Finalmente,
luego de años de demora, el Ministerio de Defensa Nacional, dispuso la
formalización de un Tribunal de Honor
para juzgar la conducta de los criminales
José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente. Crysol formuló su
demanda de que todos los militares procesados y con sentencia firme fueran
sometidos a tribunales de honor en marzo de 2015, ante la Presidencia de la República. Ya lo
había solicitado con anterioridad al Ministro de Defensa Nacional durante el
gobierno de José Mujica.
Asombrosamente, el Tribunal de Honor
integrado por los generales Juan
Fajardo, Alfredo Erramún y José González no encontró que la conducta de
los mismos, a pesar de la condena judicial, haya afectado el honor
de las Fuerzas Armadas. El solo hecho de que exista una sentencia firme por
parte del poder judicial ya amerita que un tribunal de honor militar adopte una
sentencia sancionatoria.
Los
tribunales de honor militares, a diferencia de la justicia ordinaria que
requiere pruebas para condenar, se
pronuncian por simple “convicción” de sus integrantes. La convicción de los
tres integrantes del tribunal y de los
generales que integraron el tribunal de Alzada fue que ninguno de los tres violentó el honor a
pesar de los delitos tipificados.
La
semana pasada, el Presidente de la República pasó a retiro a tres generales en
actividad, entre ellos al Comandante en jefe del Ejército y solicitó la venia
parlamentaria para el retiro obligatorio de otros tres generales. Lo hizo al tomar conocimiento
de lo actuado por ellos, al conocer las declaraciones de los imputados y por la
omisión de informar a la justicia. Por primera vez, desde el retorno a la vida
democrática en 1985, un Presidente de la República actuó enérgica y
decididamente, asestando un golpe decisivo a la impunidad y sobre todo a la
cultura de la impunidad.
“El País” y sus
lecciones de moral
Rápido
de reflejos, son años, al otro día, tempranito, cuando canta el gallo, el
otrora vocero oficial del terrorismo de Estado, encontró en la actuación de
presidencia, en el tratamiento administrativo del expediente, la excusa necesaria para intentar esconder lo
vergonzoso de la actuación de los generales involucrados, la supervivencia hasta el día de hoy de la
Doctrina de la Seguridad Nacional en el seno de las Fuerzas Armadas y las
revelaciones, brutales, que tanto Gavazzo como Silveira formularon de acuerdo a
las actas.
Para
“El País” y otros voceros descarados, la actuación de la presidencia se
transformó, impúdicamente, en el foco informativo. Inmediatamente, el coro
mediático, la infinidad de programas y medios del monopolio hegemónico, comenzó
a operar en tal sentido. Incluso los habituales operadores de la derecha y otros novedosos, no dudaron en cuestionar enérgicamente el
accionar del Poder Ejecutivo. Desde el Dr. Julio María Sanguinetti hasta el que
una semana antes había hecho el panegírico del farsante Guido Manini Ríos, el
Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. La más rancia derecha pro impunidad cuestionando
la actuación del Poder Ejecutivo.
En
el colmo de una sobredosis de alucinógenos, el matutino caganchero editorializó
pretendiendo dar lecciones de moral a las organizaciones de víctimas del
terrorismo de Estado que desde hace décadas reclamamos y luchamos por Verdad y
Justicia para depurar a las Fuerzas Armadas y afirmar la institucionalidad
democrática. Insólito.
Supervivencia de la
Doctrina de la Seguridad Nacional
Las
actuaciones del tribunal de honor y del tribunal de alzada son una demostración
elocuente de la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la
mentalidad de la plana mayor del ejército. Sus actuaciones hieren la
sensibilidad ciudadana por los testimonios brindados por los involucrados y por
la mentalidad de quienes los juzgaron. También interpela, masivamente, a todos
quienes estos años promovieron y defendieron la Ley de Caducidad (Ley 18 548)
otorgándoles una inmerecida impunidad: expresidentes, políticos, candidatos
presidenciales, operadores judiciales, centros militares y el propio vocero
oficial del terrorismo: “El País”.
Con
el diario del día lunes a la vista, fue un error del Poder Ejecutivo no dar a
conocer en forma inmediata las actas de los tribunales de honor a toda la ciudadanía.
Es lo que correspondía.
Desprecian al Poder
Judicial y fueron encubridores
Una
parte importante de los generales siguen despreciando la Constitución y el
sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la
Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los
criminales José Nino Gavazzo, Ricardo
Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El
Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia
o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera
abominables, sancionables penal y moralmente.
Lo
mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Lo afirmado por
Guido Manini Ríos llega al colmo del cinismo. Demostraron ser absolutamente
antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una
complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un
desprecio absoluto por las decisiones del poder judicial.
El Poder Judicial
tiene que actuar
Desde
octubre del año 2011, no existen más obstáculos legales para que la justicia
cumpla con sus cometidos constitucionales exclusivos. La Ley 18 831 restableció
plenamente la pretensión punitiva del Estado. Al igual que ocurre con la
inmensa mayoría de los delitos, el indudable pacto de silencio de los
involucrados en las desapariciones forzadas, en los abusos sexuales, los
asesinatos, los secuestros y las torturas, se destruye con el accionar de la
justicia.
Son
los jueces quiénes tienen que actuar sin pruritos y sin miedos. Deben llevar a
cabo las investigaciones criminalísticas, deben convocar a declarar en los
estrados judiciales a todos los presuntos involucrados y a los testigos, deben
allanar domicilios e incautar todos los documentos y archivos que consideren
pertinentes. Si encuentran obstáculos deben señalarlos públicamente como hizo
en su momento la Dra. Mariana Mota.
Como
colectivo de ex presas y de ex presos políticos seguiremos demandando que sean
sometidos a tribunales de honor y separados de las Fuerzas Armadas, todos los
procesados y condenados por las graves violaciones a los DDHH. La
implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de
calidad al respecto, en todos los planos.
Reiteramos
nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo de pasar a retiro a los
integrantes de los Tribunales de Honor y del Tribunal de Alzada y apoyamos
todas las iniciativas destinadas a una firme actuación del poder judicial. Es
lo que corresponde para afirmar la democracia, las normas de DDHH y sentar las
bases de un auténtico Nunca Más terrorismo de Estado.
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Opinando N° 5 – Año 8 – Miércoles 10
de abril de 2019