Debería ser cesado en sus funciones
Director general de UTU, Ing. Juan Pereira
Desde hace unos días la Comisión Nacional Honoraria de
Sitios de Memoria (CNHSM) y la Comisión Memorias de Malvín Norte se
encuentran impedidas de cumplir con la resolución
de colocar una placa, dentro del predio, que señale el lugar donde funcionó el
tristemente recordado Instituto Álvarez Cortés.
La razón de este impedimento es la decisión del director
general de la Universidad del Trabajo (UTU Ing. Juan Pereira de prohibir el
acto previsto y la suspensión, ese día, de las clases de la escuela técnica que
funciona en ese sitio.
El 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco, en
ejercicio de la presidencia, decretó las Medidas Prontas de Seguridad, un
instituto legal que otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para
situaciones de excepción. Las mismas fueron empleadas con carácter cuasi
permanente durante su mandato y de manera abusiva, eliminando incluso la
libertad de prensa.
El Instituto Álvarez Cortés, dependiente del Consejo
del Niño en dicho momento, fue un centro de reclusión para varones adolescentes
que eran detenidos en las movilizaciones y jornadas de protesta que se desplegaron en
rechazo a sus políticas. Por dicho lugar pasaron unos 200 niños y adolescentes.
Fueron encarcelados por el accionar ilegal del estado y la dictadura entre los
años 1968 y 1976.
La placa que Pereira ha impedido colocar es un
recordatorio de lo sucedido en aquellos años pero también homenajea a quienes
fueron privados de su libertad por el uso autoritario y abusivo de las
disposiciones legales.
Este jerarca defendió públicamente su decisión, al
otro día, mediante la red social X: "Frente en alto por haber actuado de
acuerdo con mis principios y el convencimiento de una decisión ecuánime".
Es un hecho muy grave y preocupante. Si un jerarca se cree con la potestad de
impedir el cumplimiento de una resolución basada en la ley (19.641), de hacerlo
y defender su punto de vista egocéntrico e iluminado sin que nada ocurra,
estamos ante un suceso grave. Es claramente un desacato desde el punto de vista
institucional, desconociendo, incluso, lo dispuesto por las autoridades de la
educación.
La INDDHH tiene entre sus responsabilidades la implementación
de la Ley 19 641, no puede permanecer en silencio ante un hecho de esta
naturaleza.
Desacato y “negacionismo”
El Ing. Juan Pereira ha demostrado públicamente que no
está en condiciones de ejercer el cargo para el cual ha sido designado en el
marco de un sistema democrático republicano. Es anacrónico. De haber sido
designado para la actual función durante la dictadura y el terrorismo estatal,
se hubiera sentido muy cómodo. Sus puntos de vista hubiesen empatizado con sus
superiores. Pereira ha demostrado muy poco apego a los principios y
procedimientos democráticos.
Crysol rechaza de manera pública y tajante la conducta
del involucrado y exige a las autoridades correspondientes la destitución
inmediata del Director General de UTU Ing. Juan Pereira. La placa debe ser instalada dentro del predio a la mayor
brevedad con el texto aprobado por la CNHSM.
La dictadura civil militar fue un periodo histórico
que conmovió de una manera extraordinaria al país. Sus secuelas siguen vivas
hasta hoy. Para asegurar el futuro democrático debe implementarse a cabalidad
la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, juzgar y condenar a los
responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos y resarcir a las
víctimas de las mismas.
La conducta del Ing. Juan Pereira se inscribe
claramente alineada con aquellos sectores sociales y políticos que promueven
una cultura negacionista de las graves violaciones a los derechos humanos
durante el gobierno de Jorge Pacheco, la dictadura y el terrorismo de Estado.
Hay algo que la educación no puede dejar de enseñar: el
respeto y cumplimiento de la ley.
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Opinando N° 2 – Año 13 – Martes 30 de abril de 2024