Hace unas semanas, en el marco de una recia y pertinaz campaña de los sectores más conservadores y vinculados al poder mediático, el Ministro del Interior, Dr. Jorge Larrañaga realizó declaraciones públicas profundamente equivocadas y muy peligrosas. Se refirió a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en términos despectivos.
Anteriormente, había autorizado restituir el nombre del comisario inspector Víctor Castiglioni, un brutal torturador durante la dictadura, al Salón de Actos de la Dirección de Inteligencia.
Un grave error conceptual
Demostrando un desconocimiento inusitado acerca de las normas de DDHH, el Dr. Jorge Larrañaga reprochó públicamente a la INDDHH por no preocuparse de los derechos de los integrantes de la Policía.
Las normas de DDHH no se establecieron a nivel mundial y nacional para proteger los derechos de los funcionarios estatales sino todo lo contrario. No son los ciudadanos los que se ensañan con los funcionarios del Estado, sino al revés. Son los ciudadanos, especialmente los más débiles, quienes sufren los abusos de poder, ya sea de la policía o de funcionarios estatales en otros establecimientos.
A partir de los horrores experimentados luego de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones, entendió que era imprescindible establecer un conjunto básico de normas internacionales para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de poder de los funcionarios estatales. Quienes portan armas siempre están en el ojo de la tormenta y son los más denunciados.
Normas de DDHH: una conquista de la humanidad
Para desmerecer las normas de DDHH, desde las redacciones de los poderosos y hegemónicos, se aduce que ellas han sido redactadas por especialistas en oficinas con todas las comodidades, con veleidades de moralistas, al margen de la vida real.
Lo cierto e inocultable es que atrás de ellas está un largo recorrido de sufrimiento por parte de la raza humana: el de millones de personas traficadas como esclavos a lo largo de la historia, el de millones de personas discriminadas por el color de su piel, el de millones de armenios, el de millones de judíos asesinados en los campos de concentración.
Un largo recorrido de millones de seres humanos sufrientes.
INDDHH: un gran logro de la sociedad
La creación de la INDDHH ha sido un logro importante del mejoramiento de la calidad de vida de la institucionalidad democrática en los últimos lustros, más allá de los éxitos y/o fracasos, de sus aciertos y también de sus posibles errores al opinar y emitir recomendaciones.
Además de propender a la difusión de las normas de DDHH, tal vez la labor más importante y encomiable de la INDDHH y Defensoría del Pueblo sea la de fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, la de ser un ámbito abierto y confiable a las denuncias de los ciudadanos frente a los atropellos del Poder y de sus funcionarios.
Como es público y notorio, los funcionarios policiales y su actuación, en Uruguay, en la Región, en América Latina, en EEUU y en todo el mundo están en el epicentro de las denuncias y de la atención mediática, por los excesos y los abusos frecuentes.
Los funcionarios policiales tienen el privilegio de portar armas para asegurar a todos los ciudadanos el pleno disfrute de sus derechos, incluso el de protestar pacíficamente. Por eso es tan grave cuando incurren en violentar las normas o se exceden en el uso de la fuerza sin motivo ni razón como se suele constatar.
La violencia policial
La INDDHH es una gran herramienta de la democracia para afirmar las normas destinadas a dignificar la vida de todas las personas. Es un instrumento fundamental y decisivo para aquellos ciudadanos más vulnerables, más desprotegidos, que no tienen acceso a la propia organización, a conocer, reclamar y demandar derechos.
Por eso es permanentemente cuestionada, atacada, denigrada. Por eso hay quienes llaman a ahogarla presupuestalmente.
El Ministro Dr. Jorge Larrañaga, el jefe de miles de ciudadanos que ostentan armas diariamente, debe asumir y entenderlo: las normas de derechos humanos son un escudo protector de los ciudadanos frente a los funcionarios del Estado.
Defender a la INDDHH de los ataques ha sido un desafío para la sociedad civil desde su creación. Trabajar para mejorarla y perfeccionarla, dotarla del adecuado presupuesto que ella necesita para cumplir con sus obligaciones nos convoca a redoblar esfuerzos. Y lo seguiremos haciendo.