Justicia uruguaya investiga intrigante
contradicción en la
fuga del represor desde España.
Por Enrique Blixen – Brecha – 27 7 18
Una denuncia sostiene que el militar prófugo reingresó a Uruguay
el día que supuestamente era detenido en Madrid. Mientras se investiga el dato,
se revelan otros detalles de su segunda fuga: quedó en libertad mientras se
sustanciaba su extradición, porque un fiscal español consideró que sus delitos
habían prescripto.
 |
| Ferro por Ombú |
Puesto que la cooperación judicial entre países se apoya en
gran medida en la confianza mutua (de lo contrario sería imposible concretar
cualquier pedido de extradición), la fuga del coronel (r) Eduardo Ferro (si es
que existió), ubicado por Interpol en Madrid a fines de agosto de 2017, se
convierte en un gran escándalo internacional que debería tener graves
consecuencias, a menos que todos miren para el costado: el Estado español violó
flagrantemente el tratado de extradición firmado con Uruguay en 1996 y aún no
ha dado una explicación oficial de por qué no ha concretado todavía la entrega
del responsable de múltiples delitos de lesa humanidad (entre ellos el
asesinato de María Claudia García de Gelman y las desapariciones de Fernando
Miranda y Óscar Tassino).
La explicación es simple: aunque la extradición fue concedida
por el Consejo de Ministros del gobierno español, con la firma del entonces
presidente Mariano Rajoy, la entrega del requerido, que supuestamente debía
permanecer en prisión administrativa, no pudo concretarse porque Ferro estaba
en libertad y se tomó las de Villadiego, gracias a una “mano solidaria” que le
extendieron unos magistrados españoles.
La primera sospecha que se instaló cuando se supo, en mayo
pasado, que Ferro se había vuelto a fugar apuntaba a la cancillería y a la
embajada uruguaya en Madrid, en el supuesto de que el incumplimiento de algún
trámite burocrático había facilitado la liberación del requerido. Pero el
abogado de Ielsur, Martín Fernández, que representa a la familia Tassino en el
proceso judicial, fue contundente al afirmar que “se cumplieron con todos los
plazos y los requerimientos, y no hubo nada parecido al caso Tróccoli”.
Fernández explicó a Brecha que concurrió reiteradas veces a la cancillería para
conocer los detalles del extraño episodio y que la cancillería aguarda
explicaciones del gobierno español, las cuales aún no han llegado, pese a que
han transcurrido dos meses desde que se comunicó desde Madrid que Ferro había
obtenido la libertad.
LA LIBERACIÓN.
Extraoficialmente se conocen ahora detalles que explican la
“suerte” de Ferro. El ex coronel de Ingenieros, cuya carrera estuvo determinada
por su actuación como oficial de inteligencia –fue jefe del Departamento III de
la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y responsable del
espionaje militar al referéndum contra la ley de caducidad–, había fugado de
Uruguay cuando la justicia penal lo conminó a presentarse ante el magistrado
para un interrogatorio. El 7 de setiembre de 2017 supuestamente fue detenido en
un hotel de Madrid y la Interpol fue informada debido a que existía un pedido
de captura internacional.
Inmediatamente el juzgado tramitó el pedido de
extradición, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras
se aguardaba la decisión de la justicia española, que aparentemente estaba
estudiando la pertinencia de la extradición en función de las pruebas y
argumentos aportados por el magistrado uruguayo, un fiscal pidió la
excarcelación de Ferro con el argumento de que los delitos que se le imputaban
habían prescripto (lo que no es cierto, porque tales delitos de lesa humanidad
son imprescriptibles). El juez aceptó el criterio del fiscal y ordenó su
excarcelación.
Según el abogado Fernández, todo el episodio fue “entre
gallos y mediasnoches”. La liberación de Ferro ocurrió, según fuentes
españolas, el 23 de noviembre de 2017, pero recién fue comunicada a las
autoridades uruguayas el 24 de mayo de 2018. Tan subrepticia habría sido la
excarcelación que en el escrito por el que se concede la extradición el Consejo
de Ministros español consigna que Ferro estaba preso.
Para el abogado de Ielsur la medida impulsada por el fiscal y
aceptada por el juez no tiene precedentes y es de una extrema gravedad, más en
función de la calidad de los delitos que se le imputan al extraditable. Le
parece inadmisible que Uruguay no fuera enterado de esa decisión hasta seis
meses después. “Es un episodio muy oscuro –dijo a Brecha– que revela los
poderosos contactos y relaciones de Ferro”. Fernández descarta que se trate de
un error por el cúmulo de elementos que revelan la intención de ocultamiento;
considera que cualquiera sea el tenor de la explicación que el Estado español
le debe a Uruguay, la justicia española no puede permanecer muda. El Ministerio
de Relaciones Exteriores uruguayo tampoco ha dado a conocer una posición
pública al respecto.
La orden de captura del ex coronel de inteligencia ha sido
reiterada, pero el rastro se ha perdido totalmente. Esté donde esté, para
seguir en libertad Ferro debe manejarse con documentación falsa y contar con
abundantes recursos. En principio no podría cobrar su jubilación militar.
PARADOJAS.
Pero hay aún más, y a ello se debe el uso de
ciertos condicionales en esta crónica. Según confirmó a Brecha, el fiscal penal
especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe recibió
recientemente una denuncia de un testigo que afirma haber viajado con Ferro en
un avión de Iberia, desde Madrid a Montevideo, y de haberlo observado
detenidamente mientras Ferro hacía la cola para presentar sus documentos en las
ventanillas de Migración. El testigo no tiene dudas sobre la identidad porque
acostumbraba verlo pasear con sus perros por las calles de Punta del Este
cuando en la década del 90 fue jefe de seguridad en un hotel del balneario.
La denuncia incorpora un elemento paradójico: el avión de
Iberia despegó de Madrid el 6 de setiembre y aterrizó en Montevideo, sin
escalas, en la mañana del 7 de setiembre de 2017. La presencia de Ferro en
Carrasco coincide con la fecha en que, según las comunicaciones oficiales
españolas a la embajada uruguaya, era detenido e ingresaba en un instituto de
reclusión para cumplir la prisión administrativa mientras se sustanciaba el
pedido de extradición.
La denuncia promovió una investigación a cargo de la unidad
policial de Delitos Complejos. Se trata de establecer si Ferro efectivamente
reingresó al país en setiembre. El chequeo es en principio simple si el
requerido utilizó su pasaporte real, como dicen que usó al ingresar a España.
Pero si Ferro viajó con documentación falsa, el estudio de las listas de
pasajeros y el análisis de las cámaras de televisión en el aeropuerto será más
complejo. La denuncia también obliga a confirmar la partida del prófugo en
2017. El fiscal Perciballe indicó a Brecha que todavía no tiene ningún elemento
sólido como para considerar que Ferro regresó a Uruguay en setiembre de 2017,
pero apuntó que el testigo fue muy firme y consistente en su relato.
En principio, una contradicción como la que presenta la denuncia
debería explicarse por una simple confusión. Pero por las características de la
trama española y la ayuda que recibió Ferro de la hermandad de terroristas de
Estado españoles (que exhiben antecedentes de complicidad con criminales
perseguidos de las dictaduras latinoamericanas) es sano plantearse todas las
dudas, poner bajo cuestión todos los detalles, empezando por preguntar si
realmente estuvo preso en Madrid.
La historieta no sería descabellada teniendo
en cuenta la imaginación que Ferro aplicó en las operaciones de inteligencia
cuando era el “Guillermo” que actuaba en Buenos Aires para el Sid en dictadura
o se esforzaba por infiltrar a los partidos políticos de izquierda desde la
Dgid, ya en democracia.
En todo caso, inevitablemente surgirán indicios de sus
travesuras por el mundo. Una clandestinidad como la de Ferro no se sostiene sin
apoyos considerables y generosos de todo tipo, y siempre quedan huellas.
-----------