Contra toda evidencia

 Ni media verdad

Diego Burgueño es hijo de una persona fallecida, presumiblemente por balas policiales, en el año 1969, en los sucesos de Pando. Es militante del Partido Nacional. Fundó la organización Toda la Verdad. La semana pasada fue recibido por el Presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Es candidato a integrar la Institución Nacional de DDHH. El domingo de noche participó en un programa de debates en la televisión abierta. Polemizando afirmó: Amodio no fue el único traidor, todos entregaron, refiriéndose a los miles de ex presos políticos.

Acto público de la Asociación Toda la Verdad. El País

La justicia militar en acción 

A partir del momento en que el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno en abril de 1972 la justicia militar sustituyó al Poder Judicial de la República. Las Fuerzas Conjuntas, creadas por Jorge Pacheco Areco en setiembre de 1971, comenzaron a derivar a ella a todas las personas que procedieron a detener en los diversos operativos que comenzaron a desplegar en todo el país. Las Fuerzas Conjuntas incluían a las tres armas y a la Policía que quedó supeditada a ellas. Incluso fue la justicia militar la que intervino cuando el 17 de abril fuerzas policiales y militares asaltaron la Seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo (PCU) y mataron a 8 militantes desarmados e indefensos, en una matanza que aún permanece impune.

Atroces torturas 

Salvo algunas excepciones, que las hubo: Dr. Jorge Batlle, Dr. Gonzalo Aguirre, Dr. José Díaz, Dr. Luis Lacalle Herrera, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira, por citar algunos casos notorios y públicos, la inmensa mayoría de los ciudadanos que estuvieron detenidos por razones políticas, gremiales, sindicales, ideológicas o por mera arbitrariedad fueron sometidos a torturas de todo tipo. Está ampliamente documentado. Incluso menores de edad, ancianos y mujeres fueron sometidos a torturas de todo tipo y naturaleza en dependencias policiales, en cuarteles de todo el país, en las bases de la Aviación y en las dependencias de la Marina. El Batallón Florida donde operaban el teniente coronel Armando Méndez y el teniente Sergio Caubarrere y Artillería 1 La Paloma, donde operaba el coronel Agosto y José Nino Gavazzo a partir de 1973, fueron lugares emblemáticos de la represión masiva desatada en 1972.

Muertos en torturas 

Si bien las torturas ya eran usadas por la Policía en la década de los sesenta tal como lo evidenció una comisión parlamentaria, a partir de abril de 1972 las mismas adquirieron una fuerza inusitada y arrolladora. Se hicieron masivas, sistemáticas y generalizadas, con la bestialidad propia de la Escuela de las Américas en la cual EEUU entrenaba a los ejércitos continentales. 

Decenas de uruguayas y de uruguayos fallecieron en la tortura mientras eran interrogadas por los servicios represivos sin proporcionar ningún tipo de información. Luis Batalla, asesinado en mayo de 1972 en Treinta y Tres fue el primero. El Dr. Vladimir Roslik, asesinado en Río Negro en 1984, en el tramo final de la dictadura, fue el último. La lista de los fallecidos mientras eran torturados es larga y está documentada.

Delitos de sangre 

Todas las personas condenadas por hechos o delitos de sangre, que nadie puede negar que existieron y que ensangrentaron a la sociedad, lo fueron por tribunales militares, luego de días, semanas, meses, de incomunicación, de golpizas, plantones, privados del descanso, de alimentos, de bebidas, de servicios higiénicos, de torturas, de apremios y, muchas veces, en base a sus propios testimonios o las acusaciones de detenidos que ante la presión de las torturas canjearon su libertad, como es de público conocimiento, y colaboraron activamente con los represores. 

Crónicas de los años duros 3 

Hace unas semanas nuestra organización presentó Crónicas de los años duros 3, una compilación de relatos y testimonios de personas que vivieron en carne propia la barbaridad del terrorismo de Estado. Sin quitar valor o mérito a otras experiencias, lo narrado por Jorge Llambías, Carlos Liscano, Carlos Caillabet, Alfredo Rivera y José Pedro Olivera, pone de manifiesto la brutalidad de las torturas que se aplicaban y las terribles condiciones carcelarias diseñadas para la destrucción física, síquica y moral que padecieron miles de prisioneros políticos. Es un esfuerzo editorial para mantener viva la memoria de lo ocurrido y el sufrimiento de miles y miles de compatriotas que se pretende ignorar. 

Seres humanos de carne y hueso 

Sometidas y sometidos a condiciones extremas, nunca vividas y mucho menos pensadas o imaginadas, muchas y muchos prisioneros políticos proporcionaron información y, también, terminaron firmando actas elaboradas por los mismos torturadores en las cuales incriminaban a otras personas (encubriendo a los auténticos colaboradores) o se hacían responsables de los hechos y acciones que ellos señalaban. El procesamiento del coronel retirado Rodolfo Alvarez por ser juez sumariante en la Tablada fue un claro ejemplo de cómo operaba la justicia militar durante dicho período. Los jueces sumariantes eran parte de los equipos que interrogaban a los prisioneros.

Las pruebas de la infamia 

Las actas de la justicia militar son un testimonio vivo de la infamia que vivió nuestro país. Son írritas, nulas y sin ningún valor. Muchas de ellas fueron fraguadas y, en el mejor de los casos, obtenidas bajo tormento o amenaza de ellos, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal, luego de días o semanas o meses de incomunicación. Invocarlas, mencionarlas, hacer referencia a ellas para referirse a miles de luchadoras y luchadores sociales, sindicales, gremiales y políticos, es de una ignominia moral descalificadora. 

De ninguna manera los juzgados militares, siempre sujetos a jerarquías de los mandos, pueden ser equiparados a la actuación del Poder Judicial. Al respecto, un tema pendiente de estudio en lo referido al pasado reciente tiene que ver con un estudio a fondo de la actuación de la justicia militar durante dicho período.

La democracia es una conquista popular 

En este país hay democracia, hay libertades, hay derechos, hay posibilidad de elegir a los gobernantes, hay separación de poderes, porque miles de uruguayos enfrentaron al gobierno de Jorge Pacheco Areco, a la dictadura civil militar y al terrorismo de Estado. Miles de ellos pagaron con prisión su compromiso con la libertad y la democracia. 

Las Fuerzas Armadas asaltaron las instituciones democráticas en el año 1973. En el año 1980 impulsaron una reforma constitucional profundamente antidemocrática que fue rechazada en un plebiscito histórico. El categórico triunfo del NO condicionó su actuación y propició el retorno a la vida democrática. La democracia no le debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos a los criminales, asesinos, torturadores condenados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en dicho período.

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 Opinando N° 12 – Año 11 – Miércoles 20 de julio de 2022