Esta semana visita nuestro país la nueva Representante Regional de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sra.
Birgit Gerstenberg. Asumió en mayo de este año y es la primera visita que
realiza a nuestro país. Crysol tuvo oportunidad de reunirse con ella hace unas
semanas en su oficina en Santiago de Chile e intercambiar puntos de vista, como
ya informamos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días a nuestro país, a fines del mes de octubre
del año pasado, fue muy claro y explícito.
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión
que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que
merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las
cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia
las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos
durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las
políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.
El Poder Judicial: el gran problema
de la justicia en Uruguay
En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y
apellido. Se sigue llamando Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y
esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana.
De acuerdo a las normas constitucionales, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo
de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de
ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la
Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles
declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido
proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de
acuerdo a lo que establece el Código Penal.
El terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al
servicio de los poderosos, contó con el apoyo explícito de los grandes
hacendados, de la Asociación Rural que bendijo la disolución del Parlamento
junto con la Cámara de Comercio y el matutino “El país”. Contó con amplio
respaldo de los grupos económicos poderosos y del gobierno de Estados Unidos. Hubo
miles de torturados y ni un solo militar o policía procesado por dicho delito
hasta el momento.
Un proyecto de país más democrático
La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la
repetición. Con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables
de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para
llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.
El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido
institucional. La lucha por por afirmar y profundizar la institucionalidad
democrática es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores
del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Hasta ahora, sólo un
pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas han
estado paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por la Dra. Elena Martínez, sigue negando la
aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de
gentes”.
Una nueva ley de
reparación es apremiante
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en
materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril del año
pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr.
Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo
el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación. A 33 años de retorno a la
institucionalidad democrática, ya es hora.
Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH
recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a
todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a
renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como
ocurre en la actualidad.
El Decreto 106/2007 es
terrible y sigue vigente
Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del
año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Castiga, de manera
arbitraria a los cónyuges de los ex presos políticos cuando ellos fallecen. Una
auténtica barbaridad.
Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en
salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la
vigencia del Decreto 297/2010 y ha habido notorios intentos por recortar los
beneficios en la atención sanitaria.
El proyecto de ley de
Crysol: una auténtica alternativa
Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de
ley al respecto hace ya tres años, con la responsabilidad con que siempre ha
actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental. La propuesta presentada reformula,
simplemente, las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las
recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo
de Greiff. Es una propuesta razonable y viable, aplicable a la realidad actual
y con un profundo conocimiento de la problemática.
Hacer justicia con este colectivo de edad avanzada, asumir y
dar satisfacción a sus demandas debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del
partido de gobierno por razones de justicia elemental. Los derechos de miles de
víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse. La movilización de
las víctimas organizadas junto con el respaldo de las organizaciones de DDHH y
del movimiento sindical y estudiantil será la clave. Esperemos que la visita de
la Representante Regional sea un estímulo para vencer la inercia en esta temática.
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Opinando N° 9 – Año 7 – Lunes 3 de setiembre de 2018