Familiares de desaparecidos no podrán recibir reparación monetaria hasta que haya ley interpretativa.
La Diaria. 12 8 10
Se trata, una vez más, del inciso A del artículo 11 de la ley 18.596 de reparación integral, referente a los familiares de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura. La letra establece que percibirán indemnización por única vez “los familiares de las víctimas hasta el segundo grado por consanguinidad”, fijada en 500.000 unidades indexadas (al día de hoy, poco más de un millón de pesos, 1.038.900) y que en caso de que “hubiese más de un beneficiario este monto se distribuirá en partes iguales”.
En febrero la duda era si la preposición “hasta” era, en este caso, inclusiva o excluyente.
Tras más de tres meses de consultas de carácter jurídico se concluyó que era inclusiva. Ahora surgió un problema de “procedimiento de pago”. Si, por ejemplo, se presentan cinco familiares como beneficiarios, el monto se divide en partes iguales. Pero se generaría un conflicto si una vez hecha la liquidación, otros familiares hacen la solicitud, teniendo en cuenta que la ley establece, en su artículo 18, que el derecho a acogerse a los beneficios no prescribe ni caduca.
Los integrantes de la comisión creada para dar cumplimiento a ley redactó un proyecto de decreto para zanjar el problema de interpretación, pero la oficina jurídica de la Presidencia de la República lo objetó “porque limitaba derechos consagrados” en la propia norma, según informaron fuentes de ese organismo a la diaria. Además, aclararon, la vulneración de derechos abre las posibilidades de que los amparados demanden al Estado. “Estamos preocupados por agilizar esto, y tratando de resolverlo, pero nuestra tarea es implementar la ley, no evaluarla. Mientras tanto, lo que podemos hacer es avanzar en el estudio de los casos”, afirmaron en diálogo con la diaria ayer, tras la reunión habitual de los miércoles.
El presidente de la Asociación de ex presas y presos políticos Crysol, Baldemar Taroco, informó a la diaria que están gestionando una entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, quien preside la comisión, para manifestar preocupación por “la lentitud” con la que se están procesando estos temas. “Hay poca gente trabajando en esto. Hace ocho meses que se instaló la comisión y solamente veinte personas han cobrado la indemnización. Ni siquiera han recibido el carné de víctimas”, se quejó.
Sobre este punto, desde la comisión adelantaron que ya se votó por unanimidad un texto para el carné, pero que resta aprobar cuestiones vinculadas al diseño. Desde enero se presentaron unas 600 solicitudes. Como criterio se estableció atender primero los expedientes de los niños nacidos en cautiverio por ser los casos más fáciles de probar. En este momento, la prioridad la tienen aquellos peticionantes que tienen “edad avanzada” independientemente de la causal en la que se amparen.
El lunes, Crysol se concentró frente al Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo
de la reglamentación del artículo 10, que garantiza asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica a las víctimas.
Ese día fueron escuchados por el subsecretario, Pedro Buonomo, y el director general de secretaría, Pedro Apezteguía. “Fue una charla amena. Nos quedó una sensación de que nos van a vacunar o nos van a cocinar a fuego lento. Se comprometieron a terminar un informe de la ponderación de los gastos que significaría y elevarlo el lunes a Presidencia. Así que el lunes, entre las 11.00 y las 12.00, vamos a movilizarnos frente a la Torre Ejecutiva”, anunció Taroco.
LR
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