En los tiempos más duros del terrorismo de Estado, Serpaj fue parte de la
resistencia del pueblo uruguayo, una destacada militante en defensa de quienes
éramos prisioneros políticos en ese momento, demandando una amnistía general e
irrestricta que posibilitara nuestra inmediata liberación.
Nuestra gratitud,
como colectivo organizado y plural, fue, es y será una piedra fundamental en la
cual se asienta el edificio de nuestro relacionamiento institucional, forjado,
además, en una década larga de lucha común y fraternal contra la maldita
impunidad.
Rechazamos la actitud agresiva y despreciativa ante opiniones recientemente
formuladas por Serpaj en el marco de un sistema democrático en el cual las
organizaciones de la sociedad civil nos hemos ganado el derecho a opinar
libremente. Además de la ausencia de argumentos sólidos para desmentir lo
afirmado por Serpaj, sorprende el tono y la maledicencia con la actitud y
la complacencia mantenida ante reiteradas opiniones, intentando justificar el
pasado, de organizaciones que nuclean y representan a los perpetradores de
graves hechos delictivos.
El Ministerio de Defensa no ha contribuido en los últimos años a la
investigación, el esclarecimiento y la sanción de los graves hechos represivos
ocurridos durante el terrorismo estatal. Incluso ha obstaculizado, de manera
contumaz y alevosa, la búsqueda de la verdad y de la justicia. El episodio,
entre otros, en el cual se impidió fotografiar a la Dra. Mariana Mota dentro de
un conocido centro clandestino de detención y tortura es un ejemplo contundente
de lo que afirmamos.
A casi 30 años del retorno a la institucionalidad democrática es
inconcebible que continúen vigentes normas legales que otorgan beneficios
extraordinarios, que no tienen los ciudadanos comunes, a los criminales de
guerra. Es inaudito que los tribunales militares manejen códigos, criterios y
valores anacrónicos que ofenden los principios más elementales de la
democracia. Se llega al absurdo de que el Estado uruguayo pague jubilaciones
militares a quienes se han fugado del país y son prófugos de la justicia por
ser responsables de desapariciones, asesinatos y torturas. Es una barbaridad
que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se siga dispensando un
tratamiento VIP a criminales confesos y con sentencia firme en tanto se
destrata y desprecia a los militares que en su momento se enfrentaron y
opusieron al malón fascista. Impacta que se abogue por prisión domiciliaria
para quienes expresamente están excluidos de los beneficios de ella por la
gravedad de los delitos cometidos.
La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional cuyo legado,
secuelas y efectos de todo tipo perduran hasta el día de hoy, impidiendo y
obstaculizando el progreso y desarrollo del país. La democracia solo será
sólida y perdurable si se asienta sobre la Verdad, la Justicia, sobre la
implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas hasta sus últimas
consecuencias para que los hechos no vuelvan a repetirse.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción, penal y administrativa
de todos los involucrados, autores intelectuales y materiales, de las
gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron:
desapariciones, asesinatos, crímenes, tortura sistemática, masiva y
generalizada, incluyendo abusos sexuales a miles de uruguayos, es el camino
irrenunciable para construir un país de justicia. Las nuevas generaciones no
deben ser forzadas a seguir cargando la mochila de los crímenes del pasado.
Las 22 recomendaciones formuladas por el Relator Especial de las Naciones
Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, luego de su visita a Uruguay
invitado por el gobierno, son las medidas básicas e indispensables a
transitar a corto, mediano y largo plazo para seguir profundizando la
transición democrática iniciada en 1985. Involucran a todo el Estado, a los
tres poderes del sistema republicano.
El Poder Ejecutivo, el Parlamento y el
Poder judicial tienen tareas pendientes tal como lo ha señalado la Institución
Nacional de DDHH (INDH), la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman y
recientemente el Relator Especial. El sistema político en su conjunto debe
tomar cartas en el asunto. Es lo que reclamamos como colectivo organizado. La
sensibilidad humanitaria debe enfocarse hacia las víctimas, a sus familiares y
sobrevivientes.
Hoy, Serpaj, somos todos.
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Opinando – Año 3 – Martes 23 de diciembre de 2014