La diaria - 20 9 13 - Por Luis Rómboli
Ayer declararon las siete
personas cuyo procesamiento solicitó el fiscal Zubía por la protesta de febrero
en la SCJ.
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Los expresos políticos Alvaro Jaume, Jorge Zabalza e Irma Leites al ingresar al juzgado |
Ayer de tarde, y durante más de cuatro horas, la jueza penal de
9º Turno, Gabriela Merialdo, les tomó declaraciones a la integrante de Plenaria
Memoria y Justicia Irma Leites, al ex dirigente del Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros (MLN) Jorge Zabalza, al activista de la Asamblea Nacional
Permanente (ANP) por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales Álvaro
Jaume, a la militante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza
Secundaria (Fenapes) Patricia Borda, al secretario general de la Asociación de
Empleados y Obreros Municipales de Montevideo Aníbal Varela y a los integrantes
de la ANP Diego Jaume y Eduardo Jaume.
Como se sabe, el fiscal Gustavo Zubía solicitó esta semana el
procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente
agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin prisión por el delito de
complicidad de los tres últimos, por el caso que se investiga de la
manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero,
convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos
humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil de la jueza Mariana
Mota.
La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de
casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la
decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se
analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los
militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para
decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si
archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera
opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un
procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.
Sacale una foto
Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder Judicial,
en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los cánticos
de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del vallado
protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia se fue
sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y sindicales.
Usando la sede judicial como lugar de operaciones y
protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un
camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a
los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían
algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.
Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía
fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres
canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas
por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas
por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza
acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y
luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se
procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la
diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos
los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a
proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía
Técnica.
Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de
uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito
por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo
fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el
fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir
el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una
protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”,
afirmó.
Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los
tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.
Todo preso es
político
Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de lo
habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó
que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que
luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los
criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo
para desalentar la lucha”.
Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no
pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y
bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron
entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al
vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le
respondió que sí.
Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio
Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos
“se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene
vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su
solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está
fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar
a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente
compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza
Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”,
la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede
concluir en esa posibilidad”.
Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio
político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la
jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para
estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta
diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la
manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se
juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor
del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de
la Policía con sus abusos y seguimientos”.
Cuestión de genes
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración
que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma
de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer,
la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia
uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en
este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura,
cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la
sociedad”.
Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron
en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del
operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas
por participar en una manifestación es un disparate”.
El dirigente expresó que
el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió
nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas
ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía
pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó
Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio
Público con militares.
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