Represor uruguayo condenado a cadena perpetua vive prófugo en Livramento
Escribe Cleber Dioni Tentardini , Janaina Cesar , Naira Hofmeister en Derechos humanos
Juzgado en Italia por los delitos cometidos durante el Plan Cóndor y considerado prófugo por Uruguay e Interpol, el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se instaló a dos kilómetros de la frontera de su país, en Santana do Livramento. El militar goza de la protección de la Constitución brasileña ya que optó por la nacionalidad de ese país, heredada de su madre.
El coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se ganó el apodo de El Burro por parte de sus compañeros del Ejército uruguayo por la forma brutal en que conducía sus interrogatorios. Agente de la dictadura en la década de 1970, formado en la Escuela de las Américas en Panamá, que enseñó métodos de tortura a militares latinoamericanos, Narbondo acaba de ser condenado a cadena perpetua en Italia por participar en “una impresionante serie de crímenes excepcionalmente graves”, que implicó secuestros ilegales, tortura, asesinato y desaparición de opositores políticos al régimen en Uruguay. El Burro es uno de los 14 militares del Cono Sur que han sido condenados definitivamente por los crímenes del Plan Cóndor, una colaboración secreta de inteligencia militar entre dictaduras sudamericanas.
El proceso se lleva a cabo en Italia porque varias de las víctimas de los criminales de lesa humanidad tenían ciudadanía italiana. De los 11 uruguayos condenados por el Tribunal de Casación de Roma a principios de julio, sólo Narbondo no está en prisión. A punto de cumplir 80 años en setiembre, el coronel retirado lleva una vida tranquila en un barrio de clase media de Santana do Livramento, en el estado más austral de Brasil, Rio Grande do Sul, que limita con la ciudad uruguaya de Rivera. Fue en la puerta de su casa donde habló en exclusiva con Matinal; hasta el día de hoy, ningún periodista de Argentina o Uruguay había logrado entrevistarlo.
Yo era militar, seguía órdenes y vivíamos en una era de guerrillas en los países. Los Tupamaros en Uruguay, VAR Palmares en Brasil, lo mismo en Argentina, Chile... así que todo lo que diga en mi defensa, como militar, no servirá de nada. Es en el ámbito político donde hay que resolver estos temas”, dijo. Preguntado directamente sobre si cometió los delitos por los que fue condenado, cambió de tema: “Fue un período, y eso fue todo en el pasado”. Se negó a ser fotografiado.
Narbondo vive a menos de dos kilómetros de la línea imaginaria que separa a Brasil de Uruguay, donde se lo considera prófugo de la Justicia luego de que un juez lo convocara a declarar en un caso en el que es investigado por la muerte bajo tortura de un trabajador en 1972. Él nunca se presentó y por eso existe una orden de arresto internacional emitida por Interpol a solicitud de su país de origen.
Las atribuciones de la Policía internacional contra el coronel son limitadas porque es considerado brasileño desde 2003, cuando acudió a una oficina de registro de Livramento para optar por la nacionalidad de su madre, nacida en el municipio de Rio Grande do Sul. Con esto, Narbondo está amparado por el artículo 5 de la Constitución de Brasil, que garantiza que “ningún brasileño será extraditado” para responder por delitos en otros países.
“Es un ciudadano libre en Brasil y tiene derechos y deberes como cualquier otro”, dijo su abogado, Julio Martin Favero, de Rio Grande do Sul, conocido por los militares por facilitar la regularización de los documentos de compraventa de inmuebles del lado brasileño. “Narbondo era militar en una época en la que prácticamente había una guerra civil. Nadie es un ángel, pero no puedes creer todo lo que se les atribuye. Estoy lidiando con las consecuencias y dentro de la ley. Y no me pregunten si me da vergüenza defender a un ciudadano, al que llaman genocida y no sé qué más”, expresó el abogado.
Italia condena los crímenes de la Operación Cóndor
Mato Narbondo fue condenado en Italia por participar en la muerte y desaparición de cuatro ciudadanos de ese país: Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni. “Bernardo salió de la casa a las siete de la mañana y nunca volvió. Ahora, 45 años después, puedo decir que se ha hecho justicia”, dijo Cristina Mihura, viuda de Bernardo, al término de la audiencia final del proceso que condenó a los torturadores, en Roma, el 9 de julio.
“Es una sentencia histórica. Dimos a las víctimas memoria y justicia. Es un acto contra la barbarie”, declaró el abogado del Tribunal de Casación, Pietro Gaeta.
Arnone, Gatti, Ibarburu y Zaffaroni fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados al temido centro clandestino de la capital llamado Automotores Orletti, según revelan los testimonios de sobrevivientes de tortura que se cruzaron con los desaparecidos en los pasillos del taller mecánico.
Apodado por los represores como “el jardín”, la prisión clandestina fue la base principal del Plan Cóndor en el país. Se estima que allí fueron detenidas más de 300 personas.
Por este mismo lugar pasaron los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, quienes eran niños (de uno y cuatro años) cuando fueron secuestrados con sus padres en Argentina por el servicio de inteligencia uruguayo. Este fue uno de los casos investigados por la Justicia uruguaya en el que aparece el nombre de Narbondo relacionado con delitos cometidos en el ámbito del Plan Cóndor, pero terminó siendo absuelto por falta de pruebas. Los niños pasaron por varios centros clandestinos de detención y tortura hasta que fueron abandonados en Chile, donde una familia los adoptó. Años después, recuperaron sus identidades, pero sus padres siguen desaparecidos.
En la sentencia de primer grado de Italia, la jueza Evelina Canale recordó que “la existencia del Plan Cóndor ha sido probada por muchas fuentes documentales, incluida la CIA [la agencia de inteligencia estadounidense]”. “El Plan Cóndor es un convenio de colaboración para llevar a cabo un proyecto específico para eliminar a los opositores políticos”, confirmó la jueza Agatella Giuffrida.
Uruguay comienza ahora a investigar la participación del coronel en los asesinatos del senador Zelmar Michelini y del expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, también secuestrado en la capital argentina y trasladado al centro clandestino Automotores Orletti.
En la década de 1980, hubo un intento de dilucidar el caso, y una enfermera que supuestamente medicaba a Narbondo después de un ataque de depresión reveló que este había confesado el crimen en ese momento, e incluso le había mostrado una placa otorgada por las Fuerzas Armadas por la hazaña. En 2011, Uruguay condenó al exdictador Juan María Bordaberry y a su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, a 30 años de prisión por su participación en este episodio y otros nueve delitos, entre ellos desapariciones forzadas y asesinato político.
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