Ellos son
Piden
procesamiento y reiteran una captura internacional
para
los responsables de la tortura en el Batallón Florida.
Por Samuel Blixen – Brecha – 28 2 2020
Armando
Méndez, en 1990 cuando era director de Aduanas / Foto: Nancy Urrutia
Una
denuncia judicial iniciada en 1986 pone en la antesala de un procesamiento a
cinco oficiales que monopolizaron la tortura a prisioneros en el Batallón
Florida en 1972. Entre ellos, un verdadero “cuadro” del Ocoa, cuya historia
estaba hasta ahora tapada.
El juez penal de 22º
turno, Nelson dos Santos, deberá decidir si acepta los fundamentos expuestos
por el fiscal especial para delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe,
quien reclama el procesamiento de cuatro oficiales del
Ejército que en 1972
fueron responsables de la mayoría de las torturas contra decenas de prisioneros
en el Batallón Florida de Infantería número 1, y la captura internacional de un
quinto. Los oficiales, hoy retirados, son los entonces teniente coronel Carlos
Legnani Clapes (comandante de la unidad), teniente Sergio Héctor Caubarrere
Barrón, teniente Armando Méndez Caban y teniente Alberto Darío Grignoli
Guarnieri; el capitán Tabaré Camacho, también responsable de torturas
reiteradas, sería extraditado cuando se confirme su lugar de residencia. A
tales efectos, el fiscal Perciballe solicita que el Servicio de Retiros y
Pensiones de las Fuerzas Armadas (Ffaa) informe sobre el lugar y la fecha en
que el capitán Camacho realizó la última revista de existencia. El pedido de
captura data de enero de 2019, y por lo tanto Camacho tiene que haber
confirmado su domicilio por lo menos tres veces para continuar cobrando su
jubilación.
Según el pedido de
procesamiento, está suficientemente probado que los cinco oficiales acusados
(un sexto, el entonces capitán Carlos Calcagno, está fallecido) fueron los
responsables de las torturas sistemáticas, pero el magistrado aclara que “los
responsables en los tormentos, abusos y vejámenes descriptos son muchos más de
los que hasta el momento han declarado”. Aunque el documento describe con
detalle las torturas infligidas a los detenidos y el fiscal afirma que “no cabe
ninguna duda de que los hechos descriptos se encuadran diáfanamente en el
delito de tortura, figura penal prevista en el artículo 22 de la ley 18.026”,
puesto que “al momento en que acaecieron los hechos denunciados dicha figura
penal no existía en nuestro ordenamiento jurídico”, se reclama el procesamiento
por los delitos continuados de lesiones graves y de privación de libertad.
El Batallón Florida,
ubicado en 1972 en el barrio del Buceo, fue uno de los principales centros de
represión al Mln desde que se declaró el estado de guerra interno y las Ffaa
desataron una cruenta represión que no tuvo límites legales. Entre las decenas
de prisioneros torturados en el Florida, cuatro de ellos presentaron una
denuncia común: Alejandro Artucio, Adriana Castera, Raquel Dupont y Washington
de Vargas. Los cuatro denunciantes y otros testigos coincidieron en identificar
a los oficiales torturadores. Dupont señaló que “a los que recuerdo bien es a
Calcagno y a Camacho”, e identificó como participantes en las sesiones de
tortura a: “capitán Carlos Calcagno, teniente Alberto Grignoli, capitán Tabaré
Camacho, teniente Orosman Pereyra, capitán Luis González y al mayor Corbo
(segundo jefe de la unidad)”.
Artucio –abogado de
presos políticos antes de la dictadura que, ante su pedido de captura, se asiló
en la embajada de Argentina y decidió presentarse
después de que el
embajador, el vicecanciller Juan Carlos Blanco y el jefe de Policía de
Montevideo general Zubía acordaron “que no sufriría daño alguno”– denunció: “Después
de una tremenda golpiza en que me fracturaron costillas y se me cayó la venda,
vi que estaban Legnani, Tabaré Camacho, Calcagno, el capitán González”. A
Grignoli lo recordó expresamente: “Grignoli era un teniente, hermano de un
funcionario de [la Dirección Nacional de] Información e Inteligencia, a quien
un año antes [1971] yo como abogado denuncié por torturas y fue procesado por
el juez Guillot. Entonces, el hermano quería saldar conmigo la cuenta”.
Castera declaró que “en
el cuartel había dos capitanes a cargo, Camacho y Calcagno del S2
[inteligencia] y ellos se dividían los casos. A algunos les tocaba Calcagno y a
otros Camacho, a mí me tocó Camacho”. De Vargas relató: “Recuerdo a Camacho,
Calcagno, Méndez, Caubarrere, Grignoli y luego a Silveira”. También mencionó a
los tenientes Carlos Affonso, Durañona, Maurente y al alférez Iribarne.
El fiscal Perciballe
detalló en su escrito la forma de operar y las responsabilidades del equipo de
oficiales del Florida. “El grupo que se dedicaba a las detenciones, a los
apremios y a los interrogatorios era integrado fundamentalmente por los
integrantes del S2 [inteligencia] y el S3 [operaciones] del Batallón de
Infantería número 1, y los oficiales asignados en su apoyo, así como personal del
Ocoa destacado en el lugar”. El encargado de los interrogatorios, el
responsable, era el oficial S2 de inteligencia “y quien a la postre realizaba u
ordenaba la tortura”. El oficial de inteligencia “era acompañado por tres o
cuatro interrogadores que concomitantemente procedían a realizar los tormentos.
Luego de ello, el juez sumariante, que era a su vez un oficial destacado en la
unidad militar, y por tanto tenía conocimiento del trato dado a los detenidos,
procedía a ratificar la declaración de este, así como a realizarle otras
preguntas”. De ahí la importancia de identificar a los jueces sumariantes, que
no cumplían funciones independientes; de las declaraciones de los detenidos
surge que el sumariante rotaba entre los distintos oficiales. En tal sentido,
Castera aportó un nuevo nombre: el capitán José Rubén Castro, que no había sido
identificado por los otros torturados.
LOS ROLES. Los cinco
oficiales implicados cumplieron diversos roles esenciales en las primeras
etapas de la represión masiva a organizaciones políticas, sindicales y
sociales. El jefe del Florida, el entonces teniente coronel Legnani – quien
personalmente supervisaba las torturas–, facilitó en julio y agosto de 1972 las
famosas “negociaciones” entre tupamaros y los altos mandos del Ejército; llegó
a permitir que el tupamaro más buscado, Raúl Sendic, entrara y
saliera del cuartel para discutir con sus compañeros presos la oferta
de rendición incondicional, a la que él, Sendic, se negó tajantemente.
El fallecido Calcagno –quien
tuvo un protagonismo especial en las negociaciones, por las que anudó una
relación estrecha con quien después sería senador y ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro– sirvió en la Compañía de Contrainformación, de la
que llegó a ser jefe, y en 1977 estaba destinado como enlace del Cóndor en
Asunción, donde detuvo y participó en la desaparición de dos uruguayos militantes
del Pvp, Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde.
El capitán Camacho,
sindicado como responsable del S2 en el Florida, cumplió un rol importante en
los controvertidos episodios colaterales de las negociaciones con los
tupamaros: las acciones contra “los ilícitos económicos”, que tenían como
objetivo inicial determinar la responsabilidad de Jorge Batlle en el episodio
de “la infidencia”, en la medida en que se le suponía la fuente informativa del
diario BP Color, que en abril de 1968 anticipó una fuerte devaluación del
dólar. Los mandos militares abortaron una proyectada detención clandestina de
Batlle para interrogarlo en el Florida.
El entonces
teniente Sergio Caubarrere fue procesado más tarde por su responsabilidad en la
detención y asesinato de Roslik, médico residente en la colonia rusa de San
Javier.
Méndez es el único de
los inculpados que nunca había sido interrogado por la justicia penal. Se lo
recuerda particularmente por su controvertida gestión como director de Aduanas
durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle. El entonces teniente Méndez,
que contaba al parecer con el padrinazgo del general Esteban Cristi, jefe de la
División de Ejército 1, tuvo en el Ocoa una carrera descollante. Su legajo
desmiente al general Guido Manini, quien, refiriéndose a sí mismo, afirmó que
los tenientes no tenían responsabilidades en el aparato represivo. Pues bien,
siendo alférez de segunda, Méndez, destinado en comisión en el Ocoa, fue
designado para cumplir “un trabajo extraordinario ordenado por el jefe de la
División 1” en el Batallón Florida, entre junio y setiembre de 1972, que
mereció elogios del coronel Pedro Aranco, primero, y del coronel Luis Vicente
Queirolo, después, ambos jefes del Ocoa. En agosto de 1972, “con motivo de la
captura de varios sediciosos”, preparó la documentación necesaria para los
interrogatorios, y en noviembre de ese año, con motivo de organizarse varios
operativos, “colecciona la información para ser utilizada en varias unidades”.
En 1973, ascendido a
teniente primero, Méndez interviene en operaciones antisubversivas como miembro
del Ocoa. En los sucesos que en febrero de 1973 enfrentaron al Ejército con la
Marina, Méndez tuvo una “incansable y permanente actividad”; junto con Queirolo
“efectuó el bloqueo de un punto de pasaje obligado (emplazamiento de una
ametralladora) para enfrentar fuerzas circunstancialmente superiores”.
En abril de ese año,
Méndez trabajó en el procesamiento de documentación atrasada y “condujo
reinterrogatorios de integrantes de la organización subversiva, con la
finalidad de identificar a uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Mln”. Y
durante la huelga general de julio, tras la disolución del Parlamento, “fue
enviado en misión especial para informar sobre los sucesos a ocurrir en la
avenida 18 de Julio”, según las anotaciones del coronel Queirolo. Su gestión en
el Ocoa continuó hasta marzo de 1976, una vez concluida la Operación Morgan
contra el Pcu. Sin embargo, cuando fue interrogado en sede judicial, Méndez
negó su participación en detenciones e interrogatorios de prisioneros y alegó
que simplemente era un “analista de inteligencia”.
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