El pasado lunes 12 de
Agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley destinado a
asignar nuevas atribuciones legales a la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La iniciativa le otorga
facultades para investigar lo ocurrido
en cuanto a la desaparición forzada de ciudadanos durante el período del
Terrorismo de Estado.
La
Corte de Roma condenó a cadena perpetua a criminales que gozan de prisión
domiciliaria en Uruguay
La desaparición forzada de
ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica represiva cruel e inhumana que merece la
mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente
condenable y repugnante.
Durante el período
conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron
secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las
fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba
Jorge Pacheco Areco, Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973 durante el gobierno de
Juan María Bordaberry y el resto luego de la disolución de las Cámaras en junio
de 1973.
Hasta el momento sólo se
ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano
estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto, por diferentes causas, vigencia de la Ley de
Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011), entre otras,
aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la
eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba. La Suprema Corte de
Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa
Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos
condenados.
La
investigación criminalística es decisiva
Dotar a la INDDHH de
facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología
criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando
domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas
imprescindibles.
Al crear la Fiscalía
Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el
Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia
como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.
Dotar
de recursos
Para cumplir los nuevos
cometidos asignados a la INDDHH, deberá
ser dotada de los recursos básicos e imprescindibles para ello. Desde la
perspectiva de nuestro colectivo no tenemos una visión optimista. Hasta el
momento, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, una gran
herramienta en la batalla histórica por la construcción histórica del pasado, para contrarrestar las tesis negacionistas, no
cuenta con recursos para funcionar.
La Oficina de Atención a las Víctimas del
terrorismo de Estado (OAVTE), dependiente de ASSE y del MSP, a pesar de las
reiteradas gestiones llevadas adelante por Crysol en los últimos dos años, no
cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos a los proveedores. Un
mayor compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los
tomadores de decisiones al respecto, sería muy importante.
Un
auténtico compromiso con la Verdad y la Justicia
La investigación, el
esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el
principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino
imprescindible de afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales,
el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática.
La discusión que en las
próximas semanas, antes de su receso debido al ciclo electoral, se procesará en
el Senado y luego en diputados, será una prueba inexcusable para conocer el
alineamiento de todos los partidos acerca de esta temática, tan importante y
tan decisiva.
La INDDHH ha sido un auténtico logro de la sociedad
uruguaya de los últimos años para afirmar una convivencia más digna y más humana. Ha jugado un papel importante en lo
referido a la temática en general. Si bien ha sido duramente atacada y
cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de
comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de
toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y
desprotegidos de ella.
Otorgar a la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones
para que pueda investigar hechos de
enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática, tal como lo plantea el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente. Debería
ser aprobado por unanimidad en ambas cámaras. No somos optimistas al respecto.
Lo sucedido con la petición de destituir a generales en actividad que
consideraron que torturar, asesinar y desaparecer a una persona detenida no
afectaba el honor de las Fuerzas Armadas, no fue votada por los senadores de la
oposición, es un motivo para ello.
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Opinando N° 15 – Año 8 –
Martes 20 de agosto de 2019