Rechazamos el proyecto de la coalición gubernamental de reparación a víctimas de la violencia
1. Nos parece correcto que el Estado asista a los familiares de los civiles que fallecieron como resultado de la violencia que vivió nuestro país y que no fueron resarcidos hasta el momento. En tal sentido, la Ley 18 596 es una guía a considerar. Fueron muchos años de omisiones de los diferentes gobiernos que se sucedieron desde el retorno a la democracia en 1985. El 17 de agosto de 1961, fecha en que bandas armadas asesinaron al Prof. Arbelio Ramírez, luego de la conferencia brindada por el Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad, debería ser el comienzo del período. Es una fecha verdaderamente significativa.
2. En el caso específico de los funcionarios militares, oficiales y personal de tropa, ya fueron resarcidos mediante el Artículo 115 de la Ley 14 106 de marzo de 1973 y en montos que superan los otorgados por la Ley 18 596 a los familiares de los compañeros que permanecen Detenidos Desaparecidos y a los familiares de los asesinados.
3. Los montos monetarios establecidos y otros aspectos no menores, del nuevo proyecto de ley de reparación a las víctimas de los grupos armados presentado por el diputado Ope Pasquet constituye una afrenta a las normas de DDHH y una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado.
4. Aunque le atribuyen la responsabilidad al doctor Tabaré Vázquez, esta iniciativa pone de relieve que para la coalición gubernamental, la vida de los 197 compañeros que permanecen detenidos desaparecidos y de los asesinados durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado, vale mucho menos que la de otros ciudadanos víctimas directas de la acción terrorista de los funcionarios del Estado discrimina negativamente, además, a las decenas de ciudadanos que sufrieron lesiones gravísimas durante acciones represivas o en las salas de tortura, a los niños secuestrados y desaparecidos. Especialmente lo hace con miles de uruguayos que, sin haber sido formalmente procesados, estuvieron semanas y meses, privados de su libertad, incomunicados, sometidos a las más crueles torturas en los centros clandestinos de represión y a los cuales se les demanda seis meses de cautiverio para ser considerados víctimas del terrorismo de Estado en la Ley 18 596.
5. Reiteramos que miles de niños y adolescentes de la época que eran familiares de ex presas y ex presos políticos no han sido reparados por el Estado hasta el momento ni son considerados víctimas de la actuación ilegítima ni del terrorismo estatal por la Ley 18 596.