EL CONTENIDO DEL TRIBUNAL DE HONOR CENSURADO POR EL
GOBIERNO: NOMBRES Y EMPRESAS DETRÁS DE UN NEGOCIADO
IMPULSADO POR GREGORIO ÁLVAREZ
Por Samuel Blixen – Brecha 29 10 21
El secreto impuesto al
documento que revela los entretelones del Operativo Conserva solo puede
interpretarse como la determinación de prolongar la impunidad sobre un
negociado impulsado por el dictador Gregorio Álvarez y que desnuda la trama
mafiosa de militares y empresarios a la sombra del poder. Brecha accedió al
tribunal de honor del teniente coronel Armando Méndez, ocultado por el
gobierno. En la documentación, el militar recientemente procesado por crímenes
de lesa humanidad involucra a Carlos Mattos Moglia, tío del actual ministro de
Ganadería, en una maniobra que favoreció a un grupo de frigoríficos a costa de
dineros públicos.
Mediante la resolución
77.015, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ordenó «clasificar como
información reservada la totalidad de las actuaciones del tribunal de honor del
teniente coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban por un período de
15 años desde su clasificación». Ello supone que la ciudadanía, los
investigadores, los periodistas y, fundamentalmente, la asociación Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que pidió el acceso a ese documento–
recién podrán conocer su contenido en setiembre de 2036. El ministro justificó
esa draconiana censura amparándose en los términos del artículo 9 de la Ley del
Derecho de Acceso a la Información Pública, que autoriza la clasificación
cuando se fundamente debidamente «la existencia de elementos objetivos que
permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro,
probable y específico de daño al interés público». La resolución no incluye la
fundamentación que reclama la ley, pero en sus declaraciones a los medios de
prensa García argumentó que el tribunal de honor de Méndez no estaba
relacionado con «cuestiones de derechos humanos, porque se refiere a un tema
comercial con elementos personales». Para redondear la justificación, dijo que
«todos los tribunales vinculados a derechos humanos» son entregados, «a
diferencia de lo que sucedía en otras administraciones».
Un pequeño tropezón: el
tribunal de honor que García clasifica como reservado está incluido en el
legajo personal de Méndez, y ese legajo fue entregado al Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia (GTVJ) en 2018 por Jorge Menéndez, el ministro de Defensa
Nacional de la época. Puesto que ese legajo integraba la documentación que el
GTVJ entregó a Cruzar, un proyecto universitario multidisciplinario para
sistematizar archivos militares, es posible consultar el contenido de ese
tribunal de honor (que Brecha publicará oportunamente en su página web) y
descubrir dónde se anidan los «elementos objetivos de daño al interés público» que
justifican su clasificación, su ocultamiento por 15 años. El «tema comercial»
que invoca el ministro es el llamado Operativo Conserva, un negociado de
mediados de 1982 que, con la exportación de carne para la producción de corned
beef, enriqueció aún más a empresarios de frigoríficos y terminó detonando la
compra de carteras deudoras, operación por la que los bancos extranjeros se
desembarazaron de deudas incobrables en perjuicio del Estado. Y las «cuestiones
personales» refieren a la identificación que el entonces mayor Méndez hacía de
los responsables del negociado mediante declaraciones a tres coroneles
designados para juzgarlo.
Integrado por los
coroneles Juan Zerpa, Omar Goldaracena y José Chialanza, el tribunal de honor
sesionó en agosto de 1982, inmediatamente después de que el presidente de la
república, el general retirado Gregorio Goyo Álvarez, ordenara la sanción
máxima (arresto a rigor de 30 días) por deslealtad de Méndez hacia los miembros
del gobierno y de las Fuerzas Armadas en el transcurso de la puesta en práctica
del Operativo Conserva. En el testimonio de Méndez aparecen, por primera vez,
los detallados entretelones del Operativo Conserva que, en 1985, el Parlamento
fue incapaz de investigar y que la Justicia, al archivar el caso, fue incapaz
de juzgar y penar. Lejos de cuestiones personales, el documento revela la
responsabilidad de militares y civiles que operaron en el centro del poder para
beneficio de una rosca. La clasificación de reserva no solo esconde una porción
de la historia reciente y la responsabilidad de jerarcas, empresarios y
políticos, sino que, además, protege de una incómoda comparación entre
prácticas antiguas y prácticas actuales.
EL
ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS TERRORISTAS DE ESTADO
Álvarez, autoproclamado
presidente de la república, y Méndez, designado presidente del Instituto
Nacional de Carnes (INAC), ya habían contribuido generosamente a la dictadura
con asesinatos y desapariciones, de modo que en 1982 podían, cada uno desde su respectiva
trinchera, enfrentar los desafíos que, en vísperas de las elecciones internas
de los partidos políticos, anunciaban los descalabros económicos que agotarían
el proyecto cuartelero y precipitarían la negociación para la salida
democrática. En el cónclave gubernamental de Piriápolis de noviembre de 1981,
la cúpula militar y política analizó, entre otros problemas, el abultado stock
de ganado que no se faenaba ni para la exportación ni para el abasto interno y
peligraba derivar en una mortandad generalizada en medio de una sequía
persistente.
Diversas misiones
comerciales –a Jordania, Italia, Egipto e Irán– procuraban concretar la
exportación de carne bovina y ovina, pero una dificultad adicional era la
colocación de ganado para «manufactura y conserva» (es decir, flaco). La idea
de faenar 14.600 toneladas para la producción de corned beef surgió en el
entorno de Álvarez (véase la nota aparte sobre los detalles del negociado). Del
testimonio de Méndez en el tribunal de honor surge que los dos principales
ejecutores del operativo fueron el ministro de Agricultura y Pesca, Carlos
Mattos Moglia (tío de Fernando Mattos, actual ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, asesor de UPM y expresidente de la Asociación Rural), y el
empresario José María Alori, cabeza del grupo económico Alori Oyenard. El
protagonismo del dictador es el de titiritero que mueve las marionetas a su
antojo.
Antes de acceder al
ministerio, Mattos Moglia había sido presidente de la Asociación Rural y
respaldado la reestructuración de la industria frigorífica, que terminó
liquidando al Frigorífico Nacional como ente testigo. Por su parte, en el
momento del Operativo Conserva, Alori era director del Frigorífico Carrasco,
integraba la Cámara de Industrias Frigoríficas y era director del Banco Pan de
Azúcar. Antiguo director de Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA, su
grupo económico controlaba unos 15 establecimientos agropecuarios, uno de los
cuales, Las Mercedes, explotaba junto con Álvarez. Los vínculos del presidente
y el empresario exhibían otro eslabón: Rosario Flores, esposa del dictador,
también integraba el directorio del Frigorífico Carrasco, del que era abogado
Enrique Tarigo. Si la relación comercial entre Álvarez y Alori permitía afirmar
que en las transacciones ganaderas ambos llegaban a controlar los precios de
las haciendas, y junto con un terrateniente de Cerro Largo de apellido Arigón
eran conocidos como La Triple A –Álvarez, Arigón, Alori–, la que existía entre
Mattos Moglia y Alori era mucho más modesta: tal como detalló Méndez en el
tribunal de honor, en el momento de ponerse en marcha el Operativo Conserva,
Alori gestionaba, a través de una inmobiliaria de su propiedad, la venta de la
casa del ministro. Pero los grandes poderes que Mattos Moglia otorgó a Alori
sugieren vínculos más estrechos.
UN
NEGOCIO PERJUDICIAL PARA EL PAÍS
Las fuertes
confrontaciones entre Mattos Moglia y Méndez surgieron en el mismo momento en
que el ministro pretendió adjudicar la faena de las 14.600 toneladas de ganado
conserva, en forma directa, a un puñado de frigoríficos elegidos a dedo.
Méndez, desde el INAC, reclamaba una licitación abierta. El ministro, después,
justificó su criterio aludiendo a «las complejidades del operativo». Méndez se
opuso al criterio de Mattos Moglia de poner en manos de privados la ejecución
del Operativo Conserva: consideraba que debía ser una «negocio de gobierno a
gobierno». Mattos Moglia, por el contrario, prefirió descansar la gestión en
una empresa, Inversur Trading, cuyo responsable era Alori. Tal como explicó
Méndez a los coroneles, fue Alori quien elaboró el contrato entre el gobierno e
Inversur, en el que se especificaron los mecanismos por los que el Estado
financiaba a Alori la compra de la carne a frigoríficos que no eran
individualizados y, a la vez, extendía una carta de crédito para que Inversur
impulsara la producción de corned beef en cinco frigoríficos argentinos, que
tampoco eran individualizados en el documento (pero que fueron identificados
después como empresas vinculadas al jefe de Policía de la provincia de Buenos
Aires, el general Ramón Camps).
Según Méndez, el negocio
significó un beneficio seguro para Alori –y para los frigoríficos que faenaron
las 14.600 toneladas– y terminó en un perjuicio de 15 millones de dólares para
el Estado. Por lo menos en dos reuniones con Álvarez, en las que estuvieron
presentes el ministro y el general Pedro Aranco, director de la Secretaría de
Planeamiento, Coordinación y Difusión –organismo precursor de la actual Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, en el que el contador Ariel Davrieux actuaba
como segundo responsable–, el presidente del INAC expuso y fundamentó sus
reparos. En las actas del tribunal de honor Méndez dejó constancia de que en
una oportunidad Álvarez opinó que Alori y Arigón eran «imparables» y de que en
otra le advirtió: «No te tires contra el ministro en los escritos». De todas
formas, Méndez ratificó por escrito sus posiciones y exigió que Mattos Moglia
hiciera lo mismo. Méndez identificó al abogado Fernando Etcheverry Ferber como
el asesor del ministro, que hacía de enlace con Alori en el proceso de
elaboración del contrato.
EL
GOYO IMPONE SU PODER
En las casi 400 fojas del
tribunal hay reiteradas referencias a «lo que se dice en la calle». Méndez
identifica los restaurantes del Mercado del Puerto, «donde se reúnen
empresarios frigoríficos y ganaderos», la usina de los rumores. Uno de ellos
sostenía que él cobraba coimas para oponerse al operativo. Ese rumor encendió
su temperamento impulsivo y habría sido la razón de que, en una reunión con los
jefes y los gerentes del INAC y la Comisión de Abasto, divulgara los detalles
del proceso, que los presentes interpretaron como «un negociado». Consumada la
«deslealtad», la reacción de Álvarez fue fulminante. El arresto a rigor impulsó
a Méndez a solicitar el tribunal de honor («A los 34 años me cortaron la
carrera», dijo).
Cuando los tres coroneles
terminaron la labor, decidieron, por unanimidad, que Méndez había cometido «una
falta leve, con atenuantes y agravantes», producto de su temperamento y su
juventud. Descartaron la investigación que el ministro del Interior, Yamandú
Trinidad, encomendó a la Dirección de Información e Inteligencia por una
eventual «motivación política» en la oposición de Méndez al Operativo Conserva
(lo que hubiera implicado consecuencias de otro tenor) y elevaron su juicio al
comandante del Ejército, el general Boscán Hontou, quien, a su vez, lo derivó
al Poder Ejecutivo. Un decreto de Álvarez negó la homologación del fallo,
desautorizando implícitamente a los tres coroneles. Meses después, Méndez
solicitó su pase a retiro. Incursionó en la actividad privada como empresario
de seguridad, además de como productor rural, y en 1991 tuvo una postrera
reivindicación, cuando el presidente de la república, Luis Alberto Lacalle
Herrera, decidió anular el decreto del dictador Álvarez, homologar el fallo del
tribunal y, por tanto, promover el ascenso de Méndez a teniente coronel en
situación de retiro, sin beneficio de retroactividad en sus haberes.
En una espiral de la
historia, el ministro de Defensa Nacional del hijo de aquel presidente decidió
cajonear durante 15 años este insólito episodio sobre un diferendo entre dos
homicidas, cuyo trasfondo revela la corrupción de militares y civiles a la sombra
de una dictadura. La clasificación de reserva para el tribunal de honor se
adoptó antes de que Méndez fuera procesado por el asesinato del prisionero
argentino Gerardo Alter. Por lo tanto, ello no influyó en la decisión. Solo el
ministro puede explicar por qué quiso mantener en secreto los pormenores del
Operativo Conserva, un secreto que no duró ni 15 días.
El ministro de Defensa, Javier García, en mayo de este año en la Torre Ejecutiva Mauricio Zina
LA
TRAMA DEL OPERATIVO CONSERVA
FRIGORÍFICOS
BENEFICIADOS CON DINEROS PÚBLICOS
La trama del Operativo
Conserva bien puede haberse convertido en un manual para futuros negociados a
la sombra del poder. Su lógica es transparente en la medida en que haya margen
para la impunidad. En el último tramo de la dictadura ese requisito estaba
asegurado.
El esquema fue el siguiente: una porción del ganado en praderas (se estimó en 100 mil cabezas de mala calidad) estaba condenado a no ser faenado, porque no había mercado que lo absorbiera. Entonces se fabricó ese mercado: 14.600 toneladas serían compradas a ciertos frigoríficos elegidos a dedo, a 850 dólares la tonelada. El precio de mercado no superaba los 700 dólares. El intermediario sería Inversur Trading, del empresario José María Alori.
Una de las empresas que recibirían un cupo para la faena, Central Frigorífica del Uruguay, estaba presidida por el hermano de este, Antonio María Alori. Para financiar la compra de la carne, Inversur recibiría una letra de cambio extendida por el gobierno. Otra letra de cambio fue extendida a favor de Inversur para financiar la producción de corned beef en frigoríficos argentinos, a un precio promedio de 21,5 dólares cada lata de 340 gramos, es decir, un 25 por ciento más cara que el precio de mercado.
La
carne fue ingresada a Argentina en régimen de off shore, como si se tratara de
capitales financieros, y fue «repatriada» a través del puente en Fray Bentos.
El contrato entre Inversur y el Ministerio de Agricultura y Pesca establecía
que el gobierno estaba obligado a comprarle a esa empresa la totalidad del
corned beef. Inversur terminó vendiendo en el exterior las latas a 16 dólares,
con una pérdida de 5 dólares por cada una, pero la ecuación resultó un negocio
redondo para Alori, que no había puesto un peso.
En el esquema, los frigoríficos obtuvieron una ganancia de 150 dólares por tonelada. Los frigoríficos argentinos embolsaron unos 5 millones de dólares por la manufactura, sin haber desembolsado capital por la materia prima. Se estima que, con la venta del corned beef y las comisiones, Alori ganó unos 10 millones de dólares. Las latas que no pudieron ser vendidas fueron usadas por el intendente de Montevideo, Juan Carlos Payssé, para atraer votantes durante la campaña electoral de 1984 con «corned beef barato». Había sido designado intendente de facto en 1983 cuando convenció a los militares de que había dejado definitivamente atrás su vinculación con Wilson Ferreira Aldunate, de quien fue secretario político.
Uno de los mayores beneficiados fue la
representación en Argentina del Bank of America, que financió la producción de
corned beef con la garantía del Estado uruguayo. Utilizó ese endeudamiento del
gobierno como parte del acuerdo para la compraventa de carteras de deudas
incobrables que impulsó junto con el Citibank. Para salvar el sistema
financiero, el gobierno del dictador Gregorio Álvarez destinó 500 millones de
dólares en carteras incobrables de los bancos extranjeros. El Estado uruguayo
perdió 15 millones de dólares con el Operativo Conserva.
CONFRONTACIÓN
ENTRE FACCIONES MILITARES
EL
PLANETA DE LOS SIMIOS
En la trama del Operativo Conserva sería una ingenuidad atribuir el papel del bueno al mayor Armando Méndez, que defiende los intereses de empresarios honestos damnificados por una rosca de empresarios inescrupulosos a los que protege con guiños de don Corleone el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Conviene recordar que Méndez fue un oficial de inteligencia que en febrero de 1973 participó activamente en el enfrentamiento del Ejército y la Fuerza Aérea contra la Marina y que en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas desarrolló métodos para interrogatorios que hicieran más productiva la tortura. Más correcto sería interpretar la confrontación entre Álvarez y Méndez por el Operativo Conserva como una expresión del esquema de puja interna por el control del Ejército, que desde 1974 enfrentó a Álvarez con el general Esteban Cristi.
Ambos eran la cabeza de
corrientes internas que disputaban el poder sin que, en los términos políticos
más generales e ideológicos, pusieran en riesgo el proceso dictatorial.
Coincidían en la brutalidad de la represión como herramienta de control, en el
rumbo de la economía, en la necesidad de utilizar a los partidos políticos
tradicionales como paraguas (de ahí que no titubearan en desplazar a Juan María
Bordaberry cuando propuso instaurar un régimen corporativo) y en las
estrategias para impulsar el famoso cronograma que permitiera devenir en una democracia
tutelada. Pero ambos eran gorilas cuando se trataba de disputar el liderazgo de
la manada.
Álvarez era tan fascista
como Cristi, pero logró imponer la imagen del moderado frente al duro que se
parapetaba en la División de Ejército 1, la más poderosa del país. Las
maniobras del Goyo resultaban infructuosas para debilitar a Cristi, que
controló las estructuras de la inteligencia del Ejército. En ese esquema Méndez
fue un niño mimado de Cristi y pudo desarrollar una carrera meteórica, incluso
después del pase a retiro de su mentor, bajo el ala del general Juan Vicente
Queirolo. Así, en 1979, accedió primero a la presidencia de la Comisión
Administradora del Abasto y después a la del Instituto Nacional de Carnes,
ambos organismos estratégicos. Para concretar sus ambiciones de proclamarse
presidente, Álvarez supo aprovechar una jugada errónea de «los duros»: la
impresión de El Talero, un pasquín de circulación clandestina entre la
oficialidad que pretendía desprestigiar al comandante en jefe. Al identificar a
los autores, Álvarez ordenó el pase a retiro del general Amaury Prandt,
director del Servicio de Información de Defensa, y del mayor José Gavazzo, jefe
del Departamento III (Operaciones) de ese mismo organismo.
Cuando en 1981 Álvarez se
convirtió en presidente, la situación de Méndez cambió cualitativamente, pero
logró mantener el respaldo de Queirolo, hasta que este fue sustituido por
Boscán Hontou. En el ámbito del Poder Ejecutivo, quedó en solitario. Y cuando
Álvarez pretendió anular a aquel oficial protegido de Cristi, mediante
manipulaciones para implicarlo en sus planes, Méndez optó por resistirse. Aun
cuando los tres coroneles que lo juzgaron habían sido sus colegas en la
represión (Juan Zerpa, comandante del Batallón 13 de Infantería; José Chialanza,
comandante de Transmisiones 1 –unidades, ambas, en las que funcionó el 300
Carlos–, y Omar Goldaracena, comandante del 6.o de Caballería), no tuvo suerte,
jaqueado no solo por el dictador, sino también por los generales que lo
rodeaban, Hontou, Pedro Aranco y Yamandú Trinidad.
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