Coronel ® Rodolfo Alvarez: la justicia militar condenada
El teniente gral ® Guido Manini Ríos declaró que el torturador fue procesado
por ser sobrino del “Goyo” Alvarez, otra mentira más al descubierto
La semana pasada, la jueza Ana de Salterain condenó al coronel ® Rodolfo
Alvarez a 6 años de penitenciaría. Le tipificó varios delitos, del código penal
ordinario, por hechos brutales, ocurridos durante el terrorismo de Estado.
Específicamente, lo condenó por sus actividades en el año 1980 en el Batallón
de Artillería N°1 de “La Paloma” en el Cerro. Siendo capitán del Ejército, actuó
como juez sumariante y participó activamente en las torturas que se les
realizaron a Gerardo Riet, Angeles Michelena y Gabriela Riet en el centro de
detención y torturas de La Tablada a donde concurrió para ello.
La justicia militar: una farsa cruel
Uno de los aspectos más significativos de la condena del coronel ® Rodolfo
Alvarez es el hecho de que se lo procesa y condena por haber actuado como
juez sumariante de la Justicia Militar durante el secuestro, tortura y condena
de Gerardo Riet. Formalmente, en el año 1980, no integraba los servicios
represivos operativos. En años anteriores abundan los testimonios de quienes
lo vinculan directa y activamente participando en los interrogatorios y torturas
a los detenidos en el cuartel de La Paloma.
Cuando el operativo represivo contra Gerardo Riet, que es quién formaliza la
denuncia penal que culmina con su procesamiento, el coronel ® Rodolfo
Alvarez era parte del sistema montado por la cúpula militar para dar apariencia
de legalidad a las condenas que los servicios de inteligencia y los mandos
militares de la época imponían a los prisioneros. Actuaba como Juez
Sumariante, primer eslabón de los servicios judiciales del régimen, la mal
llamada justicia militar.
Estando apostado en el cuartel de La Paloma, concurrió al centro de detención
clandestino de La Tablada, lugar emblemático de torturas, asesinatos y
desapariciones desde 1977 a 1983, para ejercer como Juez Sumariante. En
carácter de tal obligó a Gerardo Riet a firmar bajo amenazas un acta
previamente elaborada por él y en la cual el detenido confesaba haber
realizado actividades subversivas y se autoincriminaba, luego de varias
semanas de torturas.
Juzgar a todos los jueces militares
El coronel ® Rodolfo Alvarez realizó lo mismo que hicieron todos los jueces
sumariantes de las tres armas en todas las dependencias militares y policiales,
con mayor o menor involucramiento en las sesiones de tortura desde el 15 de
abril de 1972 en que se aprobó el Estado de Guerra Interno por parte de la
Asamblea General del Parlamento hasta el retorno a la institucionalidad
democrática.
En Uruguay, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura, a los
abusos sexuales y a la prisión prolongada en condiciones brutales de reclusión
fue la metodología deliberadamente seleccionada por el régimen cívico militar
para destruir a los opositores y mantenerse en el gobierno. Más de 7.500
ciudadanos fueron formalmente condenados por los tribunales militares, sin
ninguna garantía legal, luego de días, semanas y meses de incomunicación,
aislamiento total del mundo exterior y torturas.
La justicia militar, tal como lo declaró en su momento el coronel Néstor
Bolentini, figura señera del proceso cívico militar, fue un simple aparato
administrativo al servicio de los mandos. Los jueces sumariantes de la época,
todos, deberían ser juzgados y condenados como ocurrió con el coronel ®
Rodolfo Alvarez, por participar en las torturas y avalarlas, a miles de
ciudadanos, muchos de los cuales finalmente no fueron formalmente
procesados.
La valiente actitud de Gerardo Riet al formalizar la denuncia sin el más mínimo
apoyo estatal ha permitido poner al desnudo, negro sobre blanco, la insanía
legal que sufrieron miles de compatriotas juzgados y condenados por
tribunales militares.
La tortura es un crimen de Lesa Humanidad
La tortura es una práctica aberrante. Es un procedimiento que no admite
ninguna justificación, de ningún tipo. Denigra, bestializa, animaliza, a quien la
ejecuta y a quienes la justifican política, militar o intelectualmente. Daña
irreversiblemente a quienes la sufren y padecen, dejando secuelas físicas,
emocionales y psicológicas de por vida que se trasmiten, incluso, a los
descendientes de quienes las padecieron, tal como ha quedado demostrado
científicamente.
La Declaración del Estado de Guerra Interno fue aprobada el 15 de abril de
1972 a instancias del Poder Ejecutivo que comandaba Juan María Bordaberry y
que integraba el Dr. Julio María Sanguinetti como ministro. Suspendió las
garantías individuales, quitó competencias sustanciales al Poder Judicial y
otorgó facultades extraordinarias, inconstitucionales, a las fuerzas armadas
para reprimir y condenar al mismo tiempo. Fue un paso decisivo, no menor, en
el camino cuesta abajo de la degradación democrática. Ignorar el impacto
brutal de la Declaración del Estado de Guerra interno es un gran error. No
puede ser obviado ni minimizado.
Los mandos militares que al actuar en tribunales de honor, desconocen los
pronunciamientos, absolutamente tibios y moderados del Poder Judicial, deben
ser destituidos sin más trámite por el Poder Ejecutivo. Con la complicidad de
senadores de la oposición, hay generales en actividad que siguen teniendo
mando de tropas, que desprecian los pronunciamientos de la justicia, para
quienes la tortura, el asesinato y la desaparición de detenidos no lesionan el
honor de las fuerzas armadas. Algunos de ellos se postulan, además, a ser
presidentes.
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Opinando N° 10 – Año 8 – Martes 2 de julio de 2019