Wilder Tyler, secretario general de la
Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte
frenan investigaciones
El observador - 25 1 15 - Por Lucía Núñez
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Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas |
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que
integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la
recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas
estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de
derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo
en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido
que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”.
El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca
de los resultados del informe.
¿Por qué estudiar el caso uruguayo?
Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no
se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo
de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos
dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las
sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque
estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la
dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio
del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj,
de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.
¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?
Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero
nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos
a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque
hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años
por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir
ocupándonos ahora.
El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los
crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta
tendencia?
Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a
nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la
República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene
“un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió
mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que
no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la
verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados
para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros.
¿Cuáles son los principales obstáculos?
Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe
información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las
Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser
instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada
a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras
posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema,
cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o
Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto
pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es
parte.
¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?
En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes
dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está
probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social.
Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue
vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema
de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que
pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y
el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron
involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas
Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo
involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron
víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si
hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de
qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una
apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.
Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al
respecto?
Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos
los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino
porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación,
la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas.
¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que
quedaron sin resolver?
Hay una veintena de militares procesados para miles y
miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han
ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de
algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también
porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del
gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está
claro que se desalienta el fenómeno.
¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con
Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?
No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es
un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos:
derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de
aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un
tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del
debate nacional, adopten una posición de este tipo.
¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario)
como evidencia de la impunidad del gobierno?
Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores
condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está
considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino
de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté
ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué
fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para
individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.
¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?
El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor
en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por
parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al
gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza.
La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.
¿Seguirán analizando el tema?
Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su
gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar
aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.
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