Proyecto. Diputados votan hoy el nuevo texto criticado por catedráticos
El País. 18 10 10. SEBASTIÁN CABRERA
El proyecto que ley que deja sin efecto la ley de Caducidad tiene fuerte valor simbólico, pero está planteado el debate respecto a si en los hechos habrá efectos jurídicos concretos. Esta semana se vota en Diputados y es incierto qué pasará en el Senado.
"El tema tiene una importancia de imagen jurídica para borrar una ley de esta naturaleza en el derecho uruguayo, pero no tanto en los efectos reales que se vayan a producir", adelantó a El País el constitucionalista y ex senador frenteamplista José Korzeniak desde su casa en La Paloma, Rocha, donde reside desde hace varios años.
Y Korzeniak explicó su pensamiento: "No sólo porque la gente principal ya está presa con ley de Caducidad y todo, sino porque la eliminación de la ley no supone automáticamente que se vayan a averiguar todos los casos. Si no hay nuevas declaraciones ni pruebas no se puede procesar, haya o no ley de Caducidad".
El proyecto de ley -que será aprobado esta mañana en la comisión de Constitución sólo con los votos del Frente y el miércoles en Cámara de Diputados- declara que tres artículos de la ley de Caducidad tienen "ilegitimidad manifiesta" y carecen de valor jurídico. Si entra en vigencia, el archivo de "las actuaciones decretadas no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada".
La visión de Korzeniak choca con la de algunos abogados relacionados a los derechos humanos. El doctor Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier) indicó a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".
López consideró que probablemente se reabrirán causas archivadas. Pero el abogado no puede asegurar si en los hechos se producirán nuevos procesamientos y dijo que eso depende de si se logran pruebas. "Está claro que hay mucho terreno por recorrer. Los que están procesados y condenados son los menos de los que participaron en torturas y desapariciones forzadas", afirmó.
Juan Errandonea, abogado patrocinante en la causa por la muerte de Nibia Sabalsagaray, dijo a El País que en su caso "no habrá incidencia importante" porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya declaró la inconstitucionalidad. "Nosotros actuamos como que la ley no existe. Pero podría haber cambios con cómplices que tienen los plazos prescritos", agregó.
Pero Errandonea está convencido que "en otros casos sí habrá cambios concretos en las causas judiciales".
VISIONES.
Los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Universidad Católica y Universidad de Montevideo dijeron a El País que el nuevo texto no ha "levantado" las fuertes observaciones planteadas en la comisión hace dos semanas respecto al proyecto original. Entre otras observaciones, opinan que con este proyecto de ley el Poder Legislativo "se entromete" o "sustituye" al Poder Judicial y viola la "seguridad jurídica".
Pero el diputado frenteamplista José Bayardi (Vertiente) dijo a El País que, a su juicio, el nuevo texto salva "las inconstitucionalidades más gruesas expresadas" por los catedráticos y "puede abrirse la discusión en otros puntos, que quedarán a la interpretación del juez". Y explicó que el magistrado podrá disponer "de oficio" la consideración de "declaración de inconstitucionalidad".
En cambio, la diputada blanca Ana Lía Piñeyrúa advirtió a El País que "el proyecto de ley no ha cambiado mucho" en su nueva versión y "tiene los mismos vicios e inconstitucionalidades del proyecto original", sin considerar las "objeciones" de los expertos ni los dos pronunciamientos populares.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero analizó el nuevo texto el viernes pasado con su compañero Gustavo Cersósimo y con el doctor Jaime Sapolinski, en una reunión donde evaluaron que la nueva redacción "pone en riesgo el sistema jurídico". Es "un gran mamarracho", dijo Cantero.
Cuando el proyecto pase al Senado, el Frente debe resolver qué hacer con los dos senadores que no quieren votar: Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia, que no pedirá suplente y como máximo aceptaría salir de sala y dejar el lugar vacío.
Korzeniak: "Si no hay nuevas pruebas no se puede procesar, haya o no ley de Caducidad".
Piñeyrúa: "Tiene los mismos vicios e inconstitucionalidades que el texto original".
Diputado herrerista Cardoso insiste con ir por derogación "lisa y llana"
El Partido Nacional rechaza el proyecto de ley del oficialismo, pero en su interna hay diferentes posiciones sobre el tema ley de Caducidad. La Agrupación Parlamentaria sesionará mañana y allí estará sobre la mesa un proyecto de derogación de la ley presentado en abril por el diputado herrerista José Carlos Cardoso. La iniciativa no recoge unanimidades.
"La derogación lisa y llana de la ley de Caducidad elimina la contradicción de la legislación nacional con los acuerdos internacionales y también va en línea con la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte", indicó Cardoso a El País.
El diputado apuntó que "hay tozudez en el Frente" porque "se busca el efecto retroactivo", además de "interpretar qué deben hacer los jueces". Cardoso está convencido que su proyecto será apoyado por legisladores blancos, aunque el ex presidente Luis Alberto Lacalle quiere mantener la ley.
Tres preguntas a FELIPE LUZARDO.
Profesor en derecho constitucional (Udelar)
1 ¿Hay mejoría en el nuevo primer artículo, donde se eliminan las palabras "interpretación auténtica"?
Ese primer artículo del proyecto de ley interpretativo tiene un contenido ético, de reafirmación de los derechos. Hay una mejoría (respecto a la versión original), pero es una mejoría relativa porque el derecho internacional de los derechos humanos tiene jerarquía supraconstitucional. De todos modos, prefiero no ingresar en ese debate.
2 ¿Qué objetivo hay? Lo de la retroactividad es muy vidrioso. Si se le quiso dar retroactividad al proyecto, se anula la ley de Caducidad, pero eso claramente no está dentro de las competencias del Poder Legislativo. Además, se cita al Código Civil y pienso que es de mala técnica legislativa recurrir al Código Civil, que se trata de una ley de derecho privado.
El segundo artículo habla de "ilegalidad" en artículos de la ley de Caducidad, que "carecen de valor jurídico".
3 El artículo tercero dice que el archivo de casos "no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada".
Eso va contra la seguridad jurídica y el Poder Legislativo se entromete en las competencias del Poder Judicial, vulnerando el principio de separación de poderes y debilitando el debido proceso. Y el cuarto artículo (que dice que lo dispuesto se aplicará a las nuevas denuncias) depende de lo que se ponga en movimiento en base al artículo tercero.
El proyecto "va contra la seguridad jurídica"