Los reaccionarios de punta contra la INDDHH
Nuevamente la derecha uruguaya está cuestionando muy duramente a la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) y a sus integrantes. Dicen que es un engendro, a pesar de haber sido creada con el voto unánime de todos los partidos con representación parlamentaria. Inducen a pensar que es un diabólico invento de la izquierda uruguaya. Aducen que se violenta la soberanía del país al adherir a principios universales. Le encuentran “tufillo subversivo”, el País dixit.
Lo hacen a raíz de un pronunciamiento reciente sobre la reforma constitucional que promueve el senador Jorge Larrañaga y la iniciativa destinada a retroceder en el campo de los derechos de las personas trans que promueven el diputado Dastugue y el ciudadano Iafigliola.
Como colectivo no compartimos ninguna de dichas iniciativas. Lamentamos el deterioro histórico, barranca abajo, del senador Jorge Larrañaga. De ser un firme y enérgico militante en su Paysandú natal enfrentando la dictadura cívico-militar llegó a este senador que vota la permanencia en sus cargos de jerarcas militares que desprecian el poder judicial y consideran que las torturas, el asesinato y la desaparición de ciudadanos no lesionan el honor de las fuerzas armadas. Lamentable. La reforma que promueve destinada, entre otras cosas a permitir los allanamientos nocturnos, significa un gran retroceso en materia de derechos ciudadanos.
La propuesta del diputado Dastugue, Iafigliola y otros fanáticos conservadores va en igual sentido: un claro retroceso en base a criterios y puntos de vista religiosos, fundamentalistas, sin asidero científico. La actual normativa no obliga a nadie a ser trans. Quienes opten por serlo deben tener sus derechos claramente establecidos y resguardados por la constitución y las leyes. De la misma manera que se protegen los derechos de todas las personas religiosas, incluso, de los pentecostales, que además reciben subsidios económicos por parte del Estado para desarrollar sus actividades.
Más y mejor INDDHH
Las normas de DDHH han sido una conquista histórica de los pueblos y de la humanidad. No son un invento de burócratas ni de intelectuales ociosos. Han surgido de la lucha incansable de miles y miles de activistas. Han tomado un gran impulso sobre la base de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
Han sido aprobadas para proteger a los ciudadanos de los abusos que suelen cometer los Estados y sus funcionarios. Es el sentido básico y esencial de dichas normas: proteger a los ciudadanos de los agentes estatales, de milico y de paisano. Las acciones de los privados, individuales o colectivos, se rigen por las leyes generales de los diferentes códigos. Esas acciones son un ámbito exclusivo de la justicia.
La INDDHH es una gran herramienta de la democracia para afirmar las normas destinadas a dignificar la vida de todas las personas. Es un instrumento fundamental y decisivo para aquellos ciudadanos más vulnerables, más desprotegidos, que no tienen acceso a la propia organización, a conocer, reclamar y demandar derechos, que no pueden escribir editoriales en El País o tener columnas de opinión en Búsqueda. Los Peirano, los grandes delincuentes, cuentan con estudios jurídicos que promuevan sus causas ante los organismos internacionales cuando sienten que sus derechos son violentados.
Cuando sectores o grupos promueven iniciativas destinados a violentar las normas de DDHH, es razonable que la Institución que tiene la responsabilidad de prestar atención a los mismos, llame la atención a la ciudadanía acerca de ello. En todo caso, en una sociedad democrática, es bueno y hasta educativo que se generen debates públicos que aumenten y eleven el conocimiento de la ciudadanía acerca de dicha problemática.
La voluntad ciudadana no puede ni debe invocarse como solución mágica para cualquier cosa: la esclavitud o iniciativas similares no pueden ser sometidas a veredicto público. Es obligación de la Institución estar vigilante y alertar a la ciudadanía.
El desprecio reaccionario a la INDDHH
Que órganos de opinión que en su momento fueron voceros del terrorismo estatal como el País cuestionen a la INDDHH no nos llama la atención. No creen en las normas de DDHH. Nunca lo hicieron. La cuestionan con el mismo fervor con que justificaron y defendieron la dictadura cívico militar en su momento, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la impunidad para los responsables de las graves violaciones a los DDHH, algunos de los cuales fueron condenados a cadena perpetua en Roma en estos mismos días.
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Opinando N° 12 – Año 8 – Jueves 11 de julio de 2019