Son lo peor de lo peor
El propósito de estas asambleas reiteradas es potenciar y amplificar el reclamo de que todos los represores que se encuentran recluidos, ya sea en la cárcel de Domingo Arena o en la Guardia Republicana, obtengan el beneficio de la libertad inmediata o por lo menos el de la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años. Una iniciativa de este tipo ya fracasó durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou por ausencia de votos de los integrantes de la Coalición Republicana. Es una iniciativa tan repulsiva que no logra los consensos necesarios ni en la propia derecha.
Crímenes de Lesa Humanidad
Todos los represores que han sido procesados, condenados y/o formalizados por las graves violaciones a los DDHH durante el proceso civil militar, lo han sido gozando den todas las garantías del debido proceso. Es lo que corresponde en un sistema democrático en el cual obviamente no creían ni creen. Han declarado siempre con la presencia de sus abogados. Han tenido múltiples instancias para ejercer su defensa en procesos que han durado muchos años. Las pruebas en su contra, básicamente extraídas de sus legajos militares y otros documentos provenientes de las Fuerzas Armadas, han sido incontrovertibles.
La gravedad de los crímenes está fuera de cuestión. Desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, la humanidad los considera imprescriptibles e inamnistiables. Los condenados por ellos no pueden recibir ningún beneficio que suponga disminuir o reducir la pena impuesta por los tribunales de acuerdo a las normas vigentes.
El instituto de la prisión domiciliaria por razones humanitarias está plenamente vigente en el país. A él se ampararon, por citar algunos casos de notorios criminales, Juan María Bordaberry, José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas o Armando Méndez. Varias decenas de represores convictos están hoy mismo en sus domicilios.
Verdugos
Los actuales
presos son los peores delincuentes que ha conocido
la historia de este país. Han sido condenados por haber
participado en desapariciones forzadas de decenas de uruguayas y uruguayos, en
nuestro país y en el exterior. Están condenados en asesinatos brutales
como el general
retirado Juan Modesto
Rebollo o en desapariciones
forzadas como el coronel Ferro o el coronel Rudyard Scioscia imputados de las
desapariciones de Oscar Tassino y de Elena Quinteros.
En
realidad, sin tipificaciones legales que no describen la magnitud de sus
delitos, son todos torturadores profesionales y experimentados. Se formaron en
la Escuela de las Américas de EEUU para ser esbirros de tiempo completo.
Participaron de un plan sistemático de represión desde el poder y usando los
mecanismos del poder bajo el impulso de la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Durante meses y años llevaron a cabo
el trabajo sucio represivo que fue necesario para que la dictadura iniciada por
Juan María Bordaberry pudiera sobrevivir durante más de una década.
Fueron
los encargados, actuando siempre en patota, en el anonimato, envalentonados por la superioridad numérica, por la
impunidad, frente a seres indefensos, de torturar de manera salvaje a miles de
uruguayas y uruguayos en las salas del terror de dependencias policiales y
militares acondicionadas para ello en todo el país.
Planificaban
al detalle los operativos represivos, llevaban a cabo los allanamientos
domiciliarios nocturnos, pateaban
puertas, aterrorizaban familiares, generaban pánico,
destruían muebles y pertenencias, robaban todo lo que pudiera ser de valor,
secuestraban violentamente en la calle y en los lugares de trabajo.
Durante jornadas extenuantes sometían a las más crueles torturas, vejámenes y tormentos a personas que habían sido secuestradas, estaban encapuchadas, indefensas, desnudas, descalzas, con los pies resbalando en los pisos húmedos y mugrientos, débiles, sedientas, aterrorizadas, sin saber de dónde vendrían los golpes, mientras ellos, verdaderas jaurías, golpeaban, ajustaban vendas, capuchas y esposas, pateaban, gritaban, insultaban, amenazaban, preguntaban, distribuían golpes a mansalva, desnudaban, manoseaban, abusaban, violaban, con especial saña a mujeres y menores, sumergían las cabezas en los tachos con aguas inmundas, aplicaban la picana eléctrica en las partes más sensibles de los cuerpos, a veces incluso mientras las víctimas estaban colgadas con sus brazos esposados por detrás. Merecen estar en prisión hasta el fin de sus días. Del primero al último.
El derecho a la justicia
La
dictadura causó un enorme perjuicio al país y a su gente. Estuvo al servicio de
los dueños del poder y de los grandes
grupos económicos. El regreso
a la institucionalidad democrática se logró en base a la resistencia
popular y a la solidaridad internacional.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción
de las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito básico para que haya justicia
e impedir que las mismas
vuelvan a repetirse. Las víctimas, tal como lo consagra la Constitución,
tienen derecho a que sus torturadores sean juzgados y condenados. Tienen derecho, además,
a que cumplan a cabalidad las penas impuestas por la justicia.
No nos sorprende que haya parlamentarios, medios de comunicación de
primer nivel, grupos políticos y sectores empresariales, aguijoneados por los
familiares y por los centros militares que los nuclean, que promuevan
iniciativas de esta naturaleza, ubicándose del lado de los golpistas y victimarios. Pero no pasarán.
Sobran convicciones militantes y convocatoria ciudadana movilizada,
incluso en la propia oposición, para impedirlo.
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Opinando N° 9 – Año 15
– Domingo 9 de agosto
de 2026