo de un año, poner a consideración de la ciudadanía esta decisión parlamentaria mediante un referéndum", relató Saravia que se afilia enteramente a esta posibilidad "porque así llegaríamos a una solución del tema conjuntamente con el pueblo".
Saravia desechó otro camino posible y adelantó que lo propondrá el próximo miércoles en la reunión extraordinaria de la bancada de senadores del Frente Amplio.
El legislador repite insistentemente que "cualquier norma legal que el pueblo no la defina, viola la Constitución" y advierte que "ni voto la ley interpretativa y ni siquiera analizo lo propuesto por (el senador Rafael) Michelini de sancionarla y luego plebiscitarla. Eso es nada". Saravia acotó además que espera que esta iniciativa la acompañen sectores de la oposición.
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Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa
La discusión del pasado. Constitucionalistas cuestionan el proyecto interpretativo del Frente Amplio Abogados consideran que se reabrirán casos y presentarán nuevas denuncias. Sanguinetti y Batlle dicen que el tema está laudado. Coalición sigue sin contar con los votos en Senado
El País. 31 10 10. E. DELGADO / P. MELÉNDEZ
Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.
El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas".
Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.
Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.
Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.
Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.
Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".
Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.
Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".
Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.
Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.
Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.
Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.
A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".
El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".
"Atentado contra la institucionalidad"
Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.
"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.
Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.
Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.
A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:
Un alerta a la conciencia ciudadana
"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.
En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.
En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.
Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.
Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.
Julio María Sanguinetti
Jorge Batlle
Montevideo, 27 de octubre de 2010".
División en el FA y posible consulta
Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.
Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular".
De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.
Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.
Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.
La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).
El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.
El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".
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El País. 31 10 10. E. DELGADO / P. MELÉNDEZ
Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.
El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas".
Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.
Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.
Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.
Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.
Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".
Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.
Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".
Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.
Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.
Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.
Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.
A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".
El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".
"Atentado contra la institucionalidad"
Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.
"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.
Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.
Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.
A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:
Un alerta a la conciencia ciudadana
"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.
En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.
En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.
Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.
Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.
Julio María Sanguinetti
Jorge Batlle
Montevideo, 27 de octubre de 2010".
División en el FA y posible consulta
Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.
Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular".
De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.
Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.
Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.
La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).
El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.
El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".
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jueves, 28 de octubre de 2010
Deberes
Comenzaron las actuaciones por la desaparición del maestro Julio Castro.
La Diaria. 28 10 10. Por Lourdes Rodríguez.
En las últimas horas la fiscal Mirtha Guianze presentó un escrito al juez Juan Carlos Fernández Lecchini solicitando pruebas sobre la casona de Millán y Gomensoro donde Julio Castro permaneció secuestrado en agosto de 1977. Además pide que sean citados como indagados los militares Gilberto Vázquez, Gregorio Álvarez y Julio César Bonelli, y varios testigos, entre ellos, Juan Raúl Ferreira.
El expediente que investiga la desaparición forzada de Castro fue, el 17 de agosto, el último en ser excluido de la Ley de Caducidad por parte del Poder Ejecutivo. Fue el segundo pronunciamiento. En setiembre de 1989, el entonces presidente, Julio María Sanguinetti, amparó el caso en la norma, cuando ya se sabía que la historia referida a que Castro se había ido del país en un avión era un invento de la dictadura. La familia de Castro pidió el desarchivo en octubre de 2009, luego del fracaso del plebiscito rosado y ante la aparición de nuevos elementos.
Con 68 años, Castro fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977 y fue trasladado a la casona de Millán y Loreto Gomensoro, que funcionó como centro clandestino de torturas.
Según las pruebas reunidas hasta el momento, el inmueble fue adquirido en marzo de ese año por una persona no registrada en la Dirección Nacional de Identificación Civil y la escribana que la autorizó era la esposa de un oficial del Servicio de Información y Defensa (SID) a pedido del entonces comandante en jefe, Julio Vadora.
Además, la misma persona “inexistente” realizó la transacción cuando se produjo la venta de la propiedad al Fondo Social de Cutcsa, el 14 de febrero de 1980. La fiscal pide la declaración de Gilberto Vázquez por su presunto conocimiento de este episodio. En ese establecimiento estuvo detenido, junto con Castro, el periodista brasileño Flávio Tavares, quien prestará su testimonio ante los magistrados.
También lo hará Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson, quien intervino en las denuncias realizadas durante la dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por entonces, el coronel Julio César Bonelli se entrevistó con la esposa de Castro a raíz de una carta que ella había enviado al general Gregorio Álvarez, según consta en uno de los tomos de la Investigación Histórica de Presidencia. Este hecho motiva la solicitud de interrogatorio a ambos militares retirados, este último ya procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Por otra parte, Guianze solicita a los ministerios del Interior y de Defensa, y al Archivo General de la Nación los antecedentes de Juan Ricardo Zabala para interrogarlo. Zabala integraba el grupo de operaciones del SID que secuestró a Castro. Esto fue denunciado en 1985 por el ex agente de ese organismo Julio César Barboza, quien afirmó que recibió de Zabala la orden de acompañarlo al operativo de detención de Castro.
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La Diaria. 28 10 10. Por Lourdes Rodríguez.
En las últimas horas la fiscal Mirtha Guianze presentó un escrito al juez Juan Carlos Fernández Lecchini solicitando pruebas sobre la casona de Millán y Gomensoro donde Julio Castro permaneció secuestrado en agosto de 1977. Además pide que sean citados como indagados los militares Gilberto Vázquez, Gregorio Álvarez y Julio César Bonelli, y varios testigos, entre ellos, Juan Raúl Ferreira.
El expediente que investiga la desaparición forzada de Castro fue, el 17 de agosto, el último en ser excluido de la Ley de Caducidad por parte del Poder Ejecutivo. Fue el segundo pronunciamiento. En setiembre de 1989, el entonces presidente, Julio María Sanguinetti, amparó el caso en la norma, cuando ya se sabía que la historia referida a que Castro se había ido del país en un avión era un invento de la dictadura. La familia de Castro pidió el desarchivo en octubre de 2009, luego del fracaso del plebiscito rosado y ante la aparición de nuevos elementos.
Con 68 años, Castro fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977 y fue trasladado a la casona de Millán y Loreto Gomensoro, que funcionó como centro clandestino de torturas.
Según las pruebas reunidas hasta el momento, el inmueble fue adquirido en marzo de ese año por una persona no registrada en la Dirección Nacional de Identificación Civil y la escribana que la autorizó era la esposa de un oficial del Servicio de Información y Defensa (SID) a pedido del entonces comandante en jefe, Julio Vadora.
Además, la misma persona “inexistente” realizó la transacción cuando se produjo la venta de la propiedad al Fondo Social de Cutcsa, el 14 de febrero de 1980. La fiscal pide la declaración de Gilberto Vázquez por su presunto conocimiento de este episodio. En ese establecimiento estuvo detenido, junto con Castro, el periodista brasileño Flávio Tavares, quien prestará su testimonio ante los magistrados.
También lo hará Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson, quien intervino en las denuncias realizadas durante la dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por entonces, el coronel Julio César Bonelli se entrevistó con la esposa de Castro a raíz de una carta que ella había enviado al general Gregorio Álvarez, según consta en uno de los tomos de la Investigación Histórica de Presidencia. Este hecho motiva la solicitud de interrogatorio a ambos militares retirados, este último ya procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Por otra parte, Guianze solicita a los ministerios del Interior y de Defensa, y al Archivo General de la Nación los antecedentes de Juan Ricardo Zabala para interrogarlo. Zabala integraba el grupo de operaciones del SID que secuestró a Castro. Esto fue denunciado en 1985 por el ex agente de ese organismo Julio César Barboza, quien afirmó que recibió de Zabala la orden de acompañarlo al operativo de detención de Castro.
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miércoles, 27 de octubre de 2010
El Pajarito no quiere comer
TRANQUILO, QUE LA JAULA ESTÁ RECIÉN PINTADA
Procesado por la desaparición de Adalberto Soba en 1976, el coronel (r) Jorge Silveira vuelve a protestar con un ayuno. Ya confesado por monseñor Nicolás Cotugno, tendrá tiempo de reflexionar cuando se lo condene por todos sus otros delitos: el ataque al Senado en 1973, la tortura y violación de detenidos en centros de torturas, el traslado de Elena Quinteros, la desaparición de nueve personas en el 300 Carlos, su participación en chantajes económicos, su presencia en Automotores Orletti y el caso Gelman, para luego enfrentar sus requisitorias desde la justicia de Argentina, España e Italia.
Caras y Caretas. 22 10 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
A Jorge Alberto Silveira Quesada lo parieron (ése es el verbo) el 20 de setiembre de 1945. Veinte años después ingresó al Ejército, al arma de Artillería, donde conoció a otros represores como Tabaré Acuña, Roberto Botti Porras, Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, Mario Mouriño, Juan José Pomoli, Ruben Atilio Sosa y Gustavo Taramasco, algunos de los cuales ya han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
En 1968, siendo cadete, realizó el curso de Special Cadet Course en la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos instruyó a buena parte de los torturadores de las dictaduras de la región. Eran sus compañeros de generación algunos militares que también se destacarían por unos u otros motivos: Armando Méndez, Pedro Cardelliac, Juan Delpino, Walter Díaz Tito y Heber Figoli.
A partir de 1971, cuando las Fuerzas Armadas se suman a la Policía y surgen las Fuerzas Conjuntas para reprimir a la insurgente guerrilla, Silveira pasa a desempeñarse en el Grupo de Artillería Nº 1 en La Paloma, detrás del Cerro, donde funcionaba la sede de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí operó con el grado de teniente en el equipo del S2 (inteligencia), que comandaba el mayor Gavazzo.
Sus víctimas lo recuerdan entonces bajo el seudónimo de ‘Chimichurri’. En 1972 ‘interrogó’ en el Batallón de Infantería Nº 8 de Paysandú a María Elia Topolansky, hermana de Lucía, la hoy senadora y primera dama. Quienes lo sufrieron destacan su sadismo, especialmente las mujeres, ante quienes lucía, orgulloso, el mote de ‘Isidorito Cañones’, por su parecido al personaje de historieta argentino.
Pájaro dictatorial
Silveira se sintió importante la noche del golpe de Estado de 1973. Horacio Catalurda, funcionario del Legislativo, reseña tras la última sesión del Senado… “Me acuerdo de que [Jorge] ‘Pajarito’ Silveira fue el que comandó la tropa que invadió el Palacio aquella noche […] Al primer lugar que fueron a revolver todo fue al despacho del senador Zelmar Michelini. Fueron derecho para allí diciendo que lo allanaban en la búsqueda de armas que nunca encontraron”.
El legislador Víctor Semproni fue una de sus víctimas en Artillería Nº 1 en 1974 y en su testimonio señala a Silveira como uno de los torturadores del desaparecido Eduardo Pérez (el gordo Marcos) y como quien le confesó que habían ejecutado a los fusilados de Soca: "A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de los nuestros [en alusión a la muerte del coronel Ramón Trabal, en París] van a ser diez... Estás autorizado a decirlo en la visita como advertencia para los de afuera", le dijo Silveira.
Para 1975, en el Año de la Orientalidad, Silveira es asignado directamente en la OCOA de la División de Ejército I y participa de un intento de chantaje a militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) a quienes torturan para que sus compañeros exiliados en Buenos Aires entreguen la bandera de los 33 Orientales que la OPR-33 había secuestrado en 1969 y el dinero que luego les quitarían en Orletti.
A partir de 1976, Silveira ya era capitán y bajo su alias de ‘Oscar 7’ o ‘Siete Sierras’ se había transformado en un maniático torturador del 300 Carlos, el centro de torturas conocido como el “infierno grande”, ubicado en un galpón del Servicio de Material y Armamentos, a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13. Allí desaparecieron Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Julio Correa, Julio Escudero, Fernando Miranda y Laureano Montes de Oca.
Pájaro coordinado
Silveira niega haber viajado a Buenos Aires o participado en el ‘pozo’ Automotores Orletti;; sin embargo, una de las sobrevivientes, Ana María Salvo, lo recuerda en su primer día en aquel centro de torturas: “El primero en hablar es el oficial Juan Manuel Cordero, quien me conocía por haber allanado varias veces mi casa en Montevideo durante el año 72. También estaban Jorge Silveira y Nino Gavazzo, que me habían interrogado y torturado en Montevideo, en el cuartel de La Paloma, en febrero de 1974".
Las víctimas de Orletti siguieron sufriendo al ‘Pajarito’ Silveira tras su traslado ilegal a Montevideo en el “primer vuelo”. Era uno de los que las interrogaban en el “infierno chico”, como llamaban a la casona que utilizaban en Punta Gorda.
También lo identifican como un visitante continuo cuando las trasladan a la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), en Bulevar Artigas y Palmar, donde ya estaba la nuera del poeta argentino Juan Gelman. “Silveira siempre llegaba en su VW blanco”, atestiguan.
A principios de 1977, Silveira y el policía Ricardo ‘Conejo’ Medina son los que dejan en la puerta de la casa del comisario Ángel Touriño una canastita en la que se encontraba Macarena, la hija que María Claudia García de Gelman, había tenido en el Hospital Militar. Fuentes militares señalan a Silveira, junto a Medina y los coroneles Juan Rodríguez Buratti y Ricardo Arab, como los asesinos de María Claudia, a quien enterraron en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo.
Cuando en enero de 1977 el “infierno grande” se traslada a La Tablada, Silveira y otros miembros de la OCOA (Victoriano Vázquez, Roberto Echavarría y José Luis Parisi) son derivados al Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2, en Punta de Rieles, pero en realidad ‘Pajarito’ seguía operando para la OCOA en los interrogatorios en La Tablada. Por ese centro de detención clandestino pasaron varios de los desaparecidos traídos de Argentina en 1978.
Pájaro sádico
En una entrevista publicada en la revista Posdata, dos colaboradores del FUSNA narran: “Llegó un capitán de OCOA un día que había uno en la ‘máquina’ colgado. ‘¿Lo puedo interrogar?’, preguntó al teniente Juan Carlos Larcebeau. ‘Bueno’, le dijo. Lo conecta y se afirma en el ‘teléfono’ y empieza a darle y darle… y el otro empieza a cimbrarse y largar espuma por la boca y le dio un ataque. Llamamos al médico. Quedó duro. Larcebeau se calienta, saca al capitán y le dice: ‘¿Qué hacés? ¿sos tarado? Le estás dando y no le preguntás nada. ¡Vas a matar al tipo!’… Y el capitán respondió: ‘No, si cuando se mueren hacen crick’ (e hizo un gesto)”. El capitán era Jorge Silveira.
A partir de 1980, ‘Pajarito’ pasó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Conjuntas (Esmaco), que desde la casona donde hoy funciona el Ministerio de Defensa Nacional, en 8 de Octubre, encabezaba unas frustradas conversaciones con los partidos políticos que llevaron al plebiscito por la reforma de la Constitución. Silveira también fungía como jefe de administrativos del Palacio Legislativo, donde actuaba el Consejo de Estado.
En 1981 Silveira vuelve a ser protagonista de uno de los más sanguinarios episodios de violación a los derechos humanos sufridos durante la dictadura. Ocurrió seis meses después de la derrota del plebiscito del 80, en la madrugada del 27 de junio, octavo aniversario del golpe de Estado, cuando 20 adolescentes fueron detenidos en la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), en la calle Maldonado.
El escalofriante relato de lo ocurrido fue denunciado por el senador José Germán Araújo en el Parlamento y relatado por Samuel Blixen en Brecha. “Yo soy el jefe, soy el que mando. Yo hago lo que quiero. Los cojo, los mato”, fueron las primeras palabras de quien llamaban ‘Chimichurri’, que en los 41 días siguientes torturaría a todos, sodomizaría a los varones y violaría a las mujeres. Prefería a las vírgenes.
Pájaro impune
Miembro de la logia militar Chucrut, Silveira fue ascendido a coronel tras la reinstitucionalización del país. Estaba conectado con el Partido Colorado, con el sector del propio presidente Julio María Sanguinetti. Y aunque fue desplazado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, resurgió con el segundo mandato de Sanguinetti en el Estado Mayor Personal del comandante en jefe, Fernán Amado, en 1996.
El 16 de diciembre de 1988, Silveira fue uno de los militares a los que el fiscal militar, coronel José Sambucetti, “interrogó”, por orden de Sanguinetti, en “cumplimiento” del artículo 4º de la Ley de Caducidad.
Se le preguntó si estuvo en Buenos Aires, si conocía a varios desaparecidos, entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte. Todas sus respuestas fueron una breve frase que resumía su impunidad: “Que no”.
La carrera militar de ‘Pajarito’ Silveira finalizó en el año 2000, cuando en una de sus primeras decisiones el nuevo comandante en jefe, Juan Geymonat, lo relevó de su cargo y lo dejó sin destino.
En setiembre de ese año pasó a retiro y fue homenajeado por sus pares en el Círculo Militar, que aquella noche también celebraron que el presidente Jorge Batlle negara información a la justicia argentina sobre ocho militares denunciados por violaciones a los derechos humanos. Silveira era uno de ellos.
El miércoles 5 de setiembre de 2001, en el Día del Retirado del Ejército, el coronel Jorge Silveira fue uno de los condecorados por el comandante en jefe Carlos Daners, quien le entregó una medalla de agradecimiento “por los servicios prestados” y lo señaló como “un ejemplo a seguir”. Pero a partir de su retiro, ‘Pajarito’ perdió su poder en el ámbito militar, en el político y aun en el empresarial.
Pájaro escrachado
Tras el hallazgo de Macarena Gelman, Silveira sumó su preocupación a la de otros represores conocidos como el “Grupo del Aquelarre” que habían sido denunciados internacionalmente y requeridos desde Argentina, España e Italia. Para colmo también fue implicado desde Brasil en el asesinato del ex presidente João Goulart.
Sus problemas comenzaron a agravarse el lunes 27 de octubre de 2003 cuando el diario La República publicó por primera vez su rostro gracias a una foto tomada por el reportero gráfico Sandro Pereyra en la puerta del Círculo Militar. “La puta que los parió, me estaban esperando y me sacaron fotos”, estalló aquel día en el que, desesperado, volvió a refugiarse en el club castrense, al perder la impunidad de su anonimato público.
En diciembre de 2003 se acuarteló en una unidad militar para no concurrir a una citación del juez Alejandro Recarey, que había procesado al ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. ‘Pajarito’ fue ‘escrachado’ por la organización Plenaria, Memoria y Justicia en la propia puerta de la base de Artillería Nº 1 donde se había refugiado.
En enero de 2004 volvió a ser ‘escrachado’ cuando en el balneario Aguas Dulces fue reconocido y se colgaron carteles advirtiendo sobre su presencia. El propio Silveira, posiblemente armado, y acompañado por otra persona, desafió a los veraneantes y sacó a plena luz del día los carteles que lo señalaban como violador de derechos humanos. Aún mantenía su impunidad.
Pájaro enjaulado
En mayo de 2006, Silveira y otros cinco represores fueron encarcelados en forma preventiva ante un pedido de extradición solicitado por la justicia argentina. Finalmente, Silveira y sus compinches terminaron procesados el 11 de setiembre de 2006 por la desaparición en Argentina, en 1976, del uruguayo Adalberto Soba. Desde entonces se encuentra en la cárcel construida en una unidad militar de la calle Domingo Arena.
El presidio no le ha sido fácil a Silveira. Desde un principio quedó distanciado del resto de los militares y policías encarcelados. Terminó compartiendo celda con el dictador Gregorio Álvarez, tras su procesamiento en diciembre de 2007, y sufrió un ataque de depresión que lo llevó a realizar una mediática huelga de hambre en febrero de 2008, para no ir a declarar ante la justicia por el caso Elena Quinteros.
El episodio finalizó cuando el propio arzobispo, monseñor Nicolás Cotugno –quien había sido presidente de la Comisión para la Paz–, aceptó recibir su confesión en la capilla del Hospital Militar donde Silveira había sido internado. En abril de ese año fue interrogado por el juez Juan Fernández Lecchini, ante quien negó haber dicho que el destino de Elena había sido responsabilidad de Gavazzo, quien lo acusó de traidor.
Ahora, ‘Pajarito’ Silveira vuelve a reincidir en el ayuno como protesta, porque se dice inocente de los cargos que se le imputan. Abandonado por su esposa y su familia, Silveira otorgó una entrevista telefónica a Canal 12 en la que sostuvo que reclama someterse a un polígrafo para probar sus dichos. Quizás habría que concedérselo, para preguntarle sobre todos sus otros crímenes una vez que quede sin efecto la Ley de Caducidad.
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Carta de Hijos de Desaparecidos a los Senadores de la República
Montevideo, 25 de octubre de 2010
Sres. Senadores de la R.O.U.
c.c. a todos y todas los/as ciudadanos/as
Presente
Nos dirigimos a Uds. con la intención de puntualizar algunos aspectos de un tema que para nosotros, como para la sociedad toda, es altamente sensible, entendiendo, que el tratamiento del mismo, a nuestro juicio, no ha sido el apropiado.
El debate parlamentario respecto a la ley que dejaría sin efecto la inconstitucional Ley de caducidad se ha centrado en ejes que no son los sustanciales, equivocando tanto las formas como los contenidos del verdadero problema, a saber, permanencia de la impunidad durante más de 30 años de los delitos más graves jamás cometidos ni más ni menos que por el estado uruguayo.
Los abajo firmantes somos hijos de parte de aquella generación (a la cual la mayoría de Uds. también pertenece) que protagonizó los sucesos de los años 60 y 70. Generación que soñó con un mundo más justo y actuó en consecuencia, con errores y aciertos pero inequívocamente con una intención y sentido elevadamente digno y esperanzado.
Lamentablemente querer un mundo distinto los condenó a ser víctimas del terrorismo de estado, el que los persiguió dentro y fuera del país, los secuestró, torturó, asesinó y finalmente desapareció. Algunos de nosotros fuimos también secuestrados, se nos ocultó nuestra verdadera identidad y se nos privó de las figuras parentales que no tuvieron jamás un juicio justo donde se probara su culpabilidad o su inocencia.
Lo que aquí señalamos sucedió hace décadas, cuando la mayoría de nosotros éramos niños, pero la pregunta que nos surge al pensar en el largo tiempo transcurrido es ¿si esto lo convierte en un tema del pasado? ¿Puede considerarse un tema concluso el hecho de que los desaparecidos por el Estado permanezcan al día de hoy desaparecidos? ¿El tiempo, contrariamente a lo que se dice muchas veces no agrava, conforme a cada día que pasa, la ejecución del delito en lugar de atenuarlo?
La desaparición forzada de personas es un delito de compleja perversidad que necesita de ejecutores y de múltiples cómplices, y si en Uruguay existen desaparecidos es porque aún hoy continúan desapareciéndolos, para lo cual ha sido y es necesaria la anuencia, complacencia y aquiescencia del estado democrático.
Por esta razón la impunidad repudiada no es una cuenta con el pasado, ni un asunto que exclusivamente nos afecte como familiares, ni un tema que se resuelva con pragmatismo jurídico y/o político.
La construcción del NUNCA MAS es una imperiosa necesidad que tenemos como sociedad, y se hace con verdad y justicia. No habrá garantías de que no se repita la violación de los derechos humanos mientras exista una ley que ampare a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esta sienta un precedente de horror tácitamente avalado, resiente y cuestiona los valores sobre los cuales pretendemos seguir avanzando y construyendo colectivamente, pauta códigos de convivencia social y cimienta una cultura que naturaliza la impunidad, con gran costo para las futuras generaciones.
Es en este contexto que nuestro derecho a saber qué fue lo que el Estado hizo con ellos y a la justicia que de estos hechos se derive, sigue siendo día tras día vulnerado, luego de 25 años de terminada la dictadura, el estado NO ha logrado develar la verdad en la gran mayoría de los casos, seguimos sin saber sus paraderos, la desaparición de nuestros padres sigue siendo una lamentable realidad.
Nuestro reclamo surge con la tranquilidad de conciencia y la certeza de que no se debiera tener que refrendar la validez y vigencia de los derechos humanos a través de iniciativas populares, sin embargo, sostenemos que el problema a discutir, no es que haya habido un referéndum y un plebiscito, sino que el parlamento haya promulgado una ley indigna que viola nuestros derechos fundamentales como afectados directos y como sociedad toda. Y es aún más sorprendente e indignante que cinco legislaturas hayan permanecido indiferentes a tamaña afrenta.
El error/horror original surge en el parlamento y éste es el que tiene el imperativo histórico de subsanarlo removiéndolo. Conminamos a los señores senadores a ser garantes de los derechos básicos e inalienables de todos y cada uno de los ciudadanos, erradicando del orden jurídico la oprobiosa y vergonzosa ley.
Esta obligación no es sólo una deuda histórica, es una obligación ética que repercute en la posibilidad real de alcanzar una sociedad en donde la verdad y la justicia no sean utopías inalcanzables ni meras declaraciones de principios.
Por último decir que lo que ha nuestros padres se les quitó nada ni nadie puede enmendarlo pero sin duda alguna ellos sonreirían de saber que la búsqueda de la justicia no cesa ni cesará, que la justicia que buscamos es por ellos, pero no para ellos, sino fundamentalmente para los que vendrán. Nos despedimos con palabras de un personaje central de nuestra historia a quien en muchas oportunidades se lo ha invocado para actuar en flagrante contradicción con sus ideas.
¨Yo deseo que triunfe la justicia, que los delitos no queden impunes, seamos inflexibles con este deber y seremos felices”
José Artigas
Por Verdad y Justicia
Adriana Cabrera hija de Ary Cabrera Prates
Martina Callaba hija de José Pedro Callaba Piriz
Celso Callaba hijo de José Pedro Callaba Piriz
Carlos D’Elía hijo de Yolanda Iris Casco Gelphi de D´Elía y de Julio César D’Elía
Sandra Pelua hija de Martín Isabelino Pelua Pereira, sobrina de José Luis Pelua Pereira y nieta de Renee Pereira Gasagoite
Valentina Chaves hija de Ubagesner Chaves Sosa
Elizabeth Varo hija de Juan Ángel Cendán Almada
Fernanda Michelena hija de Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena y José Enrique Michelena Bastarrica
Alejo Michelena hijo de Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena y José Enrique Michelena Bastarrica
Soledad Dossetti hija de Edmundo Sabino Dossetti Techeira y de Ileana Sara María García Ramos de Dossetti
Néstor Duarte hijo de León Gualberto Duarte Lujan
Soledad Fernández hija de Julio Cesar Fernández
Macarena Gelman hija de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman
Carla Goncalvez hija de Jorge Felisberto Goncálvez Busconi
Victoria Julien hija de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite de Julien y de Mario Roger Julien Cáceres
Anatole Julien hijo de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite de Julien y de Mario Roger Julien Cáceres
Esteban Hobbas hijo de Lourdes Hobbas Bellusci de Hernández
Ana Knobel hija de Alejandro Vladimiro José Knobel
Beatriz López hija de Arazatí Ramón López López
Jacqueline López hija de Arazatí Ramón López López
Verónica Mato hija de Miguel Ángel Mato Fagían
Beatriz Mechoso hija de Alberto Cecilio Mechoso Méndez
Alberto Mechoso hijo de Alberto Cecilio Mechoso Méndez
Nadia Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Katia Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Tania Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Martin Castellini hijo de Eduardo Pérez Silveira
Mariana Zaffaroni hija de María Emilia Islas de Zaffaroni y Jorge Zaffaroni Castilla
Victoria Prieto hija de Rubén Prieto González
Nelson Santana sobrino de Nelson Santana Scotto
Sandro Soba hijo de Adalberto Waldemar Soba Fernández
Rosario Urtasun sobrina de José Luis Urtasun Terra
Natalia Urtasun sobrina de José Luis Urtasun Terra
Laura Urtasun sobrina de José Luis Urtasun Terra
Mariana Urtasun sobrina de José Luis Urtasun Terra
Sofia Miranda, nieta de Fernando Miranda
Valentin Enseñat hijo de Miguel Angel Río
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Sres. Senadores de la R.O.U.
c.c. a todos y todas los/as ciudadanos/as
Presente
Nos dirigimos a Uds. con la intención de puntualizar algunos aspectos de un tema que para nosotros, como para la sociedad toda, es altamente sensible, entendiendo, que el tratamiento del mismo, a nuestro juicio, no ha sido el apropiado.
El debate parlamentario respecto a la ley que dejaría sin efecto la inconstitucional Ley de caducidad se ha centrado en ejes que no son los sustanciales, equivocando tanto las formas como los contenidos del verdadero problema, a saber, permanencia de la impunidad durante más de 30 años de los delitos más graves jamás cometidos ni más ni menos que por el estado uruguayo.
Los abajo firmantes somos hijos de parte de aquella generación (a la cual la mayoría de Uds. también pertenece) que protagonizó los sucesos de los años 60 y 70. Generación que soñó con un mundo más justo y actuó en consecuencia, con errores y aciertos pero inequívocamente con una intención y sentido elevadamente digno y esperanzado.
Lamentablemente querer un mundo distinto los condenó a ser víctimas del terrorismo de estado, el que los persiguió dentro y fuera del país, los secuestró, torturó, asesinó y finalmente desapareció. Algunos de nosotros fuimos también secuestrados, se nos ocultó nuestra verdadera identidad y se nos privó de las figuras parentales que no tuvieron jamás un juicio justo donde se probara su culpabilidad o su inocencia.
Lo que aquí señalamos sucedió hace décadas, cuando la mayoría de nosotros éramos niños, pero la pregunta que nos surge al pensar en el largo tiempo transcurrido es ¿si esto lo convierte en un tema del pasado? ¿Puede considerarse un tema concluso el hecho de que los desaparecidos por el Estado permanezcan al día de hoy desaparecidos? ¿El tiempo, contrariamente a lo que se dice muchas veces no agrava, conforme a cada día que pasa, la ejecución del delito en lugar de atenuarlo?
La desaparición forzada de personas es un delito de compleja perversidad que necesita de ejecutores y de múltiples cómplices, y si en Uruguay existen desaparecidos es porque aún hoy continúan desapareciéndolos, para lo cual ha sido y es necesaria la anuencia, complacencia y aquiescencia del estado democrático.
Por esta razón la impunidad repudiada no es una cuenta con el pasado, ni un asunto que exclusivamente nos afecte como familiares, ni un tema que se resuelva con pragmatismo jurídico y/o político.
La construcción del NUNCA MAS es una imperiosa necesidad que tenemos como sociedad, y se hace con verdad y justicia. No habrá garantías de que no se repita la violación de los derechos humanos mientras exista una ley que ampare a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esta sienta un precedente de horror tácitamente avalado, resiente y cuestiona los valores sobre los cuales pretendemos seguir avanzando y construyendo colectivamente, pauta códigos de convivencia social y cimienta una cultura que naturaliza la impunidad, con gran costo para las futuras generaciones.
Es en este contexto que nuestro derecho a saber qué fue lo que el Estado hizo con ellos y a la justicia que de estos hechos se derive, sigue siendo día tras día vulnerado, luego de 25 años de terminada la dictadura, el estado NO ha logrado develar la verdad en la gran mayoría de los casos, seguimos sin saber sus paraderos, la desaparición de nuestros padres sigue siendo una lamentable realidad.
Nuestro reclamo surge con la tranquilidad de conciencia y la certeza de que no se debiera tener que refrendar la validez y vigencia de los derechos humanos a través de iniciativas populares, sin embargo, sostenemos que el problema a discutir, no es que haya habido un referéndum y un plebiscito, sino que el parlamento haya promulgado una ley indigna que viola nuestros derechos fundamentales como afectados directos y como sociedad toda. Y es aún más sorprendente e indignante que cinco legislaturas hayan permanecido indiferentes a tamaña afrenta.
El error/horror original surge en el parlamento y éste es el que tiene el imperativo histórico de subsanarlo removiéndolo. Conminamos a los señores senadores a ser garantes de los derechos básicos e inalienables de todos y cada uno de los ciudadanos, erradicando del orden jurídico la oprobiosa y vergonzosa ley.
Esta obligación no es sólo una deuda histórica, es una obligación ética que repercute en la posibilidad real de alcanzar una sociedad en donde la verdad y la justicia no sean utopías inalcanzables ni meras declaraciones de principios.
Por último decir que lo que ha nuestros padres se les quitó nada ni nadie puede enmendarlo pero sin duda alguna ellos sonreirían de saber que la búsqueda de la justicia no cesa ni cesará, que la justicia que buscamos es por ellos, pero no para ellos, sino fundamentalmente para los que vendrán. Nos despedimos con palabras de un personaje central de nuestra historia a quien en muchas oportunidades se lo ha invocado para actuar en flagrante contradicción con sus ideas.
¨Yo deseo que triunfe la justicia, que los delitos no queden impunes, seamos inflexibles con este deber y seremos felices”
José Artigas
Por Verdad y Justicia
Adriana Cabrera hija de Ary Cabrera Prates
Martina Callaba hija de José Pedro Callaba Piriz
Celso Callaba hijo de José Pedro Callaba Piriz
Carlos D’Elía hijo de Yolanda Iris Casco Gelphi de D´Elía y de Julio César D’Elía
Sandra Pelua hija de Martín Isabelino Pelua Pereira, sobrina de José Luis Pelua Pereira y nieta de Renee Pereira Gasagoite
Valentina Chaves hija de Ubagesner Chaves Sosa
Elizabeth Varo hija de Juan Ángel Cendán Almada
Fernanda Michelena hija de Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena y José Enrique Michelena Bastarrica
Alejo Michelena hijo de Graciela Susana De Gouveia Gallo de Michelena y José Enrique Michelena Bastarrica
Soledad Dossetti hija de Edmundo Sabino Dossetti Techeira y de Ileana Sara María García Ramos de Dossetti
Néstor Duarte hijo de León Gualberto Duarte Lujan
Soledad Fernández hija de Julio Cesar Fernández
Macarena Gelman hija de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman
Carla Goncalvez hija de Jorge Felisberto Goncálvez Busconi
Victoria Julien hija de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite de Julien y de Mario Roger Julien Cáceres
Anatole Julien hijo de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite de Julien y de Mario Roger Julien Cáceres
Esteban Hobbas hijo de Lourdes Hobbas Bellusci de Hernández
Ana Knobel hija de Alejandro Vladimiro José Knobel
Beatriz López hija de Arazatí Ramón López López
Jacqueline López hija de Arazatí Ramón López López
Verónica Mato hija de Miguel Ángel Mato Fagían
Beatriz Mechoso hija de Alberto Cecilio Mechoso Méndez
Alberto Mechoso hijo de Alberto Cecilio Mechoso Méndez
Nadia Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Katia Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Tania Fernández hija de Antonio Omar Paitta Cardozo
Martin Castellini hijo de Eduardo Pérez Silveira
Mariana Zaffaroni hija de María Emilia Islas de Zaffaroni y Jorge Zaffaroni Castilla
Victoria Prieto hija de Rubén Prieto González
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Rosario Urtasun sobrina de José Luis Urtasun Terra
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sábado, 23 de octubre de 2010
Crysol reclama libertad de opción para Salud
RECURSO ANTE PRESIDENCIA
Últimas Noticias. 23 10 10.
El colectivo de ex presos y ex presas políticos Crysol presentó ayer a la Presidencia de la República un recurso de revocación contra el Decreto 297/10 que regula la asistencia de salud en el marco del proyecto de ley de reparación.
Con la firma de 450 ex presos políticos, Crysol presentó al mediodía de ayer al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, un documento en el que solicitaron que el Poder Ejecutivo deje sin efecto el decreto reglamentario del artículo 10° de la Ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, que dispone la reparación integral a "las víctimas de la actuación ilegítima del Estado" en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
El presidente de Crysol, Baldemar Tarocco, dijo a Ultimas Noticias que si bien el artículo 10° de la referida ley dice que los ex presos políticos tienen derecho a la atención de la salud por el Sistema Nacional Integrado de Salud, "el decreto dice que únicamente podemos atendernos por Asse". "Esto es violatorio del artículo 10° y que nos priva de la libre opción de dónde queremos atendernos en materia de salud", dijo.
El referido artículo establece que "las víctimas que hubiesen permanecido detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas o que hubiesen sido procesadas o hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud".
Además, se indica que el Estado "ofrecerá los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas". Sin embargo, advierte que "el Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad y extensión de las prestaciones".
La gringa en el Palacio
Brecha. 22 10 10. Por Walter Pernas
Aprobado en Diputados, el proyecto que busca invalidar la ley de caducidad no cuenta con el apoyo de los senadores frenteamplistas Saravia y Nin Novoa. Este último se retiraría de sala al momento de la votación y se obtendrían los votos para aprobarlo también en el Senado.
El debate que en estos momentos enciende las voces de los legisladores nacionales respecto de si se debe o no eliminar la ley de caducidad del derecho interno cumple con las características de una obra teatral digna del maestro Florencio Sánchez, quien supo representar con fidelidad la idiosincrasia criolla de fines del siglo xix y principios del xx, de mirada siempre hacia el ombligo, y desconfianza y temor de todo lo que proviniese de afuera.
En aquellos años, las fronteras de los gauchos y las chinas se hallaban en la última estación del ferrocarril. No así las de los legisladores que, como hoy, podían viajar y conocer otros países y culturas, y estar al tanto de los acontecimientos mundiales y de los debates filosóficos universales más en boga.
“¡Pucha, gringos desalmaos!” Esta expresión tan oriental de aquellos tiempos, que valía para cuestionar al italiano o español que hacía trabajar a sus hijos, fueran adolescentes o niños, también servía para criticar a quienes lograban posicionarse económicamente, esos que traían en sus valijas ideas atrevidas, de otros mundos.
Hoy Uruguay busca desesperadamente que esas valijas lleguen cargadas de ideas atrevidas y dinero fresco, y para ello se dan incentivos y se publicita al país en otros mundos, o mejor dicho en otras partes de la gran aldea.
Se crea así una paradoja entre lo que se pregona para la industria y el turismo –un Uruguay abierto al mundo, menos aldeano, o más aldeano global – y lo que se piensa y muestra hacia afuera sobre el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. La mirada de algunos legisladores parece chocar contra murallas intangibles creadas para protegerse de la invasión de ideas revolucionarias que pretenden hacernos creer que un ser humano tiene derechos que ni el pueblo puede sacarle a uno, fíjese usté… ¿Habrá más?
Ojos y oídos.
El proyecto que busca invalidar la ley 15.848 fue aprobado en Diputados sólo con los votos de los legisladores frenteamplistas, algunos de los cuales levantaron la mano por disciplina partidaria.
El artículo 1 del proyecto interpreta que “el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República”.
Es difícil para un legislador afirmar que se está en contra de estos principios inherentes a la persona humana. Sin embargo, se escuchan voces parlamentarias –las clásicas de los partidos tradicionales, pero también algunas del Frente Amplio – que se oponen directa o indirectamente a estos enunciados elementales.
Los legisladores de la oposición y los senadores Jorge Saravia (elegido por el MPP, pero ahora independiente) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) parecen hacer oídos sordos a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está a punto de condenar a Uruguay por haber creado en 1986 y todavía no haber eliminado la ley de impunidad.
De exigencias como éstas han sido objeto varios países de Latinoamérica también afectados por dictaduras y masacres de gobiernos autoritarios, y en todos los casos se ha cumplido el mandato del órgano internacional de derechos humanos.
¿Cómo se explica que Uruguay se jacte de ser siempre de los primeros países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos, si en el ámbito local los incumple?
Argentina, por ejemplo, recorrió sus caminos legales, distintos de los uruguayos, para terminar con las leyes de obediencia debida y punto final.
En Uruguay se ha barrido bajo la alfombra nada más ni nada menos que el polvo de los zapatos gastados de caminar en marchas de silencio contra la impunidad, en las que se pide verdad y justicia.
Por eso el proyecto que defiende el Frente Amplio como partido, luego de una ardua discusión que mejoró su tibieza inicial para enfrentar a la ley, busca dejar la escoba a un lado y sacudir la alfombra sobre la que pisan los torturadores, homicidas, responsables de desapariciones forzadas, de secuestros de niños…
El artículo 2 de la iniciativa declara como interpretación obligatoria “que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución y carecen de valor jurídico alguno”.
Estos puntos tan cuestionados por los que hacen oposición, fuera y dentro del partido de gobierno, no resultan una invención parlamentaria ni un atrevimiento uruguayo contra la corriente de la comunidad internacional.
Humano sobre el soberano.
Otros países anularon sus leyes de impunidad, o las derogaron y declararon “cosa juzgada fraudulenta” en los casos amparados por tales leyes. Las declararon inaplicables, sin efecto o sin valor jurídico, las eliminaron, las erradicaron del derecho interno.
Uruguay cuenta con la experiencia internacional, pero a cinco minutos en auto desde el Palacio Legislativo, en otro palacio, el Piria, y también en el sitio web del Poder Judicial –para mayor facilidad de acceso – se puede leer la sentencia número 365 del año 2009, dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucionales los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848.
En esa sentencia inapelable, el máximo organismo judicial esgrime argumentos que hoy son incluidos en el proyecto de ley en debate: “A modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de funcionarios militares y policiales que cometieron delitos de esta naturaleza, gozando de impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacional como de los estados que pasaron por procesos similares al vivido por el Uruguay en la misma época.
Tales pronunciamientos, por la similitud con la cuestión analizada y por la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse en el examen de constitucionalidad de la ley nº 15.848 y han sido tenidos en cuenta por la corporación para dictar el presente fallo”.
“La corporación comparte la línea de pensamiento según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta (a la Constitución) por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos”, sostiene la scj.
Citando juristas internacionales la Suprema Corte entiende “que no puede ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos. Los derechos humanos han desplazado el enfoque del tema y ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada para el Estado en su rol de constituyente.
Por el contrario, la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los estados sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado. (...) En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”, señala el fallo.
En estos enunciados de la sentencia se encuentra la clave de las respuestas para aquellos que entienden ilegítimo eliminar una ley que ha sorteado un referéndum (1989) y un plebiscito (2009), sin entrar al debate sobre la censura mediática al voto verde en la primera consulta, y la falta de una papeleta por el No en la segunda.
El artículo 3 del proyecto declara que se podrán reabrir todas las causas archivadas, y en ningún caso quedará extinguida la acción penal ni se podrá hacer valer el beneficio de la “cosa juzgada” para los represores. Y si bien la iniciativa no es categórica al definir imprescriptibles los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, le resta 24 años al plazo de prescripción (1986-2010) que se pudiese alegar para algunos delitos, y que hoy eventualmente podría vencer en 2011, al cumplirse 26 años y ocho meses de la restauración democrática.
Aprobado el proyecto, los delitos de lesa humanidad en los que incurrieron los represores de la dictadura que, eventual y paradójicamente, no se declarasen imprescriptibles, podrían perseguirse penalmente hasta al menos 2035.
El proyecto será discutido ahora en el Senado, donde se considera probable el voto en contra de Saravia. Pero en el caso de Nin Novoa la posición partidaria posiblemente se imponga, aunque el legislador se retire de sala y deje entrar a su suplente Gustavo Guarino al momento de votar. Así, se obtendrían los 16 votos necesarios para sancionar la ley.
Si Nin Novoa votara en contra se ganaría el papel protagónico de la obra teatral. ¡Amalaya, no suceda!
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Aprobado en Diputados, el proyecto que busca invalidar la ley de caducidad no cuenta con el apoyo de los senadores frenteamplistas Saravia y Nin Novoa. Este último se retiraría de sala al momento de la votación y se obtendrían los votos para aprobarlo también en el Senado.
El debate que en estos momentos enciende las voces de los legisladores nacionales respecto de si se debe o no eliminar la ley de caducidad del derecho interno cumple con las características de una obra teatral digna del maestro Florencio Sánchez, quien supo representar con fidelidad la idiosincrasia criolla de fines del siglo xix y principios del xx, de mirada siempre hacia el ombligo, y desconfianza y temor de todo lo que proviniese de afuera.
En aquellos años, las fronteras de los gauchos y las chinas se hallaban en la última estación del ferrocarril. No así las de los legisladores que, como hoy, podían viajar y conocer otros países y culturas, y estar al tanto de los acontecimientos mundiales y de los debates filosóficos universales más en boga.
“¡Pucha, gringos desalmaos!” Esta expresión tan oriental de aquellos tiempos, que valía para cuestionar al italiano o español que hacía trabajar a sus hijos, fueran adolescentes o niños, también servía para criticar a quienes lograban posicionarse económicamente, esos que traían en sus valijas ideas atrevidas, de otros mundos.
Hoy Uruguay busca desesperadamente que esas valijas lleguen cargadas de ideas atrevidas y dinero fresco, y para ello se dan incentivos y se publicita al país en otros mundos, o mejor dicho en otras partes de la gran aldea.
Se crea así una paradoja entre lo que se pregona para la industria y el turismo –un Uruguay abierto al mundo, menos aldeano, o más aldeano global – y lo que se piensa y muestra hacia afuera sobre el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. La mirada de algunos legisladores parece chocar contra murallas intangibles creadas para protegerse de la invasión de ideas revolucionarias que pretenden hacernos creer que un ser humano tiene derechos que ni el pueblo puede sacarle a uno, fíjese usté… ¿Habrá más?
Ojos y oídos.
El proyecto que busca invalidar la ley 15.848 fue aprobado en Diputados sólo con los votos de los legisladores frenteamplistas, algunos de los cuales levantaron la mano por disciplina partidaria.
El artículo 1 del proyecto interpreta que “el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República”.
Es difícil para un legislador afirmar que se está en contra de estos principios inherentes a la persona humana. Sin embargo, se escuchan voces parlamentarias –las clásicas de los partidos tradicionales, pero también algunas del Frente Amplio – que se oponen directa o indirectamente a estos enunciados elementales.
Los legisladores de la oposición y los senadores Jorge Saravia (elegido por el MPP, pero ahora independiente) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) parecen hacer oídos sordos a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está a punto de condenar a Uruguay por haber creado en 1986 y todavía no haber eliminado la ley de impunidad.
De exigencias como éstas han sido objeto varios países de Latinoamérica también afectados por dictaduras y masacres de gobiernos autoritarios, y en todos los casos se ha cumplido el mandato del órgano internacional de derechos humanos.
¿Cómo se explica que Uruguay se jacte de ser siempre de los primeros países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos, si en el ámbito local los incumple?
Argentina, por ejemplo, recorrió sus caminos legales, distintos de los uruguayos, para terminar con las leyes de obediencia debida y punto final.
En Uruguay se ha barrido bajo la alfombra nada más ni nada menos que el polvo de los zapatos gastados de caminar en marchas de silencio contra la impunidad, en las que se pide verdad y justicia.
Por eso el proyecto que defiende el Frente Amplio como partido, luego de una ardua discusión que mejoró su tibieza inicial para enfrentar a la ley, busca dejar la escoba a un lado y sacudir la alfombra sobre la que pisan los torturadores, homicidas, responsables de desapariciones forzadas, de secuestros de niños…
El artículo 2 de la iniciativa declara como interpretación obligatoria “que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución y carecen de valor jurídico alguno”.
Estos puntos tan cuestionados por los que hacen oposición, fuera y dentro del partido de gobierno, no resultan una invención parlamentaria ni un atrevimiento uruguayo contra la corriente de la comunidad internacional.
Humano sobre el soberano.
Otros países anularon sus leyes de impunidad, o las derogaron y declararon “cosa juzgada fraudulenta” en los casos amparados por tales leyes. Las declararon inaplicables, sin efecto o sin valor jurídico, las eliminaron, las erradicaron del derecho interno.
Uruguay cuenta con la experiencia internacional, pero a cinco minutos en auto desde el Palacio Legislativo, en otro palacio, el Piria, y también en el sitio web del Poder Judicial –para mayor facilidad de acceso – se puede leer la sentencia número 365 del año 2009, dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucionales los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848.
En esa sentencia inapelable, el máximo organismo judicial esgrime argumentos que hoy son incluidos en el proyecto de ley en debate: “A modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de funcionarios militares y policiales que cometieron delitos de esta naturaleza, gozando de impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto de la comunidad internacional como de los estados que pasaron por procesos similares al vivido por el Uruguay en la misma época.
Tales pronunciamientos, por la similitud con la cuestión analizada y por la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse en el examen de constitucionalidad de la ley nº 15.848 y han sido tenidos en cuenta por la corporación para dictar el presente fallo”.
“La corporación comparte la línea de pensamiento según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta (a la Constitución) por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos”, sostiene la scj.
Citando juristas internacionales la Suprema Corte entiende “que no puede ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos. Los derechos humanos han desplazado el enfoque del tema y ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada para el Estado en su rol de constituyente.
Por el contrario, la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los estados sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado. (...) En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”, señala el fallo.
En estos enunciados de la sentencia se encuentra la clave de las respuestas para aquellos que entienden ilegítimo eliminar una ley que ha sorteado un referéndum (1989) y un plebiscito (2009), sin entrar al debate sobre la censura mediática al voto verde en la primera consulta, y la falta de una papeleta por el No en la segunda.
El artículo 3 del proyecto declara que se podrán reabrir todas las causas archivadas, y en ningún caso quedará extinguida la acción penal ni se podrá hacer valer el beneficio de la “cosa juzgada” para los represores. Y si bien la iniciativa no es categórica al definir imprescriptibles los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, le resta 24 años al plazo de prescripción (1986-2010) que se pudiese alegar para algunos delitos, y que hoy eventualmente podría vencer en 2011, al cumplirse 26 años y ocho meses de la restauración democrática.
Aprobado el proyecto, los delitos de lesa humanidad en los que incurrieron los represores de la dictadura que, eventual y paradójicamente, no se declarasen imprescriptibles, podrían perseguirse penalmente hasta al menos 2035.
El proyecto será discutido ahora en el Senado, donde se considera probable el voto en contra de Saravia. Pero en el caso de Nin Novoa la posición partidaria posiblemente se imponga, aunque el legislador se retire de sala y deje entrar a su suplente Gustavo Guarino al momento de votar. Así, se obtendrían los 16 votos necesarios para sancionar la ley.
Si Nin Novoa votara en contra se ganaría el papel protagónico de la obra teatral. ¡Amalaya, no suceda!
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viernes, 22 de octubre de 2010
La espera
Por Marcelo Jelen. La Diaria 22 10 10
El camino hacia el fin de la Ley de Caducidad ha sido culebrero y cuesta arriba. Parece interminable: después de logrado en diversos ámbitos del oficialismo un trabajoso y cambiante acuerdo, y después de la ajustada votación del miércoles en la Cámara de Representantes, los disensos dentro del Frente Amplio hacen peligrar la consagración en el Senado del proyecto de ley interpretativa que derrumbaría el imperio de la impunidad. Los dados siguen girando en el aire.
El texto en discusión es bastante complicado. Ratifica principios constitucionales y del derecho internacional. Declara que tres artículos de la Ley 15.848 adolecen de “ilegitimidad manifiesta”, son inconstitucionales y “carecen de valor jurídico alguno”. También establece procedimientos que devolverían al Poder Judicial su función de esclarecer delitos y determinar el castigo de sus responsables, en este caso las aberraciones de la pasada dictadura cívico-militar.
La solución no puede ser sencilla. Hubo que afilar mucho el lápiz. El frenteamplista Jorge Orrico, presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, calificó la iniciativa de “sutileza jurídica”. Desde la oposición se cuestiona su prolijidad técnica (“gran mamarracho”, dijo el diputado colorado Fitzgerald Cantero). El Herrerismo evaluó que viola el principio de independencia del Poder Judicial.
Esas críticas le caben mucho mejor a una ley cuyo primer artículo ordena lo siguiente: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”, etcétera. Reconózcase que, si las consecuencias de la impunidad no fueran tan trágicas, la frase sonaría hasta cómica de tan rebuscada.
Desanudar este embrollo requiere herramientas igual de complejas. La iniciativa de reforma constitucional que fracasó en octubre de 2009 también apelaba a un recurso jurídico raro.
Los contrarios al recurso llegaron a negarle validez jurídica al instrumento de la anulación de una ley, a pesar de que se ha utilizado antes en Uruguay, una de cuyas normas fundacionales declaró en 1825 “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” los lazos con el entonces imperialista Brasil. Otro argumento que se maneja contra el proyecto de ley interpretativa es político, aunque a menudo se lo pretende hacer pasar por jurídico: ya fracasaron dos consultas populares contra la Ley de Caducidad.
“Le pedimos al Frente Amplio que respete lo que la gente decidió”, dijo el líder colorado, Pedro Bordaberry. “El Frente no puede convocar al pueblo y luego desoírlo”, dijo la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa. “El plebiscito es una decisión superior a cualquier ley”, dijo el senador frenteamplista Jorge Saravia. Estos reclamos suponen que los dos recursos rechazados por la ciudadanía y la iniciativa ahora a estudio del Parlamento son idénticos, o que una norma refrendada en las urnas se convierte en una especie de “superley” que prima sobre la Constitución.
Y ninguna de esas dos presunciones son ciertas: los tres instrumentos son bien diferentes y no hay normas de más jerarquía que las constitucionales.
Los detalles jurídicos importan. La política, también. Es cierto: la impunidad de los crímenes de la dictadura ya no es absoluta. Pero los jueces deberán seguir pidiendo permiso al gobierno para hacer su trabajo si sigue vigente la Ley de Caducidad, aunque el Poder Ejecutivo exceptúe su aplicación en cada caso que se le presente o la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para todos ellos.
La persistencia de la norma en el Derecho uruguayo podrá ser leída como un permiso para el autoritarismo. También admite la posibilidad de que alguien crea que su fin justifica cualquier medio, que el dilema entre democracia y dictadura es algo banal, o que da igual la vigencia de los derechos humanos o su violación.
Falta poco para que se despeje la incógnita. Habrá que esperar hasta el mes que viene. Entonces, con suerte, se restaurará la búsqueda de la verdad sobre las atrocidades de la dictadura por la vía judicial y la determinación formal de inocencias, culpabilidades y eventuales castigos. Faltará, todavía, que las Fuerzas Armadas pidan perdón a las víctimas, sus familiares y a una sociedad que sufrió formas más leves pero también abominables de represión.
Tal vez se abra, además, un ciclo en que hablar de derechos humanos en este país sea mucho más que hablar sobre la dictadura. Que, sin olvidar ni perdonar la crueldad institucionalizada de esos años, e incluso apelando a ella como referencia, los uruguayos les den importancia a los derechos humanos del día a día y exijan su respeto. Que las autoridades establezcan políticas y normas que los promuevan y afiancen. Que la caducidad de la caducidad no haga caducar la lucha permanente por la vigencia de esos derechos.
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El camino hacia el fin de la Ley de Caducidad ha sido culebrero y cuesta arriba. Parece interminable: después de logrado en diversos ámbitos del oficialismo un trabajoso y cambiante acuerdo, y después de la ajustada votación del miércoles en la Cámara de Representantes, los disensos dentro del Frente Amplio hacen peligrar la consagración en el Senado del proyecto de ley interpretativa que derrumbaría el imperio de la impunidad. Los dados siguen girando en el aire.
El texto en discusión es bastante complicado. Ratifica principios constitucionales y del derecho internacional. Declara que tres artículos de la Ley 15.848 adolecen de “ilegitimidad manifiesta”, son inconstitucionales y “carecen de valor jurídico alguno”. También establece procedimientos que devolverían al Poder Judicial su función de esclarecer delitos y determinar el castigo de sus responsables, en este caso las aberraciones de la pasada dictadura cívico-militar.
La solución no puede ser sencilla. Hubo que afilar mucho el lápiz. El frenteamplista Jorge Orrico, presidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, calificó la iniciativa de “sutileza jurídica”. Desde la oposición se cuestiona su prolijidad técnica (“gran mamarracho”, dijo el diputado colorado Fitzgerald Cantero). El Herrerismo evaluó que viola el principio de independencia del Poder Judicial.
Esas críticas le caben mucho mejor a una ley cuyo primer artículo ordena lo siguiente: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”, etcétera. Reconózcase que, si las consecuencias de la impunidad no fueran tan trágicas, la frase sonaría hasta cómica de tan rebuscada.
Desanudar este embrollo requiere herramientas igual de complejas. La iniciativa de reforma constitucional que fracasó en octubre de 2009 también apelaba a un recurso jurídico raro.
Los contrarios al recurso llegaron a negarle validez jurídica al instrumento de la anulación de una ley, a pesar de que se ha utilizado antes en Uruguay, una de cuyas normas fundacionales declaró en 1825 “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” los lazos con el entonces imperialista Brasil. Otro argumento que se maneja contra el proyecto de ley interpretativa es político, aunque a menudo se lo pretende hacer pasar por jurídico: ya fracasaron dos consultas populares contra la Ley de Caducidad.
“Le pedimos al Frente Amplio que respete lo que la gente decidió”, dijo el líder colorado, Pedro Bordaberry. “El Frente no puede convocar al pueblo y luego desoírlo”, dijo la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa. “El plebiscito es una decisión superior a cualquier ley”, dijo el senador frenteamplista Jorge Saravia. Estos reclamos suponen que los dos recursos rechazados por la ciudadanía y la iniciativa ahora a estudio del Parlamento son idénticos, o que una norma refrendada en las urnas se convierte en una especie de “superley” que prima sobre la Constitución.
Y ninguna de esas dos presunciones son ciertas: los tres instrumentos son bien diferentes y no hay normas de más jerarquía que las constitucionales.
Los detalles jurídicos importan. La política, también. Es cierto: la impunidad de los crímenes de la dictadura ya no es absoluta. Pero los jueces deberán seguir pidiendo permiso al gobierno para hacer su trabajo si sigue vigente la Ley de Caducidad, aunque el Poder Ejecutivo exceptúe su aplicación en cada caso que se le presente o la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para todos ellos.
La persistencia de la norma en el Derecho uruguayo podrá ser leída como un permiso para el autoritarismo. También admite la posibilidad de que alguien crea que su fin justifica cualquier medio, que el dilema entre democracia y dictadura es algo banal, o que da igual la vigencia de los derechos humanos o su violación.
Falta poco para que se despeje la incógnita. Habrá que esperar hasta el mes que viene. Entonces, con suerte, se restaurará la búsqueda de la verdad sobre las atrocidades de la dictadura por la vía judicial y la determinación formal de inocencias, culpabilidades y eventuales castigos. Faltará, todavía, que las Fuerzas Armadas pidan perdón a las víctimas, sus familiares y a una sociedad que sufrió formas más leves pero también abominables de represión.
Tal vez se abra, además, un ciclo en que hablar de derechos humanos en este país sea mucho más que hablar sobre la dictadura. Que, sin olvidar ni perdonar la crueldad institucionalizada de esos años, e incluso apelando a ella como referencia, los uruguayos les den importancia a los derechos humanos del día a día y exijan su respeto. Que las autoridades establezcan políticas y normas que los promuevan y afiancen. Que la caducidad de la caducidad no haga caducar la lucha permanente por la vigencia de esos derechos.
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Sólo falta el golpe de gracia
La República. Editorial. 22 10 10
La dignidad sorteó la primera batalla y salió airosa en su guerra contra la impunidad. La Cámara de Representantes aprobó la ley interpretativa que declara la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848; ahora sólo falta la estocada final, el golpe de gracia, tarea que corresponde al Senado, para borrar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico una norma que nos llena de vergüenza.
Vale la pena recordar que ese engendro jurídico básicamente inmoral fue pergeñado por las dirigencias de los partidos tradicionales, genuflexas ante la prepotencia castrense, que se convirtieron así en celosos perros guardianes de la impunidad de los terroristas de Estado; de alguna manera, estaban devolviendo un favor puesto que el aparato represivo fue el recurso a que había apelado la oligarquía en defensa de sus intereses y privilegios. Y si los cancerberos se excedieron en su violencia represiva y se extralimitaron en sus funciones al punto de tomar el gobierno y desplazar a los políticos de derecha, bueno, es un pecadillo perdonable del que debían ser absueltos.
Ese fue el talante de la mayoría de los integrantes de las colectividades políticas históricas al momento de encontrar la solución al problema planteado por la amenaza de desacato militar. En rigor, no se puede decir que hubieran cedido a las presiones de los jerarcas castrenses; más bien habría que decir que los dirigentes blancos y colorados se prestaron complacientes a oficiar de transmisores de la postura militar, generando en la población el temor de un nuevo quiebre institucional. Hay que reconocer que hicieron bien el mandado.
Fue bajo el imperio de ese temor que se realizó el plebiscito en 1989, con el resultado por todos conocido. El segundo plebiscito de octubre de 2009 se llevó a cabo en un clima bien diferente, ya sin el menor atisbo de temor. Pero luego del tiempo transcurrido, y aplacadas la efervescencia y la indignación que campeaban 20 años atrás, la mayoría del electorado no se sintió motivada para introducir en el sobre de votación la papeleta rosada con el Sí a la anulación de la Ley 15.848.
Toda la argumentación de quienes son partidarios de mantener la impunidad y se oponen con ahínco a la iniciativa de dejarla sin efecto se basa precisamente en los resultados de las dos consultas populares, aduciendo que no se puede desconocer la voluntad del soberano. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que por más que una norma haya sido ratificada ¬una o mil veces, poco importa¬ por el cuerpo electoral, ese hecho no la legitima automáticamente si dicha norma violenta principios y disposiciones contenidos en la Constitución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue terminante a este respecto: la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad no le quita su carácter de inconstitucional. Una ley sancionada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo que estableciera, por ejemplo, que el delito de copamiento sea castigado con la horca, sería violatoria del artículo 26 de la Carta y, por ende, inconstitucional, aunque el cuerpo electoral la ratificara por una mayoría considerable.
Y causa gracia oír, de boca de algunos connotados dirigentes de la derecha, el argumento de que la ley interpretativa sancionada en Diputados es inconstitucional. Ahora les ha venido el prurito jurídico, siendo que nunca admitieron que la de Caducidad sí es contraria a la Constitución.
En fin, el Senado tiene la palabra. Tiene en sus manos la responsabilidad histórica de devolvernos la dignidad.
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La dignidad sorteó la primera batalla y salió airosa en su guerra contra la impunidad. La Cámara de Representantes aprobó la ley interpretativa que declara la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848; ahora sólo falta la estocada final, el golpe de gracia, tarea que corresponde al Senado, para borrar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico una norma que nos llena de vergüenza.
Vale la pena recordar que ese engendro jurídico básicamente inmoral fue pergeñado por las dirigencias de los partidos tradicionales, genuflexas ante la prepotencia castrense, que se convirtieron así en celosos perros guardianes de la impunidad de los terroristas de Estado; de alguna manera, estaban devolviendo un favor puesto que el aparato represivo fue el recurso a que había apelado la oligarquía en defensa de sus intereses y privilegios. Y si los cancerberos se excedieron en su violencia represiva y se extralimitaron en sus funciones al punto de tomar el gobierno y desplazar a los políticos de derecha, bueno, es un pecadillo perdonable del que debían ser absueltos.
Ese fue el talante de la mayoría de los integrantes de las colectividades políticas históricas al momento de encontrar la solución al problema planteado por la amenaza de desacato militar. En rigor, no se puede decir que hubieran cedido a las presiones de los jerarcas castrenses; más bien habría que decir que los dirigentes blancos y colorados se prestaron complacientes a oficiar de transmisores de la postura militar, generando en la población el temor de un nuevo quiebre institucional. Hay que reconocer que hicieron bien el mandado.
Fue bajo el imperio de ese temor que se realizó el plebiscito en 1989, con el resultado por todos conocido. El segundo plebiscito de octubre de 2009 se llevó a cabo en un clima bien diferente, ya sin el menor atisbo de temor. Pero luego del tiempo transcurrido, y aplacadas la efervescencia y la indignación que campeaban 20 años atrás, la mayoría del electorado no se sintió motivada para introducir en el sobre de votación la papeleta rosada con el Sí a la anulación de la Ley 15.848.
Toda la argumentación de quienes son partidarios de mantener la impunidad y se oponen con ahínco a la iniciativa de dejarla sin efecto se basa precisamente en los resultados de las dos consultas populares, aduciendo que no se puede desconocer la voluntad del soberano. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que por más que una norma haya sido ratificada ¬una o mil veces, poco importa¬ por el cuerpo electoral, ese hecho no la legitima automáticamente si dicha norma violenta principios y disposiciones contenidos en la Constitución.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue terminante a este respecto: la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad no le quita su carácter de inconstitucional. Una ley sancionada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo que estableciera, por ejemplo, que el delito de copamiento sea castigado con la horca, sería violatoria del artículo 26 de la Carta y, por ende, inconstitucional, aunque el cuerpo electoral la ratificara por una mayoría considerable.
Y causa gracia oír, de boca de algunos connotados dirigentes de la derecha, el argumento de que la ley interpretativa sancionada en Diputados es inconstitucional. Ahora les ha venido el prurito jurídico, siendo que nunca admitieron que la de Caducidad sí es contraria a la Constitución.
En fin, el Senado tiene la palabra. Tiene en sus manos la responsabilidad histórica de devolvernos la dignidad.
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jueves, 21 de octubre de 2010
Dicen que se fue... Dicen que volverá ...
La muerte, según El Sabalero
Me enrosco en tus ancas fuertes
y en tus ternuras, mi negra
me gusta vivir la vida
entregándome a la suerte
pa' no tener tanto miedo
cuando me abrace la muerte
Será porque tengo el cuerpo
llenito de madrugadas
que busco una muerte viva
jamás una muerte mansa
o será que no se eligen
estos barullos del alma
Atrás de la enamorada
anda el que esta enamorando
detrás de mi vida, negra, corren
los que van matando
Con chorros de mariposas
enamoramos la vida
entre sábanas calientes
promesas y despedidas
y bajo cada aletazo
anda la muerte escondida
Angelito de Bosteco
ventanita de un verano
me enseñaste la tristeza
cuando soltaste mi mano
Quedarás con los mariachis
cantarás en las trompetas
y yo me marcho solito
llorando por que me cuesta
La muerte no tiene manos
la vida se las quitó
pero le dejó la boca
y le dice: Ven, mi amor
Muerte que anda de amargura
como si se lo pidiera
déjeme un ratito solo
pa' arreglarme con mis penas
Le juro que si se ensaña, muerte
con mi corazón
el día que me caliente
entro a perseguirla yo
¿Con quién se moja la muerte
que nunca chupa conmigo?
y amigo de buena vida
no le importa ni un comino
¿A dónde se irá la muerte
que salió en punta de pie?
- !No me interesa compadre!,
ya lo sabremos después
La muerte andaba rondando
quien sabe dónde andará
no me dejes alegría
no te vayas vida mía
que esta puta, vieja y fría
nos tumba sin avisar
(1984)
¡¡¡ No te vayas nunca, Sabalero !!!
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Diputados votó dejar sin efecto la Ley de Caducidad
Por 50 votos en 80. Blancos, colorados y PI se alinearon contra el texto
Tras 11,5 horas de discusión, Diputados votó dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
Los 50 diputados del Frente Amplio le dieron media sanción a la ley que interpretará la Ley de Caducidad tras casi 12 horas de sesión. Los 30 blancos, independientes y colorados la votaron en contra.
La República. 21 10 10. Ricardo Portela
A las 22.00 horas en punto. Media sanción al proyecto del oficialismo.
Un centenar de personas siguieron de cerca todo el debate que está poniendo fin a 24 años de la Ley de Caducidad.
Renga y con ojo morado quedó anoche, a las 22.00 horas en punto, la 15.848, la Ley de Caducidad. Casi 24 años después que fuera sancionada en un mes de diciembre por el parlamento del año 1986 se llegó a la jornada de ayer que, tras once horas y media de exposiciones y con el voto a favor de los 50 legisladores de la bancada del Frente Amplio y la posición en contra de los 30 parlamentarios blancos, colorados e independientes, este Poder Legislativo le concedió la media sanción a la ley interpretativa que establecerá su inaplicabilidad en el sistema jurídico uruguayo.
En pocos días más el Senado terminará rubricando lo realizado ayer por los Diputados y, con esta posición, el Estado uruguayo se presentará ante los estrados internacionales de los Derechos Humanos, una de las tantas causas por la que el espectro político nacional resolvió dar ayer este paso.
Pero hubo durante todo el día de ayer infinidad de sensaciones. Desde intervenciones hondamente emotivas hasta aquellas destempladas o de presagios agoreros. Hubo silencios ensordecedores y por otro lado algunos relatos que provocaban el mutismo. Lágrimas furtivas y disimuladas voces quebradas.
Faltó sí el acostumbrado debate y el cruce de opiniones que en el Parlamento casi siempre ocurre. Tampoco hubo necesidad de que desde la presidencia se llamaran a los legisladores a sala o se le reclamara a los que durante toda la jornada ocuparon las barras a no expresar ninguna manifestación, so pena de ser desalojados. Seguramente primó, por sobre todas las cosas, la raíz de lo que se estaba analizando que determinó un permanente silencio en sala y un acatamiento del reglamento en forma estricta.
En la mayoría de las intervenciones que en las once horas y media se escucharon en esta cámara parlamentaria, no resultaba difícil percibir en esos relatos otras instancias legislativas de algunos de esos legisladores en las que también se debatía el futuro de los Derechos Humanos en el marco del imperio de la ley de Caducidad. O también se dibujaban cómo se vivieron los días posteriores a las dos consultas populares a la que fue sometida la Ley de Caducidad; en 1989 y en 2009, cuando el resultado de esas instancias era adverso para los que pretendían desterrar la ley del marco jurídico pero que anoche no dejaban de valorar, pese a todo.
Como era de esperarse, los argumentos esgrimidos desde el oficialismo y desde la oposición transitaron por aspectos jurídicos, políticos e históricos a la hora de defender o rechazar el proyecto de ley interpretativo al de la Ley de Caducidad.
La sesión
Media hora más tarde de la hora fijada para su comienzo, los diputados designados como voceros de los informes redactados Felipe Michelini (FA), Ana Lía Piñeyrúa (PN) y Gustavo Cersósimo (PC)- iniciaron la sesión leyendo las conclusiones a las que sus correspondientes partidos habían arribado y el por qué del sentido de su posición con respecto al proyecto en cuestión.
Luego de un cuarto intermedio realizado al mediodía, el frentista Jorge Orrico, presidente de la Comisión de Constitución y Códigos que 48 horas antes había aprobado el proyecto de ley interpretativo, incursionó en el ámbito jurídico al defender la iniciativa presentada por el Frente Amplio.
Alardeando por su condición de abogado y conocedor en la materia, se preguntó: "¿Qué ocurriría si la ciudadanía avalara en una consulta popular la pena de muerte o la expropiación de la propiedad privada por parte del Estado sin resarcimiento de ningún tipo? ¿También tendríamos que avalar esas posturas como desde la oposición se pide que suscribamos las circunstanciales mayorías alcanzadas en el referéndum y en el plebiscito sobre la ley de Caducidad?".
El herrerista Gustavo Borsari insistió por enésima vez con el significado que encierra la frase del general José Artigas, mil veces citada ayer: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". El diputado blanco reconoció, sin embargo, que en esa frase Artigas no aludía a la "soberanía" del pueblo sino a la de los representantes que conformaban el entonces Congreso de Tres Cruces. Sin embargo, Borsari intentaba señalar que "cuando el pueblo se pronuncia no se debe torcer ese pronunciamiento". Una clásica picardía parlamentaria.
El colorado Fitzgerald Cantero tiró en la sesión la necesidad de saber qué posición tomará el presidente José Mujica con este tema. "¿Firmará lo que el Parlamento laude o lo vetará?", se preguntó entendiendo, según él, que el Presidente había señalado que la anulación de la Ley de Caducidad "iba a provocar una trancadera" en un reportaje que se le había realizado cuando Mujica era todavía el candidato de la izquierda. Minutos más tarde, el diputado del MPP Gonzalo de Toro le respondió: "El Presidente no vetará ninguna norma que apruebe el Parlamento".
Las intervenciones siguieron más o menos redundando. Algunas más floridas, otras más pintorescas y las más si se quiere didácticas, dependiendo de los antecedentes de quien la hiciera.
Los representantes con más legislaturas encima no dudaban en apelar a los hechos políticos que giraron en torno a la sanción de la ley de Caducidad en 1986.
"Yo estuve en contra del pacto del Club Naval porque estoy convencido que la correlación de fuerzas de aquellos años hubiera permitido otra salida de la dictadura", señaló convencido el diputado frentista José Bayardi.
El nacionalista Gerardo Amarilla, confeso evangelista, tiñó su discurso con un hondo contenido religioso. Reclamó que los damnificados perdonaran a los victimarios "porque la experiencia milagrosa del perdón dignifica y libera", y fue incluso un poco más allá: dijo que "muchas de las víctimas (del terrorismo de Estado) siguen presas del odio, del rencor y del remordimiento".
Javier García, diputado del Partido Nacional, fue el primero de la larga lista de exposiciones de representantes de la oposición que reclamó "seguridad pública para la ciudadanía (porque) a la gente no le interesa este debate (de los derechos humanos) porque no le soluciona absolutamente nada".
Aníbal Pereyra, del MPP, intentó develar lo que para él significa una contradicción por parte de aquellos que desde la oposición manifestaban que la izquierda ignora en forma explícita la voluntad popular manifestada en dos consultas populares sobre la vigencia o no de la Ley de Caducidad.
Pereyra leyó en sala un proyecto de ley presentado el pasado mes de mayo por el Partido Nacional en el que se proponía la derogación de la Ley de Caducidad. "¿Acaso con este proyecto en el que se propone la derogación de la ley no se está también ignorando lo que la gente votó en el referéndum y en el plebiscito?", se preguntó Pereyra.
La disciplina partidaria.
El diputado Carlos Gamou y Alberto Pereyra de la Corriente de Acción y PensamientoLibertad, y Pablo Pérez de la Alianza Progresista, dejaron sentado en sus intervenciones que su voto favorable al proyecto de ley interpretativo estaba signado por la disciplina partidaria y no por el convencimiento de que la iniciativa era la adecuada. La objeción de los tres frentistas radicaba en lo que para ellos era "inconstitucional" y podría disparar en el futuro acciones no deseadas para los intereses populares.
"Fuimos, somos y seremos opositores a la Ley de Caducidad", aclaró Gamou, "pero votaremos el proyecto por disciplina partidaria porque estamos en las verdes y en las maduras con el resto de los compañeros del Frente Amplio". Al terminar, Gamou recibió el abrazo del diputado Felipe Michelini.
Pablo Pérez, en tanto, se limitó a leer lo resuelto por la directiva de la Alianza Progresista, en el sentido de votar favorablemente la iniciativa en cuestión para únicamente "habilitar la discusión parlamentaria".
Un centenar, desde dentro del recinto parlamentario y desde fuera del Palacio Legislativo, un puñado de personas siguieron atentamente cada intervención y el desarrollo de la sesión.
El silencio sólo se rompió cuando sobre el filo de la pasada medianoche, la Cámara de Diputados terminó de votar en particular cada uno de los artículos del proyecto de ley interpretativo. Un cerrado aplauso invadió la sala que fue respondido de la misma forma por los 50 diputados del Frente Amplio. Blancos, independientes y colorados miraban.
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Se va a acabar
La Diaria. 21 10 10. Por Lourdes Rodríguez.
La Cámara de Diputados aprobó anoche por 50 a 30, solamente con los votos del FA, el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.
La lista inicial de oradores hacía prever que la votación se produciría entrada la madrugada. Pero los tiempos de las intervenciones se fueron acortando, y antes de las 22.00 la iniciativa se aprobó con 50 votos a favor -exclusivamente del oficialismo- y 30 en contra. Sobre la medianoche, un aplauso que se prolongó casi indefinidamente desde las barras y abrazos de los diputados frenteamplistas cerraron la votación en particular del proyecto, que ahora pasa al Senado.
El inicio del plenario estaba fijado para las 10.00, pero el debate se inició pasadas las 14.00. En la mañana se expusieron los informes a favor y en contra del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
El frenteamplista Felipe Michelini (Nuevo Espacio) defendió la iniciativa, poniendo énfasis en la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el caso de Nibia Sabalsagaray en 2009 y en el incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado uruguayo.
La oposición sostuvo reiteradamente que la iniciativa es inconstitucional pero no se analizó su redacción ni se abordaron los efectos jurídicos de su futura aplicación (ver página 2). El principal argumento en contra de blancos y colorados fue el “respeto” a la voluntad popular, en referencia al referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009.
Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional) expuso el informe en minoría del Partido Nacional (PN) en diez minutos. Reivindicó su militancia por el voto verde, pero señaló que “ni la dictadura militar se animó a desoír al pueblo, aunque tenía las armas”. “Más allá de las objeciones jurídicas muy fuertes, lo que nos mueve a votar en contra es el respeto de la soberanía popular y el Estado de derecho”, resumió.
En el mismo tiempo y en la misma dirección expuso el informante del Partido Colorado (PC), Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay), quien defendió la aprobación de la Ley de Caducidad. Destacó que se hizo “sin derramar sangre” para “apaciguar aguas”. “Es una ley de amnistía. Y sostener estas leyes no contraviene la ética, sino que abre nuevas etapas”, sostuvo, y añadió que tuvo un “efecto reparatorio”.
Aterrizaje forzoso
El frenteamplista Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) abrió el debate destacando que la Ley de Caducidad fue votada bajo presión -a lo cual suscribieron luego diputados de la oposición- y rebatió el argumento de las voluntades populares. Para eso puso como escenario posible, entre otros, que se hubieran avalado mediante un plebiscito las leyes de Nuremberg. “¿Eso significa que la comunidad debe aceptarlo? Hay que tener claro qué es decidible y qué no”, comparó.
Posteriormente sostuvo que no existe “cosa juzgada” en la aplicación de la Ley de Caducidad porque “no puede ser una decisión administrativa” como la del Poder Ejecutivo, y porque “no hubo proceso”.
A continuación, en alusión a la comparación con las leyes de Hitler, Gustavo Borsari (Unidad Nacional) le pidió que “aterrizara” el debate y sugirió que vote “lisa y llanamente” la derogación. “El PN también sufrió. No vamos a hacer cuentas. Yo mismo me opuse a la dictadura”, aseguró, para luego afirmar que la impunidad “es consecuencia del pacto del Club Naval” y no de la aprobación de la Ley de Caducidad, la cual, consideró, fue aplicada “correctamente” por el ex presidente Tabaré Vázquez. “No puedo decir lo mismo del doctor [Luis Alberto] Lacalle”, disparó.
A su turno, el nacionalista José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) defendió a Lacalle diciendo que no excluyó ningún caso porque “no le presentaron ninguno” y apuntó que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad se alcanzó porque “una fiscal se retobó”, en referencia a Mirtha Guianze, quien interpuso el recurso.
Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio) afirmó que el Parlamento “tiene el deber de dar un mensaje categórico a la corte internacional, pero también a los ciudadanos”. Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) inició su intervención leyendo la exposición de motivos del proyecto de ley para derogar la Ley de Caducidad presentado por Cardoso el 17 de marzo pasado.
“No damos lugar a los argumentos sobre la voluntad popular. Me ahorro el discurso”, remarcó, sugiriendo que la iniciativa del nacionalista también estaría violentando la voluntad de la ciudadanía.
Disciplinados
Alianza Progresista (AP) y la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L) votaron afirmativamente pero marcaron sus discrepancias. Carlos Gamou (CAP-L) aclaró que su grupo es “cabal opositor” a la Ley de Caducidad pero precisó que levantaron su mano “estrictamente por razones partidarias”. “Nuestros argumentos los planteamos en los ámbitos internos y no logramos convencer”, dijo, tras lo cual recibió un abrazo de Michelini.
Pablo Pérez (AP), por su parte, explicó que “ninguno de los argumentos” expuestos “supera” el del respeto por la soberanía popular, pero que votaría el proyecto para habilitar la media sanción y con ello que la discusión continúe en el Senado. “Estamos cumpliendo con la resolución del FA para fortalecer uno de los pilares de esta fuerza que es la unidad de acción”, indicó.
Ahora el proyecto será considerado en la cámara alta. El ex diputado Gustavo Guarino, suplente en el Senado de Rodolfo Nin Novoa (AP), votará afirmativamente, aunque su presencia dependerá de lo que resuelva la dirección del grupo este sábado. “Y no lo hago por disciplina ni por mandato, sino porque estoy convencido de que es un buen proyecto.
Estos temas son delicados y parece lógico que haya valoraciones diferentes, incluso en la interna de los grupos”, comentó a la diaria.
La libertad de acción que solicitarían los senadores Nin Novoa y Jorge Saravia (Espacio 609) no tendría viabilidad en el Senado. “Un pedido así necesitaría ser votado por dos tercios de la bancada del FA. Así que no creo que puedan votar lo que han expresado públicamente”, vaticinó Susana Dalmás, de Asamblea Uruguay, que definió acompañar la iniciativa.
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Sacar el quiste
La Diaria. 21 10.10. Por Santiago Sánchez.
Cientos de personas, la mayoría del PIT-CNT, expresaron apoyo afuera del Palacio.
Justo de rosado estaba vestido el Palacio Legislativo el día que entró en el orden del día de la Cámara de Representantes el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad, impulsado por la bancada del Frente Amplio.
El decorado no respondía al color de la papeleta que impulsó la reforma constitucional en octubre del año pasado, sino al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, celebrado el martes.
Numerosas convocatorias circularon a lo largo de la jornada instando a manifestarse en las barras de la cámara baja y en los alrededores del Palacio, fundamentalmente por parte del PIT-CNT. Las barras se llenaron, pero en las afueras no se logró superar las 200 personas en el momento más concurrido de la tarde, sobre las 16.30.
Dos horas antes la escena era similar a la que se podía ver en la previa a un partido de fútbol: un vallado indicaba el recorrido que debían seguir quienes quisieran ingresar al recinto; unas 30 personas esperaban su turno para hacerlo.
Los comentarios que se escuchaban referían a lo que podría pasar cuando el proyecto de ley llegue al Senado, y más concretamente qué harían los senadores que ya manifestaron su posición contraria a la norma. Que si Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) vota, que seguramente Jorge Saravia (Espacio 609) también, pero al que no le tenían nada de fe era a Rodolfo Nin Novoa, del que esperaban que no hiciera “la gran argentino”, en referencia al vicepresidente de ese país, Julio Cobos, y sus posturas contrarias al gobierno encabezado por Cristina Fernández.
Julio Ramiro Martínez, integrante de la asociación de ex presas y presos políticos Crysol, manifestó que “sacar del orden legal” esta norma significa “un avance muy grande” para que “todos seamos iguales ante la ley”. Si bien puntualizó que los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se cumplen para casos individuales, sostuvo que “no puede ser que ésta rija para unos sí y otros no”.
“En eso coincido con la propuesta del Partido Independiente”, agregó, aunque también detalló que sólo le interesa que la ley se anule lo antes posible: “No importa con qué mecanismo es”.
A las 16.30, cuando parecía que ya no iba a haber ninguna convocatoria popular en los alrededores del Palacio Legislativo, arribó una camada de militantes del sindicato de dulces y panificadoras, desplegando banderas y cantando “anular, anular, la ley de caducidad”.
A esos trabajadores se sumaron militantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) y de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), y en menor medida otros sindicatos.
En ese contexto apareció el responsable de Derechos Humanos del PIT-CNT, Washington Beltrán, quien destacó que “los tres poderes de este país han entendido que la norma es inconstitucional” y que en el plebiscito del 89 “estábamos saliendo de la dictadura y las botas de los militares aún sonaban en las orejas del pueblo”, en tanto que en octubre pasado “47% de la ciudadanía se pronunció por la anulación, y el otro 53% no se pudo pronunciar”. “Acá hubo una sola papeleta por el Sí, y no hubo otra por el No”, recordó, y luego agregó: “Estamos seguros de que en ese 53% hubo algunos que querían mantener esta ley y hubo otros que ni siquiera estaban enterados”.
Respecto a los legisladores del Frente Amplio que manifestaron no estar de acuerdo con la norma, Beltrán entendió que “quien no vote junto con la bancada deberá retirarse de la fuerza política”.
Sobre este punto, el coordinador de la central sindical, Juan Castillo, expresó que “resulta poco creíble que compañeros que integran la izquierda busquen los mismos argumentos que los partidos tradicionales para votar la ley”. “No es un argumento válido”, criticó, e interpretó que acá la ley de caducidad vuelve a su génesis: “Nació en el Parlamento y ahora esa institución debe quitarle la vergüenza al Uruguay”.
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Cientos de personas, la mayoría del PIT-CNT, expresaron apoyo afuera del Palacio.
Justo de rosado estaba vestido el Palacio Legislativo el día que entró en el orden del día de la Cámara de Representantes el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad, impulsado por la bancada del Frente Amplio.
El decorado no respondía al color de la papeleta que impulsó la reforma constitucional en octubre del año pasado, sino al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, celebrado el martes.
Numerosas convocatorias circularon a lo largo de la jornada instando a manifestarse en las barras de la cámara baja y en los alrededores del Palacio, fundamentalmente por parte del PIT-CNT. Las barras se llenaron, pero en las afueras no se logró superar las 200 personas en el momento más concurrido de la tarde, sobre las 16.30.
Dos horas antes la escena era similar a la que se podía ver en la previa a un partido de fútbol: un vallado indicaba el recorrido que debían seguir quienes quisieran ingresar al recinto; unas 30 personas esperaban su turno para hacerlo.
Los comentarios que se escuchaban referían a lo que podría pasar cuando el proyecto de ley llegue al Senado, y más concretamente qué harían los senadores que ya manifestaron su posición contraria a la norma. Que si Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) vota, que seguramente Jorge Saravia (Espacio 609) también, pero al que no le tenían nada de fe era a Rodolfo Nin Novoa, del que esperaban que no hiciera “la gran argentino”, en referencia al vicepresidente de ese país, Julio Cobos, y sus posturas contrarias al gobierno encabezado por Cristina Fernández.
Julio Ramiro Martínez, integrante de la asociación de ex presas y presos políticos Crysol, manifestó que “sacar del orden legal” esta norma significa “un avance muy grande” para que “todos seamos iguales ante la ley”. Si bien puntualizó que los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se cumplen para casos individuales, sostuvo que “no puede ser que ésta rija para unos sí y otros no”.
“En eso coincido con la propuesta del Partido Independiente”, agregó, aunque también detalló que sólo le interesa que la ley se anule lo antes posible: “No importa con qué mecanismo es”.
A las 16.30, cuando parecía que ya no iba a haber ninguna convocatoria popular en los alrededores del Palacio Legislativo, arribó una camada de militantes del sindicato de dulces y panificadoras, desplegando banderas y cantando “anular, anular, la ley de caducidad”.
A esos trabajadores se sumaron militantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) y de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), y en menor medida otros sindicatos.
En ese contexto apareció el responsable de Derechos Humanos del PIT-CNT, Washington Beltrán, quien destacó que “los tres poderes de este país han entendido que la norma es inconstitucional” y que en el plebiscito del 89 “estábamos saliendo de la dictadura y las botas de los militares aún sonaban en las orejas del pueblo”, en tanto que en octubre pasado “47% de la ciudadanía se pronunció por la anulación, y el otro 53% no se pudo pronunciar”. “Acá hubo una sola papeleta por el Sí, y no hubo otra por el No”, recordó, y luego agregó: “Estamos seguros de que en ese 53% hubo algunos que querían mantener esta ley y hubo otros que ni siquiera estaban enterados”.
Respecto a los legisladores del Frente Amplio que manifestaron no estar de acuerdo con la norma, Beltrán entendió que “quien no vote junto con la bancada deberá retirarse de la fuerza política”.
Sobre este punto, el coordinador de la central sindical, Juan Castillo, expresó que “resulta poco creíble que compañeros que integran la izquierda busquen los mismos argumentos que los partidos tradicionales para votar la ley”. “No es un argumento válido”, criticó, e interpretó que acá la ley de caducidad vuelve a su génesis: “Nació en el Parlamento y ahora esa institución debe quitarle la vergüenza al Uruguay”.
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lunes, 18 de octubre de 2010
Citan a Dalmao para su alegato
Fiscalía pidió su procesamiento por muerte en tortura
El País. 18 10 10.
El general en actividad Miguel Dalmao, actual jefe de la División IV del Ejército con asiento en Minas, deberá presentarse a declarar ante el juez penal Rolando Vomero el próximo jueves 28, en lo que será la audiencia ratificatoria previa a que el magistrado resuelva si hace o no lugar al pedido de procesamiento con prisión que formuló en su contra la fiscal Mirtha Guianze.
La representante del Ministerio Público le imputa a Dalmao el delito de "homicidio muy especialmente agravado" por la muerte de la militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) Nibia Sabalsagaray ocurrida en junio de 1974.
Guianze también pidió el procesamiento del general (r) José Chialanza. En ambos casos, la fiscal les imputó el delito en grado de "coautores", porque si bien no se pudo confirmar quién fue el autor material del homicidio, se probó su participación en el hecho.
El dictamen de la fiscal en relación a Dalmao implica la primera acusación por un crimen cometido en la dictadura contra un oficial en actividad. Dalmao fue el primer coronel en ascender al grado de general en el gobierno de Tabaré Vázquez.
Nibia Sabalsagaray estaba detenida en el Batallón de Transmisiones N°1, que actualmente es el Batallón de Comunicaciones N° 1. Estando recluida, su cuerpo apareció ahorcado en su celda. La versión oficial del hecho indicó que la joven militante de la UJC, de tan sólo 24 años, se suicidó.
Dalmao, al declarar ante el juez Vomero y en su momento ante la Justicia Militar, incurrió en contradicciones: primero dijo que encontró el cuerpo y después señaló que se enteró del hecho por otros militares. En ese momento, Dalmao tenía el grado de alférez y revistaba en el Batallón de Transmisiones N° 1.
Para este expediente, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley de Caducidad en octubre de 2009, a pedido de Guianze.
Caducidad: dudan si interpretación tendrá efecto en casos concretos
Proyecto. Diputados votan hoy el nuevo texto criticado por catedráticos
El País. 18 10 10. SEBASTIÁN CABRERA
El proyecto que ley que deja sin efecto la ley de Caducidad tiene fuerte valor simbólico, pero está planteado el debate respecto a si en los hechos habrá efectos jurídicos concretos. Esta semana se vota en Diputados y es incierto qué pasará en el Senado.
"El tema tiene una importancia de imagen jurídica para borrar una ley de esta naturaleza en el derecho uruguayo, pero no tanto en los efectos reales que se vayan a producir", adelantó a El País el constitucionalista y ex senador frenteamplista José Korzeniak desde su casa en La Paloma, Rocha, donde reside desde hace varios años.
Y Korzeniak explicó su pensamiento: "No sólo porque la gente principal ya está presa con ley de Caducidad y todo, sino porque la eliminación de la ley no supone automáticamente que se vayan a averiguar todos los casos. Si no hay nuevas declaraciones ni pruebas no se puede procesar, haya o no ley de Caducidad".
El proyecto de ley -que será aprobado esta mañana en la comisión de Constitución sólo con los votos del Frente y el miércoles en Cámara de Diputados- declara que tres artículos de la ley de Caducidad tienen "ilegitimidad manifiesta" y carecen de valor jurídico. Si entra en vigencia, el archivo de "las actuaciones decretadas no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada".
La visión de Korzeniak choca con la de algunos abogados relacionados a los derechos humanos. El doctor Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier) indicó a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".
López consideró que probablemente se reabrirán causas archivadas. Pero el abogado no puede asegurar si en los hechos se producirán nuevos procesamientos y dijo que eso depende de si se logran pruebas. "Está claro que hay mucho terreno por recorrer. Los que están procesados y condenados son los menos de los que participaron en torturas y desapariciones forzadas", afirmó.
Juan Errandonea, abogado patrocinante en la causa por la muerte de Nibia Sabalsagaray, dijo a El País que en su caso "no habrá incidencia importante" porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya declaró la inconstitucionalidad. "Nosotros actuamos como que la ley no existe. Pero podría haber cambios con cómplices que tienen los plazos prescritos", agregó.
Pero Errandonea está convencido que "en otros casos sí habrá cambios concretos en las causas judiciales".
VISIONES.
Los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Universidad Católica y Universidad de Montevideo dijeron a El País que el nuevo texto no ha "levantado" las fuertes observaciones planteadas en la comisión hace dos semanas respecto al proyecto original. Entre otras observaciones, opinan que con este proyecto de ley el Poder Legislativo "se entromete" o "sustituye" al Poder Judicial y viola la "seguridad jurídica".
Pero el diputado frenteamplista José Bayardi (Vertiente) dijo a El País que, a su juicio, el nuevo texto salva "las inconstitucionalidades más gruesas expresadas" por los catedráticos y "puede abrirse la discusión en otros puntos, que quedarán a la interpretación del juez". Y explicó que el magistrado podrá disponer "de oficio" la consideración de "declaración de inconstitucionalidad".
En cambio, la diputada blanca Ana Lía Piñeyrúa advirtió a El País que "el proyecto de ley no ha cambiado mucho" en su nueva versión y "tiene los mismos vicios e inconstitucionalidades del proyecto original", sin considerar las "objeciones" de los expertos ni los dos pronunciamientos populares.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero analizó el nuevo texto el viernes pasado con su compañero Gustavo Cersósimo y con el doctor Jaime Sapolinski, en una reunión donde evaluaron que la nueva redacción "pone en riesgo el sistema jurídico". Es "un gran mamarracho", dijo Cantero.
Cuando el proyecto pase al Senado, el Frente debe resolver qué hacer con los dos senadores que no quieren votar: Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia, que no pedirá suplente y como máximo aceptaría salir de sala y dejar el lugar vacío.
Korzeniak: "Si no hay nuevas pruebas no se puede procesar, haya o no ley de Caducidad".
Piñeyrúa: "Tiene los mismos vicios e inconstitucionalidades que el texto original".
Diputado herrerista Cardoso insiste con ir por derogación "lisa y llana"
El Partido Nacional rechaza el proyecto de ley del oficialismo, pero en su interna hay diferentes posiciones sobre el tema ley de Caducidad. La Agrupación Parlamentaria sesionará mañana y allí estará sobre la mesa un proyecto de derogación de la ley presentado en abril por el diputado herrerista José Carlos Cardoso. La iniciativa no recoge unanimidades.
"La derogación lisa y llana de la ley de Caducidad elimina la contradicción de la legislación nacional con los acuerdos internacionales y también va en línea con la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte", indicó Cardoso a El País.
El diputado apuntó que "hay tozudez en el Frente" porque "se busca el efecto retroactivo", además de "interpretar qué deben hacer los jueces". Cardoso está convencido que su proyecto será apoyado por legisladores blancos, aunque el ex presidente Luis Alberto Lacalle quiere mantener la ley.
Tres preguntas a FELIPE LUZARDO.
Profesor en derecho constitucional (Udelar)
1 ¿Hay mejoría en el nuevo primer artículo, donde se eliminan las palabras "interpretación auténtica"?
Ese primer artículo del proyecto de ley interpretativo tiene un contenido ético, de reafirmación de los derechos. Hay una mejoría (respecto a la versión original), pero es una mejoría relativa porque el derecho internacional de los derechos humanos tiene jerarquía supraconstitucional. De todos modos, prefiero no ingresar en ese debate.
2 ¿Qué objetivo hay? Lo de la retroactividad es muy vidrioso. Si se le quiso dar retroactividad al proyecto, se anula la ley de Caducidad, pero eso claramente no está dentro de las competencias del Poder Legislativo. Además, se cita al Código Civil y pienso que es de mala técnica legislativa recurrir al Código Civil, que se trata de una ley de derecho privado.
El segundo artículo habla de "ilegalidad" en artículos de la ley de Caducidad, que "carecen de valor jurídico".
3 El artículo tercero dice que el archivo de casos "no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada".
Eso va contra la seguridad jurídica y el Poder Legislativo se entromete en las competencias del Poder Judicial, vulnerando el principio de separación de poderes y debilitando el debido proceso. Y el cuarto artículo (que dice que lo dispuesto se aplicará a las nuevas denuncias) depende de lo que se ponga en movimiento en base al artículo tercero.
El proyecto "va contra la seguridad jurídica"
domingo, 17 de octubre de 2010
La impunidad herida de muerte
EDITORIAL. La República. 17 10 10
El país sigue transitando un camino plagado de dificultades que poco a poco nos va acercando a la dignidad. A pesar de los dos pronunciamientos populares que ratificaron la Ley de Caducidad, cada vez queda más claro que se trata no solamente de una ley injusta y vergonzosa sino que fue un engendro pretendidamente jurídico pero básicamente inconstitucional.
Aunque la infame Ley 15.848 sigue oficialmente vigente, su efecto ya no es el mismo de hace diez años. La impunidad de los terroristas de Estado empezó a agrietarse a partir del primer procesamiento por delitos de lesa humanidad, el del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
Fue ese el primer triunfo de una lucha heroica, paciente pero tenaz, llevada a cabo por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y, en particular, las que agrupan a familiares de las víctimas de la dictadura; fue la primera vez que la impunidad no pudo amparar a un cómplice del terrorismo de Estado, porque el sistema judicial aplicó correctamente la letra de la Ley de Caducidad que excluyó a los civiles de la coraza protectora que esa norma había construido.
Vinieron luego los procesamientos de ciertas figuras tristemente emblemáticas del terrorismo de Estado cuando la Justicia, actuando en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Caducidad, pudo actuar libremente y reunir la prueba suficiente para someter a juicio por primera vez a Gregorio Alvarez, Gavazzo & compañía, así como cuando condenó al golpista Juan María Bordaberry, quien debió acompañar a su ex canciller, nuevamente procesado.
Pero a partir de octubre de 2009 ¬hace exactamente un año¬, cuando la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Guianze y declaró por unanimidad que la Ley de Caducidad violentaba varios artículos de la Carta, se produjo un crac. Las grietas que habían empezado a aflorar tiempo atrás terminaron por minar la sólida muralla de impunidad hasta hacerla resquebrajarse y amenazar con su inevitable derrumbe.
Precisamente, esa declaración de inconstitucionalidad ¬que redimió a nuestra Justicia luego de aquella primera declaración de 1987, que por tres votos a dos había declarado que la Ley era constitucional¬ estaba referida al asesinato de la militante comunista Nybia Zabalzagaray.
Ese pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia habilitó el accionar sin trabas de la Justicia permitiendo que jerarcas castrenses comparecieran ante la sede judicial y prestaran declaración ya sin la protección de la impunidad consagrada en la norma inconstitucional.
Un general retirado y otro en actividad (nada menos que el jefe de la Región Militar Nº 4) están en el banquillo, formalmente acusados por la Fiscalía de homicidio especialmente agravado. La Justicia tarda pero llega.
Tarda, sobre todo, cuando los políticos de derecha hacen lo imposible para trabar su normal funcionamiento, para obstaculizar su acción, para poner palos en las ruedas del vehículo que conduce a la verdad y a la justicia, entendida ésta como valor.
Y llega cuando la voluntad política de los gobernantes se maneja con otros parámetros y criterios de justicia y de dignidad que se acercan mucho más a los valores de una sociedad democrática como se supone ha de ser la nuestra.
Creemos que la Ley 15.848 debe ser borrada de nuestra legislación, a pesar de los dos plebiscitos que la ratificaron. Pero más allá de si la norma será eliminada o no, la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sienta un valioso precedente de jurisprudencia que abre definitivamente las puertas para el libre accionar de la Justicia.
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El país sigue transitando un camino plagado de dificultades que poco a poco nos va acercando a la dignidad. A pesar de los dos pronunciamientos populares que ratificaron la Ley de Caducidad, cada vez queda más claro que se trata no solamente de una ley injusta y vergonzosa sino que fue un engendro pretendidamente jurídico pero básicamente inconstitucional.
Aunque la infame Ley 15.848 sigue oficialmente vigente, su efecto ya no es el mismo de hace diez años. La impunidad de los terroristas de Estado empezó a agrietarse a partir del primer procesamiento por delitos de lesa humanidad, el del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
Fue ese el primer triunfo de una lucha heroica, paciente pero tenaz, llevada a cabo por las organizaciones defensoras de los derechos humanos y, en particular, las que agrupan a familiares de las víctimas de la dictadura; fue la primera vez que la impunidad no pudo amparar a un cómplice del terrorismo de Estado, porque el sistema judicial aplicó correctamente la letra de la Ley de Caducidad que excluyó a los civiles de la coraza protectora que esa norma había construido.
Vinieron luego los procesamientos de ciertas figuras tristemente emblemáticas del terrorismo de Estado cuando la Justicia, actuando en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Caducidad, pudo actuar libremente y reunir la prueba suficiente para someter a juicio por primera vez a Gregorio Alvarez, Gavazzo & compañía, así como cuando condenó al golpista Juan María Bordaberry, quien debió acompañar a su ex canciller, nuevamente procesado.
Pero a partir de octubre de 2009 ¬hace exactamente un año¬, cuando la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Guianze y declaró por unanimidad que la Ley de Caducidad violentaba varios artículos de la Carta, se produjo un crac. Las grietas que habían empezado a aflorar tiempo atrás terminaron por minar la sólida muralla de impunidad hasta hacerla resquebrajarse y amenazar con su inevitable derrumbe.
Precisamente, esa declaración de inconstitucionalidad ¬que redimió a nuestra Justicia luego de aquella primera declaración de 1987, que por tres votos a dos había declarado que la Ley era constitucional¬ estaba referida al asesinato de la militante comunista Nybia Zabalzagaray.
Ese pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia habilitó el accionar sin trabas de la Justicia permitiendo que jerarcas castrenses comparecieran ante la sede judicial y prestaran declaración ya sin la protección de la impunidad consagrada en la norma inconstitucional.
Un general retirado y otro en actividad (nada menos que el jefe de la Región Militar Nº 4) están en el banquillo, formalmente acusados por la Fiscalía de homicidio especialmente agravado. La Justicia tarda pero llega.
Tarda, sobre todo, cuando los políticos de derecha hacen lo imposible para trabar su normal funcionamiento, para obstaculizar su acción, para poner palos en las ruedas del vehículo que conduce a la verdad y a la justicia, entendida ésta como valor.
Y llega cuando la voluntad política de los gobernantes se maneja con otros parámetros y criterios de justicia y de dignidad que se acercan mucho más a los valores de una sociedad democrática como se supone ha de ser la nuestra.
Creemos que la Ley 15.848 debe ser borrada de nuestra legislación, a pesar de los dos plebiscitos que la ratificaron. Pero más allá de si la norma será eliminada o no, la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sienta un valioso precedente de jurisprudencia que abre definitivamente las puertas para el libre accionar de la Justicia.
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