Familiares de
desaparecidos y más de 30 organizaciones respaldan hoy a la Institución de DDHH
por denuncias de torturas en Sirpa.
La diaria – 30 4 14 –
Por Natalia Uval
 |
Mirtha Guianze. / Foto: Mauricio Kühne (archivo, marzo de 2013) |
El
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a
representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán
responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en
los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). La
delegación del gobierno uruguayo está integrada, entre otros, por el director
de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, y por el presidente
del Sirpa, Ruben Villaverde.
Para formular sus preguntas, el Comité se basó en el informe que
la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le entregó el 11 de abril
y en una teleconferencia que mantuvo el lunes con organizaciones vinculadas a
los derechos humanos. Según recogió la agencia de noticias Efe, Abdoulaye Gaye,
integrante del comité oriundo de Senegal, señaló que hay “indicios” de que
personas denunciadas por haber maltratado a los jóvenes privados de libertad
siguen ejerciendo sus funciones, “por lo que es probable que los malos tratos
persistan”. Felice Gaer, de Estados Unidos, preguntó si existen mecanismos para
proteger a los funcionarios que quieren denunciar los maltratos y no exponerlos
a represalias.
Además de la situación del Sirpa, el comité consultó al gobierno
uruguayo sobre la tipificación del delito de tortura, la reforma procesal penal
y la prisión preventiva, explicó a la diaria Mirtha Guianze, integrante del
directorio de la INDDHH. Gaye mencionó que el hecho de que 60% de los presos en
Uruguay todavía no tenga sentencia “indica claramente que se han de buscar
medidas alternativas a la prisión”.
El comité también preguntó sobre los recursos con los que cuenta el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que en Uruguay está a cargo de la INDDHH. Durante la sesión de ayer, según informó Efe, el comité se interesó por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, cuestionada en el informe de la INDDHH. Gaye afirmó que “parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento”.
El comité también preguntó sobre los recursos con los que cuenta el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que en Uruguay está a cargo de la INDDHH. Durante la sesión de ayer, según informó Efe, el comité se interesó por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, cuestionada en el informe de la INDDHH. Gaye afirmó que “parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento”.
En apoyo
Hoy a las 13.00, en una conferencia que se realizará en la sede
de la Asociación de la Prensa Uruguaya, más de 30 organizaciones vinculadas a
la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la
cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación
de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y
legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el Sirpa.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves
violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de
detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como
lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, indica el
comunicado. A continuación enfatiza que resulta “imperioso relevar a la actual
dirección del Sirpa” para generar “una señal política clara y precisa acorde
con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”.
También se menciona la “falta de apoyo y las precarias
condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas
dentro del sistema”, pero se advierte de todos modos que es “intolerable la
utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos”. “Por tal
motivo, convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en
su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a
actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza,
dando una señal clara de que la tortura no se tolera y se persigue”, indica el
comunicado.
El texto está firmado, entre otras organizaciones, por Madres y
Familiares de Detenidos Desaparecidos, la fundación Mario Benedetti, Cotidiano
Mujer, el Servicio Paz y Justicia Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y
Sociales Uruguay, el grupo de familiares de adolescentes privados de libertad,
la Organización Mundial Contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño
Uruguay, Gurises Unidos, Aldeas Infantiles y la Red Uruguaya contra la
Violencia Doméstica y Sexual.
No todas son malas
La INDDHH señala varios aspectos positivos en su informe respecto del accionar del Estado uruguayo. Destaca los avances en políticas públicas en materia de atención de la violencia doméstica -un problema muy grave en Uruguay, en términos comparativos con la región- y los avances edilicios en la infraestructura carcelaria, así como el aumento del personal penitenciario. Advierte sobre la necesidad de “reformar urgentemente el proceso penal inquisitivo vigente” y expresa su “preocupación” ante la iniciativa de una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad. “Dicha reforma podría ser contraria al corpus juris de los derechos del niño del que Uruguay es parte, y podría tener serias consecuencias en términos de seguridad ciudadana, pues al incorporarse a los jóvenes en espacios de encierro adulto y responsabilizarlos de la misma manera, se podría ver acrecentada la violencia institucional, repercutiendo en el circuito de violencia a nivel general. Asimismo se podrían exacerbar los problemas estructurales del sistema penitenciario nacional”, sostiene el informe.
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