Este domingo 6 de setiembre El País continúa su campaña de apoyo a Manini Ríos para evitar su desafuero. Además de la columna sin pedestal de Martín Aguirre, publica un Editorial verdaderamente memorable. Hará historia, como cuando en plena dictadura, una de sus actuales directoras entrevistó al General Jorge Rafael Videla.
El País promueve, descaradamente, que el Partido Nacional vote en contra del pedido de desafuero del general retirado Guido Manini Ríos para evitar ser condenado por no informar a la justicia acerca de las confesiones de José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.
Sin aportar ninguna prueba, acusa a la jueza Marcela Vargas de tramitar la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli de manera irregular.
Además, acá viene lo verdaderamente grave e insólito, lo hace basándose en el rechazo que en junio de 1973 el Parlamento llevó a cabo cuando la "justicia militar" pidió el desafuero del senador Enrique Erro para juzgarlo. Vale la pena recordar que el rechazo del pedido de desafuero del senador Enrique Erro fue la excusa que empleó el Poder Ejecutivo para disolver las Cámaras.
Justicia militar y Poder Judicial
El País equipara, pone al mismo nivel jerárquico, al Poder Judicial, uno de los tres poderes independientes constitutivos de nuestro sistema democrático republicano de gobierno con la "justicia militar" de la época. Insólito!
Los juzgados militares, órganos dependientes y sometidos a la jerarquía de los mandos militares de la época, comenzaron a actuar para juzgar la conducta de civiles al declararse el Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972.
A la "justicia militar" se le otorgó el cometido de "juzgar" a los ciudadanos que comenzaron a ser detenidos en el marco de las acciones represivas que las Fuerzas Conjuntas (FFCC) de la época comenzaron a desarrollar contra el MLN y otras organizaciones populares.
La "justicia militar" fue claramente definida ante el propio Parlamento por el coronel retirado Dr. Néstor Bolentini, un neto representante del "proceso" durante toda esa década.
La justicia militar no hace justicia
El coronel y Dr. Néstor Bolentini fue Ministro del Interior cuando Bordaberry padre disolvió las cámaras en junio de 1973, el que ilegalizó a la CNT el 4 de julio durante la huelga general y uno de los representantes oficiales de la dictadura en el único debate televisivo previo al plebiscito constitucional de 1980 cuando triunfó el NO.
Ante el Parlamento, Bolentini, afirmó: "La justicia militar no hace justicia: sus jueces son auxiliares y asistentes de las Fuerzas Armadas en operaciones".
La “justicia militar” había mostrado su ferocidad
En mayo de 1973 cuando la justicia militar solicita el desafuero del senador Enrique Erro, más de 2.000 ciudadanos ya habíamos sido formalmente condenados por ella, sin garantías de ningún tipo, sin apoyo legal, luego de semanas y hasta meses de total incomunicación, sometidos sistemáticamente a torturas y abusos sexuales.
Todos los condenados fueron en base a actas autoincriminatorias firmadas en las propias salas de torturas, ante jueces militares sumariantes que eran parte de los equipos de tortura como el coronel retirado Rodolfo Alvarez (sobrino del Goyo) ya procesado por la justicia.
Confesiones: una prueba de la infamia
Las actas de la justicia militar no tienen ningún valor legal ni moral ni pueden ser convalidadas de ninguna forma. Invocarlas es una auténtica inmoralidad. Una infamia. Más de 10.000 ciudadanos pueden atestiguarlo si no alcanzara con los testimonios brindados por Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo en los Tribunales de Honor.
Fueron todas firmadas, bajo coacción, en las salas de tortura de los cuarteles, en dependencias de la Armada, de la Aviación y en la DNII, en la Sede del SID en Bulevar Artigas, en el 300 Carlos, en la Casa de Punta Gorda, en la casona de Millán y en la Tablada.
En un libro de su autoría el militante del Partido Nacional y Alcalde de la localidad de Aguas Corrientes por dicho Partido Alvaro Alfonso, difamó a un ex preso político en base, precisamente a dichas actas y fue condenado por la justicia a retractarse.
Cuando la "justicia militar" solicita el desafuero del Senador Enrique Erro, las Fuerzas Armadas ya cogobernaban junto el presidente Juan María Bordaberry a través de su participación directa en el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) creado en febrero de 1973, luego de negociaciones, en la Base Aérea de Boiso Lanza.
El Dr. Julio María Sanguinetti
En la actual coyuntura, el Dr. Julio María Sanguinetti, también se opone a que se vote el desafuero del general retirado Guido Manini Ríos. No llama la atención. En abril de 1972 integraba el Poder Ejecutivo de Juan María Bordaberry, fue uno de los impulsores de la Declaración del Estado de Guerra Interno y del pasaje a la “justicia militar” de miles de uruguayos. En octubre de 1986 promovió la Ley de Amnistía para los criminales de la dictadura y finalmente, luego de acuerdos con sectores del Partido Nacional, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
La historia ya lo condenó
El general retirado Guido Manini Ríos, siendo Comandante en Jefe del Ejército, incumplió su obligación de informar al Poder Judicial acerca de las confesiones que realizaran José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en el año 2018 acerca de hechos delictivos.
En campaña electoral, él mismo lo ha reconocido públicamente en medios televisivos, ha justificado su actuación. Seis generales retirados, de su total confianza, lo han responsabilizado en los estrados judiciales. Sobran los méritos jurídicos.
Cuando no tenía fueros parlamentarios, evitó ser formalizado por la Justicia en base a maniobras dilatorias del mismo tenor que las que suelen emplear los terroristas estatales para enlentecer las causas.
Fortalecer el Estado de Derecho
El País fue un vocero, no honorario, quasi oficial, del terrorismo de Estado. Adhirió fervientemente, incluso, al proyecto de Constitución que plebiscitaron los militares en el año 80. Lo hizo de manera militante: hasta se negó a publicar una tibia solicitada en contra del proyecto militar que el padre del actual Presidente de la República intentó difundir en su momento.
El citado editorial demuestra la escasa fortaleza democrática y constitucional del operador político de la más rancia derecha uruguaya. Es una prueba evidente del compromiso militante del matutino caganchero en favor de la impunidad para los peores criminales de la historia del país.
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Opinando N° 12 – Año 9 – Lunes 7 de Setiembre de 2020