Condenas para represores inmutables.
Página 12. Viernes 9 de julio de 2010.
El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.
También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.
Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.
El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.
Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.
Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.
En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.
La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.
Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.
Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.
La lista de los desaparecidos.
Uno de los momentos de mayor conmoción que se vivieron durante el proceso judicial en Tucumán fue cuando el mes pasado el testigo Juan Carlos Clemente aportó de manera sorpresiva dos biblioratos con documentación confidencial de los represores que manejaron el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”.
La documentación histórica que entregó Clemente no sólo develó la lista con las 293 víctimas que estuvieron secuestradas en la ex jefatura, sino también quiénes fueron los oficiales, suboficiales y agentes que integraron la “patota” del Servicio de Información Confidencial (SIC), liderada por el represor Roberto “El Tuerto” Albornoz, ahora condenado en el juicio oral y público que se sigue por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Los documentos secretos fueron publicados por Página/12.
Clemente contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, narró que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después lo obligaron a ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
En los dos libros también figuran fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución” que contiene los nombres de 28 personas, otra titulada “Nómina de DS que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas. La lista de las 293 personas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura generó conmoción en los familiares. Al lado de 195 nombres figura la sigla DF, es decir, “disposición final”, es decir, que habían sido asesinados.
Voces sobre la sentencia.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, estuvo en la audiencia y afirmó que ante “el discurso arrogante y amenazante de Menéndez sobre el terrorismo de Estado”, el fallo “es la mejor demostración de la veracidad de las acusaciones”. “Son asesinos sádicos y seriales. Fue un juicio donde los procesados han tenido todas las garantías procesales que les correspondían. Y sin lugar a dudas, que la cárcel común siempre es un anhelo en todos estos juicios. Es un paso más hacia adelante y seguiremos impulsando los restantes juicios en todas las provincias para que ningún asesino quede impune”, agregó.
La ex diputada Vilma Ripoll aseguró que “lo que se vivió es histórico y si bien en algunos casos, con los tres años no conforman, creo que lo esencial es que se ha dado una señal al conjunto y a la dinámica de los juicios y demostrando que la verdad y la justicia pueden permitir dar pasos contra la impunidad”.
Daniel Posse, secretario de Derechos Humanos de Tucumán, afirmó que la sentencia tiene características ejemplificadoras: “Es muy bueno que la Justicia llegue, es muy bueno que se condene a estos nefastos personajes, pero también es bueno recordar lo que han hecho. Perseguimos que se haga justicia y se lo logra con el cumplimiento efectivo de la cárcel porque es increíble que por delitos menores las personas vayan al penal de Villa Urquiza y que por hechos de tal gravedad puedan ser eximidos de cárcel común”.
Alfredo Terraf, fiscal general del juicio, aseguró que “nada ni nadie les podrá devolver a los familiares a sus seres queridos y el dolor y la angustia que han vivido por la ausencia. Pero es un fallo histórico y estoy muy satisfecho que vayan a la cárcel estos violadores y asesinos y torturadores. Albornoz nunca fue un perejil. Los perejiles éramos nosotros y lo seguimos siendo. Ellos eran los dueños de la vida, de nosotros, de la casa de los bienes, de la felicidad, ellos entraban de noche, arrancaban de las casas a las personas. Estamos en condiciones de decir hoy, que tarea cumplida con respecto a ellos”.