A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE PINOCHET EN CHILE, LA
TRANSICIÓN NO TERMINA.
Tareas pendientes en materia de DD.HH.
Página 12 - 29 12 13 - Por Christian Palma - Desde Santiago
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Bachelet entre una multitud durante un acto en el ex centro de tortura Villa Grimaldi, en septiembre de este año. |
La tenacidad de quienes han sido parte de las demandas de las
agrupaciones de derechos humanos tuvo grandes logros en avanzar para crear
conciencia. Pero falta conocer el presunto rol de civiles en los crímenes de la
dictadura.
A la hora de los balances de cierre de año, sin duda, el tema
de los derechos humanos es una temática que en Chile seguirá presente mientras
las víctimas de los atropellos ocurridos durante la dictadura que encabezó
Augusto Pinochet (1973-1990) no sientan de verdad que llegaron la verdad y la
justicia.
En septiembre pasado, mes en que se conmemoraron 40 años desde que
los militares tomaran el poder por la fuerza, el país se polarizó una vez más
entre los cada vez menos visibles pinochetistas y quienes rechazan el horror
vivido en el país, sector al cual se han sumado las nuevas camadas de la
derecha chilena, que arrinconada bajo ese manto de desprestigio perdió por
paliza las elecciones presidenciales y quedó en minoría en el Congreso.
En este escenario, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, al comentar a los
medios su análisis de este 2013, advirtió que “es el tiempo” de comenzar a
responder frente a las demandas de verdad y justicia, tras largos años de
transición. De esta forma, afirmó que este año en particular la conmemoración
de los 40 años del golpe de Estado significó una gran remezón en la conciencia
nacional.
Pizarro, quien vivió el horror en carne propia, aseguró que
la tenacidad de quienes han sido parte de las demandas de las agrupaciones de
derechos humanos tuvo grandes logros en avanzar para crear conciencia respecto
de lo que significó la vulneración de derechos durante la dictadura. Sin
embargo, señaló tajantemente que entre las tareas pendientes está conocer el
presunto el rol de civiles en las violaciones a los DD. HH.
“Son muchas las tareas pendientes, porque un país que vive 23
años de transición, con 20 años de ellos por una coalición (Concertación) y
luego con la Alianza (de derecha), creemos que ya es tiempo de empezar a vivir
en una democracia verdadera, y eso significa que la deuda es enorme, porque
durante estos largos años, al no tener en el centro los derechos de las
personas, se acrecienta la injusticia, la deuda ha crecido demasiado, por lo
tanto ya es tiempo de resolverlo”, sostuvo.
Junto a ello, la histórica dirigente afirmó que la consigna
del “nunca más” es más fundamental que nunca. “Tenemos una tarea gigante, los
violadores de los derechos humanos han envejecido, la demanda de verdad y
justicia se tiene que materializar ahora, porque si no se nos va a pasar el
tiempo y ellos van a morir de viejos, como lo hizo el dictador (Augusto
Pinochet) en la absoluta impunidad.”
Volviendo al balance, Lorena Pizarro dijo que “el principal
avance para la causa de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad
fue el remezón nacional este año en el contexto de la conmemoración de los 40
años del golpe. Esto no se dio en forma mágica, esto tiene que ver con el
entendimiento, nivel de conciencia y de conocimiento que tuvo la inmensa
mayoría de la población de lo que fue el golpe, tiene que ver con que se ha
avanzado y se ha materializado una lucha demasiado larga, con poca voluntad
política por parte de las autoridades para enfrentar el tema”.
En relación con los logros que esperan obtener el año que
viene, con Michelle Bachelet a la cabeza de La Moneda, Pizarro aseguró que “esperamos
que las voluntades políticas materialicen aquel derecho que está escrito y que
Chile ha firmado en reiteradas ocasiones, sin duda que debiera ser distinto si
no tenemos a la derecha en el poder, sin duda hoy hay que hacer lo que no se
hizo en estos 23 años, tenemos toda la fuerza para demandar verdad y justicia”.
Agregó que “hoy resulta injustificable no avanzar en el
enjuiciamiento de civiles y militares que están impunes, en terminar con el
penal Punta Peuco, en terminar con la aplicación de la Ley Antiterrorista, en
terminar con los presos políticos mapuches, tenemos toda la fuerza para
demandar el respeto a los derechos humanos”.
Finalmente señaló que “todo lo que fue la planificación, la
colusión genocida, toda esa desestabilización que se estableció en el gobierno
de Salvador Allende para justificar el golpe, tuvo participación además de
civiles chilenos y extranjeros, de destacados sujetos que han participado de la
política y será el Poder Judicial el que tiene que investigar y desenmascarar aquella
parte de la impunidad que hoy está presente en el país”.
A pesar de la lentitud de los juicios, la Justicia avanza.
Esta semana, por ejemplo, ocho ex miembros del Ejército de Chile fueron
condenados en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas
en el llamado caso Caravana de la Muerte.
El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 3 a 15
años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los
asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.
Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo
González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer
Ducaud.
Pablo Martínez Latorre fue condenado a cinco años y Pedro
Espinoza Bravo, Luis Felipe Planco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a
tres años.
Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de
participación en los hechos.
La Caravana de la Muerte, uno de los casos de violaciones de
los derechos humanos más emblemáticos en Chile, fue una comitiva militar dirigida
principalmente por el entonces general Sergio Arellano Stark, que recorrió el
país después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ejecutando
prisioneros políticos.
El fallo del juez Llanos determinó que el 19 de octubre,
cuando la delegación de militares que se trasladaba en helicópteros llegó a la
norteña ciudad de Antofagasta, el “oficial delegado (...) dispuso que 14
prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública (...) y
trasladados a la Quebrada El Way”.
Agregó que una vez que se produjo el traslado, “los
prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un
paredón (...) y ejecutados por miembros de la comitiva del oficial delegado y
personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes
de las armas que portaban”.
Las personas fusiladas se encontraban procesadas por la
Fiscalía Militar, sin que aún se hubiese dictado sentencia en contra de ellas.
Llanos ordenó que el Estado y los condenados deberán pagar
indemnizaciones a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.
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