La primera conclusión que se saca al leer la Resolución de
los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge
“Pajarito” Silveira es que el Honor de nuestras Fuerzas Armadas acepta, sin
ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad
uruguaya considera abominables.
Es lo que surge en la interpretación que los generales que
integraron dichos tribunales, Juan Fajardo, Alfredo Erramún y José González,
realizaron y realizan de las normas vigentes y de la doctrina de honor de las
Fuerzas Armadas. La firma de los tres militares en las conclusiones amerita haber
sido pasados a retiro forma inmediata
por el Presidente de la República. Al igual que aquellos que integraron el
Tribunal de Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo
las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los
principales criminales de nuestro país.
Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer
ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni la moral ni el prestigio de la institución.
Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas
constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la
población. El Poder Ejecutivo hizo bien en pasarlos a retiro sin más, para
afirmar las normas constitucionales y las normas de Derechos Humanos. Son
indignos de permanecer como generales en actividad por su claro pronunciamiento
golpista.
Guido Manini Ríos: real
malicia
Las actas de los Tribunales de Honor han puesto claramente de
manifiesto que fue indigno de ocupar el cargo que ostentó. Su informe al
Presidente de la República presentando el resultado de la acción de los
tribunales fue una puesta en escena con pretensiones políticas y objetivos
estratégicos institucionales y personales, presionando al Poder Judicial de
manera directa e indirecta, presentando a las Fuerzas Armadas como víctimas
ante la ciudadanía, cuando, además, comienza el tratamiento de la reforma de la
Ley Orgánica militar.
Las actas de los tribunales muestran la profunda falsedad del
Gral ® Guido Manini Ríos, encubridor de un crimen atroz, pretendiendo presentar
a las Fuerzas Armadas como víctimas ante los desmanes de un Poder Judicial que
en realidad ha sido omiso y en muchísimas ocasiones predispuesto hacia los
victimarios del proceso cívico militar. La historia ya lo juzgó: un auténtico
farsante con delirios de grandeza.
Alerta: apuntan contra
la Fiscalía Especializada
Desde el restablecimiento de la pretensión punitiva del
Estado en octubre de 2011, los defensores de los involucrados en las graves
violaciones a los DDHH han empleado todos los recursos y artimañas legales para
obstaculizar, enlentecer, desalentar el normal desenvolvimiento de las causas. Lo han hecho en forma frecuente y
habitual, contando con la vista gorda de
una SCJ que desde la designación de la Dra. María Elena Martínez ha recrudecido
en sus posturas más conservadoras.
En la actualidad han descubierto una nueva artimaña, muy
novedosa y peligrosa hasta tanto la SCJ no la descarte. Cuestionan la
constitucionalidad de la Ley 19 550 que creó la Fiscalía Especializada en
crímenes de Lesa Humanidad para unificar y profesionalizar la labor de los
fiscales, representantes de la sociedad, en las causas de la dictadura cívico
militar.
Objetar la constitucionalidad de la Ley 19 550, en el
contexto de una SCJ predispuesta a favorecer a los criminales estatales,
desconocedora de la normativa internacional, es una maniobra que pone en riesgo
la continuidad de las causas. La sola presentación del recurso la ha
paralizado, algo realmente improcedente, pero en caso de ser acogida se pone en
riesgo la continuidad de todas las causas.
El pronunciamiento del Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz es
sólido, consistente y coherente en defensa de la norma impugnada, pero la SCJ,
desde el año 1987, nunca ha dejado de sorprendernos
con fallos inaceptables y estrafalarios.
Tuvieron todas las
garantías
Durante un cuarto de siglo los militares y civiles
involucrados en las desapariciones de más de 200 uruguayos contaron con todas
las garantías necesarias para ofrecer sus testimonios y brindar la información
pertinente en el más completo anonimato. No lo han hecho. Quiénes han sido
juzgados y condenados, un pequeño grupo, han contado con todas las garantías
legales habidas y por haber. Ha quedado demostrado en forma reiterada.
El testimonio brindado por José Nino Gavazzo y Jorge
“Pajarito” Silveira en el Tribunal de Honor ha sido elocuente en el sentido de
que han podido mentir en forma descarada, burlándose de los jueces sin ningún
prurito.
Interpela a la SCJ y al
Parlamento
El testimonio de José Nino Gavazzo interpela también al Poder
Judicial, al Dr. Martín Gesto que ha autorizado la prisión domiciliaria, al
margen de las normas legales vigentes, a la SCJ que tolera y permite estos
desbordes. En la misma situación se encuentran además los reos como el Cnel. ®
Ernesto Ramas y el Capitán (en situación de reforma) Gilberto Vázquez.
También interpela al Poder Legislativo que pasivamente acepta
que el Poder Judicial interprete a su antojo una norma que no fue concebida
para otorgar y autorizar prisiones domiciliarias a los principales terroristas
estatales.
Democratizar las
Fuerzas Armadas
A más de 34 años del retorno a la institucionalidad
democrática, las Fuerzas Armadas siguen gozando de un régimen jubilatorio
realmente privilegiado. El Estado destina 600 millones de dólares anuales para
solventar la Caja Militar. Una parte muy importante, más de 100 millones de
dólares, se destinan a pagar las jubilaciones de 1.500 oficiales del “proceso”,
que incluyen a personajes tales como los mencionados en los fallos de los
tribunales, pero también a Manuel Cordero, Jorge Tróccoli y Pedro Mattos entre otros.
El brutal desplante
antidemocrático de Guido Manini Ríos, tiene como trasfondo la discusión que se
comienza a dar a nivel parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. Las FFAA siguen
siendo gobernadas por una ley orgánica aprobada en 1974, en plena dictadura,
basada en la doctrina de la seguridad nacional. Durante el proceso el número de
integrantes creció exponencialmente y aunque se han reducido hay
superabundancia de efectivos y de militares para el contexto de un país como
Uruguay. Sobran coroneles, para poner un solo ejemplo y es evidente que los
tribunales de honor deberían ser rediseñados totalmente, en caso de mantenerse.
Es hora de depurar de elementos golpistas a las Fuerzas Armadas y
democratizarlas a fondo, con el respaldo de la ciudadanía.
Más y mejor democracia
La institucionalidad democrática, el Estado de derecho, es
una conquista histórica del pueblo uruguayo. No es gracias a las Fuerzas
Armadas y a la generosidad de potencias extranjeras que nuestro pueblo tiene
derecho a elegir a sus gobernantes y disfruta de libertades y derechos que se
han expandido. Es precisamente a pesar de ellos, de sus prácticas y políticas,
que tenemos democracia, asentada en el dolor y el sufrimiento de miles y miles
de uruguayos que resistieron desde el 13 de junio de 1968 y levantaron la
bandera de la libertad y de la democracia.
Apoyamos la decisión del Poder Ejecutivo de pasar a retiro a
los integrantes de los Tribunales de Honor y del Tribunal de Alzada. Fue una
decisión necesaria para trasmitir un mensaje democrático claro a toda la
ciudadanía y afirmar, una vez más lo logrado hasta el momento.
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Opinando N° 3 – Año 8 – Lunes 1° de abril de 2019