Las
afirmaciones públicas que el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini
Ríos realizó acerca del funcionamiento y la actitud del Poder Judicial son absolutamente falsas.
A diferencia de lo
sucedido en Argentina y Chile, donde centenares de oficiales fueron llevados
ante los estrados judiciales, juzgados y condenados, en Uruguay solamente un
pequeño, un reducido grupo, de quienes cometieron graves violaciones a los DDHH
fueron investigados y procesados.
La justicia uruguaya,
desde el retorno a la vida democrática no se ha caracterizado, en ningún
momento por ser hiperactiva, sino todo lo contrario. Debido a la vigencia de la
ley de Caducidad que impulsó el Dr. Julio María Sanguinetti en su primera presidencia,
una no encubierta ley de amnistía, durante más de 20 años estuvo impedida de
realizar ninguna investigación sobre las graves violaciones a los DDHH
ocurridas en el largo período dictatorial.
Recién a partir de octubre
de 2011 en que se restableció la pretensión punitiva del Estado pudo empezar a
cumplir con las obligaciones que le imponen las normas constitucionales. Salvo
honrosas y destacadas excepciones que la ciudadanía conoce, Dra. Mariana Mota
por citar un caso, los magistrados y la propia Suprema Corte no han sido un
ejemplo de dedicación, compromiso y
espíritu justiciero.
Desde las declaraciones
del expresidente de la SCJ, Dr. Jorge Ruibal Pino, en febrero de 2013, en el
sentido de que quienes promovieran las causas del pasado reciente encontrarían
en el máximo órgano “una auténtica muralla” para que ellas no prosperaran, a la sentencia que en octubre de 2017
desestimó una investigación sobre José Nino Gavazzo por las torturas que
infringió a una detenida en Tacuarembó en el año 1972, el órgano dirigente de
la Justicia no es tampoco un modelo a exaltar.
Mintió
con real malicia
El excomandante en jefe
mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol
desempeñado por el poder judicial. Lo sabe muy bien. Todos los involucrados, en
todo momento, han contado con todas las garantías legales que existen en
nuestro país. Se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico disponible,
financiado incluso con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya
en su conjunto. Sus abogados defensores han podido, incluso amenazar y
prepotear a los testigos presenciales en los juzgados, e incluso, como ha
quedado documentado, lo hicieron, en el año 2018, en una Sala del Hospital
Maciel, en la causa por la desaparición de Oscar Tassino.
Se les ha permitido, con
total displicencia, recurrir a todos los mecanismos legales posibles para enlentecer y entorpecer el
diligenciamiento de las investigaciones y de las causas con artificiosos
recursos de inconstitucionalidad. Los jueces solamente han procesado a un reducido
y escaso número de quienes fueron denunciados, indagados o de los cuales se
solicitó el procesamiento. Todos los procesados lo fueron en base a pruebas y evidencias
contundentes y abrumadoras, a veces con testimonios de exmilitares.
Todos los condenados, son
ampliamente conocidos en la familia militar por haber sido integrantes de los principales órganos represivos, en
Uruguay y en el exterior, actuando en la Esma y en Automotoras Orletti. Todos tienen un currículum represivo
tenebroso. Han podido fugarse del país para eludir el brazo de la justicia y al
mismo tiempo seguir cobrando sus privilegiadas jubilaciones. Todos han sido
condenados recorriendo, sus causas, toda la escala del poder judicial y sus
sucesivas instancias hasta culminar por los fallos ratificatorios de la SCJ.
Cuando ha sido necesario
y/o oportuno han contado con preparadas campañas mediáticas orquestadas desde
la tribuna de El País, comentarios de senadores y diputados amigos de la
impunidad, estridentes declaraciones públicas de los Centros Militares y amenazas
de furtivos comandos sobre los promotores de las causas o actos vandálicos
sobre los memoriales. A veces con el silencio y apoyo no encubierto de algún
jerarca ministerial ya fallecido.
El
portavoz de lo peor y más deshonroso
La dictadura cívico
militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país, en el marco de la injerencia
constante y agobiante en el continente de Estados Unidos. Se comenzó a
implementar desde el mismo momento en
que Pacheco Areco suspendió los Consejos de Salarios, impuso las Medidas
Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y comenzó a militarizar gremios en
conflicto.
Pretendió, y lo hizo,
reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las
necesidades de las elites económicas, del campo y la ciudad. Empobreció al país
y redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los sectores
populares.
Tuvo, como no podía ser de
otra manera, el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la
banca y de la prensa como El País. Fue
un proyecto de nación en el marco de una
estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó
muy especialmente al Cono Sur. La brutal política represiva desencadenada fue
la herramienta imprescindible para disciplinar a la sociedad e implantar dicho
modelo.
Fue una tragedia nacional
que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La
actuación de la justicia, el órgano del Estado con facultades plenas para
hacerlo, investigando y sancionando las graves violaciones a los DDHH es decisiva
para que no vuelva a ocurrir.
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Opinando N° 2 – Año 8 –
Martes 19 de marzo de 2019