La INDDHH acompaña los
cuestionamientos de la ONU
por la reparación a víctimas de la dictadura
La Diaria - 10 de
diciembre de 2018 | Política | Foto: Nicolás Celaya
Para Mariana Mota, el
Estado está omiso en materia de pensiones reparatorias.
La Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un informe sobre la
observación a Uruguay de la relatora especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para la discapacidad y el relator especial de esa misma entidad
para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en
relación con el caso de la uruguaya Silvia Flores Mosquera.
Mariana Mota, integrante
del directorio de la INDDHH, explicó a la diaria que el informe de esta
acompaña la postura de la intervención conjunta de los relatores
internacionales y expresa preocupación por que el Estado Uruguayo “no haya
desarrollado ninguna acción a partir de estas recomendaciones”, que la
organización viene planteando desde 2012 por denuncias de personas que no
obtienen reparación debido a “exclusiones” o “interpretaciones” de la ley
vigente. Además, resaltó el efecto negativo que tiene sobre la victima la
“denegatoria o limitación de la reparación reclamada”.
En el documento de la
INDDHH se destaca que, por ejemplo, en la Ley 18.033 se regula, por un lado, el
otorgamiento de reparación a víctimas de terrorismo de Estado, pero, por otro
–en el artículo 8–, la hace “incompatible con el goce de cualquier otra
jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”. También
apuntó que el tercer inciso del artículo 11 excluye del acceso a pensiones a
las personas que perciban “ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15
bases de prestaciones y contribuciones mensuales, calculados en promedio anual”
y que hay contradicciones en el decreto 106/2007, que regula el beneficio de la
pensión especial reparatoria.
De esta forma, plantea el
informe, se incurre en la violación del derecho de los ciudadanos a una
reparación integral y se “establecen algunas limitaciones que no condicen con
las obligaciones internacionales en materia de reparaciones, entre otras, al
establecer que el/la beneficiario/a tiene que optar entre la jubilación
especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por
incapacidad parcial”.
Estado en omisión
Mota señaló que a
prácticamente todas las personas titulares de la Pensión Especial Reparatoria
(PER) se las ha obligado a elegir entre esta y el derecho a otras prestaciones,
lo que desvaloriza el trabajo hecho por estas personas o desconoce su situación
de discapacidad y viola su derecho a una pensión. Mencionó incluso que algunas
personas le comentaron que pedían trabajar sin aportar al Banco de Previsión
Social (BPS) o adecuaban sus horas de trabajo para poder seguir percibiendo la
PER.
“En el tema reparatorio,
el Estado uruguayo no ha estado a la altura de otros países de la región. Las
exclusiones son muchas: unas están en las leyes y otras surgen de una
aplicación también restrictiva”, subrayó Mota. Añadió que es una situación que
debe atenderse sobre todo teniendo en cuenta la edad de las personas afectadas,
que necesitan más cuidados, por lo cual algunas situaciones no llegan a
atenderse a tiempo. “El Estado ha estado omiso”, aseveró.
En relación con el caso de
Flores, Mota comentó que las autoridades competentes dieron una respuesta
verbal en la que se comprometieron a empezar a corregir las contradicciones que
presentan las leyes reparatorias. En diálogo con la diaria, Flores comentó que
desde las direcciones de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario de la cancillería le respondieron que el Ejecutivo está actuando
conforme a las disposiciones del decreto 106/2007. Flores calificó esa
respuesta de desfavorable y sostuvo que, si bien las autoridades “reafirman su
voluntad de cumplir con los estándares internacionales” y se dispusieron a
revisar la legislación, no se establecieron plazos.
Qué cuestionó la ONU
La intervención de los
relatores se realizó en agosto, tras numerosos intentos que Flores comenzó en
2016, y se otorgó al Estado un período de 60 días para responder. Ante el
silencio gubernamental, se hizo pública la acción en noviembre. Los relatores
demandaron que el Estado uruguayo brindara “atención urgente” al tema y respondiera
a la información sobre el acceso de Flores a reparaciones, “en su condición de
víctima y de viuda de víctima del terrorismo de Estado, y cómo ello afectaría
la recepción de su pensión contributiva por discapacidad”, informó en su
momento la diaria.
Flores fue declarada
víctima del terrorismo de Estado en 2011, en el marco de la Ley 18.596, de
“reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del
Estado” de 1968 a 1985. Ante la negativa de los organismos correspondientes a
otorgarle una reparación en calidad de víctima, porque recibía una pensión por
discapacidad otorgada años antes, decidió activar un mecanismo internacional
ante la ONU.
Por otra parte, Flores es
viuda de Carlos Robles, declarado víctima del terrorismo de Estado en 2011, a
quien dos años después se le asignó la PER. Luego del fallecimiento de Robles,
esa reparación le corresponde a Flores, pero a esta se le planteó que debía
optar entre recibir esa compensación y percibir otra pensión. Además, ella ni
siquiera cobra la totalidad de la PER de Robles, sino sólo 60%, expresó Flores.
“Las personas que
atentaron contra el Estado cobran sus pensiones [jubilatorias] en su totalidad,
y son muy altas. No sé si merecidas o no, pero nadie les restringe nada. No
entiendo cómo se equilibra la balanza para los que fuimos considerados víctimas
de terrorismo, por qué tanto recorte, tantos ‘no’, tantos obstáculos en el
camino que no permiten”, añadió con indignación.
Flores resaltó que su
principal interés es que se logren cambios estructurales para mejorar la
situación de los afectados por la ley vigente, que “restringe y deteriora” su
calidad de vida. “El Estado vuelve a victimizar a la víctima siempre que puede.
Porque al no resolverse los problemas, tener que andar por las oficinas
diciendo que sos víctima de terrorismo la verdad que no es muy agradable,
porque la cultura no está preparada para eso”, concluyó.
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