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viernes, 31 de agosto de 2018
Los mismos sospechosos de siempre
En la noche del sábado pasado vandalizaron el Memorial a los
Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro de Montevideo. En el lugar arrojaron dos latas
de pintura que ensuciaron las paredes de cristal que contienen los nombres. El
memorial homenajea a los más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos en
el Marco del Plan Cóndor.
Cada vez que la justicia comienza a actuar con respecto a las
graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período del
terrorismo estatal, a cumplir con las obligaciones exclusivas que la Constitución le otorga, se
llevan a cabo acciones desestabilizadoras de distinta naturaleza. Para
obstaculizar y frenarla. Ocurrió en
diciembre de 1986 cuando se generaron las condiciones que pretextaron la presentación de la Ley de Caducidad y
motivó a que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos impulsara el
Referéndum para derogarla.
Se siguió llevando a cabo en diferentes instancias a lo largo
de estos treinta y tres años de retorno a la institucionalidad democrática.
Ocurre nuevamente ahora, en el mismo momento en que base a la actuación de la
Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se han comenzado a
reactivar las causas en diferentes juzgados y presuntos criminales han sido
convocados a declarar.
La Justicia es el
camino de la Verdad
La justicia tiene un papel de primer orden. El castigo de los
delitos es fundamental para evitar que vuelvan a repetirse. La sanción penal es
un acto de justicia, orientado a asegurar la paz social, a evitar la justicia
por mano propia. Esencialmente, el
castigo es fundamental para evitar que
vuelvan a reiterarse las conductas inadecuadas. Es el único camino. El
decisivo.
Hasta la entrada en vigencia el año pasado del Nuevo Código
del Proceso Penal, en Uruguay, el poder
judicial tenía el monopolio exclusivo de la investigación de las actividades
con apariencia delictiva. Poseía todas las potestades imprescindibles para que
las investigaciones pudieran prosperar y ser exitosas: hacer comparecer, con el
auxilio de la fuerza pública, incluso, a todos los testigos y a los presuntos
involucrados.
Asimismo, podía interrogarlos, tomarles declaración, hasta
privarlos de su libertad si las circunstancias lo ameritaban. También podía
disponer allanamientos en domicilios, inspeccionar lugares, solicitar acceso a
archivos y a documentación oficial.
La investigación
criminalística es fundamental
La investigación
judicial y criminalística de los delitos es una pieza esencial y clave
para llegar a la verdad, para esclarecer lo sucedido: el qué, el cuándo, el
dónde, el cómo, el porqué. Los investigadores, recurriendo a todos los medios
posibles, deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables, a los
autores materiales y también a los instigadores o autores intelectuales.
La actual investigación parlamentaria sobre espionaje
desarrollado por las Fuerzas Armadas en democracia ha dejado en evidencia que
es posible avanzar cuando quienes la realizan son tesoneros y están
comprometidos con la labor. Pero tienen un límite. Solo concurren a declarar
quienes lo desean, en las condiciones en que lo desean. Al no concurrir quedan
en evidencia y expuestos ante la opinión pública y la ciudadanía. Para
proseguir las investigaciones hasta el hueso, a fondo, hay que dar intervención
al Poder Judicial: puede convocar y hacer concurrir a todos los involucrados
aunque no lo deseen, con el auxilio de la fuerza pública.
Sin temor: el poder
judicial puede y DEBE seguir actuando
El destino de todos y de cada uno de los Detenidos
Desaparecidos es y seguirá siendo una herida abierta y vergonzosa de la
democracia uruguaya. La desaparición forzada es un delito atroz y permanente,
que se sigue cometiendo hasta que la misma se dilucide fehacientemente.
Saber la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad, sobre
todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el
terrorismo estatal, no es una tarea para un grupo escogido y selecto de
investigadores y/o personalidades. Es una responsabilidad estatal, de los tres
poderes, que debe ser asumida muy
especialmente por la principal herramienta del Estado de acuerdo a las
disposiciones constitucionales: el Poder Judicial.
La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad como
afirmó hace unos años el Gral ® del Aire José Bonilla. Fue la falta de
actuación de la justicia, debido a la vigencia durante más de dos décadas de la
Ley de Caducidad, lo que impidió avanzar decisivamente en todos los temas del
pasado reciente. Desde octubre del año 2011, ley 18 831 mediante, no existen
más obstáculos legales. El Artículo 1° de dicha ley restableció plenamente la
pretensión punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo estatal.
La dictadura fue una gran tragedia nacional. Fue un proyecto
integral de país al servicio de los grupos empresariales privilegiados, de la
ciudad y del campo. Sus efectos duran hasta el día de hoy. Los costos
previsionales de las hiper desarrolladas FFAA de aquel período exigen un
desembolso de más de 500 millones de dólares a Rentas Generales anuales hasta
el día de hoy. El pasado reciente sigue siendo de palpitante actualidad.
En momentos en que el Parlamento debate una tenue y tímida
reforma de la Caja Militar y la justicia da pasos pequeños, estos mensajes son
preocupantes. La ciudadanía debe ser convocada a rechazarlos, con todo el peso
de la masiva movilización ciudadana.
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Opinando N° 8 – Año 7–
Martes 28 de agosto de 2018
viernes, 3 de agosto de 2018
miércoles, 1 de agosto de 2018
43 años después
Operación Morgan. Una placa de la memoria recuerda
el
asesinato en la tortura del militante comunista Álvaro Balbi.
La diaria - 1 8 18
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| Gerardo Núñez, Javier Tassino, Nicolás Pons y Eduardo Bonomi, en el desubrimiento de una placa de la memoria para recordar a Álvaro Balbi, ayer, en la ex Guardia de Granaderos. Foto Andrés Cuenca |
Álvaro Balbi Sala estaba casado y era padre de cuatro hijos:
Arianna, Pablo, Andrea y Alondra. Era empleado en una empresa de automotores, músico
(estudió piano con Hugo Balzo y Numen Vilariño) y militante del Partido
Comunista del Uruguay (PCU).
El martes 29 de julio de 1975, un par de años
después del golpe de Estado, fue detenido por policías en el marco de la
llamada “Operación Morgan” contra el PCU, cuando participaba con otras personas
en una reunión clandestina en la calle Canstatt. Los tuvieron unas horas en la
Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ubicada en la calle
Maldonado, y después los trasladaron a la sede de la Guardia de Granaderos, en
José Pedro Varela y Propios, donde hoy está la Guardia Republicana. Las
torturas a las que fue sometido le causaron la muerte en la madrugada del
jueves 31.
El mismo día, la Policía le dijo a la familia de Balbi que
este había fallecido debido a un ataque de asma, desencadenado por el frío
invernal. En el certificado de defunción, firmado por el médico forense militar
José Alejandro Mautone, se afirmaba que la causa de la muerte había sido una
“insuficiencia cardiopulmonar aguda”, pero la viuda, Lille Caruso, y otros
familiares lograron que se le practicara una autopsia, cuyo informe señaló que
el cuerpo presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados,
rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”.
Ayer, 43 años después del asesinato de Balbi, se colocó a las
18.00 una placa recordatoria de ese crimen en la actual sede de la Republicana.
Hablaron Nicolás Pons en representación del Ministerio de Educación y Cultura,
el diputado Gerardo Núñez por el PCU, solicitante del reconocimiento, y un
familiar de Balbi. Con este acto se continúa lo dispuesto en los artículos 7 y
8 de la Ley 18.596, “Actuación ilegitima del Estado entre el 13 de junio de
1968 y el 28 de febrero de 1985 - Reconocimiento y reparación a las víctimas”.
Luego de la muerte del militante, su padre, el maestro Selmar
Balbi, le envió una carta al dictador Juan María Bordaberry, que este nunca
respondió. En ella le decía: “No procuro condolencias, [...] no necesito
palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. [...] Por su
condición de Jefe de Estado, señor Presidente, usted sólo puede contestarme con
hechos y el hecho en este caso horrendo –no único en el país, desgraciadamente–
es un castigo ejemplar, terminante, concreto y público, garantido y
documentado, como se reitera en forma frecuente en los medios de información.
[...] Todas las circunstancias muestran que mi hijo fue muerto en dependencias
de las Fuerzas Conjuntas. A ustedes les toca determinarlo. Pero quiero decir lo
siguiente: en el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad
judicial, frente al mayor criminal y al más grave delito, puede condenar a
muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo.
Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera, como a veces
se sugiere, porque se les fue la mano”.
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Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad
Piden prisión para 8 militares por
delitos cometidos entre
1975 y 1977
El país – 1 8 18
En todos los casos es por delitos de violación de domicilio,
abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió
el procesamiento con prisión de ocho militares por delitos cometidos entre 1975
y 1977.
Según consta en un documento publicado por la Fiscalía, el
fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de ocho
personas, en todos los casos por delitos de violación de domicilio, abuso de
autoridad contra los detenidos y privación de libertad.
En tanto, en un caso se señala también el atentado violento
al pudor y la violación como figuras a imputar.
La investigación inició con una denuncia que en octubre de
2011 presentaron miembros de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay
(Crysol), que apuntó a "padecimientos" que activistas de izquierda
sufrieron entre 1975 y 1977 en dos centros de detención, el Batallón de
Infantería Nº13 y en el clandestino "Infierno Grande", también
conocido como "300 carlos".
Al Batallón de Infantería iban, principalmente, jóvenes
vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, mientras que al otro
eran derivados militantes sociales y políticos, vinculados sobre todo al
Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP).
Según consta en el escrito de Perciballe, los operativos en
el período de la dictadura comenzaban con la obtención de "un dato"
por parte de las autoridades, que apuntaba a "cierta persona" con una
organización social o política de las "perseguidas".
"La detención se realizaba en los domicilios de las
personas y en la noche, por lo que se irrumpía en forma violenta", agrega
el documento.
Asimismo, sostiene que, cuando la persona requerida no se encontraba
en el lugar, se tendía una trampa y se tomaba de rehenes a los demás habitantes
hasta que el involucrado aparecía.
"Una vez producida la detención, se procedía al
'encapuchamiento', es decir, a colocarle una capucha o una venda en los
ojos", a la persona requerida, para que no pudiera darse cuenta hacia
dónde se dirigía.
Las sesiones de tortura para obtener confesiones en los dos
centros de detención vinculados a esta causa consistían en
"plantones", es decir, obligar a los detenidos a estar parados por
varias horas en una misma posición, así como golpizas, picanas eléctricas en
todo el cuerpo y especialmente en los genitales, así como submarinos con agua y
excrementos y diversos abusos sexuales, entre otros procedimientos.
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